“Todo proceso de descentralización es una transferencia de poder” y “Aunque no es el mejor momento para hablar de descentralización en Sudamérica, sigue siendo un tema fundamental de la agenda” son probablemente dos de las frases que más se repitieron durante la semana de trabajo del ciclo de formación y capacitación sobre Descentralización, participación y control, social que Pan para el Mundo, varias de sus contrapartes especializadas en desarrollo rural en la región andina y el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) llevaron a cabo el pasado mes en Bolivia.  ¿Qué expresan esas afirmaciones y hacia qué caminos de reflexión y planteamientos conducen? De eso trata el presente artículo que, inspirado en las exposiciones de los especialistas invitados, el debate del grupo y la propia experiencia institucional, el IPDRS pone ahora a consideración de sus lectores. 

Descentralización, control social y participación ciudadana

Carmen   Beatriz  Ruíz y Óscar Bazoberry Chali*

Durante las décadas de los años ochenta y noventa, en coincidencia con el retorno a la democracia, luego de una larga noche de dictaduras, varios países sudamericanos iniciaron sendos procesos de descentralización, la mayoría de las veces con un notorio énfasis hacia la municipalización. Al mismo tiempo, los gobiernos en la región se empeñaron en la aplicación de las denominadas “políticas de ajuste” y de las “reformas estructurales” que, con apenas diferencias por país, también constituyeron una señal de ese tiempo. De ese modo coincidían dos corrientes opuestas: la democratización y la aplicación irrestricta del libre mercado.

Sin embargo, en muchos países, nuevos gobiernos, nuevas posibilidades y dificultades, han configurado una situación distinta sobre la que vale la pena promover nuevos procesos de reflexión para enriquecer el debate actual, especialmente en lo relacionado con la aspiración de ampliar los niveles de participación y control social por parte de la población campesina indígena.

Correlaciones

Si se destaca que los últimos treinta años constituyen un tramo importante para los procesos de descentralización en los países sudamericanos, igualmente importante es recalcar que es obligatorio hablar en plural, pues se trata de experiencias diferentes según las circunstancias históricas y las formaciones sociales, económicas y políticas de cada uno de los países.

Las descentralizaciones son procesos únicos, según cada realidad, y no son lineales, porque responden a juegos de intereses y negociaciones y enfrentamientos de poder. Por lo tanto, no son neutrales, y expresan una tensión entre la funcionalización que pretende el poder constituido y la dotación de contenidos propios que las organizaciones continúan propiciando.

El contenido de cada proceso de descentralización no depende solamente de las autoridades y funcionarios, sino de la calidad e intensidad de la participación de la gente. En esto muchas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las Organizaciones no Gubernamentales (ONG),  tienen un campo de acción importante. Porque la descentralización, por sí sola,  no es suficiente. Es un  proceso incompleto si no va acompañado de la democratización del Estado. Y puede resultar en un proceso negativo si no se acompaña con políticas compensatorias y de redistribución económica para reducir las inequidades entre regiones y sectores de la población.

Esto explica que, pese a las dificultades y, aún a contra mano de los gobiernos, que actualmente en general muestran más bien  tendencias de reconcentración del poder estatal, parece haber coincidencia en el interés de varios actores, principalmente de organizaciones sociales, ONG y de la academia, por avanzar hacia procesos más integrales de gestión territorial del poder.

Un interés que, si bien inicialmente fue asociado con propuestas de desarrollo rural, debido a la razón básica de que en las áreas rurales se encuentran los mayores índices de pobreza y exclusión, fue transitando hacia ámbitos urbanos, no sólo por la creciente “urbanización” de las poblaciones, sino porque plantea retos a las concepciones y prácticas de desarrollo y a las estrategias de intervención de las ONG.

En ese tránsito, sujetos (mujeres, indígenas, jóvenes, migrantes, residentes, etc.) y agendas (medio ambiente, ecología, agricultura familiar, mercados, biocombustible, tránsitos urbano – rurales, etc.) han ido ampliándose, en busca de una masa crítica que inspire cambios importantes en las políticas públicas y la participación ciudadana, tanto en área urbanas como en áreas rurales.

Las aspiraciones de incrementar los niveles de participación ciudadana en los procesos de descentralización no tienen una sola vertiente, ya que, por una parte, ésta se encuentra en el impulso de construir más democracia y, por otra, en la no menos poderosa inspiración de lograr mejoras en la administración estatal desconcentrada para que cumpla, o al menos avance, en el cumplimiento de su misión, que es la garantía de las condiciones de bienestar y de ejercicio de derechos de la población.

Tampoco han perdido vigencia las inquietudes sobre la perspectiva de lograr propuestas efectivas de desarrollo rural, cuya concreción exitosa sigue como agenda pendiente de los gobiernos locales e intermedios.  Entre los muchos temas que pueden desprenderse de esto, sobresale la correlación entre descentralización y desarrollo rural de base campesina indígena.

Si los límites entre lo urbano y lo rural son cada vez más flexibles,  para las economías campesinas es fundamental la múltiple dimensión de la economía interactiva entre lo urbano y lo rural y, al mismo tiempo construir círculos virtuosos que disminuyan los riesgos de exclusión de los productores campesinos y de los siempre latentes (y crecientes) conflictos por los recursos de agua y tierra. Por ello, es fundamental preguntarse ¿cómo se puede manejar la articulación campo – ciudad sin que sea a partir de una “visión urbano  - centrista”?

Caleidoscopio

La situación actual de los procesos de descentralización es tan diversa en sus matices como la realidad; destacan, sin embargo, dimensiones comunes en algunos países, ya sea como parte de una realidad dada o como parte de una realidad por construir, como el potenciamiento indígena,  la productividad sostenible, la aplicación efectiva y permanente de políticas públicas incluyentes y la defensa del medio ambiente, entre otras.  

En el campo político, el proceso de acumulación de poder de los pueblos indígenas es evidente, principalmente en Bolivia,  Ecuador y Colombia, período que, por cierto, corresponde a la reinstauración de la democracia. Sin embargo, las brechas entre la letra de la legislación y de los discursos y la realidad de las prácticas para la aplicación efectiva de los derechos conquistados, muestra que no se trata de un punto de llegada sino parte de un camino que debe seguir hacia adelante.

En esa ruta, la política de alianzas es uno de los desafíos centrales para que los pueblos indígenas sean más eficaces con la presencia y las propuestas en los espacios locales.

Uno de los puntos centrales se refiere, precisamente, a fuentes fundamentales de poder, como son la propiedad y el manejo de la tierra. Se trata de alianzas sociales imprescindible a la hora de enfrentar conflictos entre colonos e indígenas, mega proyectos que amenazan el hábitat, la explotación agrícola de cuño extractivista, el avasallamiento de la naturaleza, en definitiva, una concepción de desarrollo que no contempla la producción ni las formas de vida campesinas indígenas.

En la dimensión económica productiva hay aspectos de sostenibilidad que deben enfrentarse desde los contextos locales para lograr una adecuada interrelación entre el ámbito de la producción y el mercado y el ámbito del territorio. A manera de ejemplo, puede afirmarse, sin pretender autarquías, que el concepto de soberanía alimentaria ayudaría a determinar los máximos potenciales en la contribución a la producción de alimentos, guardando el debido cuidado a no deteriorar los recursos productivos, y vincularse de manera cooperativa, sin subordinación, con el entorno y el mundo.

En la dimensión política son fundamentales la diversidad y el pluralismo en el reconocimiento, participación y representación de los actores sociales. Es aquí donde se encuentran, precisamente, la riqueza de la diversidad y el potencial de avanzar hacia una relación más fluida y eficaz entre las demandas ciudadanas y la acción estatal.

Acción ONG: acompañar y gestionar

El ciclo Descentralización, participación y control social fue una oportunidad para analizar múltiples dimensiones de los procesos de descentralización  desde la perspectiva de la experiencia de algunas ONG, en tanto agentes de desarrollo, por su función de  acompañamiento a los sujetos y por derecho de su propio papel. En este sentido, hay quienes ratifican el desafío de identificar a los actores capaces de promover cambios, y apoyarlos con participación y medios estratégicos para que desempeñen sus funciones. Pero no en abstracto, sino en el marco de la respuesta a la pregunta sobre qué tipo de descentralización buscan y apoyan.

Hay quienes, complementariamente, piensan que el papel de las ONG seguirá siendo de intermediación temporal, por ejemplo apoyando el fortalecimiento de capacidades en la población para que construya una relación interpelante más democrática con los gobiernos.

Por ello, tanto los propios sujetos como las ONG tienen que insistir en el desarrollo de capacidades de innovación, no quedar presas en la normativa y en procesos burocráticos de la descentralización. En concordancia, ser más creativos.

Optamos por afirmar que los procesos de descentralización, en las distintas figuras que se dan en los países, constituyen el mejor escenario para un control efectivo del territorio y la generación de prácticas institucionales compatibles con la vigencia de las colectividades, los intereses y las instituciones rurales. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para que se vean resultados sociales, económicos y políticos concretos, y se evite la inercia de una rutina que, fatalmente, termina por llevar a la desesperanza.

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* Son especialistas en desarrollo rural y coordinadores del Segundo Ciclo de Formación y Capacitación: Descentralización, Control Social y Participación Ciudadana. Actualmente trabajan en el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), institución organizadora de este ciclo de intercambio interinstitucional y regional con países de la región andina

Un par de datos son suficientes para dimensionar la importancia planetaria de la región andino amazónica: posee una tercera parte de las reservas mundiales de agua dulce y el 20 por ciento de las reservas de energías fósiles del planeta se encuentra en este territorio de más de 11 millones de kilómetros cuadrado, donde viven más de 55 millones de personas. Otro dato revela su importancia geoestratégica: 71 millones de hectáreas de América Latina han sido compradas por empresas extranjeras en los últimos años; el 78% de estas tierras se utiliza para la producción de alimentos y biocombustible. Ése es el escenario en el que se concentrará el más importante foro de debate democrático y plural sobre desarrollo rural a realizarse próximamente en Bolivia.

Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural

Luis Fernando Heredia *

La región andino amazónica es una unidad socio espacial ubicada al sur del continente americano e integrada por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Guyana; tiene una extensión aproximada de 11,6 millones de km2 y una población que supera los 55 millones de personas.

La zona posee una mega diversidad de flora y fauna, es bañada por más de 12 macro cuencas y 158 subcuencas hidrológicas, y la vigilan imponentes cordilleras andinas con una altura superior a los 6.400 metros sobre el nivel del mar. En ella viven cerca de 385 pueblos indígenas que hacen de esta región el hábitat donde reproducen su vida material y espiritual (Estimación con datos de Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada-RAISG. Amazonia Bajo presión, 2012 y Comunidad Andina de Naciones-CAN. Organismo Regional, 2012. http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina).

Un pulmón para el mundo

Sus funciones ambientales en la regulación del bioclima, sus importantes reservas de agua dulce (1/3 de las reservas del planeta) y energías fósiles (20% de las reservas mundiales) y el rol preponderante que juega en la producción de alimentos, le otorgan a la región andina amazónica una indudable importancia planetaria.  

Esa condición multidiversa, a la que se suma su carácter estratégico en la geopolítica continental por su riqueza en hidrocarburos, hídrica, mineralógica y por su vocación agroalimentaria y forestal, hacen que la región andino amazónica se encuentre bajo una intensa presión por complejas dinámicas económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales que condicionan el enfoque, las políticas, planes y programas que los Estados de la región impulsan para generar el desarrollo rural.

Modelos de desarrollo en la región andino-amazónica

Durante los últimos dos lustros y en respuesta a la crisis alimentaria mundial, los mercados globales -sobre todo los de la región de países emergentes, como Asia- han incrementado de manera exponencial sus demandas de volúmenes de materias primas, energía y alimentos. La presión por satisfacer esta demanda le ha devuelto a la región andino-amazónica su papel tradicional de proveedora de materias primas y, con ello, el afincamiento de modelos productivos extractivistas, que no han significado una alternativa real para la superación de los niveles de la extrema pobreza e inequidad social que son extendidas en la región. Más al contrario, se han agudizado los escenarios de conflictividad en torno al acceso, propiedad y gestión de la tierra, territorios y recursos naturales.

Por otro lado, la economía indígena campesina y los productores rurales confrontan a diario políticas discriminatorias de los Estados que han decidido priorizar los beneficios económicos inmediatistas que le proporcionan los modelos extractivistas.   

Este modelo de desarrollo extractivista, es también promocionado y financiado por el capital internacional. Un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, destaca que en la gestión 2011 América Latina y el Caribe recibieron 153.448 millones de dólares de inversión extranjera directa, cifra que representa el 10% del flujo mundial de capitales. Los  países andino-amazónicos figuran en el informe de la siguiente manera: el primer país receptor de esas inversiones fue Brasil, con un monto de 66.660 millones de dólares, cifra que representa un 37% más que el año 2010; el tercer lugar lo ocupó Colombia, con 13.234 millones de dólares; el cuarto lugar Perú con 7.659 millones de dólares; en el sexto lugar se sitúa Venezuela con 5.302 millones; en el octavo está Bolivia con 859 millones de dólares (el 70% de esta inversión está dirigida a la actividad extractiva); y, por último, Ecuador con 186 millones de dólares. El mismo documento destaca que el 57% de la inversión extranjera directa recibida por América del Sur se dirigió al sector de recursos naturales. (CEPAL, La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, 2012).

Bajo el argumento de contribuir a enfrentar la crisis alimentaria mundial, en la región andino amazónica se está generando un proceso de extranjerización de la tierra para la reproducción del modelo extractivista. China tiene el 20% de la población mundial y sólo el 9% de sus tierras son cultivables. Como el Estado chino, otros que atraviesan la misma o similar situación han optado por el alquiler y la compra masiva de tierras en otros países, a través de diferentes mecanismos, algunos de ellos (como Brasil y Bolivia) son parte de la región andino amazónica.

Un estudio de la FAO (Acaparamiento de la tierra: estudio de 17 países de América Latina y el Caribe, 2001. http://www.rlc.fao.org)señala que de 71 millones de hectáreas compradas en América Latina por empresas extranjeras, el 22% fueron destinadas para la actividad minera y turística y el resto (78%), para la producción de alimentos y biocombustible. En el año 2010, inversores extranjeros mostraron su interés sobre 42 millones de hectáreas en la región, esto bajo el argumento que debían ser destinadas a la producción de alimentos para la seguridad alimentaria mundial (Foro Andino Amazónico. Memoria Seminario Internacional: Modelos de desarrollo, desarrollo rural y economía campesina indígena, 2011. www.foroandinoamazonico.org).

En este contexto, entre los años 2001 y 2011, la región andino amazónica incrementó su intercambio comercial con el mercado asiático de 15.000 millones a 182.000 millones de dólares. Este incremento comercial es producto de mayores volúmenes de materias primas provenientes de la actividad extractivista y la explotación de los recursos naturales. Por ejemplo, las exportaciones de Venezuela están constituidas en un 92.7% por bienes primarios como hidrocarburos y minerales. Esta cifra llega al 91.7% en el caso de Ecuador, en Perú alcanza a 86.6% y en Bolivia el 92.8% (Gudynas, Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo, 2011. http://www.transiciones.org).

Bajo los modelos de  desarrollo extractivistas, para la implementación de los agronegocios y la explotación forestal, entre el año 2000 y 2010 se han deforestado 240.000 km2 de selva amazónica, lo que equivale al doble de la Amazonía ecuatoriana. Se han construido 96.5 mil kilómetros de carreteras con tramos que atraviesan áreas protegidas, cuencas hidrográficas y territorios indígenas, y su diseño ha sido pensando con un propósito principal: conectar directamente los lugares de explotación de los recursos naturales con los mercados. De igual forma, se dieron en concesión 327 lotes petroleros, con una extensión de 1.082.704 km2 -lo que representa el 14% de la Amazonía- y con una sobreposición del 42% con las cuencas del Alto Amazonas y el 13% de los territorios indígenas. Hasta el año 2012 se han construido 417 hidroeléctricas, la mayoría de ellas situadas en áreas protegidas, territorios indígenas y cuencas hídricas que son los medios de vida de esos pueblos. Si la presión de los modelos extractivistas continúa con la misma intensidad en la Amazonía, en un futuro próximo podría desaparecer la mitad de la selva amazónica actual (Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada- RAISG. Amazonia Bajo presión, 2012).   

Existen señales de posicionamientos muy claros que proyectan una tendencia creciente al afincamiento de los modelos extractivistas en la región. Por ejemplo, el Estado boliviano, a través del Vicepresidente Álvaro García Linera, en ocasión del Congreso Petrolero realizado en la Ciudad de Santa Cruz el pasado mes de mayo, comunicó que, en Bolivia, desde el año 2007 al 2014, la frontera hidrocarburífera se ampliará de 2,8 millones de hectáreas a 24 millones de hectáreas, cifras que cubren el 22,4% del territorio nacional.

El activista Rafael Puente, con datos del Centro de Información y Documentación Bolivia (CEDIB) propone cálculos que logran establecer que la decisión de Estado boliviano afectará a 11 áreas protegidas de las 22 que existen en el país; entre todas ellas, la del Madidi que se verá afectada en 75%, la de Aguaragüe en 72% y la de Pilón Lajas en 82% (Periódico Página Siete. 06.06.2013).

En la misma dirección, la autoridad nacional, en el marco del Encuentro Agroindustrial Productivo: Más inversión, realizado el mes de julio pasado, también Santa Cruz, manifestó: “Me inclino por las 13 millones de hectáreas de producción, no es algo imposible, es más, podría ir más allá… porque debemos alimentar al país pero también al mundo” (Hoy Bolivia, 11.07.2013).Esta proyección significa un nivel de crecimiento de la frontera agrícola que supera el 200%, pasando de 3,8 millones a 13 millones de hectáreas.

Estimaciones de la FAO establecen que en las próximas cuatro décadas se requerirá producir un 70% más de alimentos en el mundo, para lo cual se tendrían que habilitar 120 millones de hectáreas. Al mismo tiempo, según ése y otros organismos internacionales, los campesinos e indígenas -hoy a cargo de producir el 30% de la producción alimentaria a nivel mundial- son nuevamente los llamados a resolver el problema del hambre del mundo (Foro Andino Amazónico. Memoria Seminario Internacional: Modelos de desarrollo, desarrollo rural y economía campesina indígena, 2011. www.foroandinoamazonico.org).Brasil es el tercer productor mundial de alimentos, con 5,1 millones de establecimientos agropecuarios, de los cuales el 84% son de agricultura familiar, pero éstos sólo ocupan el 24% de la superficie de la tierra agrícola y pecuaria (Bruckman, citada en Memoria Seminario Internacional: Modelos de desarrollo, desarrollo rural y economía campesina indígena, 2011)

¿Y la gente, qué?

Los pueblos indígenas que habitan la región andino-amazónica tienen como medio de vida principal el territorio, la tierra y los recursos naturales. Su estrategia económica alimenticia, su sistema sociocultural y su vida religiosa y espiritual, tienen como fuente de reproducción a su territorio. Estos pueblos, dueños originarios de sus territorios, lograron a través de sus luchas el reconocimiento legal de su derecho propietario por parte de los Estados. Sin embargo, los recursos hidrocarburíferos, minerales, acuíferos, forestales y las tierras con aptitud agropecuaria que constituyen la base de los modelos de desarrollo extractivistas, que abrazan y promueven los gobiernos de la región andino amazónica, en gran proporción se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. En Brasil, durante el periodo 2009-2012, más de 60 líderes indígenas fueron asesinados por defender sus territorios (Foro Andino Amazónico. Memoria Primer Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, 2012. www.foroandinoamazonico.org).En Bolivia, Ecuador y Perú, las movilizaciones de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios, son criminalizadas y sus líderes sufren persecuciones políticas permanentes.

En este contexto, es una necesidad urgente que los Estados y los actores de la sociedad civil de la región andino - amazónica analicen, reflexionen y expliquen esta compleja realidad para dar certidumbre al futuro de la gente.

Hay innumerables preguntas pendientes de respuesta: ¿Cuáles son los efectos e impactos de los modelos de desarrollo extractivistas en la sociedad, el medio ambiente y los Estados de la región andino amazónica?; ¿es viable la implementación de nuevos paradigmas de desarrollo sustentables en la región andino  amazónica?; ¿cuál es el futuro de la economía indígena campesina en el marco de su rol para la seguridad alimentaria y los efectos cada vez más directos de los modelos extractivistas con la extranjerización de la tierra?; ¿cómo se podría fortalecer la capacidad, el papel y aporte de los productores rurales en el actual proceso de transformaciones estatales y en el tránsito hacia el paradigma del Buen Vivir?; ¿cuál es la situación actual y su sostenibilidad de la soberanía y seguridad alimentaria en la región andino amazónica?; ¿qué rol juegan las economías y migraciones transfronterizas en el desarrollo de los Estados de la región andino amazónica?; ¿cuál es el estado situacional y la viabilidad institucional de las democracias en los Estados de la región andino amazónica?; y ¿cuál es la perspectiva del Buen Vivir del mundo indígena campesino de esta región en estos escenarios?.

Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural

Motivados e interpelados por esta compleja realidad, un grupo de instituciones y organizaciones que trabajan en desarrollo rural, nacionales y regionales, de Bolivia, Brasil Ecuador y Perú, buscan generar espacios democráticos y plurales desde la sociedad civil para analizar, reflexionar y construir consensos en torno a las respuestas y propuestas que exige la problemática del desarrollo en la región andina amazónica. Esta voluntad se expresó  en la alianza estratégica para constituir la “Plataforma de instituciones dinamizadoras del Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural” (FAA-DR).

Desde el FAA-DR se están impulsando acciones de elaboración y difusión de investigaciones y publicaciones; la realización de espacios y eventos de debate como foros, seminarios, conversatorios, simposios; el intercambio de experiencia de los actores involucrados y la realización de ferias agroecológicas y del libro. Otra tarea importante es la formulación de propuestas que impacten en las políticas relacionadas con el mundo rural, buscando a través de éstas, profundizar, difundir y poner en agenda y debate público las diferentes temáticas que hacen al desarrollo rural en la región andino amazónica.

Para el 2013 se planificaron acciones que permitirán continuar con este proceso hacia la ampliación y profundización del conocimiento y del debate público y plural. Por ello, los días 18, 19 y 20 de este mes de septiembre se realizará, en la ciudad de La Paz, el II Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural www.foroandinoamazonico.org, espacio en el que los temas centrales de debate para la construcción de propuesta alternativas de la sociedad civil, serán los modelos de desarrollo, la economía campesina indígena y dinámicas transfronterizas, la problemática de la tierra, territorio y recursos naturales y la situación y perspectivas de los Estados y la democracia en la región.

La pertinencia y relevancia de los temas de esta agenda expresan con claridad su importancia estratégica para el desarrollo rural en la región andino amazónica. 

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* Es licenciado en Sociología y especialista en desarrollo rural. Fue director de CIPCA Beni  y actualmente coordina el Foro Andino Amazónico. 

Resumen comentado:

Diversos autores han mencionado la heterogeneidad de la juventud en los territorios rurales y recomiendan investigaciones que identifiquen y caractericen las tipologías y presten mejores insumos para políticas públicas diferenciadas, además de las generales. El presente trabajo intenta dar respuesta al vacío de categorías que muestran esas diferencias en estudios de base sobre las juventudes rurales de la actualidad, a partir de un trabajo que proveyó de insumo al diseño del Programa Nacional de juventudes Rurales en Costa Rica, realizado con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y  la alianza estratégica de una red de 14 instituciones públicas y privadas en ese país.

Jóvenes y proyectos de vida de vida en Tierra Blanca

*Rafael  Mesén Vega  

El presente artículo está basado en la investigación, realizada por el mismo autor, denominada: “La situación educativa y ocupacional de los jóvenes rurales y su implicación para la economía familiar, la sostenibilidad del agrosistema y sus proyectos de vida”. Estudio de caso en Tierra Blanca de Cartago, Costa Rica.

La  investigación es un estudio de caso instrumental, lo que permite conocer y profundizar situaciones de paradoja que se dan en muchos contextos, y con el cuidado de las y los lectores potenciales, se pueden hacer inferencias. Por ello, además de los insumos para la formulación de políticas públicas diferenciadas, el trabajo propone una metodología de triangulación de métodos cuantitativos, cualitativos y documentales para realizar estudios de base de tipologías en otros países. Esta es la razón por la cual el artículo no ahonda en el contexto sino en la situación educativa de las y los jóvenes de Tierra Blancay su influencia en el proyecto de vida de las juventudes identificadas. 

Estratificación de la juventud rural según educación primaria

En Costa Rica, Tierra Blanca es un distrito rural perteneciente al Cantón Central de la provincia de Cartago, a 15 kilómetros al norte y a una altura entre 2100  y 2300 metros sobre el nivel del mar. Regularmente, la temperatura oscila entre 15 y 19 grados centígrados, la precipitación pluvial promedio es de 1420 mm y la humedad relativa promedio está entre 85% y 90%. Por esas condiciones climáticas, Tierra Blanca se caracteriza como zona de bosque húmedo montano bajo. El principal medio de vida de la población es la agricultura intensiva para la producción de cebolla, papa y zanahoria.

La escuela permite a niños y jóvenes una experiencia de vida donde se integran socialmente. Sin embargo, a partir del egreso de la primaria, los jóvenes experimentan la realidad de una fuerte estratificación cultural, socioeconómica y de género. En un contexto agro productivo, los agentes de socialización que inciden en la permanencia o exclusión de las y los jóvenes en la educación secundaria regular en Costa Rica son: el sistema educativo los medios de comunicación, los pares o jóvenes de similares condiciones de vida en la zona, la familia y el contexto agro productivo.

Con base en el análisis de los factores endógenos y exógenos a la familia, que inciden en el ingreso o la exclusión de los jóvenes a la educación secundaria regular se pueden identificar cinco tipologías según la  actividad principal que realizan, una vez concluida su educación primaria: asalariados, estudiantes de tiempo completo, trabajadoras del hogar sin remuneración, trabajadores familiares sin remuneración y microempresarios.

Esa perspectiva explica la afirmación de que los jóvenes rurales no constituyen un grupo etario homogéneo (VERDIÈRE A. 2002. juventud rural y medios de vida sustentables. Progresos y  desafíos pendientes. Consultado el 18 de enero de 2005. Disponible en: http:// www.iica.org.uy.//relajur) y (REUBEN, W. 1990. La juventud rural en América Latina y el Caribe. IICA. Costa Rica. 91p.).

Aunque se suele considerar que la juventud rural está compuesta por un grupo de personas que comparte particularidades, problemas y desafíos análogos dentro del grupo generacional hay, en la práctica, grandes diferencias según los niveles socioeconómicos, la región donde se encuentren, las relaciones de género, el tramo de edad y el grupo cultural al que pertenecen. Cada categoría se caracteriza por condiciones de vida y conductas distintas, que influyen sobre el despliegue de sus potencialidades  para forjarse un futuro propio.

En el caso de la juventud de Tierra Blanca, la fragmentación produce tres condiciones que se deben considerar en la planificación de políticas para este grupo de población. En primer lugar, menor visualización de la juventud en la comunidad, pese a que participan activamente en la economía familiar y comunitaria, al punto de considerar  impensable, sin ellos, el desarrollo de la producción, el comercio y la industria agrícola. En segundo lugar, están sus dificultades de cohesión social, ya que no tienen organización como grupo que demande servicios, por ejemplo, como lo hacen los productores o las mujeres de la comunidad. En tercer lugar, la ausencia de atención interinstitucional porque, aunque hay servicios específicos como los embarazos en adolescentes, lucha contra las drogas; entre otros,  las instituciones carecen de políticas públicas integradas para la juventud rural.

Por todo ello, las instancias operativas de las instituciones públicas de mayor presencia en Tierra Blanca, no reciben  presión desde los mandos de la jerarquía política para atender a los jóvenes, ni presión de la misma juventud en la localidad, debido a su fragmentación, invisibilización y falta de organización y empoderamiento. 

¿Proyectos de vida o estrategias de supervivencia?

Frente al prejuicio de que los jóvenes rurales solamente tiene estrategias de supervivencia, varios investigadores están empeñados demostrar que, por el contrario, poseen pensamiento y acción estratégicos. Sin embargo, hace falta mayor investigación sobre el tema, ya que, al constatar esa potencialidad, sería prioritario brindarles oportunidades y soluciones alternativas para que decidan sus propias opciones dentro de las estrategias más apropiadas para cada caso individual (CEPAL. 1996. Juventud rural: fuerza de modernidad y democracia.En: Juventud rural modernidad y democracia. CEPAL/UNICEF/OIJ.Santiago de Chile, 260 p.) y (RODRÍGUEZ E.1996. Los desafíos de fin de siglo y la problemática juvenil rural en América Latina. En Juventud rural modernidad y democracia. CEPAL/UNICEF /OIJ .Santiago de Chile, 260 p.).

De acuerdo con Durston (DURSTON, J. 1996. Estrategias de vida de los jóvenes rurales en América Latina. En Juventud rural modernidad y democracia. CEPAL/UNICEF/OIJ. Santiago de Chile, 260 p.), para que las políticas tengan algún efecto positivo, se debe tomar en cuenta los objetivos de los diferentes actores sociales y las estrategias que siguen para conseguirlos. Conocer esas estrategias, sus obstáculos y sus condicionantes, es un primer paso para integrar a los jóvenes rurales como los importantes actores sociales que son en las sociedades.

Situación ocupacional y proyectos de vida

Con base en la caracterización de las perspectivas ocupacionales de la juventud rural de Tierra Blanca, se está en condiciones de afirmar que los trabajadores asalariados no visualizan oportunidades para dedicarse a una actividad propia en el área de la agricultura, el comercio o la industria porque, en general, ni ellos ni sus padres tienen los medios, como tierra y capital, para emplearlos o heredarlos. Tampoco visualizan la ayuda del gobierno para apoyarlos en las actividades productivas. Por ello, visualizan su futuro en los proyectos académicos y profesionales. Sin embargo, es un proyecto que no concuerda con la realidad, debido a factores como la creciente disyuntiva entre trabajo y estudio; la flexibilidad de los padres para que los hijos tomen la decisión ocupacional a temprana edad; la escasa o nula cobertura de programas educativos adecuados a este segmente poblacional y  a la insuficiente inversión que los mismos jóvenes están dispuestos a hacer en su educación.

Pese a ello, los jóvenes asalariados tienen el potencial de ahorrar para invertir en educación o invertir en pequeña escala en las actividades productivas, ya que existe el antecedente histórico de que muchos padres así lo hicieron. Pero la influencia de la sociedad de consumo y del medio es tal que la mayoría gasta su salario en bienes de consumo (pasar lo mejor posible el momento). Esto provoca que el escenario futuro de los jóvenes trabajadores sea seguir siendo peones, con el agravante de que después formarán familias a las que tendrán que mantener con el mismo dinero de jornal, por lo que se espera que reproduzcan su situación de pobreza.

Cuando se trata de estudiantes, la estrategia de vida para alcanzar una profesión o un futuro mejor es viable, ya que en Tierra Blanca se identificó consistencia entre sus planes y expectativa de vida y la realidad potencial de quienes logran egresar de la secundaria. Una vez que concluyen sus estudios secundarios y universitarios, los jóvenes estudiantes pueden optar a mejores oportunidades de estudio y de empleo fuera de la localidad porque no las encuentran en la comunidad. En general, aunque los jóvenes no migran, Tierra Blanca se convierte para ellos en un pueblo dormitorio.

En el caso de las jóvenes trabajadoras del hogar sin remuneración, mujeres en su totalidad, ellas sueñan con ser profesionales, sin embargo, su realidad de dedicación exclusiva a la actividad doméstica no es coherente con esos deseos y compite con los horarios de la educación formal, por lo que quedan excluidas de esa oportunidad.

Todavía en Tierra Blanca muchos padres contemplan como estrategia de vida que sus hijas se casen con un agricultor que las mantenga económicamente. Sin embargo, actualmente la mayoría de las jóvenes dedicadas a  los oficios domésticos del hogar no contemplan esta posibilidad como una estrategia de vida viable para lograr su autonomía y desarrollo personal, ya que ni los hombres ni ellas desean casarse a una edad temprana y, más bien, postergan esa decisión por mucho tiempo.

De hecho, actualmente los jóvenes de Tierra Blanca no se casan a temprana edad porque ven el matrimonio como responsabilidad y compromiso. Los hombres visualizan el matrimonio como una atadura que a la vez es una forma de perder la oportunidad de disfrutar de las fiestas y la vida. Mientras que las mujeres son pesimistas respecto al matrimonio y se resisten a casarse debido a la relación de desigualdad que notan entre hombres y mujeres en sus mismos hogares y en la comunidad; a la práctica aceptada de la infidelidad de los varones, y a la despreocupación que éstos muestran con respecto a la vida futura. Otra de las razones por las cuales los jóvenes no se casan, es que no tienen posibilidades reales de obtener una vivienda, debido a su alto costo  y porque en la comunidad no hay ofertas de alquiler.

Los jóvenes trabajadores familiares sin remuneración, tienen como proyecto de vida ser exitosos, con poder económico y con respeto de la comunidad, ya sea que cuenten con tierra heredada o propia,  adquirida con sus ganancias en la agricultura familiar. En el estudio se comprobó que algunos jóvenes trabajadores familiares pudieron realizar su proyecto de vida de trabajar por cuenta propia gracias a que sus padres tuvieron éxito en sus empresas y disposición para proveerles los recursos necesarios. Sin embargo, para una gran mayoría, la viabilidad de la estrategia de vida es relativizada por la actual situación de altos costos de producción; la sensibilidad de los productos a la apertura comercial; el desequilibrio de los mercados internos; la reconcentración, el costo elevado de la tierra, la herencia tardía de la tierra y la fragmentación de las parcelas en partes iguales según el número de hijos. 

Otra debilidad del proyecto de vida de los jóvenes trabajadores familiares es su baja escolaridad. A pesar de que los jóvenes y adultos minimizan la importancia de la educación básica y técnica en la actividad productiva, ésta es fundamental en las fases de la producción sostenible, industria y comercialización, manejo adecuado de las tecnologías de información y comunicación en una economía cada vez más abierta al libre mercado.

Finalmente,los jóvenes caracterizados como microempresarios son una expresión  exitosa de evolución de la categoría jóvenes trabajadores familiares sin pago, debido al apoyo que obtuvieron de sus padres para contar con espacio social y económico y haberlos  incorporado de manera temprana como sus propios socios, en vez de buscar socios adultos.  En este caso, los jóvenes cuentan con los recursos para la producción y posibilidades de acumulación para sus futuros hogares, lo que da viabilidad a sus proyectos de vida. Una debilidad, sin embargo, es que los jóvenes que trabajan por cuenta propia adolecen de escolaridad y nivel técnico, lo que les resta capacidades competitivas para administrar e innovar en los sistemas de  producción en tiempos de globalización y apertura comercial.

Conclusiones

La heterogeneidad de la juventud en un mismo territorio y en similares rangos de edad se manifiesta cuantitativamente una vez  que egresan  los jóvenes de la escuela primaria. Las juventudes identificadas por su situación ocupacional fueron las siguientes: asalariados, estudiantes de tiempo completo, trabajadoras del hogar sin remuneración, trabajadores familiares sin remuneración y  microempresarios.

La heterogeneidad se explica en gran parte por la situación ocupacional, decidida prácticamente en el momento del egreso de la escuela primaria, e influida por factores como la familia, los pares, los medios de comunicación, el sistema educativo y el contexto agro productivo.

Cada segmento de juventud identificado puede ser clasificado en una especie de gradación de los proyectos de vida, desde no viabilidad hasta la viabilidad plena. También se puede clasificar las juventudes en niveles que van desde los grupos más carenciados hasta los que tienen mayores potenciales, pero todos los rangos confrontan la necesidad de una atención diferenciada y sistemática por parte de la institucionalidad pública y privada,  en tramos de apoyo más cortos o más largos, según las circunstancias específicas.

Finalmente, es interés de este artículo insistir en que la clasificación de juventudes y su  viabilidad de proyectos de vida, puede ayudar a trazar rutas críticas en el diseño de política públicas diferenciadas para apoyar a cada segmento, además de una política general.

San José, agosto de 2013

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* Es licenciado en fitotecnia, especialista en fitoprotección, producción sostenible, extensión agropecuaria,  transferencia tecnológica y en dirección de programas y proyectos  de juventud. Actualmente trabaja como especialista en juventud rural - Convenio Interinstitucional en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA MAG, Costa Rica.

Las principales razones de la baja rentabilidad en la agricultura son la menguada productividad de los factores de producción como la tierra, mano de obra, capitales y gestión; los bajos precios de los productos agropecuarios, la escasa asistencia técnica, la deficiente infraestructura económica rural y la falta de organización de los productores, entre otros problemas de diversa índole.

Por otro lado, la inversión del Estado en este sector es limitada, ineficiente y muestra poco impacto en sus condiciones de productividad. A manera de ejemplo debe notarse que la inversión por hectárea en la agricultura peruana, en el lapso entre los años 1970 y 1999 presentó una tendencia decreciente, disminución que fue acentuándose aún más en la década de los años noventa. Ya en el siglo XXI, el presupuesto del Ministerio de Agricultura en el año 2012 fue 1.06 % del presupuesto nacional (incluyendo todo el sector). Ello significa una descapitalización institucional, financiera, de cuadros humanos y de capacidad en el sector agrario.

La relación de la superficie agrícola trabajada en comparación con el territorio nacional del Perú es una de las más bajas del mundo. Las tierras aptas para la agricultura son escasas, sólo el 5,9% del territorio (7,6 millones de Hectáreas) son tierras aptas para cultivos en limpio y permanentes; 13,9% (17,9 millones de Hectáreas) son para pastos y 38% del territorio constituyen tierras con aptitud para la producción forestal, mientras que las tierras de protección ocupan la mayor extensión del territorio. Basados en esos datos es posible afirmar que la capacidad de uso mayor de la tierra en Perú tiene condiciones para ser un país más forestal y ganadero que agrícola.

En cuanto a ocupación, el total de superficie agrícola de las unidades agropecuarias existentes en el país llega aproximadamente a 5,5 millones de Hectáreas, de las cuales sólo 3,3 millones están efectivamente en producción con cultivos transitorios, permanentes o asociados (43,2% del total de tierras con potencial agrícola), lo cual indica que las tierras agrícolas, además de ser escasas, están siendo subutilizadas. Así ocurre en la costa y en la selva, regiones donde las tierras cultivables son poco aprovechadas, mientras que en la sierra hay sobre utilización, como es obvio, estas tendencias tienen que ver, en primer lugar,  con la menor y mayor densidad en cada caso, pero también con los niveles de incentivo a la producción a partir de políticas públicas. Por otro lado, la escasez de tierras cultivables es agravada por dos procesos paralelos: la urbanización de las áreas agrícolas cercanas a las ciudades y la erosión de suelos.

En cuanto a tamaño, el 92% de las unidades agropecuarias del país son explotaciones con menos de 20 Hectáreas y en éstas, 84% tienen menos de 10 y 70% menos de 5,  concentrando cerca del 16% de la superficie agropecuaria total y el 66% de la superficie agrícola.

En consecuencia, la pequeña propiedad campesina ocupa un lugar predominante en la producción agrícola del país y representa, además el 95% de la Producción Económica Agropecuaria (PEA) agropecuaria, el 72% del Valor Bruto de la Producción (VBP) total agrícola y el 60% del conjunto de las agro exportaciones. Los productores con menos de 5 Hectáreas representan el 67% del área dedicada a los cultivos transitorios y 48% de la dedicada a los permanentes. Todo ello demuestra que en Perú en la actualidad prevalece la pequeña producción, también denominada producción campesina o agricultura campesina.

Comercio y mercados

En relación a la comercialización de los productos agrícolas, ésta se caracteriza por una deficiente formación de precios, que perjudica principalmente a los pequeños productores y a los consumidores de menores ingresos. El problema se debe, entre otras razones, a la falta de fluidez en el abastecimiento de alimentos, encarecimiento del proceso de comercialización, las mermas significativas que reducen y afectan la calidad de la oferta agropecuaria alimentaria y la baja capacidad de negociación de los productores agropecuarios frente a los comerciantes mayoristas, transportistas y procesadores. Como es sabido, debido a las urgencias de liquidez de los productores al momento de la cosecha, sus condiciones de negociación en la cadena de la comercialización son notoriamente afectadas. Igual que en otros ámbitos, el papel del Estado y del sector privado en la comercialización de productos agropecuarios no está definido.

En cuanto a la agro exportación, ésta se concentra en los productos que tienen una demanda específica en el mercado externo. El actual boom de productos para la exportación se centra en los espárragos, las frutas (principalmente uvas, paltas  y mangos), las cebollas y el tradicional café, que sigue constituyendo el producto de exportación de mayor trascendencia, pese a la crisis de precios internacionales que aún subsiste.

Este tipo de agricultura viene creciendo, cuenta con algunos niveles de innovación tecnológica y es la única que ofrece rentabilidades y beneficios que, fundamentalmente, se concentran en los eslabones superiores de las cadenas agroexportadoras, aunque varían según los ciclos de los precios internacionales. La distribución de beneficios  es la misma aun considerando que cerca del 60% de la producción que se destina al mercado externo comprende también aportes de la pequeña producción.

Volviendo al principio

A pesar de la inmensa importancia del agro en la economía peruana, las políticas económicas y sectoriales de las dos últimas décadas no han hecho de la agricultura una base de desarrollo para el país.

Varios ejemplos respaldan la anterior afirmación. Por un lado,  hay una caída sistemática de la inversión pública para atender las necesidades productivas y sociales del agro peruano, no otra cosa demuestra que de cada cien soles que el Estado peruano gasta, solo dos se destinan a la agricultura.

Por otra parte,  las inversiones suelen ser dirigidas a obras de infraestructura, y se constata el agravante de que no se orientan a la transformación productiva e innovación tecnológica. Un ejemplo de ellos es que el Instituto Nacional de investigación Agrícola (INIA) que fuera el principal centro de investigación nacional, tiene dificultades presupuestales y tiende a desaparecer, como está ocurriendo con otras instituciones del sector.

Finalmente, queda la pregunta de fondo ¿por qué la producción campesina, tan importante a la economía del país como a las políticas de seguridad y soberanía alimentaria están en la última fila de la atención estatal?

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*Ing. Agrónomo con amplia trayectoria en: Elaboración y Conducción de Proyectos de Desarrollo Integral en Cuencas Hidrográficas actualmente es coordinador general en CEDEP Ayllu.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El autor del presente artículo establece como punto de partida para su análisis que es mejor hablar de Cambio Ambiental Global, es decir, aquellas modificaciones que se vienen produciendo en  los sistemas Tierra, Atmósfera, Océanos y Biosfera, que resulta ser más amplio y complejo que el cambio climático.

Cambio climático, comunidades y desarrollo

Fernando de la Cuadra*

El  Cambio  Ambiental  Global  y  el  recurrente  cambio  climático  suponen  la  combinación  perniciosa provocada  por  un  conjunto  de  actividades  humanas  (origen  antropogénico),  que  dependen  de variados  factores,  como  la  cantidad  de  población  que  habita  el  planeta,  su  nivel  de  consumo energético, una determinada matriz  tecnológica, el uso predatorio de  los  recursos naturales, etc. Un informe del Panel  Intergubernamental sobre el Cambio Climático  (IPCC) señalaba en 2007:  “Existen pruebas  nuevas  y  más  convincentes  de  que  la  mayor  parte  del  calentamiento  global  observado durante los últimos cincuenta años se puede atribuir a actividades humanas” (IPCC. Cambio climático: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Ginebra: IPCC, 2007).

Esta constelación da factores provocan, entre otros, el efecto invernadero y el calentamiento terrestre, el  adelgazamiento  de  la  capa  de  ozono,  la modificación  de  la  biodiversidad,  la  desertificación,  las precipitaciones ácidas y  la contaminación de  las aguas subterráneas y superficiales. Sin embargo, a pesar de que existe bastante consenso en el mundo científico sobre la evidencia del cambio climático, aún  subsiste  la  incertidumbre  sobre  las  consecuencias  efectivas  que  éste  puede  acarrear.  Las proyecciones científicas han avanzado en el último periodo y un  reciente estudio estima que para el año 2100 un 10 por ciento del planeta sufrirá los efectos de dicho cambio.

Problemas y sus consecuencias

Un estudio publicado por  la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos  (PNAS) afirma que dentro  de  las  regiones  que  podrían  sufrir  cambios  más  severos  a  causa  del  cambio  climático  se encuentran el Sur de la Amazonía, el Sur de Europa, Centroamérica y algunas regiones tropicales de África. (El Mercurio, 01/07/2013), mientras en América Latina se estima que los mayores impactos de estos cambios se abatirán especialmente sobre  la agricultura,  la pesca y el acceso al agua potable, perjudicando  sobre  todo  a  las   comunidades  campesinas  e  indígenas,  a  los  pequeños  y medianos productores.

En este sentido, una primera constatación que se puede hacer con  respecto al cambio climático es que  las  consecuencias  que  tiene  sobre  la  población  y  los  países  son  bastante  desiguales, reproduciendo, de esta manera,  la situación de  inequidad que  impera en otras esferas de  la realidad económica, política y social. En efecto, estudios realizados por  la Comisión Económica para América Latina  y  el Caribe  (CEPAL)  y  el Banco Mundial  (BM)  demuestran  que  los  países  en  desarrollo  son aquellos  que  se  encuentran  más  expuestos  a  los  impactos  negativos  del  cambio  climático,  y  su previsión es que  tendrán que soportar  la mayor parte -entre 75 y 80%- de  los costos provocados por los efectos nocivos del comportamiento del clima: huracanes,  inundaciones, sequias, desertificación, aumento del nivel del mar, alteración de los ciclos agrícolas y en los regímenes de precipitaciones.

Una  segunda  constatación,  es  que  los  efectos  acumulados  de  la  emisión  de  gases  de  efecto invernadero  (GEI)  que  son  los  principales  causantes  del  cambio  climático  no  se  pueden  enfrentar solamente con políticas de mitigación. El problema es más grave, ya que, aunque se pueda lograr una disminución drástica e inmediata de las actuales emisiones de gases, ello no tendrá mayor relevancia o  impacto en  términos del clima. Lo que actualmente se requiere son políticas de adaptación a dicho cambio,  con medidas  como  la  provisión más  igualitaria  y  universal  del  agua  potable,  saneamiento básico, seguridad alimentaria, acceso a mejores servicios de salud y a una educación digna.

A  la  vulnerabilidad  existente  entre  las  poblaciones  más  pobres  del  planeta  se  suman  ahora  las fragilidades  que  poseen  estas  comunidades  para  enfrentar  las  catástrofes  climáticas.  Esta vulnerabilidad se encuentra asociada a condiciones de desigualdad y exclusión que coloca a grupos sociales particulares en una situación de mayor riesgo con respecto a otros.

Asimismo,  la  distribución  desigual  de  los  impactos  del  cambio  climático  indica  que,  tanto  los fenómenos meteorológicos extremos  como  la  transformación paulatina del  entorno ambiental,  están afectando  de  manera  desproporcionada  a  los  grupos  humanos  más  sensibles  que  se  hallan  en situación de  pobreza  rural o urbana, pueblos originarios, ancianos, mujeres, niños, enfermos. Estos sectores sociales están sujetos a una “doble exposición”, o sea, a los efectos desastrosos del cambio climático y a una constelación de problemas asociados a su condición de carencia, entendida como expresión  de  déficit  o  insuficiencias  socio-económicas.  (Lampis,  Andrea.  “La  adaptación  al  cambio climático:  el  reto  de  las  dobles  agendas”,  en:  Julio  Postigo  (editor), Cambio  climático, movimientos sociales  y políticas públicas. Una vinculación necesaria, Santiago de Chile: CLACSO, 2013, pp. 29- 50).

De  lo  anterior  podemos  concluir  que  el  fenómeno  del  Cambio  Climático  se  encuentra  no  solo vinculado a patrón de comportamiento de  la naturaleza, sino que su esencia se basa en el estrecho entramado que existe entre las dinámicas ambientales y los procesos sociales. Así, en América Latina es necesario considerar las conexiones entre  las cambiantes condiciones de  los ecosistemas con los modelos de desarrollo impulsados por los gobiernos, tanto históricamente como en la actualidad.

En ese contexto, la preocupación por el impacto del cambio climático en el continente y los esfuerzos de adaptación para superar las consecuencias desastrosas del calentamiento global, la contaminación de las aguas y de los suelos, representa un desafío no solamente en términos de democratizar el uso de  los  recursos,  sino  que  constituye  una  respuesta que  busca  asegurar  las  propias  condiciones  de sobrevivencia en que se encuentran los habitantes de la región.

Cambio Climático y Agricultura

Existe  una  relación  recíproca  entre  cambio  climático  y  agricultura,  afectándose mutuamente.  En  el primer vector,  los científicos destacan que el sector agropecuario es uno de  los principales emisores de  gases  de  efecto  invernadero,  donde  la  suma  del  uso  de  combustibles,  las  quemadas  y  la producción pecuaria han  tenido  también un  fuerte  impacto sobre el cambio climático. Además de ser un  importante  demandante  de  tierras  y  consumidor  de  combustibles  fósiles,  la  agricultura  y  la ganadería  contribuyen directamente  a  las  emisiones  de  dichos  gases  por medio  de  técnicas  en  el cultivo como la producción de arroz y la cría de ganado. De acuerdo con el Panel Intergubernamental
del  Cambio  Climático,  los  combustibles  fósiles,  el  uso  de  tierras  y  la  agricultura,  son  las  tres principales causas del  incremento de  los gases de efecto  invernadero desde hace 250 años  (IPCC, 2007).

Como se puede apreciar en el gráfico (puede descargarde en el documentos adjunto), sumados los efectos de los subproductos agrícolas y de las quemadas con el uso de la tierra, las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzan casi un cuarto de todos los gases liberados hacia la atmósfera.

Desde  el  otro  vector,  es  decir  en  relación  al  impacto  del  cambio  climático  sobre  la  agricultura,  los científicos  pronostican  que  a  largo  plazo sus  efectos  se  apreciaran  de  varias  formas.  Por  un  lado sobre  la productividad, en  términos de cantidad y calidad de  los cultivos. En segundo  lugar sobre  las prácticas agrícolas, a través de los cambios del uso del agua (riego) y aportes agrícolas como herbicidas,  insecticidas  y  fertilizantes.  Otra  dimensión  es  evidente  en  los  efectos  sobre  el  medio ambiente,  particularmente  la  relación  de  la  frecuencia  y  sistema  de  drenaje  de  suelos,  erosión, reducción  de  la  diversidad  de  cultivos.  Del  mismo modo, sobre  el  espacio  rural,  por medio  de  la pérdida  o  ganancia  de  terrenos  cultivados,  la  especulación  de  tierras  y  los  servicios  hidráulicos;  y, finalmente,  respecto  a  la  adaptación,  ya  que  los  organismos  podrían  convertirse  en más  o menos competitivos  y  también  los  humanos  podrían  tener  la  necesidad  de  desarrollar  cultivos  más competitivos, como variedades de arroz resistentes a la sal o a las inundaciones.

Hoy por hoy existe bastante acuerdo en aceptar  la  idea de que el cambio climático ha  tenido efectos extremos y devastadores  sobre  la producción agropecuaria de muchos países  (sequías, huracanes, inundaciones,  tornados, heladas  y nevadas) destruyendo miles de hectáreas de cultivos agrícolas  y provocado  la muerte en masa del ganado. Sabemos que dificultades como  las sequias,  tormentas e inundaciones  no  son  nuevas.  Sin  embargo,  diariamente  se  acopian  nuevas  evidencias  de  que  el cambio  climático global ha  sido  responsable por  la  frecuencia  cada  vez mayor de estos  fenómenos que afectan la vida de miles de productores en todo el mundo.

En el caso específico de las comunidades campesinas e indígenas y sectores de pequeña y mediana producción, el impacto nefasto del cambio climático ha sido constatado por numerosas investigaciones recientes. Un estudio del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) advierte que la previsión del  aumento  promedio  anual  de  la  temperatura  en  Colombia,  provocará  un  aumento  de  las precipitaciones en un 2,5% lo cual implicará entre otros efectos, la degradación del suelo y perdida de materia  orgánica  en  las  vertientes  andinas;  inundaciones  en  las  costas  Caribe  y  del  Pacífico; destrucción de nichos para el café,  los  frutales, el cacao y el banano; cambios en  la prevalencia de plagas  y  enfermedades.  Y  precisamente  estos  fenómenos  tendrán  una mayor  incidencia  entre  los productores  de  escasos  recursos  y  de  pequeña  escala.  (Lau,  Charlotte,  Jarvis,  Andy  y  Ramírez, Julián. Agricultura Colombiana: Adaptación al Cambio Climático, Políticas en Síntesis N° 1, Bogotá: CIAT, febrero de 2013.).

En otro estudio realizado en  los andes tropicales peruanos, se menciona que el cambio climático ha provocado  cambios  en  los  regímenes  hídricos  así  como  también  ha  incrementado  la  ocurrencia  e intensidad de  fenómenos climáticos extremos  (sequia, heladas, granizadas)  todos  los cuales afectan directamente a los campesinos: “Los pisos ecológicos se desplazan a mayores altitudes, los sistemas productivos  tienen que ajustar sus calendarios y prácticas a  las nuevas características climáticas,  la contribución de agua glaciar en  la época de estío está cambiando dramáticamente.”  (Postigo, Julio. “Desencuentros y (potenciales) sinergias entre las respuestas de campesinos y autoridades regionales frente  al  cambio  climático  en  el  sur  andino  peruano”,  en:  Julio  Postigo  (editor),  Cambio  climático, movimientos  sociales  y  políticas  públicas. Una  vinculación  necesaria,  Santiago  de Chile: CLACSO, 2013, pp. 181-216).

Lo relevante de la investigación realizada por Postigo, es que en ella también se exponen las posibles respuestas que construyen  las mismas comunidades andinas para superar  los problemas  impuestos por  los  cambios del  clima, que  durante  siglos han  venido  respondiendo  a  la  variabilidad  climática  y gestionando  el  riesgo  que  ello  tiene  sobre  sus  actividades  agrícolas. Es  lo  que  se  conoce  como  la dimensión de resiliencia que poseen las comunidades para enfrentar y superar los daños provocados por el cambio climático.

Por último, en una  investigación  realizada en el sur de Chile se constata que el cambio climático no solamente  ha  tenido  serias  consecuencias  sobre  la  producción  agrícola  por  la  escasez  del  recurso hídrico  (ríos,  canales,  lagunas  y  napas  subterráneas)  sino  que  también  ya  es  posible  apreciar  una reducción de la flora y fauna tradicional en sectores donde se asientan las comunidades Mapuche.

En  efecto,  durante  la  Cumbre  Mundial  de  los  Pueblos  sobre  el  Cambio  Climático  realizada  en Cochabamba, Bolivia,  los  representantes del pueblo Mapuche denunciaron que  como  consecuencia de  los cambios experimentados en el clima,  las aves habían migrado y “ya no se veían mariposas ni lombrices. Los calores y  fríos son extremos y ahora aparecen enfermedades y plagas desconocidas” (De la Cuadra, Fernando. “Cambio climático y conflicto socioambiental. Apuntes sobre el antagonismo entre  el  pueblo  Mapuche,  el  Estado  chileno  y  las  empresas”,  en:  Julio  Postigo  (editor),  Cambio climático, movimientos  sociales  y  políticas  públicas.  Una  vinculación  necesaria,  Santiago  de  Chile: CLACSO, 2013, pp. 217-238).

Reflexiones finales

Si admitimos que el cambio climático tiene un origen antropogénico, debemos asimismo concordar en que  existe  una  distribución  desigual  no  solo  en  los  efectos  que  posee  este  fenómeno  sobre  las poblaciones humanas, sino que también son desiguales las responsabilidades asociadas a la emisión de gases de efectos invernadero. Por lo mismo, concordamos con que el campo de disputas surge en torno al acceso, control y apropiación de los recursos naturales entre actores que defienden diversas lógicas para la gestión de bienes colectivos de uso común.

Tales conflictos son el resultado de los destinos que le asignan los diversos actores y agentes económicos (particulares o empresas) al uso del territorio y los recursos naturales, los cuales se sustentan, por un lado, en el sistema de valores culturales que una determinada sociedad o comunidad ha elaborado en torno a dichos recursos y, por otro lado, en las diferentes formas de uso que este recurso adquiere en función de múltiples actividades productivas.

Tal como nos recuerda Escobar “no son sólo los factores y las condiciones ecológicas, sino también los sentidos culturales, los que definen las prácticas que determinan cómo la naturaleza es apropiada y utilizada”. De esta manera, nos advierte el antropólogo colombiano “las luchas por la diferencia cultural, las identidades étnicas y la autonomía local por un territorio contribuyen a redefinir la agenda del conflicto sobre el medio ambiente, más allá de los campos de la economía y la ecología.” (Escobar, Arturo. Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales, Lima: Universidad Nacional de San Marcos, 2010).

Entonces, un tratamiento amplio de la problemática del cambio climático y sus efectos sobre las comunidades más fragilizadas supone resolver no solo los riesgos biofísicos asociados a las “catástrofes naturales”, sino que principalmente tomar en cuenta los impactos sociales y culturales que implica la aplicación de determinados modelos de desarrollo que priorizando en la noción de crecimiento y en la generación de riqueza material, acaban siendo ambientalmente insustentables, socialmente desiguales y culturalmente restrictivos.

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* Sociólogo chileno. Doctor en Ciencias Sociales, Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro. Miembro del Grupo de Trabajo “Cambio Ambiental Global, Cambio Climático, Movimientos Sociales y Políticas Públicas” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El presente artículo tiene el objetivo de clasificar y analizar los conflictos sociales vinculados a la temática de los recursos naturales en función a la visiones de desarrollo desde las cuales emergen, identificándose al menos tres grandes campos de tensión: competencia y apropiación por el excedente; sostenibilidad, contaminación y defensa del medio ambiente; y conservación de medios de vida y defensa del territorio indígena.

La información empleada y varios de los ejes de interpretación sintetizan contenidos del informe: Conflictividad y visiones de desarrollo: Recursos naturales, territorio y medio ambiente 2011-2012, elaborado y publicado por la Fundación UNIR Bolivia (UNIR, 2013), sin embargo, los criterios parten de una postura personal de los autores que no compromete aquella fijada por esta institución.

Recursos naturales en disputa

Manifestación conflictiva de las visiones de desarrollo en Bolivia

Cristian León Coronado¹ y Alejandro Arze Alegría²

En los últimos años, Bolivia vive un incremento sustancial de la cantidad de conflictos y protestas sociales, con periodos altamente intensos. Si bien hasta el momento la escalada de conflictos no ha derivado en ingobernabilidad, su cantidad incidió  en los procesos de gestión del Estado y afectó al desenvolvimiento normal de las actividades cotidianas de la población, causando pérdidas económicas para algunos sectores (Milenio, Informe nacional de coyuntura No189. Los conflictos en el 2012. La Paz, 2013).

Los factores que, en parte, explican la tendencia hacia una conflictividad creciente están relacionados a la continuidad de un desarrollo económico excluyente que no logra revertir los índices de desigualdad y pobreza, a pesar de la coyuntura económica favorable, ya que Bolivia se ha favorecido de crecimientos económicos que superan el 4% anual entre los años 2004 a 2011 (ONU DATA). Persisten, además, la crónica incapacidad institucional de atender las diferentes necesidades y demandas sociales, la diferenciación y la marginación social,  y una realidad política  que convierte  a la protesta social en una de las pocas vías para visibilizar las problemáticas que aquejan a los distintos grupos que componen a la sociedad boliviana.

Un componente importante dentro de la conflictividad social en Bolivia tiene que ver con  las pugnas en torno a los recursos naturales, ya fuesen por su apropiación, asignación, explotación, prevención o mitigación de impactos. Ciertamente, estos casos no representan la mayor cantidad de conflictos en el periodo, pero están entre los más violentos, radicales y paradigmáticos en cuanto revelan grandes problemas estructurales vinculados a la aspiración de desarrollo del país. Es por esto que su análisis y reflexión resulta pertinente, no sólo para entender la naturaleza misma de los conflictos, sino porque nos permite entender a un contexto social, político y económico aún mayor.

Competencia por el excedente

En Bolivia la visión de apropiación y aprovechamiento del excedente de los recursos naturales es una constante histórica. Desde la época colonial hasta nuestros días, los ejes de desarrollo han estado basados y sustentados en una matriz económico-productiva de tipo extractivista. Más allá de las recurrentes críticas a la base estrecha que implica esta matriz (PNUD, Informe temático sobre desarrollo humano. La economía más allá del gas. La Paz. 2006), el problema es que los recursos naturales son, por definición, escasos y finitos, más aún cuando su precio se encuentra en auge, convirtiéndose en motivo frecuente y justificado de disputa y conflictividad.

Pareciera que la violencia, radicalidad e intensidad de los conflictos por recursos naturales es proporcional al valor estratégico, de explotación o de renta, del recurso natural en disputa, ya que, al atribuirles un valor netamente monetario, se los libra de otras cargas problemáticas y externalidades negativas, como problemas ambientales, riesgos a la salubridad y significaciones culturales.

Diferentes autores, Zavaleta Mercado, Fernando Molina y Roberto Laserna entre otros, elaboraron teorías con respecto al imaginario social que explicaría, no sólo la constante pugna, sino también, la dependencia histórica de Bolivia a la explotación de recursos naturales.  Esta percepción social condiciona significaciones, actitudes y prácticas en torno a los recursos naturales. También hay factores concretos que, históricamente,  sedimentan, reproducen y refuerzan  esa visión. El principal de estos componentes radica en que la explotación de los recursos naturales constituye  la actividad económica más importante del país. Hasta 2012 las actividades mineras, hidrocarburíferas y agrícola representaban el 33% del total del Producto Interno Bruto de Bolivia,  mientras que aquellas manufactureras simplemente el 13,5% (INE). De igual manera, sobre el valor total de las exportaciones en 2011, solamente la extracción de hidrocarburos y minerales representaron el 71,6% (45,1% y 26,5% respectivamente) (Exportaciones, fuente INE).

Los recursos naturales devienen esenciales para la población boliviana, producto de la ausencia de otras actividades económicas del mismo talante, además de una coyuntura favorable de precios internacionales que los vuelve un bien altamente rentable,  por tanto, en muchos casos son la fuente principal de subsistencia  y  un medio para mejorar las condiciones de vida en una economía con un mercado laboral reducido y predominantemente informal. 

Todos estos factores generan y condicionan a este tipo particular de conflictos, que si bien representa sólo el 7% sobre la conflictividad global del periodo estudiado, son relevantes por los temas que involucran, por la larga duración de algunos y los elevados niveles de violencia que presentan en sus episodios.   Se registraron un total de 77 casos,  los cuales se dividen de la siguiente forma: 45% por disputas por recursos mineros;  35% por tierra cultivable; y 12% por renta hidrocarburífera, mientras el restante 3% lo componen conflictos por recursos forestales, acuíferos (UNIR, 2013).

Los conflictos mineros se centraron en tres tipos de demanda: adjudicación de nuevos parajes, rechazo a avasallamientos y aceleración de proyectos extractivos mayores. Las dos primeras categorías se caracterizan por ser disputas vinculadas a la demanda de apropiación, control y explotación de reservorios mineralógicos, ya fuese para mantenerlos u obtenerlos,mientras que la segunda se refiere a aquellos conflictos destinados a la consecución de rentas y/o beneficios provenientes de grandes proyectos mineros, fundamentalmente por regalías mineras.  Una diferencia sustancial con años precedentes, es que en su generalidad los conflictos mineros ya no son de raíz laboral. Una diferencia sustancial con el año que antecede al periodo, es que en su generalidad los conflictos mineros ya no son de raíz laboral (por mejores condiciones laborales, generación de fuentes de empleo, incremento salarial, etc.).

Los principales casos por adjudicación de parajes se dieron en la mina La Veloz y Mallku Kota en  Potosí; la mina Totoral en Oruro; Sayaquira y Colquiri en La Paz. Los conflictos por avasallamientos, por lo general, enfrentaron a comunidades campesinas  con trabajadores mineros y a mineros asalariados con cooperativistas; los casos más significativos fueron los de  Colquiri y Amayapampa  en La Paz; Porco en Potosí; y la mina Bolívar en la frontera entre Oruro y Cochabamba. Finalmente, el principal caso referido a conflictos por grandes proyectos extractivos es el del Mutún  en Santa Cruz.

Los conflictos por tierras cultivables están vinculados con la escasez y la concomitante elevación de precios de los alimentos, no solamente a nivel local sino también internacional. Así se generó un alta demanda para laconcentración de la tierra cultivable, lo que ha llevado al Gobierno incluso a extender la frontera agrícola.  Los principales casos movilizaron a campesinos de diferentes regiones - entre ellas de Pando, Bermejo (Tarija) y Yapacaní (Santa Cruz)- por dotación y titulación de tierras productivas; la promoción de estos conflictos por organizaciones como el Movimiento Sin Tierra en Potosí, Santa Cruz y Cochabamba. Tienen relación con este tema dos grandes conflictos que determinaron la tensión político social de aquel momento: la presión de los sectores cocaleros en el área del TIPNIS; y la pugna limítrofe entre Coroma y Quillacas (Oruro), en tanto están en disputa zonas aptas para la producción de quinua.

Entre los conflictos por producción hidrocarburífera el más significativo fue el del pozo Margarita que tuvo la capacidad de masificar movilizaciones articuladas por sectores cívicos-territoriales en los departamentos de Chuquisaca y Tarija. Además de éste se registraron movilizaciones protagonizadas por el Comité Cívico de Camiri (Santa Cruz), pidiendo la explotación de hidrocarburos en el área.  Los elevados intereses por la rentabilidad hidrocarburífera llevaron, también, a la conformación un comité de defensa empresarial a favor de la industrialización de los hidrocarburos que demandó, obviamente,  cuotas de participación en esta actividad.   

Bajo esta tipología de conflictos por recursos naturales se movilizaron 93  actores distintos, de los cuales aquellos pertenecientes al sector minero fueron los más activos (lo más visibles dentro de estos fueron los asalariados), seguido por el sector agropecuario-campesino (comunidades interculturales y productores de coca) y finalmente por el cívico (UNIR, 2013).

Sostenibilidad, contaminación y defensa del medio ambiente

En Bolivia, la visión del desarrollo sostenible está cada vez más vigente; se evidencia por ejemplo un gran conjunto de normas destinadas a la protección del medio ambiente y un discurso político común a diversos agentes políticos y a varias organizaciones sociales que defiende la armonización entre las prácticas productivas y la naturaleza (con matices).Pero el discurso político, por su propia naturaleza, al procurar  la empatía de sus destinatarios y una interpelación política efectiva, puede permanecer en un plano simbólico, no comprometiendo a las prácticas concretas de sus enunciantes.Esto explica que gran parte de los operadores económicos no cumpla la normativa debido a vacíos y ambigüedades, falta de control estatal y flexibilización de ésta ante la existencia de intereses diversos.

Los actores inmersos en los conflictos ambientales, perciben a los recursos naturales en directa asociación con la incidencia que éstos tienen – en su explotación y/o aprovechamiento – en su vida cotidiana. Es por ello que estos conflictos son una forma de mecanismo de defensa en contra de las empresas, grupos o entidades estatales responsables de los problemas mencionados – o de su falta de prevención y control – y sus efectos nocivos. Sin embargo, sorprendentemente, este tipo de conflictividad es mínima: son poco frecuentes y de baja o nula intensidad.

Las causas de esto pueden ser varias. Hay un desconocimiento de los impactos ambientales ante el aislamiento de algunas zonas afectadas; segundo, es difícil llegar a demostrar la correspondencia entre alguna actividad y algún problema ambiental, generalmente son requeridos estudios técnicos de alto costo; tercero, en zonas bastante empobrecidas es relativamente fácil poder cooptar a dirigentes locales y familias para lograr su aprobación con respecto a la realización de actividades contaminantes, al mismo tiempo que, sin necesidad de hacerlo, algunas comunidades ponderarán más los potenciales beneficios inmediatos que los riegos ambientales futuros; cuarto, existen enormes asimetrías de poder entre las empresas y entidades, y las comunidades afectadas; y finalmente, dada la importancia esencial de determinadas actividades humanas masivas – transporte, consumo de agua, uso de alcantarillado, generación de residuos sólidos,  etc. –, la prevención y mitigación de la contaminación que éstas generan suelen ser vistas como secundarias, en particular por los altos costos que suponen.

En el periodo de análisis, se registraron 55 conflictos de los cuales casi la mitad tuvo relación con el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por lo que es posible que esta cifra en realidad sea mucho menor. Los casos que se pudieron estudiar surgieron a partir de situaciones de contaminación demasiado críticas y ante la mínima atención por parte de las autoridades. No obstante, se ha observado que aún en casos muy paradigmáticos, la escasa respuesta recibida tiende a generar pasividad en los afectados, causando su retroceso y la adopción de medidas alternas, como la migración o abandono de las zonas contaminadas o, incluso, la aceptación y convivencia con el problema.

Los diferentes actores movilizados por esta temática sumaron un 86, de los cuales 16 no estaban directamente vinculados con las problemáticas, se movilizaron por solidaridad o empatía con algún otro actor y por lo menos 28 lo hicieron desde organizaciones sociales matrices. Exceptuando el caso del TIPNIS, la conflictividad de este tipo tiene a una particularización y localización del conflicto, por lo que tiene menor probabilidad de expansión geográfica y sectorial.

Este tipo de conflicto puede ser dividido en conflictos ambientales urbanos y conflictos por impactos  de actividades extractivas. Los primeros representaron el 41,8% del total de conflictos ambientales y son efecto del intenso crecimiento urbano en Bolivia, sin planificación adecuada o control, como el de Kara Kara en Cochabamba. Los segundos representaron el 13% del total pero, la cifra no expresa la magnitud real de esta problemática ambiental. Dos de las situaciones más críticas estuvieron relacionadas con la contaminación de la cuenca del Desaguadero (La Paz, frontera con Perú) y de las aguas del Pilcomayo (Tarija frontera con Argentina).

Conservación de medios de vida y defensa del territorio indígena

La demanda territorial de los pueblos indígenas nace de la necesidad por conservar y/o defender sus sistemas de producción y modos de vida tradicionales frente a la creciente presión de la economía capitalista y la expansión institucional del Estado. Por supuesto, dicha presión carga al mismo tiempo un componente ideológico-civilizatorio que, además de transformar el espacio ocupado por los pueblos indígenas, trastorna a mediano plazo su vínculo identitario. El territorio constituye por así decirlo, el último reducto indígena.

El conflicto del TIPNIS tiene múltiples dimensiones (UNIR Bolivia, 2011), que se evidencian en las demandas de diversa raigambre plasmadas en los dos pliegos petitorios (VIII y IX Marchas) de las organizaciones indígenas y en las posturas de los actores sociales involucrados. De todas ellas se identifican dos centrales: la resistencia al avasallamiento de un área doblemente protegida (parque nacional y territorio indígena),para la  construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba) San Ignacio de Moxos (Beni), en relación a las implicaciones que ello tendría en la vida diaria de las comunidades indígenas asentadas, y el rechazo a actividades que podrían generar daños irreversibles en la biodiversidad natural y el medio ambiente.

Estas problemáticas ya habían sido visualizadas varios años antes, cuando los pueblos indígenas del TIPNIS - mojeños, yuracarés y chimanes - denunciaron no haber sido consultados con respecto al proyecto carretero que atravesaría su territorio, además de continuos avasallamientos por parte de productores de coca del Chapare (Cochabamba). Estos últimos produjeron violentos enfrentamientos en las zonas perimetrales del TIPNIS, con saldos de heridos de gravedad y destrucción de bienes.

A raíz de la persistencia del Gobierno en construir la carretera, a la cual sólo le faltaba el tramo central, los indígenas del TIPNIS, enmarcados en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), decidieron recurrir una vez más al simbólico uso de la marcha. Así, durante julio y octubre del 2011, por algo más de 70 días, se llevó a cabo la VIII Marcha Indígena que recorrió alrededor de 600 km entre Trinidad y la ciudad de La Paz. Un hecho particular fue la adhesión de actores urbanos no directamente involucrados, como el magisterio, estudiantes universitarios, activistas políticos, organizaciones cívicas, posiblemente debido al trasfondo de defensa ambiental y el fuerte momento de interpelación al gobierno.

A favor de la construcción de la carretera se movilizaron alrededor de 31 diferentes actores  pertenecientes en su mayoría a sectores agropecuarios/campesinos (41%), organizaciones articuladas por lineamientos políticos (9%) además de varias otras de extracción vecinal/comunitaria (UNIR, 2013). En su mayoría, estos actores provenían de comunidades situadas en cercanías del proyecto carretero, ya fuese del lado del departamento  de Beni o de Cochabamba, evidenciándose una sectorialización  en tanto los intereses vertidos en sus demandas implicaban sólo a aquellos directamente afectados.

Si bien el conflicto del TIPNIS fue el más representativo con respecto a las tensiones territoriales y de defensa de derechos indígenas, en el periodo se observaron al menos una docena de otros casos. La mayoría de estos ocurrieron en la parte oriental del país, demostrando que la incidencia de esta problemática es sobre todo en tierras bajas. Las demandas planteadas tuvieron en su mayoría relación con el saneamiento de tierras ante presiones de campesinos locales y  el Movimiento sin Tierra, el respeto a la autodeterminación indígena, y la otorgación de recursos para la consolidación de autonomías indígena.

En su mayoría estos conflictos tuvieron baja repercusión, quizás por su baja radicalidad: las medidas de presión ejercidas fueron de baja afectación a terceros. La mínima atención que recibieron, tal como sucede con los ambientales, llevó a que en casos extremos, se asuman soluciones alternativas: en el caso de los Weenhayek, los cuales perdieron su capacidad de reproducción social debido a la contaminación del Río Pilcomayo y la presión de las actividades económicas en la región, éstos se vieron obligados a la modificar sus actividades cotidianas, en este caso la pesca, y la migración hacia el norte argentino. 

Discurso y realidad

De las tres visiones mencionadas, la percepción del desarrollo basado en la apropiación del excedente, en el caso boliviano de tipo extractivista, en mayor o menor medida, parece ser transversal a los grupos sociales del país, acto que se refleja en el propio manejo político/económico de la presente gestión gubernamental, en las fragmentación interna en las comunidades que habitan el TIPNIS, y en varios sectores. Incluso se ha podido observar algunos casos de defensa del territorio indígena en los cuales la visión pragmática de uso de los recursos naturales a costa de los impactos ambientales es aceptada a cambio de la recepción de compensaciones económicas.

La existencia de todos estos conflictos, sus repercusiones e implicaciones proyectan  la necesidad de replantear varios aspectos del entendimiento del  desarrollo en Bolivia. Las críticas que se han venido dando desde la misma aparición del paradigma modernizador y progresista del desarrollo en la década de 1940 hasta el Vivir Bien de nuestros días, no han logrado una transformación profunda más sólo en los aspectos teórico-filosóficos. El vivir bien, es una gran apuesta que, pese a su positiva recepción en los círculos académicos y políticos, no ha logrado concretarse, especialmente cuando es confrontado con los intereses de los operadores económicos, quienes siguen promoviendo una generación de excedentes, y de desarrollo, a costa de una explotación depredadora de la naturaleza.

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¹ Licenciado en Ciencias Políticas y actual analista e investigador en la Fundación UNIR Bolivia.

² Licenciado en Ciencias Políticas y actual profesional de análisis de conflictos en la Fundación UNIR.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Las políticas comerciales determinan qué recursos productivos- tierra, trabajo, capital e innovación tecnológica-se facilitan en atención al modelo de desarrollo rural imperante y desde la organización política estatal se establecen, a su vez, los marcos normativos que definen las reglas de acción de los actores agrarios. De esta forma, el peso específico que asumen las relaciones de fuerza entre cada uno, condicionan o posibilitan preferencialmente el acceso a tales recursos y se "construyen" por acción o por omisión desde el ámbito estatal.

Las políticas comerciales también son decisivas para la expansión o contracción de las brechas de género en relación al acceso a los recursos naturales y productivos, entre ellos la tierra. La forma de inserción de nuestros países a los mercados mundiales, en este caso predominantemente desde la agro-exportación, determina la expansión de determinados cultivos en forma de otros, obra como aliciente a formas de producción agraria específicas en detrimento de otras y determina también qué mercados se priorizan.

Eso impacta de forma directa en el valor de mercado de los factores de producción agraria, entre ellos la tierra, y determina qué actores agrarios recibirán transferencias de tecnologías, créditos, exenciones tributarias, margen de competitividad interna y externa posibilitada por las políticas monetarias, transferencia de ingresos desde otros sectores de actividad económica, entre otros aspectos. Sin embargo esta importante variable no suele ser tomada en cuenta en la elaboración de estudios e informes respecto al acceso a la tierra.

En la misma línea de análisis debe recalcarse que las desigualdades de género son "construidas"  en las sociedades. Esto implica que también pueden ser modificadas, como lo demuestran ejemplos de medidas de discriminación positiva o acción afirmativa. En ese marco se plantean el razonamiento que expone el presente artículo.

Mirada de género

El alcance preciso del concepto  de género implica una relación de poder primario, asimétrico y jerárquico entre varones y mujeres, legitimada por discursos normativos basados en la diferencia sexual y sobre la que se edifica el orden social en su conjunto (Joan Scott, Gender: A useful category of historical analysis" en American Historical Review, N° 91.USA 1986).

En el plano del desarrollo económico, este concepto relacional implica reconocer condiciones inequitativas en cuanto a la producción, circulación, distribución y apropiación de los recursos materiales y simbólicos generados por nuestras sociedades. Es aplicable particularmente al acceso, distribución y uso de los recursos implicados en la producción agraria y a las condiciones de posibilidad  de existencia y reproducción de los modos de vida rurales. En cambio, cuando se asume que género es igual a mujeres, el concepto pierde la perspectiva relacional y  disminuye su potencial analítico y capacidad de transversalización en temas tales como la concentración y extranjerización de la tierra.

El enfoque de género también es una forma más integral de construir los objetos de conocimiento de la actividad humana; es el más potente de los indicadores de las desigualdades responsables de los desequilibrios económicos, ya que toda actividad humana está protagonizada por varones y mujeres que interactúan entre sí en determinadas relaciones de poder, justificadas desde la diferencia sexual que luego se proyectan a su registro discurso/normativo que se proyecta a la acción planificada.

Quienes tienen la potestad de registrar y la capacidad de actuar en los variados aspectos de la realidad social también están imbuidos del orden de género enunciado.

Intersecciones y yuxtaposiciones

El tópico "Acceso de las mujeres a la tierra" adscribe a la idea de dificultades de acceso a la propiedad legal de la tierra. Aunque la mera propiedad legal de la tierra no revierte la subalternización y discriminación que padecen muchas mujeres rurales, no solo en el contexto latinoamericano sino en vastas regiones del mundo en desarrollo, se considera un punto de partida para aquellas que además están sumergidas en la pobreza. Sin embargo, observando la implementación de las actuales Reformas Agrarias institucionalizadas normativamente, como las de Brasil y Paraguay, que por definición democratizarían el acceso a la tierra, se puede constatar que no han logrado revertir desigualdades de acceso a este recurso por parte de las mujeres.

Los estudios realizados por Adriana Lópes y Andrea BUTTO el año 2008,  difundidos en el documento Mulheres na Reforma Agrária. A experiencia recente no arosa, verifican significativos progresos en virtud de la aplicación de una normativa reparadora por ejemplo las instrucciones normativas del Instituto Nacional de Colonizado e Reforma Agraria (INCRAD) 38/2007, que equiparó las medidas de acceso de varones y mujeres a las tierras públicas cedidas por el Estado, merced a medidas de discriminación positiva a favor de las últimas con acento en las titulaciones de lotes para las jefas de familia. En las próximas décadas podrá evaluarse si se llega a la paridad en la tenencia efectiva de la tierra mediante esta medida en este país.

Respecto a la existencia de una importante franja de la población rural compuesta de jefas de hogar en la región, es necesario mencionar, en primer lugar, que usualmente solo se las considera jefas de hogar cuando están solas, dado que si existiera un varón adulto cohabitando el predio o lote, se establecería  a priori que es el "jefe de hogar" sin evaluar quien tome las decisiones o aporte la mayor cantidad de activos e ingresos o que la jefatura del hogar pueda estar cogestionada entre ambos. En los programas públicos relacionados al desarrollo rural de los países sudamericanos la idea de jefatura de hogar está establecida desde un sesgo masculino e individual.

En este punto la medida normativa y programática más avanzada corresponde al Estado paraguayo, ya que en el Estatuto Agrario fijado por Ley 1.863/02, artículo 49, inciso b se establece la calificación más alta en el orden de preferencia para acceder a lotes en posesión del Organismo de Aplicación (INDERT) a "mujeres, cabeza de familia". Constituye la única medida de acción positiva directa direccionada a las mujeres rurales solas cabeza de familia en las legislaciones y programas analizados.

En orden a lo analizado aquí existiría una relación entre niveles de intensidad Institucional y presencia o ausencia de medidas tendientes a la equidad de género, y entre estas y la potencial consolidación de modelos de desarrollo democráticos, nacionales y populares que expresan Estados Nacionales fuertes y presentes en todos los aspectos redistributivos de recursos y oportunidades, los que consecuentemente configurarán desde la meta de equidad, en todos sus aspectos, los diseños institucionales y administrativos.

La serie histórica de estos datos es una excelente herramienta para ponderar el impacto de las políticas comerciales que expresan los modelos de desarrollo rural de nuestros países en cuanto al acceso y uso de la tierra por parte de los distintos estratos y es posible lograr sinérgicamente en el mismo esfuerzo de colección y clasificación de información incorporar la desagregación por sexo de los datos obtenidos, permitiendo así a partir de la aplicación de la misma variable un posterior análisis múltiple con diferentes enfoques, entre ellos el de género.

Esto tiene directa relación con los distintos estratos socio agrarios, ya que para los sectores de campesinado y pueblos originarios la distribución de la tierra pública es una oportunidad casi excluyente como canal de acceso a este recurso, en cambio para los sectores ligados a la agro exportación que cuentan con acceso preferencial a los demás factores productivos como créditos, capacitación, transferencias tecnológicas y etc. el canal de acceso a la tierra donde más participan es en los mercados de inmuebles rurales.

La herencia intrafamiliar es un indicador privilegiado que muestra la distancia entre el Derecho Sucesorio igualitario-propio de nuestra tradición legal común- y la concentración masculina de la propiedad de la tierra fácilmente verificable desagregando por sexo los ítems del Régimen de Tenencia de la Tierra en los Censos Agropecuarios. Por un tradicional sesgo sexista las definiciones censales usualmente superponen en una figura única adulta y masculina el triple estatus de titular de la tierra, titular de la explotación y jefe de familia.

Como canal de movilidad de la tierra, la herencia intrafamiliar es quizás el de mayor cantidad de intercambios de titularidad sobre ese recurso y, probablemente, el que afecta a una mayor extensión de superficie, además de atravesar axialmente a todos los estratos socio agrarios en cuando a su universalidad: todos y todas somos sujetos de Derecho, independientemente del canal originario de acceso a la propiedad rural. Aunque este indicador tendrá menos peso cuantitativo en los sectores agrarios adscriptos a la pobreza rural por razones de incidencia de la irregularidad de títulos de propiedad de las tierras que habitan y producen.

Los diagnósticos que circunscriben su observación a la adscripción  "género - pobreza rural" no permiten comprender cómo y gracias a quiénes se produce y reproduce la pobreza rural. Tales descripciones estáticas no perciben dinámicas de procesos de desarrollo rural específicos que contraen o expansionan desigualdades tanto de renta agraria como las de género, ambas intrínsecamente relacionadas y que se expresan rotundamente en el régimen de Propiedad de la Tierra en sentido amplio, es decir más amplio que la mera propiedad legal de la tierra.

Organizaciones civiles como concepto indicador

Si bien los modelos de desarrollo rural basados en el predominio de la agricultura de exportación aparecen como exitosos en términos de comercio internacional, no dejan de expresarse en la esfera pública las evidencias de sus límites ambientales, sociales, económicos y políticos que progresivamente son padecidos por aquellos estratos socio agrarios más desfavorecidos por acción u omisión por las políticas públicas de sus países y cuyas demandas son hoy expresadas por movimientos sociales.

En el marco de la REAF el concepto de "Organizaciones de la sociedad civil" intentó abarcar inicialmente no solo a los movimientos reivindicativos surgidos de los estratos agrarios subalternos de la región como campesinado y pueblos originarios, sino también a las organizaciones agrarias tradicionales que expresan a otros estratos agrarios vinculados preferentemente a la agro-exportación, lo cual en la actualidad es un tema de intenso debate al interior de la REAF en su conjunto.

Cabe señalar que la visibilidad política de los movimientos sociales rurales de la región va en aumento y en sus agendas reivindicativas, por lo general, no existe un reconocimiento a la desigualdad de género como un problema de primer orden para la sostenibilidad del desarrollo rural, tan importante como otras desigualdades basadas en criterios de percepción de ingresos y de volumen de producción que sí expresan con claridad en sus diagnósticos y demandas.

Por ello, utilizar la variable sexo como indicador de la composición de las organizaciones, para analizar la presencia o ausencia de demandas sobre un mayor acceso de las mujeres a la Tierra, plantea un formato rígido, que ubica como modelo generalizable al MERCOSUR Ampliado, lo que son realmente casos particularmente significativos en una región nacional, pero que en otros Estados no habría equivalentes similares con que comparar, dadas las características históricas de las estructuras agrarias de los demás Estados.

La composición por sexo de las organizaciones civiles no necesariamente tiene que ver con la existencia o ausencia de demandas de igualdad de acceso de las mujeres a los recursos productivos. En cambio, la tendría el hecho de comparar las demandas y agendas reivindicativas de movimientos sociales que expresarían al campesinado y a pueblos originarios orientados predominantemente hacia la producción campesina de subsistencia o con pequeños excedentes que vuelcan a mercados regionales en circuitos cortos de comercialización con grupos que expresan las demandas de familias rurales que producen por y para la agro exportación conlleva la omisión de algo tan evidente: el acceso a la propiedad legal de la tierra tiene un peso muy diferente en cada estrato socio agrario y por ende para varones y mujeres al interior de esos estratos.

El caso paradigmático de este problema lo expresa la organización argentina "Mujeres en Lucha” (MML),  liderada y constituida por mujeres de familias 'gringas', o sea, descendientes de inmigración europea, que históricamente se dedicaron a la agricultura para la exportación a escala. A pesar de tener un nombre del que se inferiría alguna vinculación con las desigualdades de género en su agenda reivindicativa el reclamo por conservar las tierras ante los eventuales remates por deudas tenía que ver con la continuidad del patrimonio familiar y no con demandas de igualdad de género en el acceso a la tierra. Sin embargo tuvieron una inédita presencia en el espacio público, siendo un grupo integrado por mujeres esposas de productores endeudados y a punto de perder fas tierras, que salieron al espacio público con una identificación inusual entre las organizaciones ruralistas propias de su sector socio-agrario.

Usando los indicadores "Organizaciones de varones" y "Organizaciones mixtas" es imposible lograr información fiable para comparar es más evidente. No existen organizaciones que demanden acceso a la tierra ni cualquier otra demanda que se autodefinan "de Varones" como sí ocurre en caso contrario con aquellas "de Mujeres" precisamente porque esta necesidad de denominación expresa que los varones no necesitan aclarar que poseen el status de "productor "-no hay organizaciones que se denominen varones rurales o varones agropecuarios por ejemplo- y sin embargo en las denominaciones de organizaciones protagonizadas por mujeres sí ocurre esto. Por obvias razones de orden de género.

Las composiciones "mixtas" también inducen a recolectar información no confiable porque la mera existencia de ambos sexos en una organización no da cuenta que las cúpulas decisorias además de contar anecdóticamente con mujeres, estas no toman usualmente la demanda de la igualdad de género o no poseen la fuerza para imponerla ya que el grueso de las mujeres presentes en esas organizaciones están sobre-representadas hacia abajo de la pirámide organizacional, o son solo espacios reservados a "las mujeres" como la Secretaria de la Mujer o instancias deliberativas en paralelo con la estructura decisoria de la organización.

Por todo lo anteriormente expuesto, aquí se propone que el indicador se base en la presencia o ausencia de la demanda de equidad de género para el acceso a la tierra en las agendas reivindicativas de las organizaciones analizadas, en la convicción que la información comparativa recabada sería más fiable y de mayor utilidad no solo en términos de “mapeo” sino en términos de estrategia y sugerencias por parte de los grupos de trabajo en la estructura del MERCOSUR.

Indicadores estadísticos

Si bien en los documentos, conferencias, seminarios y publicaciones presentadas por las Secciones Nacionales en el Ámbito del Grupo de Trabajo que analiza estos temas en MERCOSUR se mencionan reiteradamente las ausencias de información estadística y censal que no permiten reflejar no solo la situación de las mujeres respecto a la Tierra sino respecto a las demás variables de producción agrícola, no se ha logrado aún una propuesta común de modificación de las definiciones y categorías censales del ítem ' régimen de Propiedad de la Tierra" presentes en todos los Censos Agropecuarios nacionales para ser sugerida a las instancias gubernativas,

De hecho los estudios de diagnóstico realizados hasta el momento se han basado en lo expresado en los resultados de los Censos Agropecuarios, de forma acrítica respecto a cómo se construyen las determinaciones censales y las planillas de recogida de datos que por ejemplo no discriminan por sexo más que en algunas pocas variables, generalmente en el trabajo rural salariado. Analizar los dispositivos de recogida de información censal y estadística puede contribuir a reducir la pervivencia rasgos lingüísticos sexistas presentes en algunas "definiciones" que ocasionan en muchos casos una recogida de datos sesgada o con un significativo grado de sub registro, especialmente en el caso de las brechas de género.

Sería eficaz aprovechar el esfuerzo técnico y económico que comporta la implementación de los recientes Registros Nacionales de Agricultura Familiar resultantes de las iniciativas de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) y que se encuentran ya en marcha en algunos países, para incorporar en los ítem relacionados a la tierra existentes en las planillas de recogidas de datos, la desagregación por sexo de la titularidad y de las demás formas de tenencia de la tierra así como el origen de la propiedad de la tierra de uso familiar (herencia intrafamiliar, mercado de inmuebles rurales, regularización del dominio y de la distribución de tierras estatales) que paliará también otras insuficiencias de captación de tales datos en los Censos Agropecuarios oficiales en nuestros países.

Otro tema pendiente en la perspectiva comparada que ofrecen las matrices comparativas es incorporar en el debate por el acceso a la tierra en perspectiva de género a las demandas de los pueblos originarios de la región que basan, en general, su concepción de acceso uso y control de este recurso en la propiedad colectiva y la propiedad comunal incorporada en la legislación fundaría de Paraguay.

La dimensión colectiva de la propiedad de la tierra propia de las culturas originarias rompe con la concepción liberal basada en la propiedad privada que subyace en los ordenamientos constitucionales, aunque algunos, más recientemente, han incorporado reconocimientos a sus derechos en las Constituciones Nacionales, con énfasis en la recuperación de tierras.

La demanda de propiedad de la tierra, tensiona a las estrategias de reparación en cuanto al acceso de las mujeres a la tierra basadas en una concepción de derecho individual a la titulación, como lo es actualmente para los varones, mayoría de beneficiarios de titulaciones o a lo sumo en la conyugalidad o integración de parejas estables como fundamento de las medidas de co - titulación.

El enfoque de género en el desarrollo rural reconoce que varones y mujeres están posicionados de manera diferencial respecto al acceso, uso y disfrute de los recursos productivos, entre ellos la tierra, y puede interactuar con mayor amplitud respecto a esta tensión que aquellos enfoques de reparación en los que se basan las políticas enfocadas en “Mujeres”, fundamentalmente porque el concepto de genero parte de un enfoque relacional, interactivo y sistémico de las asimetrías detectadas entre varones y mujeres a lo largo de las estructuras agrarias.

Sugerencias

El enfoque de género debería ser aprovechado como un indicador privilegiado de los desequilibrios del desarrollo rural en los países que componen el MERCOSUR, ya que atraviesa longitudinalmente todas las actividades rurales y verticalmente las estructuras socio-agrarias nacionales. Los estudios técnicos oficiales y las pesquisas académicas que se soliciten deberían tomar en cuenta una escala de observación más integradora y factible de ser transversales que el actual planteo del problema “Acceso de las mujeres a la tierra” para que sus recomendaciones dejen de ser incorporadas como un componente añadido, subalterno y descontextualizado de los temas considerados más importantes.

La insuficiencia de enfocarse solo en la titularidad de la tierra se expresa con fuerza en el fenómeno de la expansión de los arrendamientos en consonancia con la expansión del cultivo de la soja. Este proceso está  insuficientemente medido por los Registros y Censos nacionales en su conjunto y también tiene impacto en las brechas de renta y de desigualdad de género en el acceso a la Tierra. Desde los marcos conceptuales utilizados actualmente no es posible evaluar este impacto, tampoco estos marcos posibilitan la integración de un enfoque de género en los debates sobre extranjerización, concentración de la tierra, arrendamientos y otros temas vinculados a la cuestión de la tierra, en el marco de las dinámicas inequitativas que imponen nuestros modelos agro exportadores en nuestra historia reciente común. 

Cuando las desigualdades de género se presenten y puedan demostrar ser un serio obstáculo al desarrollo rural sostenible de nuestros países, se habrá logrado comunicabilidad en el mainstream de las resoluciones y recomendaciones de las instituciones del MERCOSUR.

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* Historiadora, investigadora, docente y consultora en temas de desarrollo rural para diversos organismos públicos de la Argentina y del exterior. www.lilianferro.com.ar

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Hambre y negocios

En las décadas 50 y 60 del siglo pasado, luego de haberse experimentado grandes hambrunas a consecuencia de dos guerras mundiales y factores climáticos como sequías, principalmente en África, se inició con otro proceso denominado “revolución verde”, pensada para incrementar la disponibilidad de alimentos para una población en permanente crecimiento.

Si bien esta revolución desarrolló tecnologías que han permitido obtener una producción de alimentos como nunca antes en la historia, lo que en su momento fue importante para evitar la muerte por hambre de cientos de miles de personas, ahora la lógica ha cambiado, porque los intereses están orientados a lograr la mayor rentabilidad posible a partir de la comercialización de los alimentos.

Al final, resulta que la revolución verde ha terminado beneficiando solamente a empresas transnacionales que actualmente tienen control desde la producción de las semillas hasta la venta de alimentos. Las 32 cadenas de supermercados más grandes controlan el 34% del mercado global de distribución de comestibles. Las diez mayores corporaciones controlan el 84% del valor del mercado de agroquímicos a nivel mundial. Finalmente, diez corporaciones obtienen el 55% del valor del mercado mundial de semillas y controlan el 64% del mercado mundial de semillas patentadas.

Luego de casi 70 años de su inicio, en el 2008 estallaron los efectos negativos de este nuevo sistema agroalimentario, cuando los precios de los alimentos se incrementaron de manera descontrolada por la especulación generada en las bolsas de valores donde se comercializan, y las empresas de semillas, fertilizantes y venenos registraban ganancias record y junto con ellas también se registró un número record de personas con hambre en toda la historia de la humanidad, más de mil millones, echando por la borda décadas de esfuerzo para eliminar el hambre y la inseguridad alimentaria.

Esa forma de entender la seguridad alimentaria, reduciéndola a la producción de alimentos destinados al mercado y mejor si es el de exportación, asumiendo que por añadidura un mejor ingreso económico de las familias les permitirá acceder a alimentos más baratos y, por ende, mejorar su estado nutricional sigue influenciando de manera importante a los proyectos de desarrollo rural y de producción de alimentos. Desde esa perspectiva se deja de lado e inclusive se olvida promover la producción de alimentos para el consumo de las familias y ni qué decir de acciones orientadas al mejoramiento del estado nutricional o la educación alimentaria nutricional.

Negocios y hábitos alimenticios

Un mercado de alimentos controlado por las transnacionales vinculadas a su producción y comercialización, implica que éstas definen los commodities que se van a producir, lo que ha provocado un cambio drástico en los patrones y hábitos de alimentación, no solamente de las poblaciones urbanas sino también de las rurales, ejemplo de ello es el incremento en el consumo de azúcares y grasas a partir del fast food, alimentos altamente procesados y bebidas azucaradas.

Esto también afecta a los recién nacidos y los niños menores de dos años, ya que se tiende a que la lactancia materna sea sustituida por las denominadas leches de fórmula, lo que incide no solamente en la salud de los niños, sino que también provoca daños económicos a los países. En Bolivia, por ejemplo, se ha calculado que el valor monetario de la leche materna consumida por los lactantes asciende a $US 274 millones anuales. El costo promedio de la sustitución de leche materna con sucedáneos comerciales en un lactante amamantado adecuadamente el primer año de vida asciende a $US 407.

Uno de los efectos más evidentes de la alteración de los patrones de consumo de alimentos son las  verdaderas epidemias de sobrepeso y obesidad, ya presentes en países como México, Brasil y Chile, que tienen prevalencias de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años por encima del 25% con la tendencia a aumentar. Los estudios de varios países nos muestran que están en pleno proceso de transición epidemiológica.

En esta nueva realidad, las personas ahora tienen un mayor riesgo de morir de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, enfermedades cardiacas, insuficiencia renal y cáncer, que ya representan 70% de la mortalidad en la región. Por consiguiente, los gastos en salud se deben incrementar, estudios realizados en Brasil nos muestran que en ese país se gasta alrededor de $US 240 millones anuales para atender enfermedades relacionadas a la obesidad. En Bolivia, el programa renal tiene un presupuesto anual de $US 1.6 millones, que resultan totalmente insuficientes ante la creciente cantidad de personas con enfermedades renales.

Además de los gastos para el sistema de salud, se debe tomar en cuenta que estas personas enfermas no pueden aportar a los ingresos de su hogar; y por el contrario, se debe realizar mayores gastos en medicamentos, reduciendo así el presupuesto familiar para la compra de alimentos y aumentando su vulnerabilidad. Esto, sin contar la disminución en la calidad de vida.

Alimentación y salud

Con los descubrimientos de la función de los micro y macronutrientes en el organismo, la nutrición ha adquirido importancia y su valor ha sido reconocido: una buena nutrición es básica para la salud, es esencial para el desarrollo físico y cognoscitivo óptimo, mejora el rendimiento escolar y la capacidad de trabajo. En otros ámbitos, el mismo Banco Mundial ha señalado que la nutrición no es tan sólo una cuestión de bienestar o de derechos humanos, es una inversión económica, es un motor  para el desarrollo económico y social equitativo, garantizando gobernabilidad y estabilidad política, por lo que el nivel nutricional es considerado como un indicador y resultado del desarrollo nacional.

A partir de esta evidencia, se están realizando numerosas investigaciones sobre las múltiples relaciones y vínculos que existen entre la agricultura, salud y nutrición. Las políticas agrícolas juegan un rol determinante en  la situación de salud y nutrición de las personas y las comunidades, siendo los niños los de mayor vulnerabilidad ante los efectos negativos de tales medidas; y viceversa, el estado de salud de los agricultores afecta directamente la producción de alimentos.

En un contexto tan complejo, que además de la crisis alimentaria conjuga otras crisis como la financiera, ambiental y política, en la cual se está debatiendo la nueva ruralidad de nuestros países, y por lo tanto, de las estrategias para su desarrollo. La seguridad alimentaria debe tomar muy en cuenta la nutrición, ya que ahora no solamente se debe trabajar contra las consecuencias de la escasez de alimentos, sino también contra los efectos provocados por el excesivo consumo de algunos alimentos, que pueden conjugarse en un mismo hogar: la madre con obesidad y el hijo con desnutrición.

Los programas y proyectos orientados a la seguridad alimentaria, necesariamente deben incorporar acciones dirigidas al mejoramiento de los indicadores de nutrición. En este sentido, la nueva apuesta debe ser por el derecho a la alimentación, la agricultura familiar y el reconocimiento del rol fundamental que (nuevamente) debe jugar la mujer, resaltando y reconociendo su labor social y económica, generando espacios de acceso a la educación, a la tecnología y a los medios de producción, promoviendo su participación y liderazgo en la toma de decisiones.

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* Ingeniero agrónomo graduado de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Experto en Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutricional, y Soberanía Alimentaria. Actualmente está trabajando en la Unidad del Derecho a la Alimentación de FAO.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

A partir de la descripción general de una experiencia la autora aporta al planteamiento de nuevos desafíos de la capacitación - formación de equipos de ONG que trabajan en el ámbito del desarrollo rural, brindando algunas ideas metodológicas y prácticas para lograr que las acciones de estas instituciones continúen contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural en la región.

Una experiencia  enriquecedora

A continuación se describe y analiza el proceso de formación – capacitación de mujeres y hombres de los equipos que trabajan en ONG especializadas en desarrollo rural en los países de la región andina llevado adelante por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) en alianza con el Servicio protestante para el Desarrollo Pan para el Mundo (PPM) e instituciones de la región.

La experiencia se desarrolló durante un periodo de dos meses, al final del año 2012, bajo la denominación de Apuestas institucionales para la Seguridad y Soberanía Alimentaria,  con el propósito de enriquecer los conocimientos de los y las participantes y fortalecer el acercamiento de diferentes actores sobre este ámbito de acción del desarrollo rural.

Un conjunto de 14 personas, cuatro mujeres y diez hombres, de Bolivia, Perú y Ecuador, llegaron a participar de la experiencia, habiendo sido elegidas luego de un proceso de postulación y selección en el que cada institución y profesional planteó su interés y compromiso para ser parte de las tres fases (dos virtuales y una presencial) que formaron el ciclo.

En la primera fase virtual se promovió la reflexión individual de los y las participantes, como insumo de la reflexión colectiva y el intercambio de experiencias e información. Para esto se instalaron plenarias virtuales por medio de diversas plataformas en Internet. Durante esta fase, que constó de 37 horas de trabajo, se abordaron conceptos esenciales sobre seguridad alimentaria y nutricional, derechos vinculados a la producción y Seguridad y Soberanía Alimentaria, el contexto como referencia para el análisis y diversos aspectos de la agroecología, en varias tendencias de pensamiento. Los contenidos estuvieron vinculados al enfoque de autoeducación, que requiere una activa participación de las personas involucradas a través de lecturas comentadas, ejercicios prácticos, búsquedas en Internet, redacción de artículos y ensayos e investigación sobre datos de sus contextos de trabajo.

La fase presencial tuvo una duración de seis días, 53 horas académicas y 805 kilómetros recorridos, combinando facilitación, exposiciones a cargo de especialistas, interacción con experiencias exitosas vinculadas a la Seguridad y Soberanía Alimentaria y el contacto con organizaciones de productores. Se abordaron temas referidos a la concepción y construcción del concepto de Soberanía Alimentaria, datos de la producción campesina comparados con la industrial,  aspectos políticos de la Seguridad Alimentaria, ámbitos de aplicación del concepto; producción y consumo, comercio internacional de productos, commodities, producción familiar y mercados campesinos; nutrición como indicador social y político de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, derecho a la alimentación y responsabilidades de las ONG en este campo.

El seminario combinó exposiciones de especialistas internacionales con visitas en terreno a experiencias concretas en Cusco y Arequipa, Perú. La metodología puso énfasis en la posibilidad de combinar el conocimiento académico con las experiencias de campo, para lo cual se contó con la participación y apoyo de las instituciones peruanas ARARIWA (Cusco) y DESCO SUR (Arequipa). En Cusco se visitaron proyectos en las comunidades campesinas indígenas Pomacanchi y Acopía, aprovechando la oportunidad de conversar con mujeres y hombres productores y con funcionarios municipales, quienes expusieron sus propias experiencias sobre seguridad y soberanía alimentaria en el distrito, su participación en planes de viviendas saludables, organización familiar, cosecha de agua, crianza de peces y cuyes, abonos orgánicos, conservación de suelos, agroforestería, horticultura, riego y cosecha de agua y turismo vivencial. En Arequipa se visitaron los fundos Linde y Toccra, donde se pudo apreciar procesos de crianza de alpacas y producción orgánica de horticultura.

Finalmente, la tercera fase, nuevamente virtual, consistió en el cierre del ciclo con la elaboración de un trabajo individual expresado en un artículo o  proyecto, que debía reflejar el  contenido de las dos fases previas.

El proceso ha sido enriquecedor, ya que la práctica de cada institución es además parte de  experiencias personales que permean la formación de las y los involucrados en el trabajo para el desarrollo. La primera etapa sumó expectativas por compartir reflexiones; la segunda, con una agenda apretada, restó algunas horas de sueño pero sumó puntos en la valoración positiva sobre la hospitalidad y gastronomía peruana y acercó la teoría a la realidad, y la tercera reunió lo compartido en las anteriores etapas plantando el desafío de elaborar un trabajo que aportó de forma concreta a la institución.

Apuestas de este tipo de procesos son un espacio de formación y de encuentro con la diversidad de posibilidades de trabajo en desarrollo rural.

Razones para invertir en formación

Un proceso previo de diálogo entre treinta ONG de la región andina especializadas en desarrollo rural identificó, entre otros aspectos, la necesidad de asegurar mayores niveles de capacitación para los miembros de los equipos, facilitando el desarrollo de las capacidades individuales y, por tanto, la generación de competencia institucional ante las nuevas condiciones en el contexto rural andino

El cuidado del medio ambiente, la revalorización de la cultura y las nuevas relaciones que el mercado ha planteado en los sistemas de producción rural, son algunos de los factores que externamente obligan a las ONG a plantearse nuevos desafíos.

Por otro lado, es importante destacar que el contexto socio político actual en los diferentes países de la región presenta cambios particulares de actores tanto en el área del desarrollo rural como en lo interno de las organizaciones de base, que se expresan en niveles crecientes de empoderamiento, fenómenos de movilidad humana, mayores acceso y demandas de participación y toma de decisiones e incluso, en algunos casos, oportunidades de ejercer gobierno. Todo ello requiere que se amplíen la formación y capacitación periódica de los equipos como una de las maneras de aportar al logro de los objetivos institucionales.

El Ciclo Apuestas institucionales para la Seguridad y Soberanía Alimentaria fue una primera experiencia piloto para demostrar la validez de esa necesidad identificada y permitió plantear una serie de desafíos en el momento actual a raíz de condiciones críticas de contracción de los fondos y restricciones en la duración de proyectos para la cooperación en Sudamérica.

Aprendizajes

Un aspecto fundamental de la metodología en procesos de formación capacitación es cuidar la disciplina y experiencia concretas de cada persona, es decir la riqueza en formación y valores que cada profesional brinda en el desarrollo de su trabajo,  como uno de los insumos importantes para aportar a la formación de nuevos y distintos perfiles profesionales.

Al mismo tiempo, las metodologías de capacitación y formación de profesionales en el ámbito del desarrollo rural requieren las visitas de campo como recursos pedagógicos. Sin duda, experiencias que combinen conocimiento académico con trabajo de campo brindan a los y las participantes diversas herramientas para el análisis de su trabajo, lo que además apunta a la motivación y al compromiso con los valores institucionales a partir del encuentro con experiencias exitosas o desafiantes.

La interdisciplinariedad y la diversidad cultural de actores en un mismo espacio de formación es otro de los elementos que enriquecen programas de este tipo. En este sentido, el IPDRS se propuso ir más allá del “intercambio de experiencias”, recurso tradicionalmente practicado por varias ONG, proponiendo, más bien, facilitar que los bagajes particulares de cada participante sean parte de las reflexiones colectivas sobre los contenido teóricos y de contexto desarrollados en el programa.

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*Comunicadora social, maestrante en Estudios Críticos del Desarrollo en el Posgrado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés CIDES - UMSA. Miembro del equipo del IPDRS.

En este espacio y en varias oportunidades el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) ha sostenido que el debate y las propuestas sobre seguridad y Soberanía alimentaria tiene al menos dos dimensiones. Por una parte, aspectos generales de una concepción teórica basada en definiciones y acuerdos generales bien intencionados en los cuales no caben las disidencias o, al menos, no son explícitas. Por la otra, el ámbito de los hechos concretos que, para los casos nacionales en la región sudamericana, debieran expresarse en programas, proyectos y, algo fundamental, presupuestos. De esto nos habla Dorian Aguirre analizando la realidad peruana.

Inversiones en Seguridad y Soberanía Alimentaria en Perú

*Dorian Aguirre

El presente artículo concentra su análisis en las inversiones del sector de la agricultura y de los programas de asistencia alimentaria en Perú, en tanto resultan estratégicos para la atención de dicha problemática, como se detallará líneas abajo.

Mucho pero disperso

Dar cuenta de las inversiones en seguridad y soberanía alimentaria en Perú resulta complicado, por cuanto existe una intervención desarticulada para atender la problemática. No obstante, se han realizado esfuerzos por implementar estrategias de articulación de los programas de atención a la población vulnerable a inseguridad alimentaria, en especial a través de los programas de superación de la desnutrición infantil crónica particularmente para las y los niños menores de cinco años.

En Perú, el crecimiento económico sin el adecuado desarrollo social ha profundizado las brechas sociales y económicas en la población. A diferencia de los países desarrollados, especialmente de Europa y Estados Unidos, en la última década el Perú sobresalió por tener un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB), con niveles promedio de 7.5% a 8% anual. En el año 2011 se alcanzó el 7.9%, en 2012 el 6.1% y la proyección al 2013 augura un importante 6.2%, que es posible se repita en el 2014  (Banco Central de Reserva del Perú, 2013).

La mediciones sobre reducción de la pobreza actualizada recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI), indican que en el período 2004 a 2010, gracias al crecimiento económico y a la estabilidad del país, la pobreza en el Perú se redujo en 27.7%. Sin embargo, la población en situación de pobreza accede precariamente al mercado, por lo que la ingesta calórico-proteica de 2,200 kilocalorías recomendada por día, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), resulta deficitaria.

Causa y efecto

La seguridad alimentaria, el clima y la pobreza rural están ligados. Alrededor de dos tercios de la producción de alimentos de origen agrícola está en manos de pequeños productores. De ellos depende, en buena medida, la seguridad alimentaria del país. Paradójicamente, en aquellos lugares donde existe una mayor densidad de pequeña agricultura, la incidencia de la pobreza y la desnutrición infantil es grande.

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) produjo el año 2010 un Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria, utilizando indicadores basados en cinco variables: ingresos promedios anuales per cápita; grado de urbanización de la población; población en situación de no pobreza; población con acceso a agua por red pública interna y externa; y producto bruto interno de alimentos de los sectores agrícola, pecuario y pesquero. Luego de analizar el peso de cada variable, se encontró que la que más incide sobre la seguridad alimentaria es la producción de alimentos (PIB agrícola, pecuario y pesquero). Ello da al desempeño del sector agrario y de su capacidad productiva un lugar estratégico en la determinación de la mayor o menor vulnerabilidad de la población peruana a la inseguridad alimentaria.

En Perú la principal fuente de producción de nuestros alimentos es la pequeña agricultura, que provee el 66% del volumen de lo que comemos. En términos de gasto, el 50% del presupuesto de las familias se orienta a los alimentos producidos por la pequeña agricultura, de 29 kilos de alimento que consume la población, 19 son producidos por pequeños productores (Enaho 2010 – INEI).

La pequeña agricultura en el Perú es un sector de gran importancia, en la medida en que en ella se genera el 32.8% del empleo nacional (en muchas regiones existe un predominio de la PEA agropecuaria) y abastece a la población con el 96% de los productos alimenticios. Al mismo tiempo, las brechas sociales y económicas que presenta el país afectan especialmente a las poblaciones rurales. El 61.4% de personas en situación de pobreza dependen de la actividad agrícola. Pero también hay multiactividad, de hecho, en el marco de la concepción de nueva ruralidad, se considera al sector de la pequeña agricultura con características que le permiten diversificar sus actividades económicas y estrategias como la artesanía, el comercio, el transporte, el turismo rural.

Deseos y realidad

El Ministerio de Agricultura ha establecido nueve lineamientos generales de política en el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Agricultura 2012 - 2016: 1) impulsar la asociatividad y las cadenas productivas, 2) consolidar la institucionalidad agraria, 3) fomentar la innovación agraria, 4) promover la capitalización agraria y modernización productiva, 5) consolidar la sanidad agraria, 6) promover el desarrollo productivo de la pequeña agricultura, 7) contribuir a la seguridad alimentaria, 8) mejorar la eficiencia de la gestión del agua, y 9) promover el manejo eficiente de la gestión del agua.

Parece una visión integral, sin embargo, las limitaciones básicas para la implementación del Pan Estratégico se encuentran en los escasos recursos financieros disponibles para la agricultura; el presupuesto MINAG 2012 solamente consideró el 0.68% del presupuesto nacional para todo el sector. El monto de presupuesto asignado fue de 1,013 millones de soles, lo que significa tan sólo el 1.06% del presupuesto nacional, pese a incluir a instituciones como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) y la Autoridad Nacional de Agua (ANA). Esta información consta  en el documento Políticas Públicas y Presupuesto para "La Pequeña Agricultura en el Perú", publicado el 2010 por el Grupo Propuesta Ciudadana y en La Revista Agraria, Edición N° 142, Julio de 2012 del Centro Peruano de Estudios Peruanos (CEPES).

Actualmente en el Perú no hay una política real de seguridad alimentaria, más aún, todavía está por definirse el organismo público que será el responsable de normar y fiscalizar el cumplimiento de tal política. El MINAG tomó la iniciativa para liderar liderar el proceso de construcción de una estrategia nacional, pero sus funciones aún no han sido formalizadas. En la práctica, la política de seguridad alimentaria se limita a diferentes programas de asistencia alimentaria, principalmente conducidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Pese a ello, hay otras instancias estatales de diferente cobertura y posición en el aparato administrativo vinculadas al tema y existen diversas iniciativas orientadas a resolver los problemas alimentario-nutricionales del país. Las estrategias más importantes vinculadas directamente a este fin son la Estrategia Nacional Crecer y la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, además del Programa Articulado de Nutrición. Todas estas propuestas concentran sus esfuerzos en la reducción de la desnutrición crónica en los niños y las niñas menores de cinco años.

En línea con las iniciativas nacionales mencionadas, el Estado peruano promueve, ejecuta y financia programas alimentario-nutricionales, con el propósito de contribuir a la consecución de las metas anteriormente descritas. Los más importantes en cuanto a presupuesto y cobertura nacional son el Programa Integral de Nutrición, Programa del Vaso de Leche y Programa de Complementación Alimentaria, que agrupa al servicio de Comedores Populares, al de Hogares y Albergues y a la línea de Alimentos por Trabajo.

A través de esos programas el Estado peruano destina, anualmente, más de S/.900 millones, como puede verse en el cuadro siguiente, extraído del Compendio Estadístico 2011, del INEI.

Presupuesto por programa alimentario-nutricional en nuevos soles, 2007 – 2009

Fuente: PRONAA (2009) y MEF-SIAF (2007, 2008 y 2009), actualizado al 25 de mayo del 2009. Elaboración: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

Como puede verse, un diagnóstico somero de las iniciativas estatales en el campo de la seguridad alimentaria muestra que hay un número importante de programas, la mayoría data de hace veinte años al menos, pero, al mismo tiempo, están todos vinculados a la dotación de alimentos de manera directa a las personas y familias, mientras que en el ámbito de la agricultura campesina los esfuerzos son significativamente menores y de menor data en el tiempo. Basándonos en estas constataciones reafirmamos la aseveración respecto a que Perú aún no cuenta con una verdadera política de lucha contra la inseguridad alimentaria.

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* Especialista en ingeniería ambiental, actualmente es coordinador territorial de la Zona Baja de la Cuenca Catamayo Chira en la ONG Cedepas Norte, Perú.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.