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Colombia

La muerte y las amenazas no dejan de rondar por las casas palafíticas hechas en rústicas tablas de los resguardos wounaan nonam que se levantan sobre las orillas del río San Juan, junto a la espesa selva que une al Valle con Chocó.

Son designios de los mismos espíritus, como el del demonio Dosat. Pero muchos le temen menos a esta figura de su tradición oral que a los hombres armados que han acosado en los últimos cuatro años a diferentes comunidades a la orilla del San Juan, cuna de esta cultura indígena donde nativos habitan esparcidos entre ambos departamentos a lado y lado del río –unos 3.000 en la jurisdicción del Valle.

Mientras algunas organizaciones no gubernamentales aseguran que la restitución de tierras aún no es contundente, la Unidad de Tierras reitera que realizar el proceso en medio del conflicto tiene sus dificultades. El debate continuará en 2015.

El proceso de restitución de tierras en el país estuvo marcado este año que termina por grandes debates nacionales e internacionales sobre el modelo que viene aplicando el Gobierno para devolver la tierra a miles de campesinos que aseguran que fueron despojados por grupos armados ilegales y sus testaferros.

El blanco de los cuestionamientos fue la Unidad de Restitución de Tierras, organismo creado en 2011 siguiendo los lineamientos de la Ley de Víctimas para orientar, gestionar y representar a esas familias. Desde diversos sectores sociales, tanto nacionales como internacionales, se alega que el proceso no llega a la médula del problema: al despojo. Según datos oficiales, seis millones de personas se desplazaron por la violencia y abandonaron cuatro millones de hectáreas.

Ayer miércoles 3, inició en Bogotá el Seminario 20 años de la Ley 160 de 1994. Análisis y perspectivas, evento organizado por: Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), Coordinador Nacional Agrario (CNA), Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado,Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana, FIAN-Colombia y CINEP/PPP, en el marco de la Estrategia Colaborativa en Colombia por la garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio que realiza en la Universidad Externado de Colombia, Bogotá del  3 al 5 de diciembre.

La ley 160 de 1994 reformó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Su orientación estaba determinada sobre el supuesto de que la reforma agraria orientada por el Estado había sido ineficiente en la realización de sus objetivos y que el mercado de tierras resultaría suficiente para alcanzar los propósitos de redistribución de la tierra.

La premisa básica de este modelo es que los campesinos deben ingresar al mercado de tierras mediante subsidios otorgados por el Estado que les permitan participar como compradores.

Esta figura implicó que la redistribución de las tierras pasara de estar controlada por el Estado, a una distribución por la vía del mercado.

El 18 de enero de 1989, doce personas que investigaban las desapariciones de habitantes de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, fueron asesinadas en el sector conocido como La Laguna, en la vereda La Rochela.

Cuatro de esas personas provenían de San Gil y pertenecían a juzgados ambulantes de Instrucción Criminal, las otras ocho, eran funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

En diciembre de 1988 se había creado la Unidad Móvil que investigaría los múltiples homicidios y desapariciones ocurridas en los municipios mencionados, organismo al que pertenecían las víctimas.

Las muertes de estos funcionarios estuvieron relacionadas con la masacre de 17 comerciantes en Cimitarrra y el homicidio de dos familiares que fueron a buscarlos, en Puerto Boyacá, hechos ocurridos en octubre de 1987.

En un nuevo informe titulado Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia, Amnistía Internacional explora los puntos débiles y los fallos en la implementación de una ley colombiana concebida para ayudar a devolver las tierras robadas a algunas de las víctimas del largo conflicto armado del país. 

Desplazamiento forzado 

1.        Casi seis millones de personas han sufrido desplazamiento forzado desde 1985, la mayoría a consecuencia del conflicto armado interno de Colombia. Esta cifra representa casi el 13 por ciento de la población del país, y significa que Colombia cuenta con uno de los índices de desplazamiento forzado más altos del mundo. 

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