* Silvia Lilian Ferro

¿Cómo y cuándo en los países del MERCOSUR se han conformado los rasgos visibles y comunes de las estructuras de propiedad de la tierra que sostienen sus economías agroexportadoras? Hay una directa relación de las políticas agrícolas domésticas en la construcción de las relaciones de fuerza entre los actores agrarios emergentes de dicha estructura de propiedad. Estas asimetrías se expresan en profundas brechas económicas, políticas y sociales entre los sujetos vinculados a la agro-exportación y los sujetos subalternos como el campesinado criollo y la población de pueblos originarios.

La comparación de la institucionalidad relacionada con la distribución de la tierra pública en los países del actual Mercado Común del Sur (MERCOSUR) arroja interesantes datos para comparar la situación en la región. Por ejemplo, de los cuatro Estados Parte del MERCOSUR sólo Argentina carece de institucionalidad nacional y autárquica que fije políticas de distribución de tierras en todo su territorio. En cambio,  la República Federativa de Brasil posee el Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), la República del Paraguay cuenta con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra  (INDERT) y en la República Oriental del Uruguay se trata del Instituto Nacional de Colonización (INC).

En Bolivia, uno de los Estados Asociados del MERCOSUR, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es una de las dos instituciones encargadas específicamente del área, junto con el Viceministerio de Tierras, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Como se ve, en conjunto, y con la sola excepción de Chile, toda la región del Cono Sur latinoamericano cuenta con organismos autárquicos y con total competencia en el desarrollo, ejecución y monitoreo de políticas de distribución de tierras fiscales.

Leyes e historia

Argentina tuvo un Consejo Agrario Nacional (CAN) creado por ley en la década de los años treinta del Siglo XX, que intervino específicamente en la distribución de tierras fiscales, en conjunto con las provincias y programas de colonización, con rasgos similares a los que hoy ejecuta el INCRA. El accionar del CAN fue interrumpido por los frecuentes golpes de Estado y los posteriores gobiernos de diversa orientación, para ser finalmente disuelto en el año 1980, por el entonces Ministro de Economía José Martínez de Hoz del gobierno de facto de Jorge Rafael Videla (1976-1981), quien traspasó a las provincias intervenidas militarmente, los inmuebles rurales y las atribuciones de distribución de las tierras fiscales pertenecientes a la extinta institución.

La República Argentina tuvo consagrada en la derogada Constitución de 1949  la "Función Social de la propiedad, el Capital y la actividad económica" expresión que hoy forma parte de los textos constitucionales de países de la región como Brasil, Paraguay y Bolivia. En el Artículo 38° de la CN de 1949 se establecía que: "La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva".

Esta atomización de la potestad de definir políticas de Estado respecto a la regulación de acceso y uso de tales recursos benefició, en concreto, a las élites económicas de las provincias y, en un grado importante, a las cúpulas militares que esporádicamente intervenían en los poderes provinciales. Así, vastas propiedades rurales que fueran originalmente consignadas como tierras fiscales para ser distribuidas a los sectores más necesitados de apoyo estatal para acceder a las tierras, como campesinado y pueblos originarios, fueron, en realidad, prebendas para militares y oligarquías provinciales.

En la Reforma Constitucional de 1994, en plena etapa neoliberal, y a pesar de la incorporación de una serie de nuevos derechos y reconocimientos de carácter social; a través del Art.75 se legitimó la eliminación de potestades nacionales sobre el patrimonio natural del país, tal como queda patente en el último párrafo del Art. 124, que instituye que "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". Ese párrafo implica que el Estado Nacional no puede fijar una política común en su territorio respecto a los recursos naturales en general, ni fijar políticas ambientales comunes en particular respecto a la distribución de tierras a los sectores que más dependen de este mecanismo redistribuidor.

¿Recursos o patrimonio?

Detrás de las decisiones legislativas hay muchos aspectos estratégicos para el país que, hoy por hoy, están siendo debatidos legislativamente en Argentina y en la mayoría de los países de la región, como por ejemplo la protección de recursos hídricos, glaciares y regulación de la minería.

Siendo asuntos fundamentales, sin embargo, quedan atrapados en la lógica neoliberal al ser considerados meros "recursos", y, de tal modo, son relativizados como subalternos a los sectores concentrados de la economía y de la producción agraria. Del mismo modo ocurre con la resolución de los conflictos sobrevinientes entre hábitat humano, explotaciones económicas y ambiente que están supeditados a instancias provinciales y a las relaciones de fuerza predominantes en cada una.

La dispersión normativa de la gestión y de la información de los datos de registro, en veintitrés instancias provinciales, obstaculiza enormemente la implementación de políticas públicas de equidad que logren un impacto significativo en la democratización del acceso a las tierras.

Por las anteriores consideraciones, no es exagerado concluir que en Argentina mejorarían las posibilidades de aplicar políticas públicas de distribución equitativa de la tierra, si a nivel nacional se contara con una institución específicamente competente con el tema, como sucede en los demás Estados Parte del MERCOSUR.

(*) Historiadora, Doctora en Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos, especialista en desarrollo rural, área en la que trabaja como asesora. (lilianferro@yahoo.com.ar)

* Oscar Bazoberry y Carmen Beatriz Ruiz

Se fue una década del siglo XXI. A partir de ahora, casi cada fecha rememora alguna mención de la literatura de ciencia ficción del siglo pasado, cuando pensar en los dígitos que sucederían al año dos mil sugería colonias en el espacio, robots a cargo de las tareas humanas más pesadas y la omnipresente amenaza de guerras y hecatombes.

La realidad es menos generosa que los pronósticos más progresistas y menos aterradora que los fatalistas. En verdad la humanidad atraviesa problemas que reafirman lo vulnerable de nuestras existencias y el camino que hay que recorrer cada día para ver el siguiente tramo. En términos generales las principales aspiraciones de la humanidad y la interrelación entre sociedades son desafíos todavía en construcción. Mientras que la continuidad y perseverancia del mundo rural y agrario, y las permanentes amenazas de crisis alimentaria nos muestran que hay aspectos de la vida cotidiana de personas, sociedades y Estados que son tan triviales y a la vez tan imprescindibles como en épocas pasadas.

Mirada a la región

En Sudamérica, la primera década del siglo XXI deja una sensación de buena racha, debido a que el precio de las materias y productos primarios se ha elevado ostensiblemente, por lo que la mayoría de los gobiernos dispone de recursos para implementar políticas sociales, presentando al mundo esfuerzos más dignos y una diplomacia más empoderada.

Con pocas excepciones, las instituciones multinacionales tradicionales han disminuido su importancia o son menos visibles, ya que han sido sustituidas por figuras presidenciales que tomaron protagónicamente el ámbito internacional, evitando intermediaciones y aparatos tecnocráticos inflados. Cada presidente y presidenta, con su estilo propio, ha contribuido a generar mejores condiciones de articulación entre los países; algunos incluso comenzaron a superar un cierto aislamiento en la región. Y con distintos niveles de protagonismo se han generado condiciones para un acercamiento entre los pueblos, finalmente hoy se puede circular en todos los países de Sudamérica, por periodos de noventa días, sin necesidad de visa ni ningún permiso especial.

Pese a que se generaron procesos de integración, también hubo gobiernos que actuaron de manera desarticulada y hasta conflictiva, como fue evidente en los permanentes roces entre Venezuela con Colombia; Ecuador y Colombia; Bolivia con Perú y Uruguay con Argentina para mencionar sólo algunos,  amén de las divisiones internas en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ante las negociaciones con la Unión Europea. La crisis del año 2008, con la subida de precio de los alimentos y la amenaza del desabastecimiento, mostró la debilidad de tratar temas coyunturales y de emergencia a nivel regional, situación que se repitió durante las negociaciones sobre abastecimiento energético y medio ambiente.

Sin embargo, a pesar de los unilateralismos y algunos despropósitos, en términos institucionales para Sudamérica, un paso importante durante la primera década del siglo XXI ha sido la constitución de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), organismo intergubernamental que integra a los doce países de la región, y que, justamente en este enero 2011 entra en plena vigencia luego que fuera ratificado por nueve países según el requisito que consta en su tratado constitutivo.

A la fecha ratificaron UNASUR: Argentina (2 de agosto 2010), Bolivia (11 de marzo 2009), Chile (22 noviembre 2010), Ecuador (15 de julio 2010), Guyana (12 de febrero 2010), Perú (11 de mayo del 2010), Surinam (5 de noviembre de 2010), Uruguay (30 noviembre 2010) y Venezuela (13 de marzo de 2010). La decisión aún queda en proceso de aprobación en los parlamentos de Brasil, Colombia y Paraguay.

Con este paso, UNASUR se convierte en un organismo regional importante en términos políticos, con especial énfasis en la vigilancia de los procesos y regímenes democráticos en la región y el intercambio en materia de seguridad y ayuda coordinada entre países.

Construyendo la región

Además de cierto discurso político, la academia, los organismos multilaterales, las instituciones de cooperación, están comenzando a diferenciar más claramente la particularidad de Sudamérica dentro del contexto  latinoamericano, aunque hasta el momento sea todavía difícil encontrar información desagregada para la región, pese a que se van haciendo esfuerzos en ese sentido.

La opción por Sudamérica no es contraria a la hermandad y la tradición latinoamericana, sino que se trata de una manera alternativa de articular, descomponer y construir subregiones para aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen aspectos culturales compartidos y también la geografía y la historia. Ya no es posible dudar que Sudamérica, como bloque, pudiera  acompañar mejor a los países del sur con un proceso de integración sólido.

Se trata de un proceso de integración que no es ni será nada sencillo. De hecho, una de las características de la región que es necesario tener presente, es la diferenciación interna a partir de las peculiaridades de cada uno de los países que la integran. El gigante Brasil, que prácticamente tiene la mitad de la población sudamericana (190.000.000 de los 380.000.000 estimados), así como la mitad del territorio y de todos los recursos naturales, humanos y tecnológicos existentes. En el extremo, países pequeños con tasas de población, crecimiento y desarrollo económico significativamente menores.

Sin embargo, desde la óptica del desarrollo rural, más allá de los aspectos específicos, los países de la región concentran las mayores contradicciones de las políticas públicas, mostrando inversión en una pujante agroindustria en expansión frente a un apoyo atención marginal a las comunidades indígenas y a la economía campesina. De tal suerte que, en coherencia con sus propias proporciones, se sienten diversos impactos de procesos acelerados de deforestación para incorporar nuevas tierras al proceso agroindustrial, dentro y fuera de sus límites geográficos, así como la presencia de campesinos sin tierra en permanente movilización.

Trama de poderes

No cabe duda que esas características pesan y pesarán en los procesos de integración. Dentro de Sudamérica y en el mundo, Brasil continuará desplegando su potencial como un jugador de primera línea en la reconstrucción de los ejes internacionales de poder. Su presencia como líder de una alianza sudamericana se ve con optimismo en el conjunto de intereses de sus países vecinos. La interdependencia de los países de la región obligará al conjunto de gobiernos a reforzar los lazos de integración, porque si bien hay indicios de hegemonía brasilera, las nuevas relaciones internacionales son reacias a la imposición de la fuerza. Hasta el momento, Brasil ha mostrado una diplomacia inteligente, mayor a algunos de sus inversionistas privados que actúan en la región, lo que es bueno rescatar y promover como contrapartida.

Los países chicos y de menores recursos disponibles, con gran poder de interpelación en unos casos y de pretendido veto en otros, han aprovechado oportunidades del trato diferenciado en los bloques subregionales que, sin embargo, fueron insuficientes para desarrollar amplias capacidades productivas, más allá de los sectores relacionados a las ventajas preferentes. Deuda similar a la expectativa inconclusa de distribuir adecuadamente esos beneficios entre la mayoría de su población. Hay, por tanto, características comunes y diferencias sustantivas entre los países sudamericanos. Tal reconocimiento no es una verdad de Perogrullo, sino la base de sentido común para identificar y manejar unas y otras, en el entendido de que es posible establecer márgenes de complementariedad y beneficio para cada uno de los países de la región, lo cual debería llevar a la aceptación de lugares y papeles  diferenciados con base en objetivos comunes.

Sudamérica como bloque

El rol de un emprendimiento de naturaleza regional como bloque se podría caracterizar fácilmente como una mejor administración de energía y alimentos, los dos principales recursos estratégicos de los que dispone el subcontinente, para superar los grandes problemas sociales que la propia región enfrenta.

Entre los principales desafíos están la creciente desigualdad social por una inequitativa distribución de la riqueza; excesiva y desordenada explotación de los recursos naturales, el empobrecimiento de la población y su creciente dependencia a los programas sociales básicos, la ausencia de empleo estable y digno y todos los conflictos que esto genera, incluidos la inseguridad ciudadana, narcotráfico y redes de explotación laboral.

En el marco de esa tensión entre fortalezas y deudas económico - sociales, hay, sin embargo, la certeza de que los países sudamericanos comparten como un común denominador su fortaleza en la producción agropecuaria, como se demuestra con que la región constituye el  principal bloque exportador de productos agropecuarios del mundo. Por otra parte, Sudamérica cuenta con abundantes recursos forestales  (cerca de la mitad de bosque primario del mundo y el primer lugar en bosque húmedo) y una importante disponibilidad de agua dulce del planeta (estimada entre el 30 y 40% del total planetario).

Bajo esas características, el debate sobre el desarrollo rural es ineludible en las políticas sociales y económicas de los países sudamericanos, presentándose como principal contradicción que, siendo el campo el origen de los recursos estratégicos y teniendo inversiones agropecuarias gigantescas, en esos mismos territorios se concentren aún los mayores niveles de pobreza. A esto se añade el agravante de que existen dudas razonables sobre la sostenibilidad del sistema de explotación agroindustrial, y cada día hay más críticas a los pasivos ambientales que esa actividad deja a su paso.

Otro tema relacionado es la administración y gestión de la propiedad de la tierra, que es la base y el respaldo de muchas de las políticas sustantivas de la economía de los países sudamericanos. En la mayoría de los casos la población y los gobernantes se preguntan si es necesario limitar el acceso del capital transnacional a la propiedad del suelo y las inversiones agro empresariales, mientras que los pobres no cesan en su presión por tierras y los derechos territoriales indígenas continúan en la agenda y en algunos casos se consolidan.

En definitiva, Sudamérica arranca el principio de una segunda década del siglo XXI con pocas certezas, por lo que cabe esperar rupturas y reconstrucciones. No hay duda que existen  recursos y liderazgos, pero sigue siendo un reto saber cómo aprovecharlos para garantizar una ciudadanía equitativa y mejores condiciones de vida para la mayoría de la población.

* Oscar Bazoberry es sociólogo, dirige el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS). Carmen Beatriz Ruiz es comunicadora, investigadora asociada al IPDRS.

* Asier Hernando Malax-Echevarria

Las expectativas con las que se iba a Cancún no eran las mismas que las de Copenhague, más bien todo lo contrario. No son pocas las voces que insistían en el fracaso de Cancún y, por ende, el fin del multilateralismo para las discusiones sobre cambio climático. Los resultados de las últimas elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), con un mayor poder para los republicanos y la primera intervención de Japón en la plenaria de la 16ª Conferencia de las Partes (COP16), declarando su rechazo a la renovación del segundo mandato del Protocolo de Kyoto presagiaban el peor de los escenarios.

Cómo se llegó a Cancún?

Desde que en marzo de 1995, en Berlín, Alemania se realizó la primera de una serie de 16 conferencias con participación de representaciones de los Estados parte que constituyen la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El camino ha sido largo y azaroso, transitando entre esperanzas, desilusiones y desconciertos.  

Si bien la reunión de Cancún es un eslabón más en la larga cadena de encuentros y desencuentros entre las naciones del mundo y sus acuerdos (y confrontaciones) sobre el cambio climático, su antecedente inmediato fue la reunión de Copenhague. La 15ª Conferencia de las Partes (COP15), realizada hace apenas un año, en diciembre de 2009, en Copenhague, Dinamarca, concluyó con negociaciones fallidas, que, a despecho de las muchas esperanzas puestas en el encuentro,  terminaron sin ningún tipo de acuerdo internacional justo, ambicioso ni vinculante.

Con esos antecedentes se entiende que muchos países hicieran de agoreros sobre la conferencia de Cancún, los últimos meses, en una especie de crónica de una muerte anunciada. EEUU ha venido insistiendo en que el proceso de negociación en el marco de las Naciones Unidas no servía, al punto que sus disputas con China para que reduzca las emisiones (y lo demuestre!) y, la presión del gigante asiático para que EEUU garantice los fondos para el financiamiento climático hacía prever un empate a cero, en el que el principal perdedor sería la propia ONU.

¿Qué es el protocolo de Kyoto?

El Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático es "un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6)".

La reducción debería hacerse en un porcentaje aproximado de al menos cinco por ciento, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a los volúmenes de las emisiones comprobadas hasta el año 1990. Como no se trata de datos homogéneos para todas las partes, a cada país que aceptó el Protocolo corresponden una disminución de sus propios porcentajes de emisión. Este instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. 

El Protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kyoto, Japón pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005, intentando dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer la CMNUCC. Aunque hasta noviembre de 2009 ya eran 187 los Estados que ratificaron el acuerdo, EEUU, el mayor emisor de gases de invernadero en el mundo, no lo ha ratificado.

Durante Cancún

En Cancún, el proceso de negociaciones en el marco de Naciones Unidas se salvó, que no es poco, llegándose a un acuerdo -sería un exceso decir que fue un consenso -con polémica incluida- debido al rechazo de Bolivia a firmar lo que el conjunto de 193 naciones habían aceptado. Para llegar al acuerdo de Cancún todas las partes tuvieron que ceder, unas más y unas menos, y la declaración final ha terminado siendo todo un juego de equilibrios donde muchos de los temas medulares se han dejado para Sudáfrica.

Los puntos acordados están llenos de luces y sombrase incluyen aspectos tan dispares y, al mismo tiempo tan importantes, como la aprobación de un Fondo Global, disminución de emisión de gases hasta un tope de dos grados, la aprobación del programa denominado REDD+ por su sigla en inglés: Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradatio o Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, y la posibilidad de un segundo mandato para el protocolo de Kyoto.

El Fondo Global garantiza que puedan llegar recursos hacia quienes más están sufriendo el cambio climático. Sin embargo no se aprovechó la oportunidad para asegurar las fuentes de financiamiento necesario que garantice un nivel de recursos adecuados. Por otro lado y a pesar de la presión de muchas organizaciones y países, el Banco Mundial (BM) quedó como el fidecomiso por un período transitorio de tres años desde que empiece a operar el fondo. Las funciones del fideicomiso quedan estrictamente limitadas y, en principio, la influencia del BM será igual al que tenemos todos con nuestras bancas personales (es decir, no controlarán las decisiones acerca del gasto, prioridades, etc.). La gobernanza del fondo estará bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) por la sigla en inglés: United Nations Framework Convention on Climate Change, y participarán tanto países desarrollados como en desarrollo. Los que decidan los detalles en el proceso de diseño a través del 2011 contarán con mayoría de países en vías de desarrollo (25 del sur, 15 del norte).

En cuanto al control de la emisión de gases, se aprobó que no se superen los 2 grados y se revisará si se aprueba la meta de 1.5 grados. Lo mitigación a la cual se compromete cada uno de los países queda para las negociaciones del próximo año. Vinculado con esto, finalmente, y a pesar de la presión ejercida especialmente por Japón, no ha muerto el segundo mandato del protocolo de Kyoto y  se seguirá discutiendo el transcurso del próximo año. Esta será una de las discusiones más importantes para garantizar un acuerdo  vinculante de reducción de emisiones por parte de países desarrollados.

A pesar de la aprobación de la REDD+, mala noticia para muchas organizaciones, se han incluido salvaguardias ambientales y sociales que muchos países de América Latina pedían. Sin embargo, no se ha conseguido que se apruebe la consulta, previa, libre e informada propuesta por los indígenas.

Son muchos los análisis que se han hecho las últimas horas sobre Cancún. Algunas organizaciones han dicho que el acuerdo ha sido un fracaso, donde han primado los intereses de las transnacionales y de los países desarrollados sin tener en cuenta los fuertes impactos que están sufriendo muchas de las comunidades de los países en desarrollo, no les falta parte de razón. Otras, han realizado un análisis más positivo, aceptando el acuerdo de Cancún como un alivio pero reconociendo que es más lo que queda por avanzar que lo que se ha avanzado.  A pesar de las diferencias en el análisis, unos priorizando lo necesario y otros  y teniendo en cuenta también lo posible, gran parte de las visiones están de acuerdo en los vacíos del texto y los avances que se deben tener el próximo año camino hacia la 17ª Conferencia de las Partes (COP17).  

Después

La COP 17 se llevará a cabo en Durban, Sudáfrica, del 28 de noviembre al 9 de diciembre del año 2011. Está claro que en ese año escaso que dista para llegar a ese nuevo encuentro son más los desafíos que los logros. Se trata de una visión del camino por construir que muchas organizaciones ya han comenzado a manifestar. Entre esas organizaciones está Oxfam, organización internacional de promoción del desarrollo, que considera clave, entre otros temas, avanzar en las fuentes de recaudación a largo plazo para a dotar al Fondo Climático de recursos.

Es evidente que se dejó pasar la oportunidad de establecer gravámenes a la transportación marítima y aérea, que hubiera permitido percibir una sustancial cantidad de nuevos recursos para combatir el cambio climático en los países en desarrollo. También se necesita renovar la voluntad política para hacer avanzar estas negociaciones con miras a un acuerdo global, justo y vinculante.

La principal lección de este proceso es que no se puede ofrecer un futuro seguro para las mujeres, hombres, niños y niñas del mundo, principalmente para aquellos que se encuentran en condiciones vulnerables, a menos que los gobiernos se den cuenta de que se nada en conjunto o nos hundimos juntos. En este sentido el principal y más concreto desafío es elevar el compromiso a las reducciones de emisiones drásticas que se necesitan tan urgentemente.

*  Geógrafo, master en desarrollo, coordinador de campañas  y de agricultura de Oxfam para Sudamérica. Estuvo liderando la estrategia de alianzas de Oxfam para la COP 16.  

* Elvis Espinoza Gutiérrez

En Chile, este año una treintena de mapuche estuvieron en huelga de hambre demandando cambios en la  ley antiterrorista por la que se encuentran detenidos en varias cárceles. Este artículo explica el contexto de ese conflicto.

El doce de julio de 2010, 32 presos políticos mapuche en las ciudades de Concepción, Lebu y Valdivia comenzaron una huelga de hambre, en protesta por la militarización de su territorio, contra la aplicación de la Ley antiterrorista 18. 314, que permite el doble procesamiento y los testigos sin rostro, y demandando garantías de justo proceso.

El primero de octubre de 2010, ochenta y dos días después de iniciada la protesta, 24 de los huelguistas suspendieron su medida, habiéndose formalizado un acuerdo con el gobierno de Piñera para realizar reformas a la Ley Antiterrorista y a las normas sobre enjuiciamiento de civiles por parte de tribunales militares, respondiendo a los principios establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). ¿Qué hay detrás de este hecho, aparentemente aislado, que concitó durante tanto tiempo la atención de los medios de información y de la ciudadanía chilena? Para responder a esta pregunta se debe mirar en perspectiva la historia de Chile, las condiciones de vida del pueblo mapuche y sus relaciones con el estado chileno.

Desde sus orígenes la relación del pueblo mapuche con la sociedad española y criolla en Chile ha sido conflictiva, como lo evidencian los relatos que versan sobre injusticias, vejámenes, atropellos y engaños, presentes tanto en la historia como en el inconciente colectivo de la sociedad mapuche, que desde la llegada de los conquistadores tuvo que luchar por su identidad cultural, su territorio y su  patrimonio.

La Araucanía (IX), con 29,5 % del total de la población indígena, la Región Metropolitana, con 27,7 %, la de Los Lagos (X), con 14,7 %, la del Bío Bío (VIII), con 7,8 % y la de Tarapacá (I), con 7,1 %. Sólo entre las regiones del Bío Bío, La Araucanía y la de Los Lagos suman en conjunto el 52% del total de indígenas.

El territorio mapuche ha sido igualmente reducido; historiadores y documentos oficiales infieren que este pueblo ha perdido el 95% de su territorio original, a través de un proceso de enajenación de terrenos para fines agrícolas, compras de tierras por engaño, confinamiento de la población a denominadas reducciones y actividad forestal.

El actual modelo de compra de tierras ha resultado insuficiente, la cantidad de tierras es exigua, la superficie por predio está por debajo de la unidad agrícola familiar y no se logra cumplir con los estándares mínimos de productividad pues los suelos son de baja calidad. A lo anterior se agrega el hecho que son adquisiciones dispersas por lo que se ve difícil la rearticulación territorial, que es básica para la recomposición cultural y social mapuche, tan dañadas por el proceso de radicación y división de las tierras.

 Las comunidades mapuche que habitan principalmente en las regiones VIII, IX y X deben enfrentar el hecho de que se trata de áreas geográficas que presentan gran concentración de empresas forestales, cercando a la población indígena en terrenos infértiles y degradados, con un promedio de hectáreas que no superan las 4 a 8 hectáreas por familia. Por estas razones las familias que habitan esas regiones, especialmente la IX, ostentan altas tasas de pobreza y marginalidad, tal cual lo muestran datos estadísticos de la CASEN del año 2009, cuando la tasa de pobreza en el país fue de 15,1%, mientras que en la Araucanía fue de 27,1%, con grandes disparidades entre la población indígena y no indígena. En cambio, de la población no mapuche en la región hay un 25,9% viviendo en condiciones de pobreza, lo que es también un porcentaje elevado, pero la diferencia en la Araucanía es de 4,1 puntos, indicando así que los problemas económicos y sociales de la región afectan a toda la población de manera negativa, aunque en mayor medida a los mapuche.

Los mapuche de la región de la Araucanía son pequeños agricultores en su mayoría, que trabajan en terrenos altamente degradados e infértiles, por lo que esta actividad no les alcanza para atender las necesidades básicas de salud, educación, vivienda y alimentación. Por esta razón, una generalidad de familias mapuche vive de los subsidios del Estado de Chile y de los organismos municipales locales.

Las protestas sociales que organizaciones y comunidades mapuche han efectuado en la región de la Araucanía y otras zonas del país van desde las tomas de predios agrícolas y forestales hasta la quema de maquinaria forestal y están dejando como consecuencias, entre otras, la visible militarización de comunidades, con presencia de policías en sus territorios, encarcelamiento de comuneros, juzgamiento de presos políticos mapuche por la ley antiterrorista y asesinato de dirigentes, supuestamente por policías.

Actualmente, aproximadamente 60 miembros de comunidades mapuche están en prisión, con libertad condicional o bajo medidas cautelares. Tres tuvieron que pedir refugio político en Argentina y en Suiza y cinco murieron debido a los disparos y torturas de la policía chilena. Durante más de una década, sucesivos gobiernos chilenos han aplicado la ley antiterrorista promulgada por la dictadura de Pinochet, como medida de represión de los derechos democráticos de los ciudadanos.

Tensiones irresueltas

El cambio económico y social más significativo que se produjo en la sociedad mapuche fue la introducción de la agricultura, en especial el cultivo de cereales, que implicó preparación de los campos y realización de faenas más complejas. Las chacras aumentaron de tamaño y se empezó a utilizar el arado en vez de palos labradores. Con esto se produjo una creciente diferenciación del trabajo. Con ello, una sociedad cazadora y recolectora, con organización social simple, fue dando lugar a una sociedad agrícola ganadera, con crecientes relaciones mercantiles, con sistemas de trabajo cada vez más complejos, necesidades en aumento y, por lo tanto, con una organización social en proceso de transición, en la cual comenzaron a producirse relaciones de subordinación.

Nuevas y drásticas transformaciones ocurrieron en esa sociedad agrícola ganadera debido a reestructuraciones macroeconómicas venidas desde el mercado externo, como ocurrió específicamente con la transformación de la agricultura en el año 1848, debido al descubrimiento de oro en California y a la apertura de mercados en Austria, regiones a las que Chile empezó a abastecer con diversos productos. De esta manera, las tierras del sur chileno, originariamente territorio mapuche, empezaron a ser muy atractivas, por cuanto se necesitaba más espacio agrícola para suplir las necesidades de los mercados externos.

La construcción del Estado de Chile se forja, de esta forma, a partir de relaciones de poder extremadamente dispares. Los enfrentamientos entre el ejército de Chile y los conas (guerreros) fueron varios y desesperados, pues el pueblo mapuche entendía que con la ocupación de la Araucanía perdía la libertad y parte de su cultura, por eso sus guerreros se mostraban decididos a luchar hasta el final, aún sabiendo que la expulsión de los winkas (blancos) era un imposible, por la gran desigualdad de fuerzas.

Con el desenlace de la derrota mapuche se confinó a este pueblo a vivir en las llamadas reducciones y se decretó a la Araucanía como propiedad fiscal, procediéndose a colonizar las tierras para dedicarlas a la producción agropecuaria privada. Se entregó a los mapuche una pequeña merced de tierra y se delimitaron las reducciones, obligándolos a transformarse en agricultores.

La campesinización de los mapuche transformó al indígena en ignorante. El sabio o ulmen de la sociedad mapuche independiente desconoce los mecanismos virulentos de la sociedad winka que se le impone, así como desconoce el manejo de su propiedad y las nuevas formas de relacionarse con la autoridad local, y es, por esta razón, víctima de todo tipo de arbitrariedades. 

La integración del mapuche a la sociedad chilena produjo una suerte de aculturación, dada la gran presión sobre la estructura simbólica de este pueblo. Al mismo tiempo, se produjo un fortalecimiento de las identidades culturales individuales, proceso lógico desatado por la fuerte presión sobre sus formas de ver y sentir el mundo, sabiendo que la identidad surge con gran fuerza en tiempos de crisis. Gracias a esta autoafirmación cultural de esa población, hoy día reconocemos al pueblo mapuche, mencionamos culturas diferentes, soñamos con autonomía y hablamos de nación.  

Al resurgir su conciencia identitaria, el pueblo mapuche comenzó a hacer presión en las estructuras políticas de los gobiernos de mediados del siglo XX, cuando se comienza a hablar de autonomía. Sin embargo, esta utopía fue abandonada rápidamente, debido a la irrupción del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, con el que comenzó la transformación del modelo de sustitución de importaciones que había estado vigente ese año. 

El modelo extractivista, que también responde a reestructuraciones globales, cuando las periferias se ponen al servicio de los intereses del poder hegemónico global, haciendo oídos sordos a los graves efectos sociales, económicos, ambientales y culturales que son consecuencias de este modelo, como el impacto en las comunidades mapuche del sur de Chile, por la expansión de la industria forestal que se comenzó a expandir a partir del año 1974, cuando se promulgó el Decreto Ley 701, que subsidia a quienes quieran invertir en el sector forestal en un 75% del total de la inversión requerida para realizar todo el proceso de plantación. 

De esta manera, muchas empresas públicas y privadas, nacionales y transnacionales, comienzan a invertir en el sector. En la actualidad poseen grandes extensiones de territorio en las regiones VIII y la IX, siendo, al mismo tiempo, donde hay mayor cantidad de habitantes indígenas, especialmente en la IX. 

Las transnacionales controlan 40% de las plantaciones existentes y 70% de las exportaciones forestales en funcionamiento, más de 470.000 hectáreas forestadas pertenecen a una sola empresa. Las plantaciones están vigiladas, no existe la posibilidad de pastorear a los animales ni de sacar algo de leña, lo que para los mapuche representa un importante quiebre con el pasado; los dueños de las plantaciones no viven en esas tierras, ni viven de la tierra, son personas anónimas, distantes y los que viven en los predios son los guardias, quienes siguen los mandatos de esas personas invisibles y, dada su función de vigilancia, es difícil relacionarse con ellos. 

La profundización del modelo económico neoliberal aplicado en Chile ha significado para las comunidades mapuche convivir con una serie de proyectos energéticos, viales, industriales y forestales que conllevan, entre otras cosas, la apropiación, uso y explotación de los recursos naturales existentes que por estar en territorio mapuche, éstos consideraban propios. Lejos de haber disminuido, la explotación de los recursos naturales ha aumentado sustancialmente, a pesar del surgimiento de nuevos rubros de producción, de la consolidación de sectores terciarios o de servicios relativamente consolidados y de la invención de nuevas y más sofisticadas tecnologías de producción.

En la realidad cotidiana, los habitantes de las comunidades mapuche pueden ver que el entorno medioambiental a cambiado y sigue cambiando continuamente, y ocasionando una fuerte transformación en su propia vida, por lo que se les hace difícil y tortuoso mantener sus tradiciones ancestrales, de tal manera que la seguridad y confianza se convierten en un ideal, en una quimera. Por ello, diferentes comunidades y organizaciones mapuche comenzaron a hacer presión en las estructuras de poder, revindicando sus tradiciones culturales, defendiendo su territorio y resguardando su auto-afirmación como sociedad. Se trató, en definitiva, de un  proceso de reafirmación, valoración y fortalecimiento de su cultura e identidad.

Las movilizaciones realizadas por el pueblo mapuche fueron vistas como una grave amenaza al crecimiento del país, pues frenaban las inversiones de las trasnacionales en territorio mapuche, es más, ratifica que los altos índices de pobreza e indigencia de la IX región son resultado de que el pueblo mapuche no se ha subido al tren del desarrollo, que es crecimiento, que mantiene prácticas productivas arcaicas y, más aún, ahuyenta con sus protestas y reivindicaciones las inversiones privadas.

De esta manera, el Estado de Chile, no duda, ni por un instante, en aplicar una norma jurídica del dictador Pinochet, como la denominada y controvertida Ley Antiterrorista.  Sin embargo, fueron las reformas realizadas durante el gobierno de Patricio Aylwin, ya en plena democracia, las que permitieron que la norma se comenzara a aplicar en los casos de conflictos que se presentaban con los pueblos indígenas en el sur. La Ley 18. 314 considera como crímenes terroristas: el homicidio, la mutilación, la retención de una persona en calidad de rehén, el envío de efectos explosivos, incendio y estragos; descarrilamiento; apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público en servicio; atentar en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas; colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios que puedan causar daño y asociación ilícita para cometer cualquier de estos delitos. La mayoría de estos actos también tiene su correspondencia en el Código Penal, de ahí que se tipifica la aplicación de la norma como un doble procesamiento.

Esta Ley permite la figura de testigos encubiertos, también denominados "testigos sin rostro", y largos periodos de prisión preventiva sin derecho a beneficios. Esas son algunas de las restricciones consagradas en la controvertida norma, que es aplicada en la mayoría de las causas mapuche por quema de camiones forestales e incendios de predios forestales, entre otros hechos. Los expertos coinciden en que la invocación de la Ley 18. 314 para este tipo de casos es exagerada y sólo se la utiliza para silenciar la protesta social legítima.

Futuro

Es probable que la política económica nacional siga presionando al dañado y vejado mundo indígena, principalmente a través de la actividad forestal, y con políticas sociales más orientadas hacia la asimilación que al reconocimiento sincero de su identidad y diversidad. Las plantaciones de pino y eucaliptos seguirán expandiéndose, debido a las enormes ganancias que producen y a la buena impresión que generan en los gobiernos, mientras que la incipiente experimentación en plantaciones forestales transgénicas tornará aún más rentable el rubro.

Esto puede tensionar aún más las difíciles relaciones entre organizaciones mapuche y las compañías forestales, principalmente por la resistencia mapuche y sus reiteradas denuncias respecto a los graves impactos ambientales, culturales y sociales que la actividad provoca en las comunidades colindantes; ante la sequía progresiva de los recursos hídricos, que se relaciona con la estrategia de monocultivo; contaminación de las aguas y las tierras por el uso indiscriminado de plaguicidas; pérdida de recursos naturales, como el bosque nativo con la consecuente desaparición de flora y fauna nativas; y las reiteradas demandas por la falta de tierra productiva. Todos son elementos integrantes de la situación de empobrecimiento de las condiciones de vida de esta población.

Pese al panorama desolador, hay algunas esperanzas, debido a que, poco a poco,  se está forjando un movimiento sociocultural y político a favor del reconocimiento cultural. Esto reafirmando la hipótesis de que la tensión y el interés que despertó el denominado conflicto mapuche no sólo es un problema de tierras y de pobreza, sino más bien de territorio, territorialidad y de autonomía. Por lo tanto, es equívoco creer que se trata de un tema que atañe sólo al mundo indígena, sabiendo que es una problemática entre dos naciones, dos sociedades distintas, dos mundos que mantienen una interacción constante pero desigual.

* Sociólogo, vive y trabaja en la IX Región de la Araucania. Realiza trabajos con municipios y fundaciones en el área de ruralidad y etnicidad. 

*Sebastián Carenzo

El artículo aporta elementos conceptuales y metodológicos sobre una experiencia de investigación - acción respecto a las trayectorias sociales de la algarroba en el Chaco argentino.

"...acá en la colonia se pensaba que juntar algarroba era cosa de hambrientos, nos decían que parecíamos aborígenes, que porque no hacíamos otra cosa..."

El algarrobo blanco (Prosopis alba) es una de las especies más representativas de los bosques nativos de la denominada región Chaqueña de Argentina, siendo reconocida especialmente por su madera oscura y resistente. Esta leguminosa es apreciada localmente por su abundante fructificación, ya que provee vainas de color medio marrón, conocidas con el nombre de algarroba, que presentan alto poder nutritivo y un agradable sabor dulce-achocolatado. Estas vainas contienen importantes valores de carbohidratos, minerales, vitaminas, fibras y proteínas.

Para las comunidades de pueblos originarios y de "campesinos criollos" que habitaron históricamente estos ambientes de monte, los algarrobales resultaron desde siempre una verdadera reserva energética de alimentos y biomasa combustible, que les permitía afrontar el largo y seco invierno, además de estar simbólicamente cargados de significados que hunden sus raíces en las culturas locales de estos grupos y que refieren a la importancia que han tenido estos árboles para garantizar la continuidad de sus sistema de vida.

Sin embargo, en la actualidad estas poblaciones atraviesan un período de fuertes transformaciones, vinculadas a la incidencia del proceso de transformación estructural de la agro-ganadería chaqueña y que se expresa en el avance de la frontera agropecuaria, la concentración de la propiedad rural, la deforestación masiva y la pauperización de las condiciones de vida de estos pueblos a medida que se transforman de productores primarios en asalariados rurales precarizados, como varios estudios lo han descrito. Uno de los fenómenos que evidencia en forma más significativa esta transformación, se relaciona con la creciente homogeneización y empobrecimiento que muestra el patrón alimentario de estos grupos indígenas y campesinos del Gran Chaco.

Redescubriendo la algarroba en el chaco formoseño

En nuestro trabajo de recuperación y reconstrucción de la trayectoria social de las prácticas y representaciones vinculadas a la algarroba, definimos tres momentos históricos que dan cuenta del recorrido histórico de este alimento a través de diferentes contextos de significación que han condicionado su valorización para los distintos grupos sociales involucrados en su producción y consumo. El primero, situado durante la época colonial, cuando se produce un primer encuentro entre los grupos indígenas y los colonizadores europeos (misioneros, funcionarios y militares). Un segundo momento se ubica temporalmente a partir de la finalización de las campañas militares a inicios del siglo XX y que redujeron a los pueblos indígenas promoviendo la re-ocupación del suelo por parte de migrantes europeos y "criollos" y, finalmente, un tercer momento que refiere al uso contemporáneo de este alimento entre las familias "criollas" del chaco formoseño.

A partir de este punto focalizamos la reconstrucción de la trayectoria de la algarroba a través de las prácticas y representaciones presentes en "campesinos criollos" de Ibarreta, Provincia de Formosa, relevadas a través del trabajo de campo efectuado durante las algarrobadas realizadas entre 2003 y 2006^.

La localidad de Ibarreta se sitúa en la zona central de la provincia, representando en el pasado un importante punto de confluencia de las diversas corrientes migratorias de provincias y países limítrofes. En este complejo proceso de re-poblamiento se conjugaron diferentes tradiciones culturales vinculadas a la producción, distribución y consumo de alimentos, favoreciendo la mixtura de los saberes indígenas de aprovechamiento integral del bosque con aquel conocimiento práctico de los agricultores paraguayos, ganaderos salteños, santiagueños y correntinos, y en menor medida con la lógica técnico-económica del capitalismo agrícola aportada por los colonos europeos. Las y los participantes de la experiencia promediaban los 50 años, presentando una relación de parentesco directo con aquella primera generación de pobladores "criollos" que se asentaron en esta zona de la provincia.

Existe una fuerte relación entre la genealogía de las familias de "campesinos criollos" y su relación con la algarroba. Aquellos "campesinos" cuyos antepasados provenían de la zona del chaco seco localizada en Salta y Santiago del Estero, tenían mayor conocimiento de los usos humanos vinculados a la algarroba, incluyendo nombres y procedimientos de las preparaciones. En contraste, quienes descienden de migrantes del área de influencia guaranítica de la provincia Corrientes y de Paraguay no contaban con un saber especializado al respecto. En general reconocían el empleo de frutos del algarrobo para elaborar alimentos para consumo humano, pero no se referían a estos como parte de las prácticas de alimentación familiares en el pasado reciente.

Todos estos factores coadyuvaron para que estos criollos, principalmente ganaderos, reconvirtieran sus planteos productivos, otorgando un lugar preeminente a la actividad agrícola vinculada al cultivo de fibra. De este modo, el algodón se estableció en sus economías domésticas como principal actividad de renta. Sin embargo el desarrollo de la actividad agrícola no se circunscribió a este cultivo únicamente, ya que el aprendizaje de nuevas destrezas, la mecanización de sus explotaciones y la consolidación de la infraestructura predial (alambrados, represas, etc.), favorecieron el desarrollo de cultivos de huerta y chacra destinados al consumo doméstico. En tal sentido, este proceso pudo derivar en un incremento del consumo doméstico de vegetales cultivados como maíz, mandioca, batata, porotos, zapallos y calabazas, desplazando progresivamente aquellas prácticas basadas en la recolección de frutos del monte como fuente de nutrientes origen vegetal, tales como la algarroba.

En el imaginario local, el trabajo agrícola representaba el camino hacia el progreso y el bienestar de la sociedad moderna; en cambio, las prácticas de recolección remitían al antiguo mundo indígena. A nivel local la distancia social existente entre gringos, criollos y aborígenes se hacía cada vez más amplia y exacerbada. En tal sentido pensamos que en forma progresiva y casi inadvertida, el consumo de algarroba y de otros bienes alimenticios obtenidos a través de la recolección, adquirieron un marcaje moral negativo del cual era preciso comenzar a diferenciarse.

Lo alimentario resulta un ámbito privilegiado para dar cuenta de la incidencia de criterios culturales en la construcción social de representaciones sobre las prácticas productivas. Las formas efectivas que asume la alimentación del grupo familiar expresan una serie de valoraciones sociales acerca de su status en la estructura social local. De aquí que tanto la desvalorización de un modelo de alimentación basado en prácticas de recolección, como la revalorización del esfuerzo productivo como mediación previa y obligatoria del acto de consumo (modelo agrícola), reflejan una serie de representaciones que legitiman o no un modelo de sociedad dominante: en el caso puntual de la algarroba implicó el pasaje de lo aleatorio a lo previsible. La alimentación de la familia ya no podía depender de aquello que la naturaleza pueda ofrecer; sino de la voluntad y la capacidad del hombre por dominar y transformar la naturaleza, a través de una aplicación cada vez mayor de la ciencia y la técnica al hecho productivo.

De la añapa al Nesquick

En forma complementaria al abandono y reemplazo de alimentos como la algarroba en sus dietas cotidianas,  estos grupos fueron incorporando nuevas prácticas de consumo, centradas en productos industrializados que más allá de su calidad nutricional proveían la marca de un status social diferente. La mayoría de los entrevistados que hicieron referencia al uso histórico de la algarroba por parte de sus padres y abuelos, no incorporaban este alimento dentro de las prácticas alimentarias de sus propios núcleos domésticos.

A través del recuerdo de su infancia aparece esta referencia a una versión de la añapa, donde la algarroba era mezclada con leche. De esta forma se obtenía un alimento sumamente energético y de agradable sabor, ya que su preparación con harina tostada realza la nota chocolatada que poseen estos frutos. Esta misma preparación fue señalada en otras entrevistas como un alimento habitual en el seno de estas familias. Sin embargo, es llamativa la referencia comparativa con el Nesquick (cocoa en polvo) ya que refleja una cierta equivalencia entre ambos alimentos, y más significativa aún es la confirmación que sus hijos sólo consumen este último producto y que nunca probaron la añapa de leche.

El ejemplo del reemplazo de la algarroba por la generalización del consumo de alimentos industrializados se produce en un contexto signado por la creciente monetarización de sus economías domésticas y la degradación de su situación socio-productiva en general. Si bien en un principio este mayor acceso al dinero estuvo dado por la orientación de su producción hacia los cultivos de renta como el algodón, en las últimas décadas ha cobrado una importancia creciente la venta de su fuerza de trabajo en ocupaciones poco calificadas, ya sea en otras explotaciones de la localidad o bien migrando hacia otros ámbitos urbanos y rurales. En ambos casos se produjo una mayor dependencia del mercado, tanto de productos como de trabajo como requisito para garantizar la reproducción social de estas unidades. Esta dependencia afecta especialmente la capacidad productiva de las mismas, ya que implica por ejemplo la ausencia temporal de los individuos económicamente activos que salieron buscar empleo fuera del predio. Al producir menos alimentos destinados al consumo familiar y disponer de mayor circulación de dinero, se incrementó la compra de bienes de consumo, que en el caso de los alimentos reemplazaron a otros que antes se producían localmente.

El caso de la algarroba es especialmente significativo ya que evidencia en forma tangible una tendencia preocupante en relación a la pérdida de diversidad en el patrón alimentario local. Aquellos productos provenientes de la recolección en el monte, como la algarroba, fueron las primeras manifestaciones de este proceso; sin embargo en los últimos años también está afectando a otros productos agrícolas tradicionalmente cultivados en la localidad, como el maíz amarillo y la mandioca. Ambos constituyen productos representativos de la dieta tradicional de estos grupos, sin embargo los datos obtenidos en el trabajo de campo indican cada vez son producidos por menos cantidad de familias. El maíz amarillo es el preferido para fabricar harina con la cual se elabora un plato típico denominado "sopa paraguaya", sin embargo su producción local es cada vez menor, siendo reemplazado por harina de maíz industrializada proveniente de pequeños establecimientos agroindustriales localizados en grandes ciudades como Resistencia, en la Provincia de Chaco. Aunque se reconoce su calidad deficiente, estos productos se obtienen a un precio económico en los "boliches" del pueblo, registrando una demanda creciente. Por otra parte en el pueblo es cada vez más frecuente el reemplazo de la mandioca, por la papa proveniente de la provincia de Buenos Aires que se obtiene en forma regular durante todo el año en las verdulerías locales.

Pan para los hombres, algarroba para las vacas

El progresivo abandono de la utilización de la algarroba para la alimentación humana contrasta con su utilización en la alimentación animal. El consumo de frutos nativos por parte del ganado criollo, representa una práctica extendida sobre toda la región chaqueña, especialmente en el denominado chaco seco, donde incluso buena parte de la recolección de la algarroba tiene por objeto suplementar la escasa disponibilidad de pastos durante la época seca. Todavía hoy en la zona oeste esta forma de alimentar el ganado está asociada a un conjunto de prácticas culturales que incluyen la recolección, el almacenamiento en silos y el racionamiento para lograr su consumo diferido en el tiempo.

En el marco de estos sistemas productivos campesinos y correlativamente con la desvalorización de su uso para la alimentación humana, la algarroba reafirmaba su importancia como insumo forrajero; debido principalmente a su alto valor nutricional y su costo nulo. Sin embargo, esta utilización también demostraba una progresiva transformación ya que actualmente no se asocia a la realización de una recolección orientada a este fin, sino que se deja que los animales la aprovechen por sus propios medios, mientras deambulan libremente por los ambientes de monte.

Valorando la algarroba

Los primeros esfuerzos volcados a recuperar la práctica de la recolección de la algarroba como una actividad organizada en forma colectiva en el ámbito de Ibarreta comenzaron en 2003. Acompañados por técnicos del Grupo de Estudios sobre Ecología Regional (GESER), unas cincuenta familias de "campesinos criollos" ya venían participando en otros proyectos relacionados a revalorizar los ambientes de monte como espacios privilegiados para desarrollar una producción sustentable y diversificada.

Al inicio la participación fue muy escasa, ya que no era considerada una actividad propia de "criollos" sino de "aborígenes", por cuanto su puesta en práctica implicaba la posibilidad de ser socialmente estigmatizados en un medio donde la distancia social existente entre ambos grupos es muy marcada pese a que buena parte del sector de "campesinos criollos" se halla cada vez más pauperizado en sus condiciones de vida. Por otra parte se reconocía el valor forrajero de la algarroba, aunque sin asociarlo a una actividad productiva realizada por el grupo familiar: "cuando el algarrobo frutea, ahí va sola la vaca." era el comentario repetido al mencionar el tema en las entrevistas.

En tal sentido, los técnicos de GESER comenzaron a desarrollar una serie de capacitaciones teórico-prácticas relacionadas con la puesta en valor de los productos no maderables que podían obtenerse de los ambientes de monte, haciendo especial énfasis en aquellos frutos que servían para la alimentación humana y animal. Estas reuniones funcionaron como espacios de reflexión colectiva en relación a las representaciones que los campesinos tenían del monte y de sus recursos potenciales, permitiendo analizarlas críticamente en función de las prácticas concretas de uso de estos ambientes.

Estas actividades servían de marco preparatorio para el desarrollo de las algarrobadas al acercarse el mes de noviembre. La experiencia práctica de realizar en conjunto la recolección, el secado y molido para obtener harina, y posteriormente elaborar alimentos con ella, resultó clave para fortalecer el reconocimiento y revalorización del rol de estos frutos en la dieta cotidiana doméstica: por una parte la recuperación de la algarroba como alimento y por otra su proyección como alternativa productiva en el marco de estas economías domésticas.

Más allá de la importancia que tiene para estas familias la recuperación de la harina en sus prácticas de consumo y de la posibilidad de incorporar una nueva alternativa productiva desde la cual generar ingresos, queremos finalizar destacando la importancia de participar en un proceso colectivo que implica coordinar los esfuerzos de diferentes unidades productivas en pos de un objetivo común.

Es necesario recuperar las prácticas históricas para ponerlas en valor en un nuevo contexto social, esto es dar cuenta de las resignificaciones de las que es objeto por parte de los propios "campesinos", evitando de este modo caer en un enfoque esencialista que termina inmovilizando la rica dinámica de creación y atribución de sentidos por parte de estos grupos.

En el mismo sentido, el involucramiento de organismos técnicos que impulsan el desarrollo de experiencias de producción y comercialización de la algarroba, alcanzando nuevos escenarios territoriales, implica la participación de nuevos actores en la construcción de representaciones relacionadas con este alimento: los consumidores urbanos que participan de las redes de comercio justo. Estos últimos aportan una valorización basada fundamentalmente en los atributos nutricionales y organolépticos de la algarroba, incorporando nuevos marcos de referencia para su puesta en valor.

* Sebastián Carenzo es Doctor en Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigador CONICET en la sección de Antropología Social.

Nota de edición:

El presente artículo está basado en el documento La sinuosa trayectoria social de la "algarroba" en el chaco formoseño. Si se quiere acceder al documento completo, ingrese a la sección Biblioteca de esta misma página web www.sudamericarural.org.

*Isaías Tobasura Acuña

La agricultura cumple funciones determinantes en el desarrollo de los países, según el enfoque y las aplicaciones de políticas con que se maneja y aplica en cada país. El presente artículo ensaya una descripción interpretativa de las corrientes durante las últimas décadas en Colombia.

El modelo de "industrialización por sustitución de importaciones -ISI-" aplicado en Colombia entre los años 1950 y 1980,  contribuyó a ahorrar divisas, mantener el salario urbano bajo, producir alimentos baratos y facilitar el desarrollo económico de otros sectores económicos. En el modelo neoliberal, aplicado desde 1990 en adelante, apoyado en la hipótesis de que el comercio internacional es la fuente principal de crecimiento económico y de modernización institucional, el país optó por la exportación de productos agropecuarios con los que tiene ventajas comparativas. Esta política ha fortalecido la producción empresarial de cultivos tropicales en detrimento de la producción campesina. De tal modo que una política agraria aplicada con el argumento de convertir a los campesinos en empresarios, ha logrado pauperizarlos.

Tendencia hasta 1990

En el modelo ISI, la estructura básica del sector agrario estaba conformada por tres sub-sectores: El primero, de características típicamente empresariales, intensivo en el uso de capital, con tecnología moderna, generalmente importada, corresponde a cultivos de sustitución de importaciones y cultivos tropicales. El segundo, conformado por cultivos no transables o de consumo interno, intensivos en mano de obra y producido con tecnología tradicional, correspondía típicamente de economía campesina. El tercer sector correspondía al área de la pecuaria, fundamentalmente con ganadería bovina más desarrollada, con un estado de incipiente de desarrollo respecto a la avicultura y porcicultura. Esta estructura productiva tiene su correlato en la arquitectura institucional del sector, y le fue funcional.

En cuanto a la formación de recursos humanos, la responsabilidad estaba en las universidades, los institutos técnicos agropecuarios (ITA) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En el caso de las universidades, los currículos de los ingenieros agrónomos, veterinarios y zootecnistas estaban diseñados para responder al modelo. Por su parte, la investigación agropecuaria estaba a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), orientados según la tendencia científica y tecnológica caracterizadas por la generación de tecnologías intensivas en capital y ahorradoras de mano de obra, lo que no dio cuenta de la dotación de recursos en un país con abundancia relativa de mano de obra y escasez de capital.

Vientos neoliberales

El modelo neoliberal se basó sobre el supuesto de que el comercio internacional es la fuente principal de crecimiento económico y modernización institucional, lo que exige la reconversión del sector productivo, privilegiando los sistemas de producción en los cuales el país cuenta con ventajas comparativas, como los cultivos tropicales de exportación y los bienes no transables, y reconvirtiendo los cultivos de sustitución de importaciones como los cereales y las oleaginosas. Las políticas agropecuarias en Colombia a partir de los años 1990 se han orientado a lograr esos propósitos.

En el marco del modelo neoliberal la estructura del sector cambió radicalmente. Se fortalecieron los cultivos tropicales de exportación, especialmente a mediados de la década de 1990 y se dinamizó la producción pecuaria jalonada por la avicultura y la porcicultura. La producción bovina, salvo casos excepcionales, mantuvo su estructura tradicional con escasa tecnología y poca contratación de mano de obra. La producción de no transables, pese a su protección natural, redujo su participación como consecuencia de la masiva importación de alimentos y la irrupción de las multinacionales en la comercialización de éstos, mientras desaparecían los cultivos de sustitución de importaciones.

De la misma manera que en el modelo ISI, el neoliberal requirió una estructura institucional acorde con sus características. En el caso de la formación de capital humano, las universidades, el SENA y los colegios agropecuarios e institutos agrícolas, reestructuraron sus planes de estudio para adecuarlos a las necesidades del modelo imperante. Por ejemplo, la formación técnica, tecnológica y profesional se realiza actualmente sobre un menú de competencias eminentemente instrumentales, orientadas a los productores empresariales y a los productos tropicales. En el desarrollo científico y tecnológico, la transformación es radical: desapareció el ICA como ente encargado de la investigación y la trasferencia de tecnología pasando sus competencias a funciones relacionadas con la inspección y sanidad vegetal y animal, y en su lugar se creó la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), con capital privado y público. En consecuencia, la investigación para el sector campesino y tradicional fue notablemente reducida. Al mismo tiempo, la formación y organización empresarial del sector tuvo como eje de articulación las cadenas productivas.

Perspectiva histórica

Una mirada histórica permite observar el desempeño del sector desde los años 1950.  En general, la agricultura entre los años 1950 y 1980, fue un sector dinámico, con crecimientos del PIB agropecuario que oscilan entre el 3.21% y el 3.83%.

La agricultura campesina en este largo periodo aportó cerca del 50 % de la producción agropecuaria. Pero su contribución a la economía nacional no se agotó allí, sino que el sector agrario es la principal fuente de generación de empleo y de alimentos para los centros urbanos, lo cual le asigna una importancia singular en el contexto nacional. En general, los campesinos y pequeños productores se dedican a la producción de papa, yuca, plátano, frutas y hortalizas y caña panelera, y en menor proporción al cultivo de algunos productos importables como trigo, cebada, maíz y frijol. También contribuyen con cerca del 30% de la producción de café (Crisis y transformación de la agricultura colombiana 1990 - 2000. C. Jaramillo 2006).

Durante los años 60 y 70 la política agraria se orientó a proteger algunos cultivos importables mediante aranceles y cuotas y a fomentar los cultivos comerciales mediante crédito de fomento. Los cultivos más beneficiados fueron los relacionados con intereses agroindustriales influyentes como el algodón, el arroz, las oleaginosas y los cereales importados.

A partir de los años 1980, comienza una reducción del crecimiento hasta situarse cerca de cero en la década de 1990. En el año 2009, el PIB agropecuario creció 1.0%.  Los productos que retrocedieron fueron los cereales con -2.67 %, el café con -4.27%  y las oleaginosas con -11.93 %. En el caso de los cultivos transitorios hubo un incremento sostenido desde 1950 hasta finales de los años 1970, momento a partir del cual se inicia su retroceso. Cereales como el trigo y la cebada, prácticamente habían desaparecido, mientras que oleaginosas de ciclo corto como el algodón, la soya y el ajonjolí decrecían paulatinamente (La agricultura colombiana en el siglo veinte. Kamanovitz y López, 2003).   

La política de la década de los ochenta fue exitosa en tanto permitió la producción de materias primas para la industria nacional y garantizó el abastecimiento de cereales básicos para la población urbana, habiendo beneficiado principalmente a los productos tropicales exportables con ventajas comparativas para Colombia así como a los bienes no transables como la avicultura, tubérculos, frutas y hortalizas. Al mismo tiempo, los cultivos más golpeados por la apertura fueron los sustitutivos de importaciones como cereales y oleaginosas. Las cifras de áreas no cultivadas ascienden a 850 mil hectáreas.

El crecimiento promedio del sector en la década de los noventa fue 1.2% en promedio, frente a 3.3% de promedio histórico para el sector (AgroVisión Colombia 2025. Ministerio de Agricultura, 2001).

Impacto negativo

Según las directrices del Plan Nacional de Desarrollo (2002- 2006) "Hacia un Estado Comunitario", en ese periodo se fomentó un proceso de modernización fundamentado en una mayor orientación a los mercados externos y una gradual especialización en la producción tropical, lo que disparó la importación de alimentos y materias primas de origen agropecuario a cifras históricas de cerca de 10 millones de toneladas en 2009 y la pérdida de más de 350 mil empleos. En las importaciones de productos agrarios se aprecian con mayor claridad las desventajas del modelo, pues  el país pasó de importar 1.983.800 toneladas en 1990, 5.606.100 toneladas en 1996 y 9.472.954 toneladas en 2009, convirtiéndose en un importador neto de alimentos.

Otra variable que permite apreciar el impacto del modelo neoliberal está en las áreas sembradas. Las áreas dedicadas a cultivos transitorios, entre 1990 y 1997, disminuyeron 6.2%, en tanto que las áreas dedicadas a permanentes se incrementa en 2.2%. La situación sería poco relevante si no se considerara los productos y los productores implicados. En los cultivos transitorios están los alimentos más importantes de la dieta de los colombianos, y los productores dedicados a éstos son en su mayoría campesinos y pequeños productores. En consecuencia, esta reconversión productiva afecta la seguridad alimentaria y deja sin posibilidades de trabajo a muchos campesinos que deben dedicarse a actividades no agrarias, como servicios, turismo rural,  venta de artesanías, o se convierten en guardianes del bosque, agua y en vendedores de paisaje.  

Pero las consecuencias devastadoras del modelo neoliberal no se agotan ahí. La "apuesta exportadora 2006 - 2020", del gobierno, puede generar una desaparición total de la producción campesina y poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país. La política prioriza como productos promisorios y exportables, en primer término, cultivos de tardío rendimiento en una escala que va disminuyendo notablemente el interés (las metas expresadas en áreas y toneladas) por productos alimenticios directos para la canasta familiar, salvo carne y lácteos, cultivos de la dieta básica de los colombianos no hacen parte de dicha política. Ello conlleva un enorme riesgo, dado que, según las tendencias internacionales, los precios de los productos alimentarios de la dieta básica han venido aumentado de manera sostenida desde comienzo de los años 2000 hasta la crisis alimentaria de los años 2007 y 2008. Pero el riesgo no se agota en las posibles consecuencias de desabastecimiento del país, sino que avanza hacia la imposibilidad de que los más pobres puedan acceder a los alimentos y satisfacer sus requerimientos alimentarios. Las cifras de pobreza e indigencia en Colombia alcanzan 45.6 % y 16,4, respectivamente.

Tendencia actual

El nuevo gobierno, en gestión desde hace pocos meses, ha incluido entre las cinco "locomotoras" que jalonan el desarrollo económico del país a la agricultura, pero se trata de una máquina literalmente impulsada por agro combustibles, porque se sustenta en buena parte en un modelo de agricultura de grandes explotaciones con productores empresariales y orientada a producir bienes tropicales para mercados externos, entre los cuales se encuentran los cultivos de palma para producción de biodiesel y la caña de azúcar para producción de etanol. No hay una política orientada a la agricultura campesina y de los pequeños productores sobre quienes descansó buena parte del tiempo la responsabilidad de producir los alimentos básicos para la dieta de los colombianos.

Otra consecuencia podría ser la paulatina desaparición de los campesinos, quienes por mucho tiempo han producido la mayoría de los alimentos en el país, porque se quedan sin poder cumplir el papel histórico que han tenido: producir alimentos,  mantener la cultura y la identidad y ser soportes de la frágil democracia del país. Por ello, la retórica de convertir a los campesinos en prósperos empresarios se evapora, ya la mayoría de ellos serán desplazados a los cinturones de miseria de las ciudades y unos pocos se convertirán en asalariados de las nuevas empresas exportadoras, con sistemas de contratación que no satisfacen los requerimiento mínimos laborales como las famosas cooperativas de trabajo asociado tan cuestionadas hoy en día.

Colombia, 30 de octubre de 2010

Nota de edición:

El presente artículo está basado en el documento De campesinos a empresarios. La retórica neoliberal de la política agraria en Colombia publicado en la revista NERA, Año 12 Nº15, pp 7-21 Julio - diciembre 2009. Si se quiere acceder al documento completo, ingrese a la sección Biblioteca de esta misma página web www.sudamericarural.org.

* Marco Antonio Romay Hochkofler

Bolivia y Paraguay mantienen una estrecha vinculación política, económica y social desde tiempos de la colonia. La Guerra del Chaco, que los enfrentó en 1934, no les impidió buscar la complementariedad en muchos temas,  incluyendo los relativos a la integración comercial fronteriza. Una aspiración  de difícil consecución hasta el momento, debido a las condiciones naturales de la región del Chaco boliviano y paraguayo, y a la falta de conjunción de intereses en los actores políticos, económicos y sociales de ambos países. Sin embargo, últimamente ambos Estados confluyen en la aplicación de políticas económicas y sociales similares, con gobiernos llamados progresistas, que buscan profundizar los lazos económicos comerciales en el marco de la complementariedad, dando importancia a la integración regional como un pilar principal de las relaciones bilaterales, e intentando dejar de lado los paradigmas de interdependencia con los países del norte.

Bolivia y Paraguay están en la región central de América del Sur. Bolivia tiene 1.098.581 Km^2. Paraguay tiene 406.752 Km², que equivale al 37% del territorio boliviano. Bolivia tiene 10, 3 millones de habitantes y la población paraguaya es de 7,0 millones. El análisis del relacionamiento comercial entre Bolivia y Paraguay permite conocer, entre otros aspectos y con cierto grado de profundidad, las condiciones de ese contacto, las opciones viables, preferencias comerciales en cuanto a mercados de origen y de destino y las posibilidades para encarar un proceso de integración comercial fronterizo.

Cercana vecindad

Bolivia y Paraguay poseen una frontera que abarca aproximadamente 700 Km y comprende los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz en Bolivia y los de Alto Paraguay y Boquerón en Paraguay. La frontera internacional se inicia en Esmeralda, límite tripartito entre Argentina, Bolivia y Paraguay y llega hasta la desembocadura en el río Paraguay, formando el hito tripartito entre Bolivia, Brasil y Paraguay. Esta región limítrofe pertenece "Gran Chaco", una de las principales regiones geográficas de Sudamérica ubicada en el Cono Sur. Es una llanura aluvial que se extiende por la región centro-meridional de América del Sur y abarca el sector suroriental de Bolivia, la mitad occidental de Paraguay, una porción del noreste y centro de Argentina y una mínima parte del sur de Brasil.

Las poblaciones fronterizas más importantes de Bolivia son Hito Villazón en el Departamento de Chuquisaca, Villamontes y Yacuiba en el Departamento de Tarija y Boyuibe en el Departamento de Santa Cruz. En Paraguay, cuya zona fronteriza con Bolivia presenta una población muy reducida, los núcleos más cercanos son Fortín Infante Rivarola y General Eugenio Garay en el departamento de Boquerón y Capitán Pablo Lagerenza en Alto Paraguay. Las ciudades más importantes próximas a la frontera son Mariscal Estigarribia y Filadelfia en el Departamento de Boquerón (ALADI).

En Bolivia la población en los departamentos fronterizos es 2,95 millones de habitantes, representando el 29% de la población nacional, de los cuales el 69% corresponde a Santa Cruz, el 18% a Chuquisaca y el 13% a Tarija. La extensión territorial en los departamentos fronterizos de Bolivia alcanza a 459.768 Km²., representando el 42% de la superficie total nacional, de los cuales el 81% corresponde a Santa Cruz, el 11% a Chuquisaca y el 8% a Tarija.

En Paraguay, la población en los departamentos fronterizos es 0,91 millones de habitantes, representando el 14% de la población total, de los cuales el 74% corresponde a Boquerón y el 26% a Alto Paraguay. La extensión territorial en los departamentos fronterizos de Paraguay alcanza a 174.018 Km², representando el 43% de la superficie total, de los cuales el 53% corresponde a Boquerón y el 47% corresponde a Alto Paraguay. La población en las localidades fronterizas de Paraguay (Infante Rivarola, Mariscal Estigarribia y Filadelfia) es 9.800 habitantes representando simplemente el 1% de la población de los departamentos fronterizos de Paraguay. Las poblaciones fronterizas son muy escasas especialmente del lado paraguayo.

Relacionamiento comercial bilateral

El comercio bilateral entre Bolivia y Paraguay ha experimentado un crecimiento notable entre 1995 y 2008 pasando de 6,30 a 101,18 millones de dólares, expandiendo el comercio en 16 veces desde 1995. Sin embargo, en los dos últimos años el intercambio bilateral sufrió un descenso del 54% respecto a 2008 como resultado de una abrupta caída de las exportaciones bolivianas, para ubicarse en 46,19 millones de dólares.

En términos acumulativos entre 1995 y 2009, el comercio bilateral alcanzó un valor de 473,85 millones de dólares correspondiendo el 41% a las exportaciones bolivianas hacia el mercado paraguayo y el 59% a las importaciones bolivianas desde Paraguay, con predominancia de éste último. Aunque las exportaciones bolivianas hacia Paraguay registraron una tendencia altamente creciente entre 2003 y 2008 pasando de 4,98 millones de dólares a 54,41 millones de dólares con una tasa de crecimiento promedio anual del 87%, luego de periodo de relativo estancamiento entre 1995 y 2002. El mayor monto exportado por Bolivia al mercado paraguayo se registró en 2008 con 54,41 millones de dólares y el menor monto exportado se registró en 1997 con 1,54 millones de dólares.

Esta evolución muestra un comportamiento irregular en la tendencia exportadora de la mayoría de los productos puesto que las exportaciones no presentan el mismo patrón de continuidad debido, probablemente, a la falta de un plan exportador de largo plazo por razones de tamaño de mercado, reducida oferta exportable o de competencia. Los productos con exportación regular en estos cinco años fueron: semillas de sésamo (ajonjolí), fuleoils (fuel), madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladura múltiples de espesor superior a 6 mm., semilla de anís o de badiana, acumuladores eléctricos, de plomo, del tipo de los utilizados para arranque de motores de explosión y los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36 para uso humano.

Las importaciones bolivianas provenientes de Paraguay, registraron en general una tendencia creciente entre 1995 y 2008 pasando de 1,32 a 46,77 millones de dólares, con una tasa de crecimiento promedio anual del 61%, y despegue importante a partir de 1999. El mayor monto importado por Bolivia desde mercado paraguayo se registró en 2008 con 46,77 millones de dólares y el menor monto importado se registró en 1996 con 1,10 millones de dólares, pero en 2009, las importaciones bolivianas desde Paraguay sufrieron un descenso del 41% respecto a 2008 como resultado de la caída del 92% de las importaciones de diesel, para ubicarse en 27,86 millones de dólares. En términos acumulativos, entre 1995 y 2009, las importaciones bolivianas desde el mercado paraguayo alcanzaron la suma de 279,70 millones de dólares.

La tendencia de las exportaciones bolivianas hacia Paraguay durante los últimos cinco años estuvo concentrada en exportaciones de productos minerales con una participación del 61%, aunque en 2009 se pudo evidenciar una caída importante de las exportaciones de este grupo de productos, especialmente, de las exportaciones del capítulo 27. Hubo repunte de las exportaciones vegetales a partir de 2007, alcanzando el 14% seguido de las exportaciones de productos químicos con un 12%. Estos tres grupos de productos concentraron el 87% de las exportaciones con destino a Paraguay.

En 2009 las exportaciones bolivianas hacia Paraguay, representaron el 0,3% de las exportaciones totales, el 0,6% de las exportaciones a los países de ALADI, incluyendo MERCOSUR, y el 0,8% de las exportaciones a éste. Las importaciones bolivianas desde Paraguay representaron el 0,8% de las totales, el 1,1% de las de los países de ALADI, incluyendo MERCOSUR, y el 1,5% de las provenientes de éste.

Las exportaciones paraguayas a Bolivia representaron el 0,9% de las exportaciones totales, el 1,3% de las exportaciones a los países de ALADI, incluyendo MERCOSUR, y el 1,8% de las exportaciones a éste. Las importaciones paraguayas desde Bolivia representaron el 0,3% de las importaciones totales, el 0,6% de las importaciones de los países de ALADI, incluyendo MERCOSUR, y el 0,7% a éste. Los resultados muestran que a pesar de las preferencias comerciales, el comercio bilateral entre Bolivia y Paraguay o viceversa es marginal respecto al comercio global de cada país y respecto al comercio regional especialmente aquel desarrollado con sus vecinos Argentina y Brasil.

El comercio fronterizo está referido a la relación comercial formal e informal entre las poblaciones conexas de dos o más países, sean estas comunidades (micro frontera), provincias, ciudades o departamentos en su integridad (macro frontera), caracterizado por los bajos costos de transacción. En la medida que las poblaciones fronterizas próximas tengan mayor concentración poblacional y dotación de servicios generales comerciales, permiten dinamizar las relaciones económicas de la región con resultados favorables para el bienestar de la población.

Bolivia y Paraguay están conectados por una frontera caracterizada por la ausencia de poblaciones limítrofes altamente concentradas, lo que se ve reflejado en el casi nulo comercio formal fronterizo (ALADI) entre ambos países y su difícil medición; a diferencia de las fronteras entre Bolivia y Perú o entre Bolivia y Argentina donde existen poblaciones concentradas que generan comercio y presentan cierto grado de complementariedad aunque tampoco existen cifras oficiales de comercio en estas regiones fronterizas. Versiones periodísticas dan cuenta de que la amplia frontera boliviano - paraguaya permite el contrabando de droga, cigarrillos, celulares, relojería, calzados, ropa, material informático y algunos productos de origen agropecuario - agroindustrial (embutidos, café, verduras, entre otros) cuyos montos podrían superar fácilmente los valores oficiales de comercio.

La aduana principal de ingreso en frontera para las importaciones bolivianas provenientes de Paraguay fue la de Villamontes, en el período comprendido entre 2008 y 2009, alcanzaron un valor acumulado de 46,41 millones de dólares representando el 96% del valor total importado (48,30 millones de dólares). En términos de volumen alcanzó un volumen acumulado de 40.791 toneladas.

Al igual que en el caso de las exportaciones, según vía de ingreso, la información oficial del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Bolivia contempla que el flujo de importaciones provenientes de Paraguay provino por la vía Pocitos - Yacuiba y en la práctica debería contemplar como aduana de ingreso la aduana de frontera Yacuiba (código de aduana 621) sin embargo, la aduana frontera Yacuiba es utilizada como aduana de trámite es decir, como aduana donde se originó el trámite para las importaciones generando dificultades en el análisis de la información.

Debido a la ausencia de información estadística desagregada de Paraguay, se puede señalar que en cuanto a las exportaciones bolivianas hacia ese país no hay certeza de que las regiones fronterizas de Boquerón y Alto Paraguay se beneficien del comercio, siendo probable que se constituyan en tránsito hacia la región metropolitana. También probable que la región beneficiada en las exportaciones paraguayas hacia Bolivia sean la metropolitana y el este paraguayo debido, principalmente, a la composición de las importaciones de Santa Cruz. Según ALADI (2005), el polo de desarrollo económico y financiero está en la región metropolitana de su capital Asunción y el fuerte de su actividad comercial la comparten entre la ciudad capital y Ciudad del Este, capital del departamento de Alto Paraná.

La relación bilateral entre Bolivia y Paraguay puede tener elementos comerciales válidos que permitan profundizar la integración bilateral desde la complementación económica, productiva y comercial en la región fronteriza, y que ésta no se detenga en el ámbito departamental, sino que pueda desplazarse hacia las provincias, municipios y comunidades fronterizas. En esa perspectiva deben considerarse capítulos del sistema armonizado, evaluando las compras que realiza cada uno de los países del mundo y comparando con las respectivas exportaciones para identificar oportunidades comerciales aproximando la vocación productiva del Chaco boliviano y paraguayo.

La relación económica - comercial entre Bolivia y Paraguay, se enmarca en el "Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 36 - AAP.CE 36", suscrito entre Bolivia y los países asociados del MERCOSUR al amparo del Tratado de Montevideo de 1980 y el MERCOSUR cuyo objetivo final fue la conformación de una zona de libre comercio en 10 años, por lo cual, a partir de 2011 la totalidad de los productos bolivianos ingresarían libres de arancel al mercado del MERCOSUR. Mientras que un total de 28 productos provenientes del MERCOSUR ingresarían libres al mercado boliviano en 2014 conformando, a partir de este año, la zona de libre comercio entre Bolivia y los países del MERCOSUR si no surgen imprevistos.

Con la finalidad de fortalecer la integración económica y comercial entre Bolivia y Paraguay se suscribió el Memorándum Operativo para la Dinamización de las Relaciones económico - comerciales entre ambos gobiernos. Sin embargo, actualmente, no existe un avance sustancial en la profundización de las relaciones económico - comerciales entre ambos países.

De acuerdo a la oferta exportable boliviana se ha identificado como potencial de sustitución de importaciones en Paraguay las siguientes secciones: Preparaciones alimenticias diversas, calzados y partes, prendas y complementos de vestir, de punto, prendas y complementos de vestir, excepto los de punto, preparaciones a base de cereales, cereales, preparaciones de hortalizas y frutas. En el caso de Paraguay, se ha identificado como potencial de sustitución de importaciones en Bolivia las siguientes secciones: Preparaciones alimenticias diversas, preparaciones a base de cereales, cereales, calzados y partes.

Los capítulos del sistema armonizado y sus diferentes productos serían potencialmente productivos para las regiones fronterizas, cuyas exportaciones podrían distribuirse en cada uno de los mercados fronterizos y nacionales. Sin embargo, las condiciones en cada país no son las apropiadas para alcanzar una integración macro fronteriza sostenida de carácter económico y comercial en el corto plazo. Mientras que del mediano a largo plazo, fundamentalmente por la dinamicidad del comercio por frontera y la confluencia de ambos Estados en la aplicación de políticas económicas y sociales similares, es posible fortalecer el proceso integrador fronterizo llegando a integrar espacios cercanos a la región micro fronteriza a partir de la aplicación de políticas públicas efectivas, selectivas, adecuadas, realistas e inmediatas.

Resumen y edición realizados por el IPDRS

El docuemento completo se encuentra en: http://sudamericarural.org/index.php?mc=98&nc=&next_p=1&cod=124

*   Ingeniero agrónomo, Magíster en desarrollo  económico, con especialización en integración y negociaciones internacionales.

* Maria Emilia Lisboa Pacheco

¿Cómo conectar temas que suelen tratarse como si fueran dimensiones distintas, aunque están mezclados en la vida cotidiana? Así ocurre con las relaciones de mujeres y hombres de las áreas rurales, sus condiciones de vida y la necesidad de transformarlas. No hay respuestas definitivas todavía, aunque existe un intenso debate y mucha acción política a lo largo de Brasil, particularmente en el interior del país.

En el medio rural brasileño las relaciones sociales, históricamente complejas, aún requieren transformaciones fundamentales, como la construcción de igualdad entre hombres y mujeres,  para garantizar la democracia, la ciudadanía y la sustentabilidad ambiental. Una vía posible para ello pueden ser los modelos alternativos de producción agrícola inspirados en la agroecología, cuyos elementos centrales son la sustentabilidad ambiental, y propuestas de desarrollo rural capaces de generar renta desconcentrada.

En esa línea, hay organizaciones y movimientos sociales que están relacionando agroecología y feminismo como una interacción posible que, sin embargo, aún sigue siendo un desafío. Esto supone desde planteamientos de equidad de género en la composición de la representación de entidades hasta la consideración integral de los componentes de las formas de producción, para mostrar el trabajo realizado por las mujeres, fundamental en el sostenimiento del sistema de reproducción familiar. (Encuentro Nacional de Agroecología (ENA), Brasil, 2002).

No es una tarea fácil, ya que puede hacerse visible con datos convencionales el trabajo de las mujeres, pero sin el enfoque de género, se deja sin problematizar la división sexual del trabajo, perdiendo la perspectiva de la lucha de las mujeres por sus derechos y su autonomía. La visión de las mujeres de ese primer ENA se refleja en una de sus políticas, al afirmar que "la igualdad entre hombres y mujeres es una condición esencial para la sustentabilidad de la producción agroecológica". Por otro lado, es posible que la organización familiar preponderante en el sistema de producción agroecológico pueda representar una mayor inserción productiva y ciudadana para las mujeres del campo, pero esto no asegura que tengan el reconocimiento y autonomía que están buscando.

Enlace en proceso

La agroecología es una visión integral que propugna que la organización y las relaciones sociales deben ser consideradas con la misma importancia que el medio ambiente y los cultivos. De ahí la centralidad de identificar claramente el papel de las mujeres en los sistemas agrícolas. En definitiva, se trata de entender que la división sexual del trabajo, y por ende las relaciones sociales entre hombres y mujeres, es tan importante como la división de clases cuando se trata de explicar las diferencias económicas y de reproducción social en el campesinado.

Por lo anterior, la mirada feminista es crítica hacia la economía tradicional, que considera la naturaleza y el trabajo de las mujeres como algo infinitamente ilimitado y elástico. Teniendo como objetivo económico básico la producción mercantil, se ve el salario como el reconocimiento del trabajo, esencialmente masculino y fuera de la casa, dejando en las sombras los procesos de sostenibilidad social y humana, en gran medida responsabilidad de las mujeres. No es ninguna novedad que el trabajo está jerarquizado y hay actividades con mayor prestigio que otras.

Pero el enlace entre agroecología y la perspectiva feminista es un debate nuevo y en construcción,  que los estudios feministas encaran desde tres ángulos: la introducción del concepto de género en el análisis del trabajo de las mujeres tiene implicaciones en las teorías respecto al mercado de trabajo y en los estudios sobre organización del trabajo; el re posicionamiento del debate sobre las categorías de trabajo y producción para eliminar el matiz ideológico que lleva a subvalorar y no considerar el trabajo de las mujeres; y la construcción teórica del concepto de reproducción social como un proceso que implica la reproducción biológica y de la fuerza de trabajo, la de los bienes de consumo y de producción y la de las propias relaciones de reproducción. La dicotomía entre producción y reproducción, presente en las estadísticas, prácticas sociales y políticas públicas es parte de la subordinación de las mujeres y está siendo cuestionada por el pensamiento feminista como parte inherente del sistema patriarcal y del capitalismo.

El feminismo también ha demostrado que el análisis de género impacta en el análisis sobre el campesinado, debido a que hay una distribución más equitativa del producto del trabajo cuando las mujeres participan en esas decisiones, no hay correspondencia entre la generación de renta y consumo cuando se alimenta mejor a los hombres, cuando las mujeres participan en los emprendimientos económicos estos mejoran sus perspectivas estratégicas y que la familia es tanto un lugar de cooperación como de conflicto puesto que en su seno se expresan distintos y diferenciados intereses.

¿Qué pasa en Brasil?

Recién en la década de los años ochenta las brasileñas comenzaron a reivindicar su derecho a participar en los sindicatos. Por eso, proporcionalmente el número de organizaciones sólo de mujeres aún es pequeño. Por otro lado, las mujeres prefieren comenzar con organizaciones de grupos pequeños y asociativos,  y luego se atreven a dar otros pasos para la formación de redes y articulación de iniciativas económicas. Se trata de una lucha en la que primero se pelea por el reconocimiento y luego por la autonomía. Está claro que tienen mayores probabilidades de ejercer su ciudadanía cuando logran acceso a las decisiones económicas.

Sensiblemente, hasta el final de la década de los años noventa,  los propios movimientos de mujeres e incluso los feministas daban poca importancia a temas estratégicos en el campo de la agroecología en particular y de la crítica al modelo agrícola dominante de llamada revolución verde en general, frente al énfasis respecto a temas de participación o los sexuales y reproductivos; por lo que puede decirse que la tendencia ha sido una mayor concentración en temas de reconocimiento más que en los de redistribución.

Esa tendencia es mostrada por una investigación sobre trabajo y agricultura familiar en el nordeste de Brasil (Portella, Ana Paula; Silva, Carmem e Ferreira, Simone - Mulher e Trabalho na Agricultura Familiar, Sos Corpo, Recife, 2004), que describe la poca relevancia que en aquel período daban algunos movimientos de mujeres a la discusión sobre desarrollo rural, especifica que la participación de mujeres en directivas de organizaciones se limita a secretarías o comisiones "de género" donde trabajan aisladas, y que los proyectos de agricultura alternativa, que podrían ser un excelente espacio de experimentación de la igualdad de género, con pocas excepciones, están pobremente articulados con los movimientos de mujeres rurales.

Sin embargo, los movimientos de mujeres en el campo continúan luchando por el reconocimiento de la mujer como trabajadora, con significados cada vez más concretos respecto a reforma agraria y nuevos modelos agrícolas.

Para ello es necesario continuar identificando los puntos más débiles del reconocimiento de las condiciones de trabajo y de posición de las mujeres. Por ejemplo, una investigación en la región brasileña de Río Grande del Norte, mostró que el 70% de las mujeres declaran su condición de trabajadoras rurales, mientras que un 15% dicen que su trabajo principal son las tareas del hogar. Estos datos muestran una tendencia muy distinta a la de años pasados y es presumible que se deba al trabajo de las propias organizaciones de mujeres. De hecho ha habido varias campañas por los derechos de las mujeres, realizadas por la Comisión Nacional de Trabajadoras Rurales de la Confederación de Trabajadores de la Agricultura Familiar (CONTAG) y varias organizaciones no gubernamentales, La misma CONTAG ha criticado los límites impuestos a programas estatales para mujeres rurales, como por ejemplo el crédito y el tamaño de los proyectos.

Otro ejemplo positivo es el del Movimiento de Mujeres Campesinas, integrante de Vía Campesina, quien defiende un proyecto de agricultura con visión agroecológica, preservación de la biodiversidad, del uso de plantas medicinales, recuperación de semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, alimentación saludable como soberanía alimentaria de las naciones, diversificación de la producción y valoración del trabajo de las mujeres campesinas. La Marcha de las Margaritas, una movilización bianual de las mujeres de todo el país, articulada a la Marcha Mundial de las Mujeres que sin abdicar de la agenda centrada principalmente en los derechos reproductivos y la lucha contra la violencia,  poco a poco va incorporando temas relativos a un nuevo modelo de agricultura, con sustentabilidad y justicia social. Desde el año 2003 ellas han estado debatiendo sistemas agrícolas alternativos y cuestionaron el patrón energético en el Brasil.

Finalmente, una buena señal desde el Estado es la apertura del Ministerio de Desarrollo Agrario, que cuenta con el espacio del Programa de Promoción e Igualdad de Género, Raza y Etnia, para el debate de una política de acceso de las mujeres al crédito rural. En esa comisión el Movimiento de Mujeres Campesinas propuso modalidades de crédito para la reestructuración de las pequeñas propiedades, es decir, crédito para la transición agroecológica de los sistemas agrícolas y no sólo por productos, potenciando los recursos existentes y canalizando ofertas que logren efectivamente proveer la producción, comercialización e industrialización del rubro de alimentos (Proposta de Linha Especial de Crédito para as Mulheres Camponesas, Movimento das Mulheres Camponesas, (mimeo)). Se trata de un tema importante que puede conducir a mayor interpelación a la dicotomía entre producción y reproducción, al mismo tiempo que amplía la perspectiva agroecológica.

Hacia adelante

En conclusión, en Brasil parece existir un ambiente socio político y cultural propicio para el debate y nuevas prácticas en la línea de agroecología y feminismo. Una muestra de ello son las nuevas agendas y el crecimiento de acciones distintas en la práctica de las propias organizaciones.  Pese a ello, hay muchos desafíos respecto a la gestión estratégica de sustentabilidad, en sus distintas dimensiones y el desarrollo de proyectos socio ambientales que la igualdad de género requiere como condición imprescindible para afirmarse. Esto requiere un análisis que relacione la crítica feminista sobre el paradigma económico predominante y la crítica ecológica sobre la apropiación privada de los recursos naturales, mercantilización y adulteración creciente de los bienes de la naturaleza. El objetivo y la defensa de propuestas sobre la economía del bienestar y la sustentabilidad de la vida humana articuladas con propuestas de defensa de los derechos de los agricultores y agricultoras de sistemas agrícolas sustentables basados en los principios de la agroecología.

Para seguir avanzando, investigadoras del área proponen: a) profundizar experiencias de mujeres en gestión de producción y recursos naturales desde una óptica de seguridad alimentaria y preservación de la biodiversidad, b) visualizar en la producción de información y análisis el trabajo de las mujeres como agentes económicas, mostrando la dinámica de género, c) incorporar la igualdad en el trabajo productivo y reproductivo en las agendas de organizaciones y movimientos sociales, y no solamente en los específicos de las mujeres, d) evidenciar las iniciativas económicas de las mujeres en la gestión de recursos, e) continuar profundizando la agenda de reivindicaciones sobre políticas de asistencia técnica y formas de financiamiento que garanticen igualdad de género y la afirmación de la agroecología, y  f) demandar políticas públicas de carácter universal para el cuidado de las personas en la sociedad (Leon, Magdalena Pleno empleo y el trabajo de las mujeres" En: Nalu Faria, Construir la Igualdad, Sof, REMTE e Rede Economia e Feminismo, agosto de 2003).

*     Maria Emília Lisboa Pacheco, es antropóloga. Trabaja como asesora de La Federação de Órgãos para Assistencia Social e Educacional (FASE), Río de Janeiro, Brasil.

Nota de edición:

El presente artículo está basado en la entrevista publicada en la Revista PROPOSTA - A cidadania das mulheres - Dez/Mar - 2005, Ano 28/29, nº 103/104. Si se quiere acceder al documento completo, se debe ingresar a la sección Biblioteca de esta misma página web.

Traducción y edición del IPDRS, con aprobación de la autora.

Bolivia, septiembre de 2010.

* Luis Pezo Orellana

Hablar de desarrollo rural nos remite a un concepto polémico, puesto que hay distintas visiones, algunas contrapuestas, ya que contiene un sustrato inherentemente político en tanto se dirige a concretar un modelo de sociedad y de bienestar humano. En Chile, el desarrollo rural es un significado por construir.

El contexto actual del desarrollo rural chileno debe ser entendido históricamente, lo que nos remite a la interrupción abrupta de la reforma agraria en 1973, y la posterior contrarreforma e imposición del modelo neoliberal por parte de la dictadura militar, que en sus 16 años de dominio implantó una liberalización del mercado de tierras y un modelo agroexportador que se mantiene hasta hoy. Ello produjo, entre otros efectos, procesos de descomposición y proletarización campesina, y una fuerte concentración de los medios de producción, en particular la tierra. Según el Censo Agropecuario del año 2007, un 75,1% de los suelos son controlados por el 0,9% de las explotaciones; por su parte, las explotaciones menores a 20 hectáreas (74,7%), controlan sólo un 3,7% del recurso. El neolatifundismo globalizado de hoy dibuja en Chile una distribución de la tierra tan desigual como la existente antes de la reforma agraria.

Las políticas de "ajuste estructural" del Estado chileno dejan al menos dos consecuencias importantes para el desarrollo rural y las políticas sociales en general: 1) un Estado con su papel debilitado frente a las fuerzas del mercado para la promoción social y la inversión productiva, y 2) un giro de enfoque en el cual, para el Estado, el sentido del desarrollo y las políticas sociales deviene en "compensatorio" de las consecuencias no deseadas del nuevo orden económico mundial, con la finalidad de impedir los desequilibrios económicos y políticos en el país.

Expresión de ese proceso son los programas de fomento productivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que intentan sostener al campesinado en un escenario que los tiende a excluir, tarea que realizan promoviendo su incorporación a los mercados y propiciando la asociatividad y el valor agregado de sus productos. Otros ejemplos son los llamados fondos de inversión social, como el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), que han desplegado políticas focalizadas destinadas a financiar microproyectos de carácter social o productivo o bien al apoyo psicosocial de familias con altos índices de pobreza. Las cifras nacionales de pobreza rural habían tenido una tendencia a la baja en las últimas dos décadas, pero la actual cifra de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2009) refleja un estancamiento con un leve aumento (12,9% frente a un 12,3% del año 2006). Sin embargo, cabe destacar que existe un consenso de los especialistas en que la línea de pobreza es muy baja y requiere actualización.

Apey y Delgado señalan en El gasto público en las áreas rurales de Chile, 1996 - 2004: intento de rastreabilidad, cuantificación y clasificación (2006), que el gasto público rural en Chile en ese período representó el 6,6% del gasto público nacional, observándose una tendencia a disminuir en relación a este último. La mitad de este gasto público rural fue destinado al fomento productivo,  29% a servicios sociales y 21% a infraestructura. El relativamente bajo monto de inversiones públicas en el sector rural se puede explicar a través del planteamiento de Cox, quien en Mejores prácticas en políticas y programas de desarrollo rural: implicancias para el caso chileno, (2002) señala que en nuestro país, así como en otros países "subdesarrollados", ha existido permanentemente un sesgo urbano anti - agrícola y anti - rural de las políticas públicas, que afectan a la población agrícola y a los habitantes rurales, principalmente por los mayores costos de transacción y por tener menor cantidad de votantes.

Los principales avances en el medio rural, producto de políticas públicas, se han dado en el ámbito de la conectividad (transporte, telecomunicaciones) y en el aumento de la cobertura de servicios (electricidad, agua potable, alcantarillado, educación, salud, vivienda, etc.), incrementándose la infraestructura correspondiente a ambos aspectos. Por cierto, aún hay mucho que hacer en términos de conectividad, y la calidad de los servicios enfrenta diversos problemas que remarcan las desigualdades existentes en relación al medio urbano. Por otra parte, la reciente red de protección social establecida por el último gobierno de la Concertación no arroja aún sus impactos sobre las condiciones de la población rural, y si bien representa un aumento del gasto público, no se puede dejar de considerar compensatoria en tanto no va aparejada de reformas sustantivas al modelo económico.

Un tema aparte lo constituyen las acciones del Estado respecto a los pueblos originarios asentados en zonas rurales. A través del organismo público especializado en el tema, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), ha creado Áreas de Desarrollo Indígena con miras a focalizar políticas y programas, y ha implementado diversos fondos, siendo uno de los más relevantes el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, orientados a la preservación y recuperación de estos recursos. En relación a este último ámbito, se han producido conflictos entre los indígenas y actores que amenazan su dominio o la calidad de estos recursos, siendo el de mayor envergadura el caso mapuche, por las demandas que sobrepasan a las políticas e instrumentos existentes en la actualidad.

Una de las asignaturas pendientes, de especial relevancia para el desarrollo rural, es el establecimiento de una descentralización sustantiva y efectiva del Estado que permita una mayor autonomía política y económica para desplegar acciones pertinentes de desarrollo regional y local. El modelo de descentralización político-administrativo vigente a través de la Constitución de 1980 contiene fundamentos neoliberales, y las reformas realizadas hasta la fecha son insuficientes para contrarrestar el centralismo en la toma de decisiones en cuanto a los recursos y políticas para el país, aspecto que afecta transversalmente a los organismos públicos. Existen gobiernos regionales y provinciales que tienen funciones predominantemente administrativas, ligadas directamente al poder central.

Casi todos los municipios del país tienen, en mayor o menor medida, zonas rurales bajo su administración, por tanto deben planificar y coordinar acciones propias y externas para el desarrollo económico local y socio - comunitario, además de hacerse cargo de los servicios de educación y salud pública, entre otras funciones. De acuerdo a González (Nuevos imaginarios de la ruralidad en Chile. 2006), el municipio es valorado y reconocido por los habitantes rurales como un gravitante espacio de disputa e incidencia en decisiones significativas. Si bien se ha documentado que los municipios con alta ruralidad han sido eficientes, suele existir asistencialismo, clientelismo y baja injerencia de la "participación ciudadana" a la hora de decidir las iniciativas de desarrollo local. (SUBDERE. La ruralidad en Chile y la administración municipal. 2004).

Este último punto atañe a otra de las asignaturas pendientes para el país, que es el fortalecimiento de la sociedad civil y su influencia en las decisiones públicas, lo cual implica una necesaria profundización democrática. La gran mayoría de las acciones de desarrollo rural en Chile se han ejecutado de manera asimétrica y vertical con respecto a las poblaciones rurales, no siendo éstas consideradas a la hora de definir políticas, programas o estrategias, y más importante aún, a la hora de definir el sentido y significado del desarrollo rural.

En niveles nacionales, organizaciones de representación de campesinos, como el Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile (MUCECH) o de mujeres rurales e indígenas como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), tienen una escasa consideración por parte de las autoridades, sobretodo si se comparan con las organizaciones de tipo empresarial, como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) o la Corporación de la Madera (CORMA).

En niveles locales, investigaciones recientes indican que los campesinos y pobladores rurales evalúan críticamente las intervenciones sociales y de desarrollo, y también se han dado experiencias de movilización de acuerdo a visiones propias del desarrollo en sus territorios. Estas problemáticas no sólo tienen que ver con el desafío de lograr una mayor pertinencia y efectividad de las intervenciones, sino también de que las acciones de desarrollo rural sean legítimas y apropiables por la población. Lo anterior implicaría avanzar hacia una "construcción conjunta" del desarrollo rural, que vaya mucho más allá de las formas tradicionales de representatividad y de la instrumentalización funcional de la "participación ciudadana".

En conclusión, en Chile no existe una política de desarrollo rural. No hay una estrategia al respecto, ni un organismo o figura interinstitucional para ello dentro del aparato público. Lo que hay, y es lo que en parte hemos descrito, es una serie de actividades no coordinadas institucionalmente entre sí, en la cual participan diversos actores tanto públicos como pertenecientes a otros sectores de la sociedad. La principal consecuencia de ello es que no existe un abordaje integral respecto a la temática, lo cual dificulta los estudios sobre el tema, pero por sobre todo es coherente con la habitual postergación y falta de reconocimiento de los intereses de quienes habitan el medio rural de Chile. Ante esta situación, los desafíos y tareas por construir son múltiples.

*  Antropólogo Social y Magíster en Antropología y Desarrollo, Universidad de Chile. Corporación de Desarrollo de las Ciencias Sociales.

* Xavier Albó

Xavier Albó lleva más de cuarenta años trabajando en desarrollo rural y derechos indígenas en Bolivia. En esta entrevista el antropólogo indaga, precisa y reflexiona sobre los principales conceptos vinculados a la agricultura familiar.

Pregunta (P): ¿Cómo abordar conceptos complejos y relacionados respecto a campesino, indígena - originario y pequeño productor?

Respuesta  (R): Teóricamente la definición de campesino no es un concepto cultural, sino de tipo socioeconómico. Hay un montón de literatura universal al respecto, con variaciones y matices según los países. El concepto socioeconómico define como campesino a aquel que vive directamente del trabajo en el campo. Campo implica de alguna forma la tierra. Y se diferencia al campesino del empresario grande, del patrón. Campesino, por tanto, viene a ser el que hace directamente el trabajo en la tierra, y tiene cierta relación con el mercado. Es decir, no es un grupo que vive aislado, sino que tiene una relación con el conjunto de la economía del país, de la sociedad, aunque produzca mucho para el autoconsumo; y puede ser que vende alguna cosa o que también trabaje por contrato.

Haciendo una división interna, la denominación campesinado puede abarcar a los campesinos libres (los que son dueños de la tierra) y a los campesinos asalariados. En Bolivia he escuchado decir que cuando son asalariados ya no son del campesinado, sino de la Central Obrera Boliviana (COB), por ser obreros agrícolas. Puede que haya que hacer distinciones ahí adentro: los peones de hacienda, por ejemplo. Antes a todos se los llamaba indios, pero cuando se organizaron ya se les decía campesinos. No era necesario que fueran dueños de la tierra para que se los llamase campesinos. Esta es una cosa bastante general.

Lo campesino se refiere a un modo de producir y una forma de sobrevivencia, y se trata de un dato distinto si es que además de campesinos son indígenas. Se podría afirmar que la mayoría de indígenas de México son campesinos o viven como campesinos en su forma de producción. Los únicos que quedan fuera son los que viven de la recolección, lo que significa que son nómadas, entonces no caben en la definición de campesinos. Este modo de ver las cosas, por lo tanto, se adhiere a la lógica de las clases sociales, con una categoría ocupacional que de igual forma reconoce a obreros y artesanos. .

Por indígena se entiende literalmente al oriundo de un lugar. En este sentido es sinónimo de aborigen u originario, casi siempre en América Latina, porque el término se usa poco en Europa, salvo para los primeros pobladores, como ocurre en el norte con los lapones o sami. A ellos se los llama indígenas porque estaban desde siempre y no se trasladaron de un sitio a otro. En muchos países de Asia, África y Estados Unidos se les llama tribu, que más que al origen parece que se refiere a la forma de su organización social. Después todo esto derivó en un sentido distinto, que se refiere a los que tienen una cultura diferente de la dominante, y que la tienen desde un tiempo relativamente indefinido. Entonces, se puede hablar de cultura indígena, estudios indígenas, etc. Y de ahí ha derivado posteriormente, con el error de colón, la denominación de indio.

El término indio está más relacionado con identidades que con ocupaciones, porque puede haber una gama de ocupaciones distintas según los individuos; mientras que las identidades aluden al grupo, a la identidad que ellos se dan a sí mismos, la cual regularmente no es una categoría general de indígenas, sino la concreta de tal o cual pueblo: somos aymaras, por ejemplo.

Cuando se busca una generalización, sale el término indígena, originario u otro, como primitivos "que son los que otros nos dan",  han dicho muchas veces las y los dirigentes. A los propios interesados a veces no les ha gustado ese término y por eso buscaron otros nombres. Pongamos un ejemplo de acá y otro de la India. Acá, en Bolivia,  a los indígenas o indios de las tierras altas no les gustaba ese nombre, mientras que a los de tierras bajas no les disgusta, entonces salió lo de originario. Esto se extendió hacia algunos países de América latina. En la India siempre dicen tribu, y técnicamente en la Constitución se usa la denominación de scheduled tribes, con un listado de tribus; las que están en esa lista son las reconocidas. Ellos preferirían llamarse otra cosa equivalente a aborigen u originario, pero eso no está reconocido por la Constitución.          

P: ¿La denominación de pequeño productor o agricultor familiar delimita lo campesino y excluye lo de asalariado?

R: Claro,  es un refinamiento del concepto más grande de campesino. Uno de los libros más clásicos es el de Erick Wolf, que se llama, precisamente, campesino. Después vino el del investigador y escritor ruso Chayanov, que se descubrió tardíamente.

No creo que haya una diferencia cualitativa entre campesino y pequeño productor, aunque no sea un concepto uniforme. Ya Mao habló de los campesinos diferenciados entre pequeños, medianos y grandes. Encontrar un concepto único que se pueda usar en todas partes será difícil.

En rigor el término indígena está en el ámbito de los estudios étnicos. Étnico no tiene nada de racial, tiene que ver con etnos, que quiere decir pueblo. Y de ahí sale también el concepto de costumbres, un preámbulo a lo que vino a llamarse cultura. Tendría que haber un cruce de variables entre las categorías de la ocupación, la forma de ganarse la vida y la de producir (pequeños productores) y aquélla que va por la cultura o identidades de grupos (que diferencia unos grupos de otros). Los cruces son posibles porque los que viven en el campo, desde la perspectiva campesino, desarrollan formas culturales especiales que permite hablar también de una cultura campesina y por tanto de una identidad: compadrazgo, la solidaridad, ayni, las tensiones de pueblo chico.

En algunos países latinoamericanos el término campesino se origina a partir de lo étnico. Pero algunas corrientes marxistas, como otras, concluyeron que eran pobres por lo que producían, por lo poco que tenían, por la discriminación que recibían o porque los trataban de salvajes. Por esas connotaciones, desde principios del siglo XX ganó terreno el concepto de campesino.

Sin embargo, es interesante que al principio muchos de los que se hacían revolucionarios pensaran que en nuestros países había que hacer la revolución con esos pobres indios o indígenas. En las elaboraciones posteriores con las teorías marxistas se dijo que debía ir por el lado de los modos de producción. Se pensó que lo cultural no era importante y en cambio lo era el modo de producción. Los modos de producción era parte de la jerga de moda que venía de Marx; esto encajaba con campesinos alemanes, franceses o ingleses y con las organizaciones comunitarias de la España medieval; pero a la que empezaba a ver cosas de otras partes no le venía, como había un montón de otros aspectos que no empalmaba, por lo que se usó el nombre genérico de modo de producción asiático. Este ejemplo da una idea de cómo, empujando por uno de los lados de análisis, todo lo que significaba o venía de otras formas culturales, como las del imperio incaico, fueron consideradas modo de producción asiático.

En conclusión, no creo que en nuestros países la denominación de pequeño productor sea muy distinta a la de campesino.

P: ¿Es una conclusión generalizable?

R: Yo diría que en Ecuador, Perú y Bolivia lo campesino aparece asociado a lo indígena, mientras que en otros países, como en Chile, distinguen claramente entre el campesino y el indígena, aunque el mapuche viva del campo y cultive, es considerado indígena, y campesinos son los que trabajan en el campo pero no son indígenas. En Guatemala y México la línea divisoria es más complicada. En México tuvo cierto éxito el intento de campesinizar a la población indígena, de modo que ahora se sentirían insultados si le dijeran indígenas. Para tener una perspectiva a nivel internacional quizá no queda más remedio que hacer estas precisiones.

En el caso boliviano, ha pasado como en Perú, donde todavía se sigue diciendo que los serranos ya no son indígenas,  son sólo campesinos, pero en el fondo es la misma cosa. En el texto de la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia se usan casi siempre las palabras indígena, campesino y originario, juntas y como denominación general e incluyente. Esto fue simplemente una especie de concertación para que entraran todos. Los del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq) querían decir "nosotros sí somos campesinos". Los de las tierras bajas decían "nosotros somos los indígenas, ustedes que cosa serán". Entonces usaron los tres nombres indígena originario campesino.

Hay sólo dos o tres artículos en la CPE donde salen los términos por separado: uno en el que se refiere a los grupos que no han tenido contactos (los que han optado por no contactarse) y tienen derecho a tener territorio usan la palabra indígena; en otro se habla sólo de campesinos sin decir indígenas (En el capítulo de autonomías), aunque en una versión inicial se mencionó que podían tener autonomía, pero terminó en que pueden formar un municipio aparte si tienen una identidad cultural. Y finalmente en el capítulo sobre la propiedad de la tierra, donde se menciona a las comunidades, que no es solamente una cuestión de indígenas.

P: ¿Pero la tenencia de tierra es indispensable?

R: El concepto mismo de campesino no exige la propiedad de la tierra para su definición. De hecho, el campesino puede ser dueño o no de la parcela (la misma denominación de parcela es artificial y expresa mejor lo de pequeños productores). Porque también puede ser con propiedad comunitaria. En Bolivia, en términos de ocupación la inmensa mayoría de los indígenas son campesinos, por la dimensión ocupacional; y cuando se pretende hablar de una tipología, pueden ser comunarios, pequeños productores o pequeños propietarios, pero todos son campesinos.

Volvemos a la misma constatación: la definición de campesino tiene la misma connotación que la de pequeño productor o productor familiar. Y en los países con una presencia indígena significativa, campesino también quiere decir indígena. Nos encontramos, por lo tanto, con términos densamente entrelazados.

* Xavier Albó es jesuita, antropólogo y lingüista. Trabaja en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), del cual también es fundador. Ha escrito un centenar de libros sobre temas relacionados con las culturas y los derechos indígenas, principalmente de Bolivia.

Entrevista y edición del texto a cargo del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)