(*) Prof. Lincoln Alayo Bernal

El fenómeno climático conocido como El Niño no es nuevo. Ya exploradores españoles informaron sobre él entre 1525 y 1526, pero después de ser una causa relativamente silenciosa de destrucción durante cientos de años, cobró fama repentinamente en 1997 y 1998. Era difícil encontrar una red de noticias en la que no se presentase un informe sobre El Niño. "El Niño" se convirtió en un término común en gran parte de Occidente. El presente artículo brinda información histórica y detalla la forma en que debe gestionarse este fenómeno.

Se conoce como fenómeno El Niño la aparición de agua marítima superficial excepcionalmente caliente en las regiones central y oriental del océano Pacífico, cerca de la línea ecuatorial. El fenómeno ocurre aproximadamente cada cinco años, casi moderado, con agua marítima superficial de entre dos a tres grados centígrados por encima de lo normal y con efectos locales solamente. No obstante, un evento extremo en el Perú modifica las características meteorológicas a nivel mundial y genera "anomalías" como tormentas, inundaciones y sequías, no solo en América, incluidos los países andinos, Brasil, Paraguay y Argentina, sino también, mediante "tele conexiones" atmosféricas, en África, Asia e incluso Australia

Episodios históricos

Tres aspectos del fenómeno de El Niño (FEN) más reciente son particularmente dignos de mención.En primer lugar, perdido en medio del bombardeo de los medios de comunicación generado por el FEN de 1997-1998, se encuentra el hecho de que el evento de 1982 - 1983 fue considerado "el FEN del siglo". Las pérdidas acumuladas se calcularon en $ 13.000 millones. Sin embargo, la magnitud, el alcance y la duración del impacto del FEN de 1997 - 1998 son por lo menos de la misma magnitud que las de 1982-1983.

Por lo tanto, hemos visto dos "FEN del Siglo "en el lapso de 15 años, lo cual nos hace dudar que la comunidad científica puede establecer una conexión de los FEN con el recalentamiento del planeta y el cambio climático. Sin embargo, podemos decir, al menos, que los episodios del FEN constituyen un riesgo de recurrencia permanente.

En tercer lugar, y lo que es más importante, debido a su carácter recurrente, si bien impredecible, y al cada vez mayor tiempo de advertencia que resulta del uso de las nuevas tecnologías, los episodios del FEN son excelentes candidatos para la mitigación sistemática.

Después de todo, en comparación con los principales terremotos, que a menudo presentan intervalos de recurrencia medidos en cientos de años, los episodios principales del FEN se repiten cada diez años aproximadamente. Si bien esto todavía excede la esperanza de vida de la mayoría de los gobiernos, un adulto tipo podría observar tres o cuatro FEN de envergadura durante su vida y probablemente experimentar al menos algunos de sus efectos. Por consiguiente, es conveniente reiterar que el tiempo transcurre de dos maneras posibles: "durante un FEN" o "entre dos FEN."

¿Qué se aprendió?

¿Hubo aprendizaje en el intervalo entre dos FEN? Sería tranquilizador afirmar que se extrajeron enseñanzas importantes sobre medidas a tomar y programas a implementar. Lamentablemente, no fue así. Con escasas excepciones, y principalmente a nivel local, la infraestructura y los bienes económicos perdidos en el FEN de 1982-1983 sencillamente se repararon o se reemplazaron in situ, sin considerar seriamente la mitigación de futuros FEN.

El desarrollo y la capacidad institucional para abordar el tema de los desastres tampoco demostraron un aprendizaje serio a partir del FEN de 1982-1983. Las organizaciones y los sistemas de defensa civil se fortalecieron mínimamente y no recibieron ningún tipo de instrucción para la mitigación. En otras palabras, carecían de recursos y continuaron siendo sistemas de respuesta de bajo perfil con capacidad prácticamente nula para la coordinación previa al episodio o para ejercer alguna influencia en la adopción de medidas.

De hecho, la mayor enseñanza del FEN de 1982-1983 se manifestó en las comunidades científicas. Sin embargo, las observaciones sobre el terreno durante el FEN de 1997-1998 revelaron una situación algo diferente, con falta de canales institucionales permanentes y desacuerdos científicos a principios de 1997, lo que retrasó el flujo de información, lo cual puede explicar que uno de los problemas más destacados del FEN de 1997-1998 haya sido una lectura gubernamental incorrecta de la experiencia previa.

Aunque desde mediados hasta fines de 1997, se participó en una variedad de actividades para la mitigación física, por ejemplo, limpieza de canales, reparación de diques, lamentablemente, se supuso que el FEN de 1997-1998, que se estaba formando, sería una repetición del episodio de anterior, cuando, en realidad, resultó ser bastante similar al de 1925 - 1926. Como consecuencia, gran parte de la actividad de mitigación se llevó a cabo en el lugar incorrecto.

La enseñanza más importante, como señalamos anteriormente, es que mientras los FEN son fenómenos de alcance regional a mundial, sus efectos locales específicos son los que resultan tan problemáticos, y estos efectos locales varían extraordinariamente de FEN a FEN, en primer término; son difíciles de predecir, excepto en el muy corto plazo (de horas a uno o dos días), en segundo término y, por último, constituyen los verdaderos desastres  o catástrofes asociados con episodios FEN.

Por consiguiente, la mitigación de los FEN debe realizarse a largo plazo, ser de alcance regional y nacional y requiere ser informada por la comunidad científica acerca de datos históricos. Para expresarlo claramente, las regiones que experimentan regularmente efectos significativos de los FEN siempre deben estar preparándose sistemáticamente (mitigación y preparativos) para el siguiente episodio.

¿Aún se puede aprender?

A fin de responder a la pregunta de manera completa y justa, debemos recordar una tipología de episodios especialmente útil, basándose en estudios anteriores de respuesta institucional a sucesos extremos, como la del veterano investigador de desastres Hemy Quarantelli, quien clasificó en una oportunidad tales sucesos de acuerdo con sus necesidades de respuesta.

En su esquema, los accidentes son tratados típicamente por organizaciones ya establecidas de respuesta de las que normalmente se espera que participen en un suceso, por ejemplo, servicios de policía, de bomberos y paramédicos.

Las emergencias requieren el agregado de capacidades institucionales latentes, por ejemplo la Cruz Roja, Ejército o Defensa Civil. Los desastres, en cambio, incluyen no solo la participación y las actividades de respuesta esperadas y las organizaciones latentes, sino también la asistencia de organismos y/o organizaciones de respuesta que "se extiendan" hasta el área del impacto, como empresas de construcción privadas o empresas de servicios públicos que participan en actividades no habituales. Las catástrofes son tan graves que se caracterizan por la aparición de organizaciones e incluso de movimientos sociales enteramente nuevos.

Si bien esta tipología no encaja exactamente en el contexto nacional de Perú, la lógica del umbral sí lo hace y ayuda a aclarar lo que sucedió con defensa civil durante el FEN de 1997-1998, lo que posiblemente suceda en episodios futuros, y también lo que se puede hacer para romper el patrón de funcionamiento.

La clave es una barrera de protección política entre las dos primeras y las dos últimas categorías de acontecimientos. Hay una cierta tautología en la explicación, pero dado que los intereses políticos que se incluyen en la respuesta a accidentes y emergencia son generalmente bajos, defensa civil se activará en casos de emergencia y permanecerá "a cargo." Sin embargo, si un acontecimiento supera el umbral de emergencia y se convierte en un desastre, los intereses políticos aumentan significativamente, y el gobierno no puede permitir que la respuesta al suceso permanezca en manos de una organización con bajo perfil político o escasa experiencia.

Esa lógica se toma aún más pronunciada si el suceso resulta ser una verdadera catástrofe, con todas las repercusiones políticas que conlleva (especialmente la posible creación de grupos autónomos de ciudadanos u organizaciones de movimiento social).

Resulta interesante ver que la lógica del umbral aclara por qué el FEN de 1997-1998 fue calificado como desastre. Con la profundización de los efectos a fines de 1997 y principios de 1998, el FEN pasó de ser una serie de emergencias relativamente localizadas (y por lo tanto incluyendo a defensa civil) a ser un desastre que requería la atención de las autoridades a nivel nacional.
Entonces, ¿qué significan el análisis hecho hasta aquí y la adaptación de la lógica del umbral de Quarantelli para el futuro de las organizaciones de defensa civil?

Una opción consiste en reconocer que las organizaciones de defensa civil son todavía las únicas organizaciones permanentes de respuesta a emergencias, y deben adoptarse iniciativas para fortalecerlas, aceptando el hecho de que en un desastre o catástrofe probablemente se margine una vez más a la defensa civil.

Sin embargo, la idea es mejorar las capacidades de defensa civil de modo (que menos episodios superen la barrera de protección). Dado que los niveles del episodio y, por consiguiente, la barrera de protección, están determinados por los requisitos de respuesta frente a las capacidades de respuesta, si defensa civil puede mejorar sus capacidades, habrá menos emergencias que se conviertan en desastres o, peor aún, en catástrofes.

La segunda opción comienza como la primera, a partir del fortalecimiento de defensa civil, pero agrega una visión enteramente nueva, que requiere un cambio fundamental en la imagen de defensa civil. En estas condiciones, los líderes de defensa civil buscarían mejorar las capacidades de respuesta pero también comprender y aceptar que un desastre o una catástrofe se politiza rápidamente. Pese a ello, anticipan explícitamente y planifican para actuar, de modo que ese cambio sea central a nuevas estructuras u organizaciones (y de ese modo evitar que se los margine). Bajo esta opción, a medida que un episodio se aproxima a la barrera de emergencia-desastre, es la defensa civil misma la que enuncia algo como: "Sr. Presidente, la situación escapa a nuestras capacidades y requiere respuesta y atención en el ámbito regional y nacional.

Indudablemente, es muy difícil que esta opción garantice el éxito, pero, al menos convierte a defensa civil en un participante activo en lugar de una víctima pasiva cuando un episodio supera la barrera política. Esto es fundamental, dado que el área de defensa civil en Perú, y en cualquier otro país,  plantea una expansión rápida y global para ayudar al gobierno a hacer frente a un desastre o catástrofe.

(*) El profesor Lincoln Alayo Bernal (prevencionpe@yahoo.com) es fundador del Grupo Impulsor de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático de la Región La Libertad (GRIDES), instructor en manejo de emergencias y formación de Brigadas Operativas de Primera Respuesta, facilitador de educación en temas de seguridad y miembro de la Red Interamericana de Mitigación de Desastres de la OEA. Tiene publicaciones sobre estos temas en periódicos locales y en revistas nacionales e internacionales.

 (*) Silvia Lilian Ferro

El presente artículo se basa en el documento del mismo nombre recientemente difundido por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), octavo en la serie EXPLORACIONES. El texto revisa históricamente el papel de las políticas públicas que los Estados Nacionales implementan en la profundización de las brechas de desigualdad en las estructuras agrarias de Sudamérica, y analiza la directa y estrecha relación entre éstas y la construcción de las relaciones de fuerza entre los actores agrarios de la estructura de propiedad de la tierra.

Las políticas comerciales determinan qué factores productivos: tierra, trabajo, capital e innovación tecnológica, se facilitan en atención al modelo de desarrollo rural imperante y a la vez, desde la organización política estatal, se establecen los marcos normativos que definen las reglas de acción de los actores agrarios y de su acceso a los recursos necesarios para producir o subsistir en los medios rurales.

Los efectos diferenciales de las políticas comerciales construyen las jerarquías entre actores agrarios vinculados a la exportación. El campesinado criollo y los pueblos originarios producen esencialmente para el mercado alimentario local, pero son actores considerados subalternos, porque desarrollan actividades agrícolas de subsistencia. Las orientaciones productivas tienen correspondencia con la facilitación o impedimentos de acceso a los factores productivos, entre ellos la tierra.

La forma histórica de inserción de los países sudamericanos a los mercados mundiales, predominantemente desde la agroexportación, impulsan la expansión de determinados cultivos, alientan formas de producción agraria específicas en detrimento de otras, e inciden respecto a qué mercados alimentarios, internos o externos, tendrán prioridad en los objetivos de los programas domésticos de desarrollo rural, en la forma de alicientes fiscales, subsidios diferenciales, acceso al crédito, etc.

Esta vinculación preferencial con los mercados agroalimentarios internacionales impacta de forma directa en el valor de referencia internacional de los factores de producción agraria, entre ellos la tierra, y determina qué actores agrarios recibirán transferencias de tecnologías, créditos, exenciones tributarias y el  margen de competitividad interna y externa posibilitada por las políticas monetarias que logran transferencia de ingresos desde otros sectores de actividad económica, entre otros aspectos distributivos.

La consolidación de economías agroexportadoras en el bloque regional  sudamericano, con excepción de las economías nacionales exportadoras de petróleo y derivados, ha sido posible gracias a la existencia de 580.917.400 hectáreas, según  datos estadísticos de la FAO del año 2008,  lo cual implica que constituye el 11,89% de la superficie rural del mundo estimada por ese mismo organismo en 4.883.697.720 hectáreas. Debe advertirse que las estimaciones de esta base se realizan tomando conjuntamente fuentes oficiales y semioficiales de información de los países miembros. De allí que puedan haber diferencias con las cifras publicadas por censos oficiales nacionales, además de los distintos cortes de datos por año que se obtienen de cada país.

Sin embargo, los distintos actores  dentro de las estructuras agrarias nacionales acceden desigualmente a esa inmensa extensión de superficie agrícola. Esto es fácilmente verificable si se observa la estructura de propiedad de la tierra de cada espacio nacional, evaluando el reparto de ésta entre los distintos actores del agro a lo largo de su historia post-independentista y reciente. Cabe preguntarse entonces ¿cómo y cuándo se conformaron los rasgos visibles de la estructura de propiedad de la tierra que sostiene las actuales economías agroexportadoras predominantes en los Estados Sudamericanos?

Construcción  histórica de las desigualdades

La actual estructura de propiedad de la tierra en los países de Sudamérica se configuró durante la segunda mitad del siglo XIX, según la forma de inserción de los nacientes Estados a los mercados mundiales; y se ha modificado poco en la actualidad. Es una matriz común, basada en rasgos de violencia, concentración, extranjerización y especulación rentística.

Este orden de cosas sólo se intentó cambiar en el siglo siguiente, con las experiencias redistributivas de la tierra llevadas a cabo por los gobiernos populares llamados peyorativamente «populistas» por la historiográfica europea [VILAS, Carlos M. (1988): El populismo latinoamericano: Un enfoque estructural. Desarrollo Económico, 111, octubre-diciembre, 323-352], en coincidencia temporal con la era de los denominados Estados de Bienestar, en occidente.

El periodo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en Sudamérica coincidió  con gobiernos populares en gran parte de los países, especialmente en el cono sur, los cuales intentaron que los sectores desaventajados rurales y urbanos mejoraran su participación en la riqueza generada especialmente en el ámbito rural, mejorando su posicionamiento respecto del acceso a los factores de producción agraria.

Una de esas estrategias fue intensificar las colonizaciones de tierras fiscales, beneficiando al asalariado rural y al campesinado. Décadas después, esta estrategia, fue también propiciada por la Alianza para el Progreso y financiada por organismos internacionales de crédito con el fin de contener las frustraciones en las demandas por la tierra de campesinos y pueblos originarios,  que los hicieran permeables a encuadrarse en los movimientos revolucionarios que emergían en la región.

Las experiencias redistributivas fueron en general violentamente clausuradas por golpes de estado recurrentes intercalados con democracias incipientes, hasta finales del siglo XX, cuando comenzó un ciclo contrario de recuperación democrática. Los golpes cívico-militares implicaron una vuelta a las jerarquías tradicionales en la propiedad de la tierra, retornando a esquemas oligárquicos de tenencia y concentración en desmedro de los sectores rurales subalternos. Se relanzó un ininterrumpido proceso de concentración de la tierra que,  posteriormente, las fuerzas del mercado contribuyeron a cristalizar, sin necesidad de recurrir a la violencia armada, acicateadas por la innovación tecnológica que significó la llamada Revolución Verde.

La aplicación de los paquetes tecnológicos, como la mecanización de punta y la tecnología genética y agroquímicos, propios de la Revolución Verde, tuvieron el efecto expulsivo de los sectores que no tenían acceso al capital o a los apoyos institucionales estatales y privados,  que sí tenían- y siguen teniendo en forma prioritaria- los actores agrarios vinculados a la agroexportación, bajo la premisa de incrementar la productividad de la tierra.

En esta etapa coinciden los movimientos rurales donde sectores campesinos y de pueblos originarios plantean una discusión política central sobre la mejor distribución de la tierra y, por ende, el giro hacia modelos de desarrollo rural más equitativos e incluyentes. Son procesos de Reforma Agraria, inconclusos por las revanchas oligárquicas expresadas en la violencia política institucional contra los grupos subalternos.

Con la expansión del neoliberalismo en la segunda ola global en el mundo, que comenzó a perfilarse en la región desde los créditos internacionales en montos inéditos en las historias económicas de los países, crisis financieras y cobro de abultadas deudas externas que impusieron a los Estados sudamericanos, junto con los llamados ajustes estructurales y la minimización de los Estados,  la exigencia de exportar commodities, para obtener divisas rápidamente y afrontar las recurrentes crisis de deudas.

En los años 80 se vivió el empeoramiento de las desigualdades en las estructuras nacionales de propiedad de la tierra,  que llegarán a su peor momento en la década de los 90, debido a las recurrentes crisis de precios agrícolas, los recortes de salarios que restringían el consumo interno y otros indicadores recesivos propios de la aplicación de las medidas surgidas después del Consenso de Washington, que impactaron decisivamente en los escenarios rurales y en el sostenido incremento de la pobreza y la indigencia rural.  Todo ello provocó, una vez más, olas de emigraciones del campo a las ciudades, favoreciendo condiciones de una marcada concentración de la tierra.

 En la década del 2000 la llegada de gobiernos populares a varios países de la región significó un giro de los modelos de desarrollo económico nacionales; se comenzaron a delinear políticas de autonomía frente a los centros mundiales de poder económico y las poblaciones fortalecían estas agendas políticas nacionales, reforzando discursos de integración política y económica  plurinacionales.

En estos espacios se alienta a los movimientos sociales agrarios y a las organizaciones de la sociedad civil en general a expresarse, para que sus agendas reivindicativas sean tomadas en cuenta en la discusión técnica y política sobre las condiciones y oportunidades para la producción alimentaria sudamericana, volviendo el eje hacia a la satisfacción óptima de sus mercados alimentarios domésticos, a medidas que se hagan más sostenibles y menos extractivas sus producciones agrarias orientadas hacia los mercados internacionales.

En la actualidad, Argentina y Brasil, los dos socios principales del Mercado Común del Sur (MERCOSUR),  componen en conjunto con los demás Estados Parte y Asociados, uno de los bloques regionales más importante de América Latina y del mundo en cuanto a la producción y exportación de alimentos.

La región afronta el desafío de superar las matrices coloniales que diseñaron su forma de inserción en el mundo desde paradigmas extractivos,  que se expresan en el resurgimiento de la minera transnacional y en la agricultura de exportación fuertemente extractiva de la riqueza mineral de los suelos. Ambas presionan sobre las reservas de agua dulce, que se cuentan entre las más importantes del mundo. Las cuestiones de las riquezas subterráneas de petróleos y derivados y de la minería también presionan fuertemente hacia la expulsión de población, debido a la insalubridad en las condiciones de vida de comunidades campesinas y de pueblos originarios.

Prospectivas

La lógica extractiva de las riquezas sobre y bajo las tierras sudamericanas, que se impusiera en la etapa colonial y en la segunda mitad del siglo XX sigue gravitando en los modelos actuales de desarrollo económico. Las fuertes resistencias que le oponen grupos de acción política y, en algunos  casos, los mismos gobiernos populares, son una fuente de conflicto permanente, pero también una fuente de reivindicación del aporte político, agroecológico y cultural de los sectores tradicionalmente desaventajados del agro.

La sostenibilidad es un concepto que supera al de sustentabilidad, ya que no se enfoca sólo en  lo ambiental para proteger la diversidad ecológica sudamericana y revertir la gran contaminación de los suelos- por los millones de toneladas de agroquímicos volcadas, por ejemplo-y la preservación de la salud humana, sino que alude también al equilibrio entre los actores agrarios que participan en las relaciones sociales de producción y en su perdurabilidad  generacional.

En la etapa actual reaparece con fuerza el debate por la remoción de las desigualdades en las estructuras de propiedad fundiaria, y confrontar nociones de soberanía alimentaria, más allá  del concepto de seguridad alimentaria que proponen las agencias de organismos multilaterales como la FAO y su red de organizaciones civiles internacionales.

Sudamérica es una de las regiones más decisivas en el mundo en cuanto a producción de alimentos, particularmente en este momento de la historia humana, caracterizada por la mayor cantidad de personas afectadas por el hambre y, al mismo tiempo, de mayor producción alimentaria con base en la productividad posibilitada por los avances tecnológicos. Esto muestra un abanico de tensiones y conflictos, pero también de necesarias alianzas y negociaciones, entre movimientos sociales agrarios, corporaciones empresariales rurales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, en escalas nacionales, regionales e internacionales y multilaterales, augurando un tiempo de intensa puja por la orientación de modelos productivos nacionales.

* Silvia Lilian Ferro es historiadora, Doctora por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), Departamento  de  Economía Aplicada, Métodos Cuantitativos e Historia Económica. Especialista en desarrollo rural, área en la que trabaja como asesora.   

  (*) Federico Tenorio Calderón

La pobreza en el Perú está concentrada en la población rural y sigue siendo un tema pendiente y un desafío para el nuevo gobierno nacional. Recién concluida la segunda vuelta con la elección de Ollanta Humala como nuevo presidente del Perú, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), invitó a Federico Tenorio, especialista en desarrollo, para presentar una visión de los principales desafíos que ese país enfrenta en el área de desarrollo rural.

Durante la última década el Perú ha sido mostrado como un país de crecimiento económico imparable, rondando un promedio de ocho por ciento de crecimiento anual. Esta imagen existista, sin embargo, contrasta con los datos sobre pobreza rural. De hecho, el año 2009 la tasa de pobreza rural en Perú fue del 60.3%, cifra que llega al 70% en los departamentos andinos, con mayor población rural en comparación con la situación de otros departamentos del país.

Algunos datos de contexto

La agricultura concentra el 36.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA) total y la pequeña agricultura aporta con el 70% de los alimentos que consumimos los peruanos. Sin embargo, la inversión pública en la actividad agrícola se ha mantenido constante en menos de 2.5 mil millones desde el año 2005, demostrando que el sector no es prioridad para el gobierno nacional y los gobiernos sub nacionales. La prioridad para el presupuesto público han sido sectores como el transporte, educación y salud, mediante la construcción de infraestructura.

Entre los agentes de desarrollo de las zonas rurales que reciben canon minero (participación de gobiernos regionales, provinciales  y municipales de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado Peruano a través de la explotación de los recursos mineros) existe más interés por obras de infraestructura que por promover la agricultura sostenible que permita mayor diversificación de nuestra estructura productiva, incorporación de valor agregado e incentivar la  generación de empleos de calidad.

Los esfuerzos de las y los pequeños productores de café, agrupados en cooperativas, representan las experiencias más exitosas de pequeña agricultura comercial, puesto que logran exportar a mercados altamente competitivos. Otras experiencias de agricultura rentable y sostenible son las de los pequeños productores y productoras  de  palta, mango y banano orgánicos. La promoción de estas experiencias de éxito requiere de mayor inversión pública, sobre todo en aquellas obras que garantice el recurso hídrico. En este campo, hasta el momento  las mayores inversiones en favor de la agricultura se han concentrado en obras de envergadura para los valles de la costa norte del país como las de Chavimochic, Chinecas y Olmos- Tinajones.

La agricultura familiar no es una "economía de pobres", sino la base de la producción sostenible de alimentos para avanzar hacia la seguridad y la soberanía alimentaria, desde la gestión medioambiental del territorio rural (Foro Rural Mundial). El objetivo de la agricultura familiar es la manutención  de la familia y de la unidad de producción, cuya fuerza de trabajo está basada en la mano de obra del o de la jefe de familia. La familia comercializa gran parte de su producción con el fin de obtener recursos económicos y acceder a otros bienes y servicios.

En esa comprensión de la agricultura familiar, la producción no es para el autoconsumo solamente, sino también para obtener ingresos a partir de su producción. Sin embargo,  estos pequeños productores y productoras, a diferencia de las empresas,  no cuentan con todas las capacidades técnicas para obtener una rentabilidad por su producción y mejorar su calidad de vida.

La agricultura familiar en Perú está concentrada especialmente en zonas de la sierra,  la selva y en algunos valles de la costa peruana, involucrando aproximadamente al 90% de la población nacional dedicada a la agricultura. Se trata de un segmento de la población que puede resultar uno de los más afectados frente a la apertura de mercado y la globalización.

Agenda para el nuevo gobierno

Entre los datos que el nuevo gobierno no puede ignorar están la competencia y la presencia de nuevos actores en el área de la producción rural. Al mismo tiempo, en la medida en que los pequeños agricultores y agricultoras no cumplan con las reglas que el mercado exige, sus condiciones de participar en los mismos quedan bastante restringidas. Ambas perspectivas se enlazan porque, hasta ahora, las escasas políticas y programas  implementados por parte del Estado Peruano,  han sido desde una mirada aislada, sin considerar que la agricultura familiar se integra a temas de medio ambiente, cambio climático, ocupación del territorio, seguridad alimentaria, empleo, inclusión social  e ingresos. Todo ello conlleva a insistir en la necesidad de políticas diferenciadas y con rasgos definidos para la agricultura familiar, considerando que dentro de ésta existe una segmentación según su ubicación geográfica y capacidades técnicas.

El documento "Agricultura para el Desarrollo" elaborado por el Banco Mundial, presenta  como vías de salida de la pobreza para los pequeños productores y productoras la vía agrícola, la del empleo rural no agrícola, la migración y una combinación de dichos elementos. Estas tres estrategias son planteadas bajo un enfoque territorial rural, que apunta a fortalecer la incorporación de los productores y productoras al mercado, desde el desarrollo del capital humano, principal insumo del desarrollo nacional. Son aspectos que deberían considerarse dentro de la agenda del nuevo gobierno, permitiendo que el proceso de crecimiento económico notable del país durante la última década se convierta en inclusivo e impulse un crecimiento homogéneo con mejor distribución y, por ende, con resultados en la reducción de la pobreza.

De ofertas a compromisos

Aunque las ofertas de los hasta hace poco candidatos de las elecciones presidenciales que terciaron en segunda vuelta (Keiko Fujimori, del partido Fuerza 2011 y Ollanta Humala, de Gana Perú) contemplaban propuestas para el desarrollo agrario, la primera resaltaba la inversión en infraestructura rural con un enfoque altamente asistencialista como el modelo de los programas Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS) y el Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (FONCODES), ejecutados en la década de los noventa durante el gobierno de Alberto Fujimori.

El ganador Ollanta Humala planteó la revisión de algunos aspectos de los tratados de libre comercio y concesiones forestales, conservación de la diversidad biológica, ejecución de proyectos de drenaje en costa y sierra, fortalecimiento de agencias agrarias, descentralización rural de Ministerio de Agricultura, creación de un seguro agrario, redefinir el rol del Banco Agrario, planificación de la producción agropecuaria en función de la zonificación económica y ecológica especialmente en la sierra y la selva y la demanda de los mercados. En la oferta de Gana Perú resaltan aspectos como la promoción de la asociatividad y organización empresarial nativa,  promover el canje de crédito fiscal por formación continua y capacitación técnica para las comunidades campesinas y nativas y la creación de una plataforma tecnológica. Este último punto toma como modelo las ferias tecnológicas que se realizan en Brasil.

Agricultura y seguridad alimentaria

El Perú cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria aprobada el año 2004, mediante la que el Estado se compromete a garantizar el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental. Asimismo, considera el fomento de la oferta de alimentos nacionales como una de sus políticas clave, en la cual los pequeños productores campesinos juegan un rol importante ya que son los principales proveedores de los alimentos a nivel nacional.

Sin embargo, los  gobiernos de turno no han cumplido con implementar estas estrategias, para encarar la  situación de precariedad tecnológica, los altos costos de transacción y la ausencia de programas de asesoría técnica y capacitación que enfrentan los pequeños y pequeñas agricultoras y reducir el impacto de la crisis alimentaria. 

Sin embargo, las propuestas de los partidos políticos omitieron la problemática del desarrollo alimentario, desoyendo lo que, según Lester Brown, "No es ya un conflicto entre las superpotencias fuertemente armadas lo que amenaza el futuro global, sino la extensión de la escasez de alimentos, el aumento de sus precios y la agitación política a que esto llevaría". Por lo tanto, el nuevo gobierno debería  priorizar su inversión en estrategias que garanticen la seguridad alimentaria, el uso eficiente del agua, la conservación de suelos y promoción de las actividades renovables como la agricultura principal proveedor de alimentos.

De hecho, no existe una propuesta convincente y sostenible para promover la agricultura como medio de subsistencia alimentaria, que además responda a los desafíos del mercado para hacer de la agricultura una actividad sostenible y rentable, atractiva para los jóvenes rurales. Pero es posible aprovechar las ventajas comparativas productivas de la sierra, para abaratar los costos de producción de ciertos cultivos o crianzas, y, con el apoyo de estrategias adecuadas, lograr la inserción ventajosa de pequeños productores en mercados dinámicos, además hace falta invertir en ciencia y tecnología rural.

En el país hay un movimiento regional en pos de evitar la expansión del uso de transgénicos, como lo muestra el hecho de que los departamentos de Lima y Loreto se hayan sumado recientemente a la lista de las regiones que han declarado sus territorios como libres de transgénicos, precedidos por los departamentos de Cusco, Huánuco, Ayacucho y San Martín. 

Antes de confirmar su triunfo electoral, la alianza Gana Perú, calificó de escandaloso que el gobierno de Alan García haya emitido un decreto el pasado 15 de abril, sin consulta con el Legislativo, que permite el ingreso de semillas transgénicas, afirmando que, de llegar al poder, derogará dicho decreto. No cabe duda que se trata de una promesa que el recientemente elegido Presidente de la República tendrá que honrar.

Tensiones del desarrollo económico

Minería, agroindustria y turismo son los tres ejes importantes de desarrollo económico en el Perú ¿puede convivir la minería con la pequeña agricultura? La principal causa de los conflictos socio ambiental, según la Defensoría del Pueblo, son por  los recursos hídricos, como el caso reciente de las protestas de los comuneros del Valle del Tambo en contra del proyecto minero "Tía María" de Southern Copper.  

Por otra parte, la creciente minería informal ocasiona contaminación ambiental, menos renta, y problemas sociales más difíciles de resolver, como en el caso de Madre de Dios, donde el 70% de la población vive de esta actividad (30 mil personas empleadas) que muestra la precariedad institucional, la incapacidad para hacer cumplir la ley y un clima de inseguridad ciudadana.

La regulación al sistema de enclave con el que operan las empresas mineras en el Perú ha generado el 49.2%  de los 236 conflictos  sociales del año 2010 que reportó la Defensoría del Pueblo, siendo su causa principal la oposición de las comunidades, pueblos amazónicos y pueblos indígenas a las actividades mineras por no haberse realizado los procesos de consulta establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es una oferta del plan de Gana Perú, quien se compromete al "Reconocimiento efectivo de los derechos de representación, territorio y gobierno local-comunal  de los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT".

Ese es un problema principal para la convivencia entre la pequeña agricultura y la minería. Los documentos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) no son transparentes,  la mayoría no incorpora adecuados procesos de consulta, ni existe un compromiso real de las empresas mineras para conservar y proteger el ambiente; y el Estado no cuenta con la capacidad técnica y económica para exigir el cumplimiento de la normativa ambiental. En los hechos, la minería es prioridad para el Estado, mientras que la pequeña agricultura queda excluida de los intereses nacionales. 

El enfoque de desarrollo local propone la agricultura como eje de desarrollo sostenible en los lugares donde se realizan las actividades extractivas, lo que exige que los gobiernos locales inviertan el dinero que reciben como producto del canon en obras de infraestructura de riego, como represas, canales de riego, riego presurizado (goteo o aspersión), para mayor rendimiento en las parcelas y la promoción de productos estrella, como la quinua y la kiwicha (amaranto) y otros productos demandados en los mercados local, nacional e internacional. 

Administrar la "maldición"

Hasta ahora se ha cumplido la maldición de los recursos naturales, porque los niveles de pobreza con los que las comunidades vivieron antes de la actividad extractiva no han cambiado, a pesar de que hay mayores ingresos económicos. Por ello, los candidatos a segunda vuelta plantearon la  mejor distribución del canon minero, para que llegue a todas las regiones del país, tengan o no actividad extractiva.

Sin embargo, en un contexto de altas expectativas locales por la recaudación de impuestos, los gobiernos sub nacionales enfrentan diversos problemas para el uso eficiente de los recursos: deficiente capacidad técnica y debilidades de las instituciones locales, presión del gobierno central y las empresas para que gasten rápido, temor de la población de que se confisquen sus recursos (exigen gastar rápido),  ocasionando un mal desempeño de los gobiernos locales. La propuesta de Humala es consolidar el proceso de descentralización administrativa y fiscal, dando poder efectivo de decisión política y económica, a los municipios y las regiones y el reconocimiento de diversas modalidades de participación ciudadana, de las organizaciones de las fuerzas sociales y la sociedad civil.

Causa preocupación que las propuestas de desarrollo nacional de los dos candidatos tuvieran sus bases en la recaudación tributaria de las actividades extractivas ¿puede un país planificar un desarrollo sostenible a largo plazo en base a la extracción de un recurso no renovable?, ¿Hasta cuándo se proyecta durará el boom minero en el mercado internacional y en el Perú? Son interrogantes que el nuevo gobierno debe resolver en el corto plazo.

(*) Especialista en Proyectos de Desarrollo, Director General Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social CEDEPAS NORTE

* Francisco Cueva García

La población peruana se prepara para asistir a las urnas en segunda vuelta, cuando deberá elegir entre los candidatos Keiko Fujimori y Ollanta Humala. En circunstancias electorales suelen escucharse diagnósticos y ofertas para distintos sectores de la población, que muchas veces quedan en promesas. En el presente artículo se reflexiona sobre las perspectivas del futuro inmediato para la población peruana dedicada a la producción campesina.

La coyuntura electoral en Perú nos invita a pensar sobre las perspectivas de las familias campesinas y su capacidad de producción. Para ello, es necesaria una mirada al contexto nacional, desde el enfoque de desarrollo sostenible, respecto a las potencialidades del territorio como recurso y de las condiciones de vida de sus habitantes.

El ecosistema del Perú está configurado de tal manera que puede ser considerado como un país que contiene mega biodiversidad, ya que de las 104 zonas de vida que hay en el planeta, 84 están en nuestras montañas; de los 34 climas y 65 microclimas del mundo, contamos con 24 climas y 60 microclimas. El Perú está en una montaña cercana a la línea ecuatorial, por lo que posee aguas calientes y frías en el océano Pacifico y tiene 107 cuencas hidrográficas.

Perú tiene el 10% del total mundial de flora. Después de China, somos los segundos en el rubro de plantas conocidas y los primeros en especies nativas domésticas. En fauna, somos un país que sobresale a escala planetaria, al ser los primeros en especies de peces, los segundos en aves y los terceros en mamíferos. 

Sin embargo, estos ecosistemas también son frágiles, como consecuencia de la ausencia de planes de prevención por parte del Estado y de la propia población, frente a los recurrentes cambios de las condiciones climatológicas, como el Fenómeno de El Niño, sequías, friajes y otros. A esto se suma el estado actual de las vías de comunicación, escasas y deficientes, que no transforman ni facilitan el acceso a nuestro territorio; así como al deficiente desarrollo de tecnologías, que no se adaptan a las características de la montaña andina. 

Bendiciones naturales y falencias humanas

En los últimos años se está profundizando negativamente la brecha entre la disponibilidad del recurso tierra y el crecimiento de la población. También hay desfase hídrico y ausencia de planes de pequeña infraestructura de riego en la sierra para retener el agua y de planes de drenaje para detener la creciente salinización de las tierras en la costa, que incluso neutraliza los avances que se realizan cuando se gana frontera agrícola. No es una anécdota señalar que el conjunto de alimentos que se producen en el Perú, de diverso origen regional y biológico, es el que a su vez nos proporcionan una variada dieta alimenticia que contiene importante calidad nutricional.

Frente a las riquezas del territorio peruano, se advierte la paradoja de que el año 2008 el Producto Bruto Interno (PBI) del sector agropecuario representaba solamente el 7.6% del PBI nacional, que constituye casi la mitad de la cifra de hace cuatro décadas, ya que en 1970 representaba el 14.7% del PBI. A pesar de esta limitante en la generación de valor y de otras adversidades políticas, económicas y sociales, la agricultura peruana juega un rol fundamental en el desarrollo del país, porque de este sector dependen directamente por lo menos un tercio del total de la población, al absorber cerca del 23% de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEA), lo que equivale más de 2 millones de personas empleadas; y sigue siendo el soporte básico de alimentación local, regional y nacional.

En el Perú - a diferencia de otros países - no hay latifundio, y lo que en la actualidad prevalece es la pequeña producción, expresada en Unidades Agropecuarias (UA) con extensión menor a las 20 Has. La pequeña producción alcanza aproximadamente el 92.11% del total de productores agropecuarios en el país, que se distribuyen espacial y regionalmente en la siguiente proporción: 15.1% en la costa, 14.3 % en la selva y 70.6% en la sierra, dando lugar a la estructura de la tenencia de la tierra. Se considera minifundio a las unidades con menos de tres Has, constituyendo el 42.75%; se califica como pequeña producción a las propiedades de entre tres a 9.9 Has, lo que constituye el 41.48%; mientras que son consideradas como mediana producción las que van de diez a 19.9 Has, y éstas con el 7.88%.

Suele relacionarse el acceso a la propiedad de la tierra con las posibilidades de producción,  según el censo del año 1994, esta relación fue confirmada cuando las estadísticas revelaron que las unidades consideradas de pequeña propiedad representaban el 67% del área dedicada a los cultivos transitorios y 48% de la dedicada a los permanentes. Este rasgo estructural indica que, para hacer viable al conjunto de agricultura peruana, necesariamente se tiene que hacer viable a la pequeña producción.

Visión de necesidades

La pequeña agricultura en el Perú sigue siendo de subsistencia, pocos productores tienen excedentes para invertir en su parcela y, por ello, no es fácil que las mejoren, y no les es posible obtener tecnologías de riego o construir infraestructura. Diversos programas han tenido impactos positivos en los ámbitos específicos de su ejecución, la mayor parte impulsados por las instituciones de desarrollo no estatales, pero requieren ser replicados y masificados a través de políticas nacionales. Sin embargo, hasta hoy se carece de una estrategia integral que coordine todos los esfuerzos destinados a desterrar la pobreza y generar crecimiento y empleo sostenible.

Por otro lado, el aparato productivo es tecnológicamente heterogéneo y desarticulado. La minería no está articulada a las actividades de transformación y éstas tampoco se articulan con la agricultura. Todos los hogares rurales, pobres o no, presentan un bajo nivel de acceso a servicios públicos y privados.

La población total del Perú pasó de 13.2 millones en 1970 a 28.2 millones de habitantes en el año 2007, habiéndose duplicado en los últimos 37 años. Aumentó el tamaño del mercado interno, aunque alrededor de un 40% de los peruanos viven debajo de la línea de la pobreza. A pesar del crecimiento que ha habido en los últimos años, éste aun no es sentido por gran parte de la población campesina, no se logra crear suficientes puestos de trabajo y muchos peruanos aún emigran al exterior. Durante el año 2010, la economía siguió creciendo ocho puntos anuales en promedio, incluso con la crisis, y se necesita mantener ese ritmo de crecimiento para poder empezar a sentir verdaderamente un incremento en el nivel de vida de toda la población.

Ofertas electorales

Las fórmulas en contienda proponen dos visiones claramente diferenciadas para la producción campesina, también denominada agricultura familiar: estrategia de acción coordinada de gobierno y cambio en el enfoque del modelo desarrollo.

Keiko Fujimori, la candidata por el partido Fuerza 2011, plantea una estrategia macro,  coordinada entre los diferentes niveles de gobierno y articulando planes programáticos que fortalezcan los medios de producción, la organización de los productores para mejorar su acceso al mercado y la conclusión de la titulación rural y de las comunidades campesinas, bajo un enfoque de conservación de los recursos naturales. Fujimori plantea intervenir a través de los factores determinantes de la producción, bajo el mismo enfoque de los años 90, con cambios que no son estructurales. Bajo este enfoque se requiere poner remiendos al modelo, plantear políticas de corto plazo, que no son propiamente de Estado, sino de gobierno. Como ya se analizó,  el sector requiere consensuar visiones y objetivos de largo plazo y que se dé inicio a políticas nacionales con el compromiso de todos los agentes de desarrollo políticos, económicos y sociales.

El candidato por el partido Gana Perú, Ollanta Humala, propone una intervención de cambio del modelo de desarrollo, sobre la base de la construcción de una economía nacional de mercado, fomentando mercados locales, regionales para que desarrolle un mercado nacional. Para ello se propone la transformación de nuestras materias primas en productos acabados, reconstruir la capacidad regulatoria del Estado, haciéndolo capaz de garantizar la soberanía alimentaria del país, dotar de insumos para la agroindustria nacional y ubicación de los pequeños productores en condiciones ventajosas frente a los mercados nacionales e internacionales. Es necesario dar a las comunidades campesinas y nativas las facilidades y condiciones legales, materiales, financieras, tributarias, organizativas y tecnológicas para que sean competitivas en los mercados en los que interactúan en armonía con la naturaleza.

Humala plantea incorporar cambios estructurales que, a la luz de las normas legales actuales, suponen también cambios en la institucionalidad, en la normatividad y en los niveles organizativos de los productores. Es probable que en cinco años de gobierno sea muy difícil lograr esos cambios, por lo que se supone que se debería diseñar políticas de Estado que permitan transformaciones de estructuras, que las próximas gestiones sean capaces de continuar. Para concretar ese planteamiento, se requiere convocar a todos los actores sociales, políticos y económicos a participar en el diseño de una visión compartida sobre el desarrollo rural. Sin embargo, no se visualiza una ruta de implementación del plan con el concurso de todos los actores ni la concertación, participación y vigilancia de la sociedad civil y de los sectores productivos. Podría inferirse que se pretende realizar cambios estructurales desde arriba.

Humala ofrece que el cambio de modelo de desarrollo será la solución de las tensiones entre las industrias extractivas y la producción campesina, con lo cual es obvio que, para hacer tangible su planteamiento, se requiere de más de un periodo de gobierno y, de nuevo, surge la necesidad de convocar a todos los actores para diseñar el futuro del país, para lo cual son necesarios el diálogo y la concertación.

Más lejos que la coyuntura

Bajo la premisa de que logrando desarrollar la pequeña agricultura se beneficia al conjunto de la agricultura en el Perú y, por tanto, se lograría un desarrollo sostenible, se requiere impulsar cambios estructurales, concertados y sostenibles, para ello es fundamental diseñar políticas que hagan posible varias reformas, tales como:

a) Mejorar la situación de pobreza del sector rural y de su agricultura. El sector más pobre del país sigue estando en el sector rural. Si bien la reforma agraria repartió las tierras en muchos lugares, al no dar a los campesinos las herramientas para aumentar la producción en sus parcelas, no ayudó a mejorar sus niveles de vida. Se requiere inversión del Estado en la infraestructura de caminos, información de los cultivos a desarrollar, mejora en la administración de sus parcelas y promoción e implementación de tecnologías agroecológicas y conservación de recursos naturales.

b) Mejorar la infraestructura física. El alto crecimiento experimentado en el país en los últimos años ha aumentado el movimiento de la carga, pero las vías que permiten eso no lo han hecho en la misma proporción.

c) Mejorar la educación, especialmente la de nivel primario, con inversión en la infraestructura de los colegios y en la capacitación de los profesores. A nivel de educación superior hay que priorizar los conocimientos en ciencias básicas, ingenierías, y no tanto en ciencias sociales. Se requiere formar profesionales para la transformación de las materias primas en productos con más valor agregado y en la generación y aprendizaje de conocimientos para usar la tecnología necesaria para hacernos competitivos.

d) Incentivar el ahorro interno, que sea capaz de generar la inversión para financiar el desarrollo rural y que también genere la demanda para los productos del campo.

e) Finalmente, es necesario plantear políticas de corto y largo plazo que incorporen los nuevos enfoques, como la gestión por resultados, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.

En todos los casos se requiere una reforma del Estado, en el sistema de democracia participativa y con un proceso de descentralización desarrollado que ponga en primer plano la persona humana. Respecto a la seriedad de las ofertas electorales... sólo el tiempo puede darnos pautas.

(*) Francisco Cueva García es educador, especialista en desarrollo local y gestión municipal y Director Ejecutivo de la Asociación Arariwa, en Cusco, Perú.

* Ivo Lesbaupin

El presidente Ignacio Da Silva concluyó su mandato en diciembre pasado con uno de los porcentajes más elevados de popularidad que se haya visto en Sudamérica. Se han dicho, analizado y propuesto muchas explicaciones para el "fenómeno Lula", generando dos corrientes claramente divididas, entre quienes piensan que su gestión fue un modelo de gobierno socialista aunque sin esa etiqueta y quienes lo tildan de fachada populista por encima de una estructura capitalista pura y dura. En el presente artículo, el sociólogo brasileño Ivo Lesbaupin realiza una clara y apasionada disección de los ocho años del gobierno Lula.

Os oito anos do governo Lula (2002 - 2010) foram um avanço em relação aos oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Este último foi o governo que colocou em prática no Brasil as políticas neoliberais no Brasil: privatizou 75% do patrimônio público, aumentou de maneira exponencial a dívida externa e interna do país, estabeleceu uma política de ajuste fiscal centrada no pagamento de juros, atendeu aos interesses dos banqueiros e do capital financeiro em geral. Por causa disso, o desemprego aumentou muito, o Estado foi reduzido, os funcionários públicos foram desprezados, seus salários estacionaram.

Ao final do seu governo, apesar do apoio que ele teve dos grandes meios de comunicação, Fernando Henrique estava com a popularidade baixa.

Programa Lula

Nas eleições de 2002, Lula foi eleito com um programa que se opunha às políticas neoliberais. E fez algumas coisas importantes. Promoveu uma parcial recuperação do papel do Estado (valorização do funcionalismo público, das universidades públicas, de certos órgãos); no segundo mandato, 2007-2010, retomou o papel ativo do Estado para impulsionar o desenvolvimento, com vários programas. Adotou várias medidas econômicas para gerar emprego: ampliou o crédito facilitado, reduziu ou eliminou impostos de alguns produtos (carros, eletrodomésticos). 

Lula tomou uma série de medidas na área social: entre outros, um amplo programa de transferência de renda, o "Bolsa-Família" (atinge um quarto da população do país, cerca de 48 milhões de pessoas); nos seus oito anos, implementou um aumento real do salário-mínimo (54% acima da inflação).

Mais, o presidente Da Silva manteve um discurso permanente de valorização do Brasil, dos brasileiros, o que, junto com as medidas que tomou, gerou um aumento da autoestima dos brasileiros. Este elemento foi muito importante, pois foi exatamente o oposto do que fez o governo anterior, 1995-2002, pois, preocupado em vender todas as empresas estatais e reduzir o tamanho do Estado, fez um discurso permanente de desvalorização do que o país tinha feito nos últimos cinqüenta anos e de valorização do que era feito pelos países estrangeiros, pelos países desenvolvidos.

As políticas adotadas pelo governo Lula tiveram conseqüências sociais: 

• § a miséria diminuiu: entre 2003 e 2009, passou de 17% da população (30,4 milhões de pessoas) para 8,5% (17 milhões): caiu para metade.
• § os pobres se tornaram menos pobres.
• § cresceu a "classe média", a chamada classe C (entre 2 salários-mínimos e 8) - entre 700 e 3.000 dólares): cerca de 20 milhões de pessoas deixaram de ser pobres e se tornaram consumidores (hoje, esta classe corresponde a 49% da população).
• § retomou-se o crescimento econômico (antes estagnado)
• § há mais empregos (inclusive empregos formais - isto é, com direitos trabalhistas)
• § a rede de energia elétrica passou a atender mais famílias pobres (programa "Luz para Todos"). É preciso dizer que a energia elétrica paga pelos brasileiros é a 5ª. mais cara do mundo, que teve um aumento de 400% desde o início da privatização - bem acima da inflação -, e que as famílias pagam até 12 vezes mais que as grandes empresas (www.mabnacional.org.br) .
• § o combate ao trabalho escravo se tornou mais sistemático (foram libertados 11 mil trabalhadores entre 2003 e 2007);
• § a política externa do país se tornou mais independente: houve uma aproximação aos países da América Latina, defesa da Venezuela; relações cordiais com a Bolívia; negociação com o novo governo do Paraguai (sobre a parte que cabe ao Paraguai das receitas da usina hidrelétrica de Itaipu); rejeição ao golpe em Honduras e abrigo dado a Manuel Zelaya - o presidente deposto pelo golpe - na embaixada brasileira (apesar da pressão da meios de comunicação brasileiros e dos EUA).

Em razão de todas estas medidas, difundiu-se a idéia de que a pobreza acabou (ou, se não acabou, de que o país tem condições de enfrentá-la). O governo divulgou que a desigualdade diminuiu e a grande mídia, através de vários pesquisadores, ajudou a confirmar esta idéia. Tornou-se senso comum que a economia está no caminho certo. Nos países desenvolvidos tornou-se comum a idéia de que o Brasil não precisa mais de ajuda, pois é um país de renda média.

O outro lado da moeda

No entanto, é preciso revelar o outro lado da moeda. O governo Lula, contrariamente a suas promessas de campanha, deu continuidade à política econômica de Fernando Henrique Cardoso: o país continua aplicando o ajuste fiscal, continua mantendo os juros altos e, sobretudo, mantém o pagamento da dívida externa (e interna) como preocupação central do país. Isto tem conseqüências extremamente graves, mas que só são conhecidas por especialistas ou pessoas interessadas, porque os meios de comunicação não divulgam estes dados.

Vejamos o que isto significa, em termos de orçamento público: 44% de tudo o que o governo gastou em 2010, foi para pagar a dívida e os juros da dívida. Quem recebe este pagamento? Os bancos internacionais e países credores e, dentro do Brasil, os banqueiros e os investidores financeiros. Em termos realistas, quem recebe estes recursos são o 1% mais rico do mundo e o 1% mais rico da população brasileira. Quase metade do orçamento de cada ano vai para este setor privilegiado da população. Enquanto 44% vai para os ricos, só 5% do orçamento vai para a saúde, 3% para a educação e menos de 1% para o saneamento básico (cabe observar que metade dos municípios brasileiros não tem esgotamento sanitário).

Os trabalhadores brasileiros trabalham, principalmente, para pagar a dívida e o governo investe o principal de sua ação na garantia deste pagamento. Esta é a razão pela qual os ricos estão tão contentes com o governo Lula e com sua continuação, o governo Dilma: eles sabem que este governo cumprirá todos os contratos feitos, garantirá o pagamento da dívida e de seus juros mesmo que falte recurso para outras políticas fundamentais, como é o caso da saúde.

No segundo mandato do governo Lula, preocupado com o baixo crescimento do país - provocado pelas políticas neoliberais em curso -, ele lançou um Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), que é um conjunto de obras públicas em todo o país: usinas hidrelétricas, estradas, transposição do Rio São Francisco, etc. Estas obras desprezam totalmente o impacto ambiental negativo. Assim, o governo está insistindo duramente na construção de um grande número de usinas hidrelétricas na Amazônia, apesar da resistência dos povos indígenas, da população ribeirinha, de inúmeros movimentos sociais, de vários setores das Igrejas. A maior delas, Belo Monte, no Pará, vai praticamente secar 100 km de um dos maiores rios da Amazônia, o rio Xingu. E vai revolver tanta terra quanto foi necessário remover para construir o canal do Panamá. Os especialistas mostram que o Brasil poderia ter toda a energia elétrica de que precisa através de energia eólica (ventos) e energia solar (o Brasil é um país muito banhado pelo sol). No entanto, o governo segue em frente na construção daquelas usinas, que beneficiarão grandes empresas da região.

Resumindo

Certamente, o governo Lula foi um avanço em relação ao governo anterior e estas medidas positivas, nós aprovamos e valorizamos. No entanto, isto não justifica que ele tenha mantido o essencial das políticas neoliberais introduzidas por Cardoso, isto não justifica que seu governo tenha trabalhado principalmente para enriquecer ainda mais aqueles que já eram ricos. Para se ter uma pálida idéia deste fato: a grande imprensa revelou há poucas semanas que os bancos tiveram 550% mais lucros em seu governo do que no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Quando eclodiu a crise econômica internacional, em 2008, o governo tomou várias medidas pouco ortodoxas para evitar o aumento do desemprego, para manter o crescimento econômico. No entanto, embora tivesse a oportunidade finalmente de corrigir os rumos da política econômica, rompendo com a direção neoliberal, manteve o mesmo curso; embora tenha ficado claro que a crise foi gerada pela excessiva liberdade entregue ao capital financeiro, o capital financeiro continua sendo o verdadeiro beneficiário deste governo. Os pobres também foram beneficiados, é verdade, mas não é preciso muitos recursos para agradar aos pobres. O programa Bolsa-Família, que atende a doze milhões de famílias muito pobres, gastou, em 2010, 12 bilhões de reais. O pagamento da dívida e dos juros levou 645 bilhões - isto chega para vinte mil famílias ricas.

   * Sergio Andrés Coronado Delgado

Los procesos de emancipación de las mujeres requieren, además de la superación de las condiciones de exclusión social y discriminación que cotidianamente deben enfrentar, la plena garantía de sus derechos humanos integrales y, para el caso de las mujeres rurales, el gobierno y control del bien más importante y sobre el cual construyen y realizan sus proyectos de vida: la tierra.

Un encuentro de mujeres rurales provenientes de diez países de Latinoamericana y el Caribe y de 15 departamentos de Colombia propició el intercambio de experiencias, conocimientos e información sobre temas y situaciones sociales, políticas, académicas e institucionales que pueden alimentar los procesos de emancipación de las mujeres rurales.

El acceso a la tierra es uno de los problemas más graves que enfrentan las mujeres rurales en el mundo. Actualmente se calcula que existen 1.6 billones de mujeres campesinas (más de la cuarta parte de la población mundial),  pero sólo el 2% de la tierra es propiedad de ellas y reciben únicamente el 1% de todo el crédito para agricultura según datos de Rural Women's Day, "Facts on rural women", disponible en: www.rural.womens-day.org, consultado en septiembre de 2010. En los países de América Latina y el Caribe, las mujeres rurales también deben enfrentar situaciones de discriminación y se enfrentan cotidianamente a condiciones de pobreza que deben superar para lograr su manutención y sobrevivencia, y la de su grupo familiar. 

Las mujeres campesinas, indígenas y afro descendientes han diseñado estrategias que les permiten transformar sus condiciones materiales de marginación y exclusión, y configurar rutas y caminos hacia la emancipación. En este proceso, las mujeres han estado acompañadas por organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, centros de pensamiento e instituciones públicas. En los países de América Latina y el Caribe podemos encontrar múltiples experiencias que buscan estos propósitos.

A continuación se presentan algunas de las reflexiones compartidas durante el encuentro,  organizadas según los momentos temáticos desarrollados en la agenda. Así, se encuentran reflexiones sobre los derechos de las mujeres rurales, emprendimientos productivos,  acompañamiento jurídico a sus organizaciones, acceso a la tierra y recursos naturales,  entre otros. El documento,  con la totalidad de las memorias escritas se encuentra disponible en: http://americalatina.landcoalition.org/node/2179, y los videos del evento en: http://americalatina.landcoalition.org/multimedia/videos/album/177.  

Mujeres, tierras y derechos

En los últimos años se han realizado importantes cambios en instituciones y en los marcos legales que deberían favorecer considerablemente las posibilidades reales de acceso a la tierra para las mujeres en América Latina. En diversos países estos cambios se han efectuado por medio de procesos constituyentes que derivan en la consagración de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales para el conjunto de la población, haciendo un énfasis especial en las obligaciones que el Estado debe asumir para garantizar los derechos de las mujeres. Sin embargo, estas transformaciones no han cambiado de forma radical los problemas que enfrentan la mujeres rurales para acceder y controlar las tierras.

Existen patrones culturales e institucionales que perduran en el tiempo a pesar de los cambios normativos. Las iniciativas estatales consagradas en diferentes políticas públicas, aunque han logrado realizar avances puntuales que deben ser valorados y rescatados, no han logrado llevar a la realidad de forma universal los postulados constitucionales en lo relativo a los derechos de las mujeres rurales. También es posible observar cómo la apuesta de las mujeres de áreas rurales por superar la discriminación que impide que accedan a la tierra, va desde la movilización social hasta la incidencia en las políticas públicas. Si bien algunos cambios han tenido cabida en los marcos institucionales, es necesario que éstos operen en contextos reales.

Los derechos de las mujeres rurales en Colombia

La historia reciente puede enseñar que el camino hacia la visualización de las mujeres en las áreas rurales y sus derechos ha tenido avances significativos, pero no suficientes. El reconocimiento jurídico y político de las mujeres no ha eliminado la discriminación por diferencias de género; en las áreas rurales las mujeres siguen siendo vulnerables frente a la carencia de garantías para la protección de sus derechos fundamentales, especialmente los derechos al territorio y a la tierra, a la seguridad alimentaria y a la participación.

En Colombia, la violencia y el impacto del conflicto armado en la vida cotidiana de las mujeres campesinas e indígenas, como víctimas del desplazamiento forzado, hacen que su situación en cuanto a la garantía de derechos sea particularmente delicada.  Frente a esta situación, las mujeres han buscado estrategias conjuntas que les permitan superar sus problemáticas, bien sea organizándose o exigiendo el cumplimiento de las normas constitucionales por parte del Estado. Muchas de estas experiencias fueron compartidas durante el encuentro.

Promoción de los derechos de las mujeres en el contexto rural

La situación de los sectores rurales es similar en los diferentes países de América Latina y el Caribe: diversas voces de la academia y las organizaciones sociales han denunciado la falta de políticas públicas por parte de los Estados que permitan la garantía integral de los derechos a las personas que habitan las zonas rurales. Además, los poderes nacionales y transnacionales desafían las luchas y resistencias que históricamente han tenido los pobladores y las pobladoras rurales.

En Argentina, los pueblos indígenas han sido expulsados de sus territorios por el capital trasnacional; en Nicaragua los campesinos han abandonado tierras debido a la ausencia de políticas públicas que permitan la permanencia de estos en sus territorios y la producción de los mismos; en Colombia las comunidades rurales han sido víctimas del despojo y la usurpación de sus tierras y territorios por parte de los actores armados, que se han apropiado de ellos como botín de guerra.

Frente a este contexto, la exigibilidad y la garantía de los derechos para los campesinos y las campesinas es una labor importante que fortalece el empoderamiento por parte de distintos sectores sociales. Las experiencias de formación y promoción de los derechos en sectores rurales les permiten a los campesinos, indígenas y afrodescendientes conocer herramientas para resistir a distintas formas de ocupación de territorios por parte de sectores poderosos y construir agendas sociales de incidencia a favor de sus derechos. Las mujeres en las áreas rurales, además de ser especialmente afectadas por las problemáticas señaladas, también han tenido la capacidad de liderar diversas experiencias de promoción y defensa de los derechos de las comunidades campesinas, principalmente en cuanto al acceso y permanencia en sus territorios.

Mujer, acceso y control de la tierra y otros recursos naturales

El elemento necesario para la emancipación de las mujeres campesinas e indígenas es que tengan garantizado el acceso y control sobre la tierra y otros recursos naturales. Si bien es cierto que esta situación debe ir acompañada de programas de asistencia técnica, transferencia de recursos económicos, fortalecimiento institucional y creación de canales para el acceso a los mercados agrícolas, ninguna de estas iniciativas podría resultar útil si no se cuenta con la base sobre la cual se construyen todas las demás relaciones: la tierra.

Para las mujeres rurales latinoamericanas y del Caribe, el acceso a la tierra está limitado por un importante conjunto de obstáculos culturales, institucionales y normativos. Sin embargo, la creación de estrategias exitosas para transformar esta situación aún se encuentra supeditada a la creación de conocimientos para identificarlos mejor y promover su superación. A pesar del desconocimiento sobre este asunto, existen experiencias que permiten inferir que la participación política de las mujeres y los procesos de incidencia en las políticas públicas promueven la configuración de un escenario favorable para el acceso a la tierra de las mujeres rurales, quienes han reflexionado y actuado sobre este asunto, generando un acercamiento a los diferentes obstáculos que enfrentan y una experiencia que da fe de la importancia de la participación de estas en la formulación de las políticas públicas.

Derechos económicos y emprendimientos productivos impulsados desde y para las mujeres

Las mujeres en las áreas rurales son responsables de la producción de una importante cantidad de los alimentos que se consumen en el mundo. Además de sostener los hogares y encargarse de una gran variedad de actividades domésticas, las mujeres realizan una importante cantidad de las actividades de sostenimiento de los sistemas productivos rurales. Sin embargo, esta labor no es lo suficientemente conocida ni reconocida. Además de las actividades productivas tradicionales, las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes han generado una amplia gama de actividades económicas que tienen por propósito mejorar los ingresos de sus hogares y reafirmar la relación especial que ellas sostienen con las tierras y territorios. Estas actividades son conocidas como emprendimientos productivos.

Es importante observar cómo estos emprendimientos se encuentran sustentados en los conocimientos y saberes que las mujeres rurales han heredado de sus madres y abuelas. También, son una forma de reafirmar sus culturas y promover que otros sectores sociales las conozcan, respeten y valoren. En este sentido, los emprendimientos, además de sustentarse en las culturas y tradiciones, tienen la función de rescatar las identidades locales de las mujeres rurales.

De igual forma, estas iniciativas tienden a fortalecer los vínculos solidarios que las mujeres rurales forman con sus semejantes para enfrentar situaciones de pobreza o construir asociaciones que les permiten tener mejores oportunidades cuando se enfrentan con los mercados o las instituciones públicas. Así, los emprendimientos productivos tienden a posicionar a las mujeres rurales en toda la cadena de la producción, permitiendo su participación en la comercialización de productos. Sin embargo, algunos emprendimientos productivos de las mujeres rurales también han fracasado debido a que tienen que enfrentarse a barreras como el precario acceso a la información, la dificultad para ajustar sus procesos productivos y patrones culturales a normas y estándares definidos por la institucionalidad pública y lograr insertarse con éxito y permanecer  en los mercados.

Derechos, desafíos y perspectivas

Los procesos de emancipación de las mujeres rurales se alimentan de las experiencias y prácticas puntales que las campesinas, indígenas y afrodescendientes han realizado para transformar las condiciones puntuales de exclusión y dominación que enfrentan en los escenarios locales y nacionales.

Si bien los eventos de intercambio de experiencias y reflexión conjunta tienen la posibilidad de transformar procesos puntuales protagonizados por las participantes, también pretenden incidir en la orientación de programas y políticas públicas destinadas a las mujeres rurales. Por este motivo son tan útiles los espacios como punto de encuentro y controversia entre representantes de organizaciones de mujeres rurales, academia, sociedad civil y representantes del gobierno. El conjunto de las reflexiones planteadas se asume como un punto de partida y convergencia de muchos procesos de emancipación de las mujeres rurales en nuestra región. La posibilidad de que sus impactos trasciendan depende también de su comunicación y difusión por medios como el presente boletín Apuntes.

*  Abogado, Magíster en Desarrollo Rural. Investigador del Centro de Investigación y Educación Popular  (CINEP), Colombia.

 * Oscar Bazoberry Chali

¿Es posible realizar acciones coordinadas en el Chaco Boreal que comparten Bolivia y Paraguay? ¿Hay potencial para que la acción conjugada de múltiples sujetos disminuya la pobreza y potencie la dignidad y derechos de la población chaqueña? Dada las diferencias actuales, modelos de desarrollo, economía, política, no existe evidencia sobre la necesidad y las características de las acciones transfronterizas. Sin embargo, es posible anticipar que en el mediano plazo existirán influencias notables, sobre todo en la acumulación de la propiedad de la tierra y su uso agroindustrial y en la conformación multicultural, que permiten proyectar tareas y propuestas tendientes a aminorar y revertir sus efectos negativos sobre la población indígena y campesina, pequeños propietarios y asalariados.

El Gran Chaco Americano es una macro eco región que ocupa diferentes extensiones en Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Cuenta con una superficie aproximada de un millón doscientos kilómetros cuadrados, que equivalen al 6% del espacio geográfico de América del Sur. Tiene una población aproximada de 7.5 millones de personas, entre pueblos indígenas, poblaciones criollas y mestizas asentadas en comunidades rurales, y colonos de origen extranjero, distribuida de forma heterogénea en cuatro países, 19 gobiernos regionales y 349 gobiernos subregionales.

Considerada la segunda región boscosa más extensa de América del Sur, después de la Amazonia, cuenta con una excepcional biodiversidad por ser un área de transición entre nueve eco regiones, lo que incluye una mayor cantidad de especies, y la convierte en un área prioritaria para la conservación. Sin embargo, la zona sufre un déficit hídrico importante durante gran parte del año, por lo cual la distribución heterogénea de la población en la región, y los  conflictos por los recursos naturales, está relacionada fundamentalmente con la disponibilidad y acceso al agua.

La economía comercial de la región está basada principalmente en la producción agrícola y ganadera, que en su mayor parte es destinada a la exportación como materia prima, siendo los cultivos más importantes y característicos: algodón, maíz, girasol, sésamo, soja, sorgo y pastos. La producción ganadera es una de las fuentes de ingreso más importantes del Chaco, sobre todo la de bovinos y caprinos. La economía familiar campesina indígena participa en parte de la economía comercial, pero su principal sustento son cultivos nativos, recolección, caza y pesca, en algunas lugares la economía familiar campesina indígena se encuentra muy debilitada y en otras en proceso de recuperación y crecimiento. 

Chaco Boreal

El Chaco boliviano paraguayo corresponde al denominado Chaco Boreal, diferenciado del Central y del Austral,  ubicados principalmente en Argentina. Sin embargo, ninguna delimitación es taxativa, menos aún en esta región, donde las zonas de transición con otras regiones geográficas son muy extensas, lo cual genera cierta conflictividad al momento de hacer una aproximación de carácter poblacional, recursos naturales, político administrativo, ambiental, entre otros aspectos.

El Chaco fue uno de los últimos territorios en ser apropiados por ambos países, lo que no se logró de manera estable durante la colonia, y en la república se hizo con la fuerza del ejército. La batalla de Kuruyuki de 1892 en Bolivia, acabó con la resistencia de los guerreros guaranís. Luego, durante la guerra que enfrentó a los vecinos de 1932 a 1935, las poblaciones indígenas perdieron prácticamente el control del territorio y se rompieron los circuitos de interconexión entre parcialidades. Sin embargo, la presencia del Estado, mucho tiempo sostenida por la fuerza militar, no significó garantía para la convivencia pacífica entre los pueblos indígenas, no nativos y otros que fueron llegando.

Posiblemente la escasez de espacios plenamente habitables explica los permanentes conflictos por la tierra, alianzas y dominio de unos grupos sobre otros, así como su emancipación. Quienes lograron el control de las fuentes de agua consiguieron una situación privilegiada, pero las hegemonías han sido transitorias, y poderes y alianzas se van reconfigurando de manera permanente. En estas disputas los pueblos indígenas han sido los perdedores netos. La propia guerra entre Bolivia y Paraguay se puede estudiar en una lógica de asentamientos.

En Bolivia, desde 1985, con los primeros pasos de organización regional del pueblo Guaraní, se puede constatar un crecimiento progresivo y exponencial del reconocimiento demográfico a la población indígena originaria, incluidos los pueblo Weenahayek y Tapiete, relacionado con el propio fortalecimiento de las identidades indígenas e importante movilización local, que encontró un contexto favorable en el conjunto del país. Destacan en este periodo el plan de alfabetización bilingüe, la demanda territorial y los diversos proyectos productivos encarados por las comunidades. Hoy, la situación de las comunidades guaraní es diversa, unas tienen territorios consolidados, otras van en camino; unas mejoraron sustancialmente sus indicadores sociales, otras menos, pero en general se puede decir que es una población empoderada.

En gran parte del Chaco boliviano, la población criolla y mestiza de segunda y tercera generación ha migrado a otras regiones, quedando algunas propiedades y referentes familiares que mantienen una noción de territorialidad a la distancia, reclamada simbólicamente cada cierto tiempo. En el mismo periodo, otros grupos sociales, de diversos orígenes étnicos y provenientes de otras regiones del país consolidaron una presencia importante en El Chaco. La población quechua y aymara se ha asentado principalmente en los centros urbanos y poblaciones mayores, dedicadas al comercio y transporte, con influencia creciente. La población menonita se ha incrementado; habiendo llegado inicialmente a regiones más húmedas del departamento de Santa Cruz, para luego pasar al Chaco; en el municipio de Charagua hay seis colonias, con una población aproximada de 10.000 personas.

En Paraguay, se encuentra viva y presente una fuerte presencia indígena, con 13 pueblos distintos, en un territorio relativamente poco habitado. Resulta difícil distinguir la diversidad étnica, sobre todo cuando existe una lengua de origen indígena que es comúnmente utilizada por la mayoría de la población paraguaya. Si bien la diversidad de pueblos es una riqueza en términos de conocimientos, culturas, idiomas e interpretaciones del mundo, es muy compleja a la hora de valorar la fortaleza organizativa y la fuerza que pueden demostrar en su unidad.

El segundo grupo humano que resalta es la población menonita, llegada originalmente al Chaco desde Rusia. Las distintas etapas del asentamiento fueron más lentas y el crecimiento endógeno fue una de sus características. Desde el primer asentamiento en 1929, hasta finales del siglo XX, el peso demográfico se ha vuelto incomparable con el peso económico. Hoy, gran parte de la economía del Chaco paraguayo, la investigación, los medios de comunicación, los archivos y memoria del Chaco Central funcionan alrededor de las tres principales colonias menonitas.

Al mismo tiempo, el empuje a la infraestructura y las nuevas dinámicas económicas han atraído un conjunto amplio de nuevos pobladores, quienes se llaman a sí mismos paraguayos, lo que en cierta medida denota la identidad que han ido adquiriendo los grupos más antiguos en el Chaco en relación a la población criolla del resto del país. Cada día es más notoria la presencia de población de origen brasilero, sobre todo en los márgenes del río Paraguay, influencia que ha sido ampliamente estudiada tanto por su presencia en los medios de comunicación, el uso del portugués y también la tecnología y los sistemas productivos.

Historias en paralelo

En Bolivia se suele decir que el país se conoció a sí mismo en la Guerra del Chaco, y que ahí se constituyó la nación. Esto es también válido para el Paraguay. En ambos casos, sin embargo, la población del Chaco constituye hoy una buena muestra de cada país, cada uno con sus particularidades.

Hace ya 25 años en Bolivia y 20 en Paraguay, los procesos de descentralización política marcaron un hito de inflexión en el que los actores locales no solamente han ido retomando el control de su territorio, sino también se ha dado lugar a procesos democráticos, por tanto a la disputa electoral como mecanismo de legitimación de los grupos, sus intereses y propuestas. La gestión de importantes recursos financieros, aunque con menores facultades legales que las deseables, ha dado lugar a cambios acelerados en diversos campos, entre los más importantes: generación de empleo público y de infraestructura de gobierno, inversión en infraestructura de educación y deportiva, sedes sociales, sistemas de provisión de agua, energía eléctrica, telefonía, internet, carreteras e incluso apoyo a iniciativas económicas de los pequeños productores como una estrategia para mejorar la economía del municipio.

El Chaco es una unidad transfronteriza, a la que las interrelaciones ecológicas otorgan un sentido universal, reconocido como una unidad distinta a otras existentes en el mundo. Sin embargo, no todos los aspectos del ecosistema hacen necesariamente interacción transfronteriza. Por eso, muchos proyectos de conservación se ubican preferentemente en sus espacios, considerados importantes para conservar y mantener los valores y las características de las subregiones chaqueñas.

La cuenca del río Pilcomayo es ejemplo de un factor natural que puede considerarse una clásica unidad transfronteriza, pues la interacción de la población en cualquier lugar de su área de influencia puede ocasionar grandes cambios al conjunto del sistema hídrico, biológico, social, económico. Pero no es evidente que cada aspecto del ecosistema chaqueño guarde esta relación, y que se la pueda diferenciar de las interrelaciones que sufren los ecosistemas desde la perspectiva de factores que ocurren en otros espacios y cuya incidencia va más allá de la unidad biogeográfica. Entre el Chaco paraguayo y boliviano, se encuentra una relación estrecha en los sistemas hídricos, incluida la alimentación de los sistemas subterráneos y el escurrimiento desde la cordillera hacia las llanuras. La fauna depende de la interacción de estos sistemas y el monte y el libre tránsito por los ríos, pese a que ya han sido trastocados, observado los impactos a mucha distancia del origen de la intervención humana o del fenómeno climatológico.

Tránsito de gente y productos

Es muy común confundir la relación Bolivia Paraguay con una relación fronteriza entre los Chacos, pero hay que alertar que mucha de la relación entre Bolivia y Paraguay tiene al Chaco simplemente como lugar de tránsito, con algunas excepciones. Esto se evidencia en las relaciones comerciales entre Bolivia y Paraguay, como puede verse en esta misma página web el documento Exploraciones No. 5: Relaciones comerciales entre Bolivia y Paraguay, encargado por el IPDRS al investigador Marco Antonio Romay Hochkofler. Sin embargo, también se advierte que a mediano plazo podrían existir condiciones para una mejor articulación comercial entre los países, exceptuando los productos industriales a los que se refiere el estudio, existe una gran posibilidad de mejorar el comercio de alimentos.

En la frontera no existen poblaciones numéricamente significativas, por lo que el contacto interpersonal es mínimo, exceptuando los funcionarios de frontera y algunos dueños de puestos ganaderos cuyas propiedades son limítrofes. En todo caso no existe, como en otros lugares una dinámica de frontera que aprovecha las dinámicas de las economías nacionales y prácticamente viven del comercio y los servicios transfronterizos. El transporte de pasajeros, en transporte público o privado, es limitado, pero en la literatura y la opinión pública común de la región, se habla sobre el comercio de contrabando y narcotráfico creciente, todo lo cual es difícil de verificar.

Los sectores de pequeños y medianos ganaderos también comparten ciertas afinidades, al menos en lo que respecta a su posición ante los sectores agroindustriales, pero también en su diferenciación con la población indígena. Es un sector muy diverso y complejo, pero que en alguna medida ha venido compartiendo distintos espacios de articulación y han establecido algunos puntos de coincidencia. En lo que respecta a la unidad transfronteriza podemos indicar que ahí hay algunas iniciativas aunque de bajo impacto, coincidente de alguna manera con el mismo bajo impacto que tienen esas organizaciones en sus propios países.

 Aunque las estructuras de las iglesias no tengan una visión transfronteriza, la identidad indígena y la identidad religiosa se encuentran estrechamente relacionas. En ambos lados de la frontera, las estructuras de las iglesias destinadas a la evangelización se han articulado, y aunque no existen por el momento proyectos evangelizadores transfronterizos, los medios de comunicación y otros recursos que utilizan suelen ser escuchados y seguidos por algunas personas a los dos lados de la frontera.

Pautas transfronterizas

Lo que da aspecto transfronterizo importante son los diversos complejos institucionales, redes, alianzas y trabajo colaborativo que han establecido instituciones y profesionales, generalmente de los tres Chacos. Con proyectos e iniciativas diversas establecieron vínculos para realizar actividades compartidas por actores de los tres países. Hay iniciativas de organizaciones no gubernamentales y grupos de profesionales que encuentran afinidad en su interés por el Chaco, normalmente una mezcla de idearios de conservación articulada por una identidad chaqueña amplia, criolla, a los que se relacionan grupos de afinidad, que aunque no tienen un vínculo directo con la región lo han construido a partir de vivencias particulares y múltiples intereses. Las iniciativas incluyen reconocimiento de actores, intercambios de experiencias e información, plataformas de comunicación, vigilancia social, denuncia y promoción de la organización. Los eventos de los pueblos indígenas han sido relevantes, con diversas características, propósitos y coyunturas.

Para Bolivia y Paraguay, el Chaco sigue siendo territorio de frontera, por lo que una gran parte de las iniciativas que cuentan con más recursos tienen sus sedes en alguna de las capitales de tres departamentos de Bolivia o en Asunción en el caso de Paraguay. Aunque la importancia del Chaco para cada uno de los países se encuentra en su fase de expansión, no hay un eje articulador transfronterizo sólido entre Bolivia y el Paraguay.

En lo inmediato, y si no habrían cambios significativos, no es imprescindible ni para Bolivia y Paraguay establecer acciones transfronterizas. Dados los marcos jurídicos distintos, las formas organizativas, los modelos de desarrollo, cada lado de la frontera es una unidad autónoma y articulada a otros ejes de relaciones e influencias mucho más dinámicas.

Cada uno de los países tiene su propia problemática, sus organizaciones podrían abordarlas de manera diferenciada, y finalmente los desafíos a los que se enfrentan son distintos. Los actuales programas como los del Pilcomayo, finalmente pueden continuar sobreviviendo en los límites de lo diplomáticamente correcto, equilibrando la necesidad macro regional con las orientaciones y limitaciones de las instituciones nacionales.

Si desde el punto de vista ecológico el Chaco boliviano y paraguayo tiene características comunes y se encuentra interconectado, al punto que lo que ocurra en uno de los lados afectará indefectiblemente al otro lado, las consideraciones sobre los grupos humanos, su economía, la cultura, el deporte, la religión no muestran que en la actualidad existan interrelaciones cotidianas, habituales y masivas, las que existen están articuladas a sujetos específicos. Sin embargo, la integración de los dos Chacos, después de la traumática guerra de 1932 y sus secuelas, se encuentra en el inicio de un nuevo ciclo en el que las mutuas influencias se acelerarán en cualquier momento, producto de varias situaciones, principalmente el impulso de los mercados y los canales de comunicación que son parte de la geopolítica del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Por todo lo anterior, se puede concluir que el Chaco como una unidad transfronteriza entre Bolivia y Paraguay es una tarea por realizar, una construcción de futuro que encierra múltiples salidas y perspectivas; hay resistencias desde el poder, la opinión pública y desde la propia historia. Sin embargo, se pueden encontrar bases sólidas en las poblaciones indígenas, en los intereses regionales, e iniciativas institucionales y profesionales que, debidamente expresados y articulados, pueden mostrar otras vías alternativas al proceso de integración regional.

El presente artículo surgió de un proceso de investigación - acción realizado conjuntamente por el Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), Centro de Investigación del Campesinado (CIPCA-Bolivia) y Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG-Paraguay) y Manos Unidas (España).

* Sociólogo, docente universitario CIDES-UMSA y Coordinador General del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).

 * Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS

Desde el principio de año, varios países de Sudamérica están sufriendo el impacto de copiosas y persistentes lluvias. Los medios de información dan cuenta de los desastres que está produciendo el agua implacable, sobre todo en las zonas más pobres y vulnerables de las ciudades y el campo, con imágenes de ríos desbordados,  avanzando por sobre poblaciones y caminos prácticamente inermes. Es menos común ver noticias sobre el impacto en la producción campesina. Este artículo se enfoca, precisamente, en esa perspectiva.

Enero poco, febrero loco

En los países de la región sudamericana que viven la época de lluvias durante los meses de diciembre a marzo, se suele sentenciar que si enero trae pocas lluvias, la naturaleza se desquitará en febrero. Desde principios del año 2011 parece estarse cumpliendo la tradición que marca el refrán, aunque no se trata, en modo alguno, de fenómenos imprevistos, ya que, de acuerdo a los servicios meteorológicos, en la región andina el fenómeno de La Niña se inició en junio del 2010 y se extenderá hasta marzo de este año. Hasta el momento los países sudamericanos más afectados por las inundaciones son Bolivia, Perú y Colombia.

A continuación, a manera de una muestra del impacto de los desbordes sobre la producción campesina, se recogen datos de diversos medios de información en los países, describiendo parte de las pérdidas en la agricultura y la agropecuaria.

La ira de la naturaleza

En Bolivia, las riadas e inundaciones provocadas por las intensas lluvias a causa del fenómeno climático de La Niña dejaron hasta el momento un saldo de más de 50 muertos y aproximadamente 14 mil familias afectadas en los nueve departamentos de su territorio, siendo los más afectados Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca, según balance del Viceministro de Defensa Civil. 

El mismo informe establece que los desastres provocaron la pérdida de plantaciones y ganado, en una proporción todavía no cuantificada, aunque otra repartición estatal, la del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, informó la primera semana de marzo que los cultivos afectados por las inundaciones no superan el 0,5% de 2,7 mil hectáreas de sembradíos que hay en Bolivia y descartó una escasez de alimentos en el mercado interno. 

Los productos bolivianos más afectados son la quinua, soya, yuca, arroz, banano, cañahua, hortalizas, papa, maíz, trigo, cítricos, pastos y alfalfares; habiéndose perdido hasta el momento un tercio del número de cabezas de ganado, frente a las casi cuatro mil reses que murieron el año pasado en las inundaciones.  Sin embargo, el gobierno asegura que los precios de los alimentos agrícolas en los mercados del país pueden variar debido a las dificultades en el transporte de que usualmente se presentan en la época de lluvias.

En Perú, desde la última semana de febrero, las autoridades declararon alerta naranja-roja en 13 departamentos, siendo los más afectados los del sur, centro y suroeste: Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurímac, Ayacucho (suroeste), Huancavelica (suroeste), Junín, Huánuco, Pasco, Ancash, y el oeste de Lima. Las consecuencias de estas precipitaciones han provocado daños en cultivos, viviendas e infraestructuras mientras que en algunas provincias se ha informado  que podría haber muertos a causa de las crecidas de los ríos.

A manera de ejemplo del impacto, el Instituto Nacional de Defensa Civil registró entre enero y febrero la muerte de tres personas en Andahuaylas, 1.870 personas afectadas y 4.071 hectáreas de cultivo dañadas. En Puno, 13 regiones fueron declaradas en emergencia, 2.898 viviendas afectadas, 622 totalmente destruidas; 43 puentes colapsaron, 26 kilómetros de carreteras, 33 centros educativos y cuatro puestos de salud también afectados.

El informe recalca que la mayor cantidad de daños se produjeron en el sector agrario, registrándose 9.030 hectáreas de cultivo afectadas en la región, 320 animales muertos y 2.774 cultivos perdidos.

En Colombia, de 32 departamentos, 28 registraron emergencias por inundaciones, a tal punto que el gobierno nacional declaró estado de "calamidad pública" desde el año 2010. De acuerdo con los reportes del Ministerio del Interior colombiano, los departamentos con más población damnificada son Bolívar (264 mil), Magdalena (161 mil), Córdoba (151 mil) y Sucre (107 mil). Los departamentos de Chocó y Antioquia también registraron cifras importantes, con 88 mil y 76 mil afectados, respectivamente.

En Venezuela, según la prensa de ese país, los productores agropecuarios del Sur del Lago de Maracaibo solicitaron al gobierno que se concrete la promesa de refinanciar y condonar las deudas a quienes perdieron cosechas, animales e infraestructura a causa de las lluvias y las inundaciones del año pasado. Aseguran que ni los bancos públicos, como en Venezuela, ni los privados aprueban actualmente planes de reestructuración de los créditos y mucho menos el perdón de los préstamos, como establece la Ley de Atención Agrícola aprobada en enero por el Gobierno. Un ganadero de la zona, señaló que de 300 animales que tenía en la finca, 53 murieron por las inundaciones. 

La destrucción de infraestructura productiva y la muerte de personas, animales y cultivos no son las únicas consecuencias dramáticas de los fenómenos, puesto que el exceso de agua y humedad produce enfermedades y plagas, en lo que se alerta como un peligroso encadenamiento de endemias, tales como la enfermedad negra de las hojas, que acaba con el follaje de las plantas e impide el desarrollo del cultivo del plátano, para mencionar sólo un ejemplo.

Por otro lado, se producen situaciones de escasez de medicamentos para combatir las plagas y con las vías de comunicación interrumpidas, la ayuda tarda en llegar o sencillamente no llega. 

Buscando respuestas

En la mayoría de los países sudamericanos se están enfrentando las situaciones de emergencia con tres medidas: leyes de emergencias y desastres, proyectos de seguro agrícola y ayuda humanitaria internacional.

El actual gobierno de Ecuador ha implementado el Sistema Nacional de Seguro con el que pretende proteger las inversiones de los agricultores en caso de catástrofes o destrozos por efectos climáticos, pretende salvaguardar las inversiones de los agricultores cuando se presentan catástrofes o cambios climáticos que afecten los procesos productivos. Se trata de un seguro universal y el Estado será el que financie el costo de las primas a través de un fondo de pago compartido. Es obligatorio para quienes adquieran créditos del Banco Nacional de Fomento específicamente en inversiones relativas a productos como arroz, maíz, trigo, fríjol, arveja, papa, tomate, cebolla, algodón, palma africana, soja, cacao, café, banano, caña de azúcar y frutales.

En Bolivia, la Ley de Seguro Agrícola sigue en proyecto, lo mismo que la Ley de Emergencia. Se supone que ambas normas permitirían cubrir los daños en la agricultura y agropecuaria producidos por los fenómenos que azotan el territorio del país en determinadas épocas del año. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras cuenta con la Unidad de Contingencia Rural, instancia ministerial responsable de gestionar y planificar acciones de reducción de riesgos y atención de desastres y emergencias rurales, en coordinación con otras instancias nacionales e internacionales.

En Colombia, el gobierno acaba de dar por cerrada la temporada de alerta, habiendo distribuido a través de reparticiones estatales y regionales ayuda humanitaria a las poblaciones más vulneradas, habiendo puesto en marcha, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, un plan de atención a productores agropecuarios afectados por la ola invernal, con la finalidad de apoyar a quienes tengan una deuda agropecuaria y requieran apoyo para recuperar su actividad productiva.   

Entre lo urgente y lo definitivo

En Sudamérica, con los mal llamados ¨desastres naturales¨, está desarrollándose una dinámica particular, que se repite regularmente, casi año tras año, ya se trate de inundaciones, incendios o sequías, y es que, efectivamente, ocurren cada año. Desde la primera aparición, pública y dramática, del Fenómeno del Niño, no ha habido un solo año que no registre efectos más o menos significativos. Ahora, además, al Niño sigue la Niña y, probablemente, así continuará en el futuro inmediato, a la par que seguramente aumentará la solidaridad internacional, como ayuda puntual de emergencia, mientras los sucesivos gobiernos de los países de la región declaran, una y otra vez, alertas, emergencias y situaciones de desastres. Por lo tanto, se atienden a medias las emergencias,  pero no llegan a enfrentarse las causas que las provocan. Y, de este modo, cada vez son más las personas damnificadas, se acumula el efecto sobre las condiciones de la producción campesina y de las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables y, en ese círculo vicioso, se torna más difícil responder eficazmente a las periódicas emergencias.

Es indudable que leyes de acción en desastres, un sistema de seguro agropecuario y la recepción de ayuda humanitaria son aspectos importantes y nada desdeñables, pero no constituyen garantía de una atención más estructural de estas situaciones. Quizá una forma alternativa de considerarlas sea conectar las respuestas de emergencia a inversiones de mayor envergadura, que se concreten en obras de infraestructura productiva,  capaces de proveer a las y los productores campesinos mayor seguridad en el manejo de los riesgos climáticos, y que aseguren una acción estatal más duradera.  Ciertamente los costos de estas inversiones son más elevados que la ayuda puntual, pero también es cierto que si no se realizan, los proyectos de seguridad alimentaria siguen creciendo en el papel, mientras que, en el terreno, se enfangan.

Otra medida complementaria a la anterior, sería que los gobiernos lograran hacer funcionar simultáneamente la maquinaria de los distintos ámbitos de la administración estatal: nacional, intermedia o departamental y municipal, evitando, de este modo, que muchas medidas y recursos se escurran entre los intersticios de las disputas entre partidos. Es lo mínimo que puede pedirse a autoridades estatales que hablan de seguridad y soberanía alimentaria en numerosos foros públicos.

 * El artículo fue elaborado por el equipo del IPDRS, con base en recopilación de datos de medios de información en los propios países.

*  María Eugenia Moscoso M.

En el desarrollo rural las microfinanzas rurales son un área en la que persisten preguntas como: ¿Se beneficia de forma sostenible la producción campesina con la oferta de créditos? ¿Los productores campesinos valoran las microfinanzas? ¿Qué papel le corresponde a los Estados para incentivar - o restringir-  la oferta? ¿Las instituciones de microfinanzas desempeñarían un rol más significativo en la medida que para crecer más obtengan mayor financiamiento de origen comercial y capten más recursos del mercado? El presente artículo intenta algunas respuestas desde el caso del Fondo de Desarrollo Comunal, en Bolivia.

En Sudamérica, después de tres décadas de funcionamiento, los programas de microfinanzas rurales "son una nueva forma de abordar el financiamiento para las micro y pequeñas empresas, que cambiaron la principal fuente de financiamiento (origen público) por instituciones financieras multilaterales o de caridad,  logrando mayor captación de recursos del mercado y tratando de superar los problemas de las instituciones públicas. La experiencia ha servido para establecer un conjunto de buenas prácticas,  mejorar la sostenibilidad de las instituciones y los mecanismos de información; sin embargo, la cobertura sigue siendo insuficiente y la focalización no se ha abordado de manera sistemática. El tema institucional aparece como un aspecto relevante aunque insuficientemente considerado. (Alejandro Gutiérrez A. Comisión Económica para América Latina - CEPAL, oficina de Buenos Aires, diciembre 2004).

En la mayoría de los países estos proyectos de crédito para el sector de la producción campesina se desarrollaron como una línea paralela a los de asistencia técnica y promoción agropecuaria. Hay programas de micro finanzas rurales en todos los países de la región sudamericana, siendo los más antiguos los que comenzaron en Colombia en la década de los años cincuenta. Como en muchos otros casos, en Bolivia las instituciones de crédito rural se orientaron hacia la población campesina indígena y priorizaron el apoyo a la pequeña producción. A continuación se describen los aspectos principales de una de las experiencias bolivianas pioneras en el proceso de institucionalización del servicio, al especializarse en crédito,  diferenciándolo con claridad de proyectos de promoción y asistencia.  

La ruta FONDECO

El Fondo de Desarrollo Comunal (FONDECO) fue creado el año 1995, con el objetivo realizar actividades orientadas a promover el desarrollo socioeconómico de la población campesina y sectores populares de Bolivia, en el marco de los principios y valores de inspiración cristiana. Este se ejecuta con la otorgación de créditos y servicios financieros en condiciones accesibles para fomentar sus emprendimientos, contribuyendo así a su calidad de vida y progreso.

Especializado en microfinanzas rurales, el Fondo está integrado a la red boliviana Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) y forma parte de la red internacional de la Fundación Grameen Bank y de la Red Internacional de Instituciones de Finanzas Alternativas (INAFI).

FONDECO financia actividades de los diferentes sectores de la economía en varias áreas rurales del país, para lo cual tiene una red de 17 agencias, distribuidas en 5 departamentos del país (Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija); su oficina central está ubicada en Santa Cruz de la Sierra. Todas estas oficinas son operadas por 105 personas. La cartera de créditos al 31 de diciembre de 2010 fue de 13,4 millones de dólares, habiendo atendido a 13.359 clientes, de los cuales 65% son mujeres.

La evolución del Fondo acompaña el desarrollo de las microfinanzas rurales en Bolivia y su situación actual plantea los desafíos de continuar ajustando la tecnología, innovando productos crediticios y superando obstáculos, que en los últimos años son principalmente financieros, para asegurar la oferta de productos crediticios adecuados al mercado rural, especialmente a los pequeños agricultores y microempresarios rurales que son indispensables para asegurar la alimentación de la población de Bolivia y luchar contra la pobreza, generando mayores ingresos y mejores condiciones de vida.

Desde el 2001 FONDECO es financieramente sostenible. Para el registro y control de sus operaciones, cuenta con un sistema de información integral. Tanto los microcréditos individuales como los asociativos, cuentan con un software particular. La información de la cartera crediticia registra a cada cliente de manera individual. Con el fin de facilitar el análisis de riesgo crediticio de la cartera agropecuaria y el seguimiento individualizado de toda la cartera, FONDECO ha desarrollado herramientas innovadoras que aplica junto con otras  de uso general, como la consulta a la central de riesgos y a los registros de propiedad de: inmuebles, maquinaria y automotores.

Servicios

Los créditos de FONDECO, están dirigidos a pequeños productores, microempresarios y comerciantes rurales o sub-urbanos, que tienen acceso desventajoso o dificultoso al sector financiero formal, debido a restricciones económicas, legales, geográficas y culturales. Los productos financieros que ofrecen son: microcrédito individual y banca comunal.

Los microcréditos individuales son destinados a las unidades familiares de producción, con experiencia en la actividad a financiar, producción excedentaria o destinada íntegramente al mercado y reconocimiento de la autoridad comunal. El crédito es solicitado y gestionado por el cliente titular -sea hombre o mujer- y su cónyuge. Los recursos pueden ser aplicados al capital de operaciones y/o a las inversiones. Los plazos del crédito se adecuan a la actividad a financiar y pueden extenderse hasta 5 años, lapso en el que se posibilita la capitalización del cliente.

Los fondos comunales aplican la metodología de banca comunal, donde se privilegia la participación de las mujeres (89%) y se les confía la dirección de los fondos. Los créditos obtenidos son de libre disponibilidad y los ciclos se han adaptado a la economía de cada zona atendida, pueden ser de 6 u 8 meses. En algunos fondos comunales los ciclos son mixtos, en una época del año el crédito es aplicado en actividades agrícolas y en el siguiente ciclo a otra actividad (comercio, servicios) o al gasto familiar (por ejemplo útiles escolares). Por los montos, estos créditos están dirigidos a clientes con economías excedentarias más reducidas o a actividades paralelas gestionadas por las mujeres.

Obstáculos y respuestas

A partir de los años 90 en Bolivia las actividades microfinancieras generaron o han sido parte de procesos de desarrollo de ciudadanía y de desarrollo económico, que al mismo tiempo ayudan a superar los obstáculos iniciales enfrentados por el propio servicio, como la indocumentación de la población usuaria y el monocultivo de su actividad agrícola.

Al inicio, casi todos los clientes carecían de documentos de identidad, lo que incidía negativamente en la seguridad jurídica de sus propiedades, al mismo tiempo que en obstáculos en el ejercicio de sus derechos. Por ello, en FONDECO se exigían documentos sólo a los jefes o presidentes de los grupos usuarios, y se aceptaban documentos de transferencia de inmuebles sin ningún registro. De hecho, en las zonas de trabajo no existían notarios de fe pública ni autoridades municipales. Veinte años después, todos los clientes tienen su documento de identidad vigente y sus inmuebles están registrados en el catastro municipal. Por otra parte, los negocios tienen un padrón municipal, las tierras de cultivo están registradas, con o sin saneamiento, en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y las zonas de trabajo cuentan con autoridades locales y judiciales. Indudablemente estos cambios se deben a la acción de la propia población y a los esfuerzos combinados de varias instituciones de promoción de derechos y ciudadanía, así como a otras de servicios, FONDECO  entre ellas.

La economía familiar estaba basada en un solo cultivo anual y la combinación de cultivos e ingreso por jornales era reducida. Otra dimensión de esta situación era que la mayoría de las unidades se encontraba en condiciones de subsistencia porque producían  para el autoconsumo. Actualmente, la tendencia es hacia la diversificación de cultivos, puesto que las unidades familiares procuran complementar sus ingresos con otras actividades no agrícolas y, al mismo tiempo, han incrementado su producción, de tal forma que, además del autoconsumo, está destinada al mercado, interno y externo.

Al inicio,  la cartera de FONDECO era en su totalidad agrícola. Los requerimientos de desembolso y los pagos estaban concentrados en determinados meses, causando problemas de liquidez (falta o exceso). Actualmente, la cartera está diversificada por sectores, siendo el 50%  agropecuario, por lo que se mantiene la orientación rural, aunque se otorgan créditos agrícolas y no-agrícolas, regulando los flujos de efectivo y las actividades de las agencias.

La actividad agrícola es de alto riesgo, agrícolas, climáticos, de mercado, tecnológicos. En Bolivia no se cuenta aún con ningún tipo de seguro agrícola. Además,  frente a los problemas climáticos sufridos, solamente llega ayuda durante la emergencia, pero la recuperación de los damnificados no es atendida por programas suficientes y consistentes.

Conocedores de estos riesgos, FONDECO desarrolló algunas herramientas que ayudan a reconocer y evitar o mitigar el daño, como el análisis de la relación entre costos, rendimientos y precios. Es una base de datos de los principales productos por agencia, actualizada anualmente, que permite analizar la solicitud y calcular de manera ajustada su capacidad de pago. En la misma línea, se ha realizado una zonificación anual del área de cobertura de cada agencia, para detectar áreas de riesgo y áreas de salida. El uso del instrumento denominado Global Point Sistem (GPS) por su sigla en inglés o  punto satelital georeferenciado, para identificar exactamente la ubicación de las parcelas agrícolas, con lo cual se facilita la verificación del estado del cultivo antes de la cosecha y seguimiento al comportamiento del mercado para los principales productos agrícolas.

Por todo ello, para disminuir el impacto del riesgo crediticio es necesario revisar regularmente las condiciones crediticias. Puede ser que el calendario agrícola se haya modificado o que los clientes de una zona tienen dificultades en realizar su cosecha y en consecuencia los planes de pago no coinciden con los ingresos y están ocasionando retrasos o una mora temporal. El análisis de las nuevas condiciones del mercado ayuda a identificar el requerimiento de otros productos financieros.

FONDECO aplica políticas para regularizar y controlar la mora. El recurso más efectivo es el Comité de Mora, integrado por los departamentos de Cobranzas y de Riesgo, conjuntamente con las Agencias. Los análisis sea aplican a la cartera por agencia y oficial de crédito, principalmente son preventivos y en el caso de morosidad, se cuentan con políticas inmediatas de acción. Precisamente el año 2005 y 2006, se han sufrido inundaciones, principalmente en las zonas de las tres agencias más grandes. Se  recurrió a la política de reprogramaciones, que hasta entonces se usaba muy poco. Los clientes damnificados tenían un excelente historial crediticio y se les otorgó mayor plazo para que se recuperen.

Sin embargo, esta política tuvo una repercusión negativa en las finanzas del Fondo, ya que el indicador de cartera en riesgo, que suma la cartera en mora con la cartera reprogramada (aunque esté vigente), es aplicado por los financiadores para seleccionar clientes. Los años inmediatos se  explicó a los financiadores el origen y la evolución esperada de la cartera en riesgo, pero pocos fueron flexibles. Ahora se puede demostrar que los clientes entonces reprogramados, en cuanto lograron recuperar su economía primeramente se pusieron al día y luego pagaron sus créditos reprogramados en el tiempo concedido. Es decir que su moral de pago se mantuvo y han ratificado su historial crediticio.

Se entiende la prudencia de los financiadores, pero observando lo sucedido, es fundamental que la cartera en riesgo sea analizada en detalle, especialmente el origen de la mora, la causa de las reprogramaciones y el historial de los clientes, antes de generalizar su efecto.

Resultados y proyecciones

Según el último estudio de impactos de FONDECO, los clientes han calificado a los microcréditos como productos con impacto de alta magnitud en la inversión y en el capital de trabajo e impacto directo e indirecto a los microcréditos de vivienda. Mientras que los fondos comunales se consideran de alto impacto para el capital de trabajo.

Precisamente, en razón de un proceso de evaluación e identificación de resultados,  año 2001 se ratificó la política de FONDECO de financiar actividades de la economía rural, tanto productivas como comercio y servicios. A partir de allí se hicieron ajustes a la tecnología crediticia y se alcanzó la sostenibilidad financiera. Aunque siempre los financiadores observan que la rentabilidad es baja, comparada con una cartera urbana o de banca comunal.

Se requiere continuar con el esfuerzo de profundización de los mercados rurales. El desarrollo de la tecnología crediticia es fundamental para mantenerse en el mercado rural y evitar seguir el camino alternativo de transformar la cartera rural en urbana y la cartera agrícola en comercial, y puede conseguirse, no solamente ajustando las condiciones, sino innovando productos. Sin embargo, el financiamiento de la cartera rural, especialmente de la cartera agrícola, requiere de financiadores que tengan la misión de llegar a los pequeños agricultores y de alguna manera correr riesgo junto con ellos.

* María Eugenia Moscoso M. es economista, especialista en desarrollo económico. Gerente general del Fondo de Desarrollo Comunal (FONDECO), en Bolivia. Desde 1981 trabaja en proyectos de desarrollo rural programas crediticios para el área.  

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 * Jaime H. Díaz Ahumada

El conflicto armado que sufre Colombia desde mediados del siglo pasado ha contribuido a que se agudice aún más la pobreza en el país. Este conflicto ha generado una grave crisis humanitaria, cuya expresión más sensible es el desplazamiento forzado interno. Se estima que en Colombia hay más de cuatro millones de personas desplazadas contra su voluntad, lo que equivale al 9% de la población nacional.

En Colombia, a raíz de la guerra interna desde hace sesenta años, el desplazamiento y la lucha por el control del territorio por parte de actores armados y delincuencia organizada, ha conducido a la mayor situación de pobreza y concentración de la tierra desde el nacimiento de la República. El destierro y las políticas inadecuadas se traducen en el deterioro de las condiciones del 24% de las poblaciones total del país que habita el campo. El 44% de los habitantes rurales no tienen acceso al servicio de agua y el 89% carecen de acueducto. El 89% habitan en viviendas que no reúnen las condiciones de mínima dignidad.

En el campo, la pobreza afecta al 65% a sus habitantes y la indigencia al 32%, en gran parte a  población campesina, generando desplazamientos forzados, que causan el abandono de sus tierras y la inseguridad que le impide el acceso a créditos. Hasta hoy continúa una progresiva e intensa concentración de la propiedad rural, en la que prolifera el latifundio ganadero y en los últimos años, particularmente durante el gobierno del presidente Uribe, la intensificación de la agroindustria, ligada sobre todo a los agro combustibles. Según datos de Herrera (La pobreza en Colombia: desafíos para la acción pastoral, 2006), al año 2006 l51.6% de los propietarios eran minifundistas concentrando el 1.7% del territorio registrado catastralmente, en tanto que tan solo 2.428 propietarios públicos y privados tienen en su poder 44 millones de hectáreas, que corresponden al 53.5% del territorio. El 62.3% del territorio nacional se utiliza para actividades ajenas a su vocación natural. En ganadería se usan 4 veces más las tierras (10.2 millones de hectáreas), en tanto que en agricultura sólo se emplea una tercera parte de los suelos aptos (3.9 millones de hectáreas).

El drama del desplazamiento

De acuerdo a la Comisión de Seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado y los datos preliminares de su tercera encuesta nacional de verificación de los derechos de la población desplazada 2010: "el total de hectáreas despojadas y forzadas a dejar en abandono por causa del desplazamiento en el período comprendido entre los años de 1980 y julio 2010 ascendió a cerca de 6,65 millones de hectáreas, sin contar los territorios de las comunidades étnicas, lo que equivale a un 12.9% de la superficie agropecuaria del país. Este monto se distribuye en sus períodos así: cerca de un 1.0 millón de Has, entre 1980 y 1997; 5.3 millones de Has, entre 1998 y 2008, y 0.35 millones de Has., entre 2009 y julio 2010... Al abandonar forzadamente o ser despojadas sus tierras, una amplia mayoría de los desplazados perdió también sus casas, ya que en el 89% de los casos las fincas o parcelas despojadas o forzadas a dejar en abandono, contaban también con casa".

Según la misma fuente, los departamentos más afectados con este fenómeno fueron Antioquia y Chocó con 1.9 millones de Has, y Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y el Municipio de Buenaventura, con 1.5 millones de Has. La Comisión destaca que las tierras despojadas y forzadas a dejar eran de aceptable o incluso buena calidad, puesto que el 82% disponía de agua durante la mayor parte del año, el 55,5% era área plana y sólo el 20% se ubicaba en ladera y era muy quebrada.

Depredación múltiple

Durante los ocho años de la pasada gestión de gobierno, se adjudicaron 8.828 concesiones mineras; en octubre de 2008 se informó que el 10% de los páramos ya estaban titulados para minería y un 47% adicional estaba siendo solicitado, es decir que se amenaza a más de la mitad de los páramos de Colombia. Entre 2002 y 2009 las áreas tituladas para explotación minera pasaron de un millón a 8,5 millones de hectáreas a cambio de leoninas concesiones a multinacionales, principalmente canadienses. El Departamento de Santander fue especialmente afectado con la entrega de concesiones mineras, como el páramo de Santurbán, cuyas minas fueron entregadas en concesión a la poderosa multinacional canadiense Greystar Resources Ltd. Si se llegara a consumar su explotación se dejará sin agua los 800.000 habitantes de Bucaramanga y varias poblaciones de los dos Santanderes.

La tala indiscriminada de bosques como consecuencia de la siembra de cultivos de uso ilícito y de cultivos agroindustriales y fumigaciones indiscriminadas, además de atentar con las reservas naturales amenaza las fuentes hídricas del país históricamente colonizado a punta de hacha, tumbando montes y selvas de manera indiscriminada. A comienzo del siglo XIX, los indígenas del Putumayo llamaban a los colonizadores "Hijos del Hacha". Hoy el hacha ha sido desplazada por la motosierra.

Se ha venido instaurando una "cultura ganadera", que tala bosques y convierte grandes latifundios en empresas ganaderas, y en muchas regiones del país los ríos son tenidos como vertedores de basura, aguas negras y desechos tóxicos, afectando gravemente a la población, que se pueden ejemplificar como en casos de malformaciones y enfermedades persistentes.

Haciendo historia

En Colombia, la población más pobre está ubicada en el sector rural. Los gobernantes desde siempre han tenido una opción prioritaria por los ricos y poderosos. Esa ha sido la historia de Colombia aún desde antes del establecimiento de la república. En 1493, el Papa Alejando VI en la Bula Inter Caetera, entregó las tierras descubiertas a los reyes Fernando e Isabel, soberanos de Castilla, León, Aragón, Sicilia y Granada, en estos términos: "Nos...por nuestra exclusiva generosidad, a plena conciencia y apoyados en la plenitud del poder apostólico, os hacemos donación y os asignamos todas las islas y tierras firmes encontradas y que puedan encontrarse, detectadas y por detectar, en dirección al occidente y al sur, etc.,...con la autoridad de Dios que nos fue otorgada en San Pedro y haciendo las veces de Cristo en la tierra, os las donamos y asignamos a vosotros y a vuestros herederos y sucesores, (reyes de Castilla y de León), de todos sus dominios, ciudades, campamentos, lugares y totales pertenencias, a perpetuidad, a tenor de los presentes. Os hacemos, constituimos y declaramos, pues, a vosotros y vuestros dichos herederos y sucesores, señores de ellas, con plena, libre y omnímoda potestad y jurisdicción" (Bula Inter Caetera, Papa Alejandro VI, Bullarium Romanun, Tomus V, páginas 361-364).

Ya en la República, a mediados del Siglo XIX se llevaron a cabo profundas medidas para la liberación de la mano de obra y de tierra, que permitieron ampliar el mercado tanto de las manufacturas y de la reciente industria, como de procurar tierras baratas para sus nacientes capitales, la primera reforma fue la enajenación de la tierra de los resguardos en poder de los indígenas, que una vez desposeídos constituyeron un ejército de mano de obra a disposición de la industria y de los grandes latifundios. En palabras del historiador Salvador Camacho Roldán (1890), uno de los efectos de esa medida fue: "Autorizados para enajenar sus Resguardos en 1858, inmediatamente los vendieron a vil precio a los gamonales de sus pueblos, los indígenas se convirtieron en peones de jornal, con un salario de cinco a diez centavos por día, escasearon y encarecieron los víveres, la tierras de labor fueron convertidas en dehesas de ganado, y los restos de la raza poseedora siglos atrás de estas regiones se dispersaron en busca de mejor salario a las tierras calientes, en donde tampoco ha mejorado su triste condición. Al menos, sin embargo, ha contribuido a la fundación de esa haciendas notables..." (Luís Nieto Arteta, 1989). Sin duda se cumplió una de las finalidades de la extinción de los Resguardos, la creación de una masa proletaria para la naciente industria. La otra reforma que cayó como anillo al dedo a los intereses liberales fue la "manumisión de bienes de manos muertas", mediante la cual la tierra expropiada a la Iglesia pasó a constituirse en grandes latifundios que se sumaron a los ya existentes nacidos de las encomiendas establecidas bajo la corona española. Aquí encontramos el origen del latifundio en Colombia.

En la actualidad, la opción del gobierno Uribe fue clara: los ricos eran su prioridad, expresada en la frase "la desigualdad en Colombia se reduce dándoles incentivos a los ricos", como uno de sus ministros, quien se declaró enemigo de la reforma agraria, promovida a finales de los sesenta por el presidente Lleras Restrepo, la que, llevó a que las tierras acabaran convertidas en "unos rancheríos, con dos matas de plátano, tres de yuca y dos o tres generaciones del adjudicatario inicial sumidas en la pobreza".

En el mismo periodo fue política del Ministerio de Agricultura la promoción e incentivo a los terratenientes, en detrimento de los medianos y pequeños campesinos, como muestra el caso emblemático de entregar a empresarios del sector privado, la Hacienda Carimagua en los Llanos Orientales (predio de 17.000 hectáreas), cuando había sido destinada a 80 familias. Por cierto, una decisión que fue anulada debido a la presión social.

En esos términos fue diseñado el programa bandera del Ministerio de Agricultura denominado Agro Ingreso Seguro (AIS), pensado y estructurado para regalar recursos económicos a empresarios del campo, como lo señaló textualmente el propio secretario jurídico de la Presidencia de la República: "No era una plata para que el pequeño campesino, sin conocimientos, recibiera donaciones (El Tiempo, octubre de 2009). Se multiplicaron los subsidios de $ 300, $ 400 o $500 millones de pesos a poderosas familias en distintas regiones del país y, de manera particular, en el Departamento del Magdalena y otras regiones de la Costa Caribe.

El principal programa que el Gobierno desarrolló dirigido a los pobres, se denomina Familias en Acción, creado durante el gobierno de Andrés Pastrana, fue desarrollado y ampliado por Uribe, pasando de 200.000 familias a 2.900.000 hogares beneficiarios. Tanto este programa como el de Familias Guardabosques, reciben un pequeño subsidio que genera dependencia asistencial del gobierno y conduce finalmente a establecer un nocivo clientelismo hacia el gobierno de turno.

Retos del presente

Tierra y territorio constituyen base fundamental en la vida de los campesinos, y entre ellos está la población más pobre de Colombia; por eso la devolución de las tierras y el inicio de una adecuada reforma agraria son los retos principales de hoy, ya lo dijo el analista León Valencia "buena parte de la gran propiedad agraria es hija de la violencia, del despojo y del engaño".

El nuevo gobierno ha propuesto la devolución y entrega de al menos dos millones de hectáreas. De hacerse realidad este propósito, y aunque ésta no es toda la tierra arrebatada a los campesinos, constituiría un paso formidable en la búsqueda de justicia y en el fundamento de una paz estable en el campo. Establecer una ley de tierras eficaz a favor de los campesinos es fundamental para producir resultados, sobre todo en un país que suele hacer lance en las leyes para favorecer a los poderosos, que desde sus fincas y escritorios con el apoyo de habilidosos juristas buscarán influir a su favor en la ley de tierras, que el gobierno quiere implementar. La devolución de dos millones de hectáreas exige de organizaciones sociales y de derechos humanos un acompañamiento meticuloso e inteligente, con propuestas viables y precisas que blinden la ley de tierras de los esguinces que pretendan los poderosos que puedan influir en este gobierno y en el parlamento (con fuerte presencia terrateniente y de herederos de la parapolítica), como también en el sector jurisdiccional.

Una de las propuestas que pueden contribuir seriamente a que en el campo se instalen los campesinos con garantías de permanencia y saliendo al paso de nuevas presiones para abandonarlo, es la de las Zonas de Reservas Campesinas (ZRC), consignada como figura jurídica en la Ley de Reforma Agraria vigente (Ley 160 de 1994), que representa uno de los pocos elementos progresistas que en materia rural han sido integrados en la legislación nacional. Como figura de ordenamiento territorial, se regula la tenencia de la tierra por parte de campesinos y colonos en las zonas de frontera agrícola, superando la idea de la simple asignación de tierras para plantear la construcción de estrategias de defensa del territorio sustentadas en la estabilización de la economía campesina, el fortalecimiento organizativo, el diseño de planes alternativos de desarrollo o planes de vida desde las propias comunidades y la limitación a la concentración de la tierra.

Es urgente la presión social para exigir al gobierno y a las guerrillas una negociación del conflicto armado, que ponga fin al desangre entre hermanos, al desplazamiento forzado por causa de la guerra interna, a los secuestros, a las extorsiones, al reclutamiento forzado sobre todo de niños y niñas. Si los ingentes recursos que destina el Estado a la guerra, superiores al 6% del PIB, se destinaran fundamentalmente a la lucha contra la pobreza, se contribuiría de manera importante en este propósito. El Estado debe emplearse a fondo a combatir y castigar a los grupos paramilitares de nuevo cuño, denominados bandas emergentes, que continúan violentando a la población. Los asesinatos, desplazamiento forzado, extorsiones, usurpación del territorio, intimidaciones, se continúan llevando a cabo por estos grupos armados.

La protección y defensa de la naturaleza debe ser prioridad de todos y todas los/as colombianos/as, pero sobre todo el Estado debe garantizar su preservación, ello implica implantar una política educativa a favor del medio ambiente, hacer frente y castigar los daños ecológicos, pero sobre todo revocar todas las concesiones mineras que atenten contra nuestro ecosistema, fuentes hídricas y hábitat de las poblaciones, sobre todo en territorios indígenas y afro descendientes, por ello debe respetar la consulta previa. Esta es una tarea pendiente frente a las concesiones mineras otorgadas en el gobierno anterior. El actual gobierno debe ser cuidadoso en la implementación de su política minera, sobre todo cuando ha querido erigirla en uno de los motores para jalonar lo que ha denominado "prosperidad democrática".

En síntesis, en Colombia es urgente una política agraria que permita la devolución de la tierra a quienes fueron desplazados de manera forzada y la entrega de tierra a los campesinos sin ella, debiendo analizarse cuidadosamente las diferencias y riquezas entre las poblaciones indígenas, afro descendientes y campesinas. Una auténtica reforma agraria es condición para la reconciliación y superación del conflicto armado en el país.

Texto extraído de las palabras del Dr. Jaime H. Díaz A., Director de la Corporación Podion sobre "LA PROBLEMÁTICA RURAL EN COLOMBIA" en el acto de homenaje a "El COMÚN" en el Aula Máxima de Coopcentral, el 3 de diciembre de 2010 en San Gil, Colombia

*  Filósofo y Teólogo. Doctor en Teología y magíster en Países de Desarrollo y Sociología Política (Universidad Católica de Lovaina); Director de la Corporación PODION.