La autora del artículo de esta quincena nos interroga acerca de la elección entre seguridad y soberanía alimentaria o la dependencia e inseguridad, analizando el fenómeno del incremento de los precios de los alimentos, sus causas económicas globales y los efectos perniciosos que la mala opción tiene sobre la vida de la población, particularmente la dedicada a la agricultura familiar campesina.

¿Seguridad y soberanía alimentaria o inseguridad y

dependencia alimentaria?

*Mabel   Manzanal    

La seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos y naciones del mundo están en riesgo. Esto se vincula con la mayor demanda internacional de granos y con el consiguiente aumento de superficies cultivadas, que no se centra en la producción de alimentos sino en la producción de biocombustibles (dirigidos a mitigar la crisis energética y la volatilidad del precio del petróleo -según se sostiene-). Téngase en cuenta, tan sólo como un ejemplo, el aumento notorio que se ha dado en la producción mundial de soja. En 1990/91 se producían mundialmente 100 millones de toneladas de soja (USDA, agosto 1998) y en 2007/08 se había más que duplicado, pasando a ser de 218 millones, representando el 84% de la producción mundial de oleaginosas (USDA, agosto de 1998, Foregin Agricultural Service).

Tensión entre alimentos y energía

El panorama es especialmente preocupante en América Latina y, de forma particular, en los países del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), que han volcado sus economías a la expansión de la soja, bautizados por la corporación Syngenta con el slogan publicitario de la “República unida de la soja”, (Véase http://www.biodiversidadla.org/Objetos_Relacionados/LA_REPUBLICA_UNIDA_DE LA_SOJA_RECARGADA2).

 A lo anterior se suma el peligro, históricamente regular, del aumento del precio de los alimentos, que recientemente el Banco Mundial asoció con el cambio climático, previendo “estragos para la agricultura” (Clarín, Ieco, 26 de enero de 2014). Como si todo esto no fuera suficiente, debe mencionarse otra causa no menor, que es el aumento en el consumo de la carne proveniente de ganado que se alimenta con granos (producto de  la reproducción de las prácticas de la dieta de EUA y Europa en el resto del mundo), cuya difusión resulta insostenible para una alimentación generalizada de la población mundial con carencias alimenticias.

Ténganse en cuenta las agudas transformaciones territoriales y productivas en el agro, si estas prácticas se difundieran masivamente ya que, por ejemplo, para producir un kilogramo de carne, se necesitan entre siete y ocho kilos de granos (Holt-Giménez Eric y Patel Raj, ¡Rebeliones alimentarias! La crisis y el hambre por la justicia. Edición Universidad Autónoma de Zacatecas y Miguel Angel Porrúa, México DF 2012:23-24).

La promoción de biocombustibles potencia la disyuntiva preexistente entre producción de energía y alimentos, aunque, en realidad deben ser considerados campos de fuerza en conflicto y expresión de relaciones de poder buscando realizar ganancias que aseguren su proceso de acumulación.

Pese a ello,  hay también autores que proponen o postulan la posibilidad de complementariedad entre la producción de alimentos y la de energía a través de biocombustibles, sosteniendo que podría darse una asociación “virtuosa” entre ambas.   Por ejemplo, Ignacy Sachs, “Bionergías: uma janela de oportunidade” (En Abramovay, Ricardo (organizador), Biocombustíveis. A energía da controversia. Editora Senac, San Pablo. 2009: 161) se pregunta si la relación entre seguridad alimentaria y energética constituye un conflicto o una complementariedad.

Este autor considera que es posible que se geste una “oportunidad para atacar simultáneamente los dos desafíos del cambio climático y de la generación de oportunidades en el campo, a condición de no entrar en conflicto con la seguridad y la soberanía alimentaria…objetivos primordiales del desarrollo”.

Sachs expone ciertas alternativas que permitirían compatibilizar la competencia entre bioenergías y alimentos postulando: (i) sistemas integrados de producción de alimentos y bioenergía, (ii) apuesta a las bioenergías de segunda generación (en avance en Estados Unidos y otros países) –refiere al etanol celulósico obtenido a partir de los residuos vegetales agrícolas, forestales y gramíneas de crecimiento rápido- y (iii) la tercera generación de biocombustibles, aunque más remota, centrada en los recursos de la maricultura, como la cultura de las algas marinas para fines energéticos. Sin embargo, considero que, a través de los biocombustibles, la expansión espacial del capitalismo agudiza la desigualdad socio territorial preexistente. Como lo señala claramente el investigador Jean Marc von Waird en: Agrocombustíveis: soluçao ou problema? (Abramovay, Ricardo, Biocombustíveis. A energía da controversia. Editora Senac, San Pablo. 2009:123).

Límites de sostenibilidad

Los agro combustibles tornan la producción de alimentos doblemente vinculada a los precios del petróleo, porque, en tanto que todavía mucho combustible fósil es usado en la producción de alimentos, los precios del petróleo inciden sobre los costos de producción. En contrapartida, esos mismos precios estimulan a la producción de agro combustibles y provocan una competencia tanto en el uso de los suelos como en las inversiones.  Finalmente, aquellos productos alimenticios que también puedan ser empleados en la producción de agro combustibles serán direccionados para este fin.

De hecho, diversas configuraciones espaciales que se vinculan con la expansión de los commodities del sector agropecuario y con el abastecimiento energético, dan cuenta de situaciones extremas, en el límite de la sostenibilidad social y ambiental.  Sin embargo, los gobiernos recién se vieron forzados a cuestionar el uso de recursos alimentarios para la producción de combustible cuando estalla, en 2006 y 2008, la crisis mundial por la subida especulativa en el precio de los alimentos (Holt-Giménez y Patel, 2012: 64). Entonces la escasez de alimentos se convirtió en un problema internacional,  claramente conectado con el incremento extraordinario de los precios, lo que impidió a mucha gente acceder a ellos.

La expansión de la industrialización y generalización a nivel mundial del consumo de carne a partir de ganado engordado con granos también afecta a la seguridad y la soberanía alimentaria mundial, especialmente de los sectores de menores recursos, dicho enfáticamente: El impacto de las dietas de carne en el sistema alimentario mundial tiene que ver tanto con cómo se produce la carne como quién se beneficia económicamente de su producción. La llamada “transición nutricional” ha significado que un número mayor de personas en los países en vías de desarrollo aspiran tener las dietas no sostenibles de EUA y Europa Occidental, en donde la gente come tres veces más carne que la gente de países en vías de desarrollo, por los ya citados investigadores Eric Holt-Giménez y Raj Patel (2012:22-23).

Se trata de un negocio de alta rentabilidad que ha llevado al incremento de las instalaciones industriales destinadas al engorde de ganado. Las nuevas dietas basadas en un mayor consumo de carne se difunden en China, India y, en general, en los países subdesarrollados, entre sectores medios y altos, promovidas por las industrias transnacionales de producción de carne, ya que, como lo señalan los autores citados líneas arriba: Mientras más recursos se destinan a la producción de carne hay menos tierra, agua y recursos para producir los granos, tubérculos y legumbres que mantienen viva a más de la mitad de la población mundial. …no es que el mayor consumo de carne en China e India esté presionando al sistema alimentario, sino que el modelo industrial de producción de carne de los países del Norte se ha expandido al Sur en las últimas dos décadas (Holt-Giménez y Patel, 2012: 24).

De hecho siempre, según estos autores, las principales corporaciones estadounidenses, como Tyson y Smithfield, lideran la propagación de las industrias de producción de carne en China y el Banco Mundial financia la difusión de las instalaciones para el engorde de ganado en ese mismo país, a través de su Corporación Internacional de Finanzas.

Sólo los sectores económico sociales medios y altos de los países podrían concebir y experimentar que el crecimiento de los agro combustibles y del consumo de carnes resulte un avance que mejora su consumo, ya sea porque se los asocia con la industria automotriz y con alternativas en el uso y consumo de autos o porque contribuyen a un supuesto ‘progreso’ de su dieta. Esa percepción es posible porque los mismos sectores suelen desconocer o están intencionalmente desinformados por parte de los gobiernos y los grandes medios de comunicación, que estos consumos conducen a problemas de alimentación y hambre para la otra mitad de la población mundial, poniendo en  riesgo la seguridad alimentaria, tanto de la población más vulnerable y carenciada como de la que previamente se podía sostener bajo diferentes prácticas de auto subsistencia.

El impacto sobre la gente

Mientras tanto, el avance de los agro negocios con sus semillas transgénicas, fertilizantes, pesticidas y diversos agro tóxicos contaminan y desplazan a los cultivos tradicionales de las poblaciones locales y a las mismas poblaciones, a causa de una multiplicidad de problemas que desencadenan, entre ellos de salud y de despojo de tierras. 

Por otro lado, la expansión de los commodities en general y de los biocombustibles en particular, afecta a la cotidianeidad y al tejido social de los ámbitos locales.  La vida misma de la población involucrada queda comprometida, tanto de la que se ve obligada a emigrar como de la que, de una u otra forma, logra permanecer. Un entretejido de hechos relacionados conlleva a esta situación: i) el uso del suelo bajo prácticas depredadoras y contaminantes que provienen de la expansión del monocultivo y del cultivo transgénico, ii) el acaparamiento de tierras y de sus recursos esenciales, como el agua, iii) el desconocimiento o desprecio por el derecho de posesión de la tierra de las comunidades indígenas o de la población criolla, asentada en sus hábitats desde siempre o por generaciones, y iv) la desvalorización de la formas de vida campesina e indígena.

Miles de productores familiares campesinos y sus familias que  viven, subsisten, producen y se reproducen en los ámbitos de la agricultura familiar campesina, terminan siendo expulsados y despojados de sus bienes bajo mecanismos variados (ilegales o legitimados por los usos y costumbres del poder dominante) que los llevan a emigrar, ya sea por el no reconocimiento de su derecho de usucapión o por la falta de oportunidades de trabajo y subsistencia, por la presión de los actores interesados en sus tierras, por problemas de salud resultantes de la contaminación ambiental, por la judicialización de su protesta o por la persecución de que son objeto. En ese proceso de despojo se ignoran o desestiman sus prácticas de alimentación y de salud, sus modalidades de relación con el medio, sus formas de provisión de alimentos, su relación con la biodiversidad, sus formas de movilidad y de acceso a servicios básicos como el agua y la vivienda.  Por lo tanto, las poblaciones agricultoras campesinas son avasalladas con distintas acciones de desposesión y depredación.

¿Cuándo parar?

La negación de las identidades y culturas locales, de sus modalidades productivas tecnológicas y de comercialización  -entre ellas las relacionadas con la producción local de semillas y su trueque- se traduce en la imposición de modelos y prácticas foráneas, justificadas por una mayor productividad y eficiencia; aunque en realidad, conduzcan a la subordinación al mercado global y a la dependencia del sector financiero y especulativo.

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* Es economista y doctora en el área de geografía.  Actualmente es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), docente  y Directora del Programa de Economías Regionales y Estudios Territoriales del Instituto de Geografía -Facultad de Filosofía y Letras- de la Universidad de Buenos Aires.

Como es habitual en el IPDRS, durante las primeras semanas de cada año, compartimos con las y los lectores de este espacio de Diálogo nuestra visión sobre el estado de situación y del debate respecto a los principales temas del desarrollo rural en la región. En esta oportunidad les ofrecemos un artículo del Coordinador General del Instituto, incentivado por la demanda de varias organizaciones contrapartes de nuestro accionar, que nos plantearon dudas e inquietudes sobre el éxito potencial de los esfuerzos que hacemos, a veces aislados, a veces conjuntos, para seguir motivando la reflexión sobre la agricultura de base campesina indígena vinculada a  los procesos de integración en la región sudamericana. 

Desarrollo rural en la sudamérica de hoy

*Oscar  Bazoberry Chali

El enfoque de base campesina indígena es indispensable para la humanidad. Este enfoque está  enmarcado en el contexto del mundo en general y de cada país de forma particular, es actual en cuanto al debate sobre desarrollo y es políticamente pertinente en la disputa de los recursos naturales, como la tierra y el agua.

La reflexión sobre agricultura de base campesina indígena parte del convencimiento de que el desarrollo rural tiene grandes perspectivas y oportunidades, si es que se pueden enfrentar las amenazas que se ciernen sobre la población del campo y los recursos naturales, en un contexto de crisis de los modelos teóricos y de una buena parte de las prácticas vigentes con las que se organiza el desarrollo rural.

El enfoque sudamericano, en el caso de los países de la región, es el trasfondo apropiado para un análisis de situación, ya que ofrece una visión  intermedia entre lo global y lo nacional - local, con especificidades biogeográficas y sociales diferenciadas al resto del continente y del mundo. Con pocos aspectos excepcionales en cada país, Sudamérica es cada vez más una región interrelacionada.

Sudamérica en el mundo

La región se inserta en un mundo en transformación: políticamente multipolar, aunque se sostiene en instituciones multilaterales rígidas y una estructura militar consolidada en el siglo XX; económicamente más integrado: la crisis de acumulación se ha resuelto generalmente por la globalización de las inversiones, los sistemas productivos y los mercados; es socialmente más homogénea, multicultural y con tendencia a fenómenos demográficos e institucionales muy similares.

Sudamérica ha tomado y le han asignado nuevos roles (algunos son  históricos y otros reformados o recientes), lo que viene configurando un nuevo contexto.

En lo político, hay coincidencia importante en la orientación política de los gobiernos de la región. Brasil es una presencia muy importante, aunque no determinante, y otra son los gobiernos que establecieron nuevos estilos de relación en los órdenes de la  diplomacia y del comercial mundial. Mayor presencia del Estado en todos los países, recursos económicos más holgados y nuevas iniciativas en el campo de la economía. En general, se constata el predominio del órgano ejecutivo sobre el legislativo (figuras presidenciales y concentración del voto); órganos judiciales subordinados, aunque con atisbos de independencia en algunos casos de los derechos colectivos e individuales, y aletargamiento de la descentralización y de los procesos de autonomía de unidades especiales como pueblos indígenas y quilombolas para el caso brasileño.

En lo económico, hay datos sobre el incremento de  provisión de materias primas, minerales, madera y productos del campo para la transformación y el cambio de estructuras de explotación y producción. La región da refugio a inversiones que se han vuelto inestables en otras partes del mundo, hay acaparamiento de la tierra y de derechos de explotación sobre los recursos naturales. Al mismo tiempo, se expanden las grandes inversiones en infraestructura, energía e inmobiliaria con las tendencias a la especulación que ya son conocidas.

En lo social, se destacan importantes logros en estándares de desarrollo, principalmente en la salud y educación, ampliación de las clases medias y nuevas pautas y patrones de consumo, aunque se mantienen y en algunos casos se profundizan las desigualdades sociales. En términos de derechos, hay avances sustanciales en distintos campos, como en los específicos de las mujeres, niños y adolescentes.  Pero hay también retrocesos, como en el campo de la seguridad ciudadana, los derechos de los pueblos indígenas, en el derecho de los colectivos a la consulta previa, libre e informada e incremento de los asesinatos selectivos de líderes sociales, especialmente del campo.

La situación de las mujeres, según los informes de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los principales indicadores de salud, educación, empleo, información sobre derechos sexuales y reproductivos y de participación política avanzaron sostenidamente -aunque los logros sigan siendo insuficientes en los 30 años últimos años- periodo coincidentemente acompañado con el retorno a la democracia en los países de la región. 

Actualmente, más que en años anteriores, hay más mujeres participando políticamente en organizaciones sociales de base y sus direcciones, en cargos electivos (parlamentos, asambleas nacionales, departamentales y consejos municipales) y designados (ministerios). Sin embargo, en el campo económico se mantienen las diferencias, las mujeres tienen una retribución menor a la de los hombres, y los jornales y sueldos diferenciados siguen siendo una práctica  en distintos sectores de la actividad rural. La violencia y la trata de personas afectan especialmente a esta población, ya que el auge de algunas actividades económicas -muchas de ellas informales- van acompañadas de explotación laboral y sexual de estos grupos.

En cuanto a procesos de integración regional, aunque la diplomacia regional ha sido muy dinámica, no ha dejado de ser “diplomacia”  y no ha dejado de responder más a problemas nacionales que a los regionales históricos. Luego de frenar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, los mayores logros fueron la creación de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y el debate de temas como la seguridad alimentaria en el marco de la (Organización de Estados Americanos (OEA).

Entidades regionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) se encuentran en un lento proceso de transición, la primera con tendencia a ser asimilada y la segunda a ampliarse y renovar su enfoque. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ha concentrado una atención especial los últimos meses, así como la Alianza por el Pacífico, para citar algunos pocos. Sin embargo, en general se puede afirmar que predomina la dispersión y la reinvención de nuevos espacios sin haber llegado  a consolidar avances y acuerdos anteriores.

Las organizaciones sociales merecen una mención especial porque se puede afirmar que los avances en el campo de la representación política han tenido un costo muy alto en la autonomía de las organizaciones, aunque esto no ha detenido la expresión de importantes sectores de la población, pese a que lo hagan de manera inorgánica.

En general, hay que tomar en cuenta que, por su grado de generalización,  muchos de los criterios expuestos presentan matices o no se aplican a algunas regiones específicas. De todos modos, hay un eje transversal y es que entre las principales debilidades de la región está el hecho de que los logros sociales y políticos se sostienen por el incremento de ingresos brindados por la economía extractivista.

Sudamérica desde el enfoque de desarrollo rural sostenible

Entre las condiciones del mundo que tienen que ver con el cambio climático, crisis alimentaria y devastación de recursos naturales,  sumadas a la crisis de los modelos agros empresariales y del sistema global de gobierno sobre los recursos naturales y la alimentación humana y animal (punto de inflexión del 2008), Sudamérica presenta grandes posibilidades para establecer un patrón de desarrollo basado en las potencialidades de la población y el conocimiento campesino indígena.

Sin embargo, como en gran parte del planeta, estas posibilidades presentan también riesgos, pues existen instituciones que promueven el reforzamiento de la concentración de decisiones (y capitales) como una salida alternativa a la crisis global. El supuesto es que se trata de una alternativa que aprovecha de manera certera las nuevas tecnologías (maquinaria, transgénicos, información climática), el sistema financiero (bolsa de productos, bolsa de valores) y la debilidad de los Estados.

Por todo lo anteriormente planteado, la actual coyuntura en la región se caracteriza por una serie de contradicciones en las que los Estados, los organismos multilaterales y la propia sociedad conocen más sobre la importancia de las demandas territoriales de campesinos, indígenas y afrodescendientes pero, al mismo tiempo, se generan condiciones para la ampliación de las inversiones agro - empresariales de carácter extractivo.

Se han ampliado las políticas y los recursos para el sector agrario, uso del agua y manejo de los bosques. En términos gruesos podemos asumir que el 30% de las iniciativas son destinadas al sector de pequeña y mediana producción y el 70% a las de la empresa agroforestal. Pero es una situación de “empate” que no tiene mucho aliento porque, a diferencia de periodos anteriores, hoy vivimos condiciones de confrontación por la  mayor presión sobre los recursos. La mayor parte de extensiones  de tierra está bajo derechos propietarios y de uso, y no es posible seguir extendiendo un sistema productivo sin afectar los derechos adquiridos por otros actores. Por primera vez en la historia de la región, existe una conciencia sobre el carácter limitado de los recursos que hacen a la producción agropecuaria y forestal.

Si bien otras contradicciones de los gobiernos son importantes y más sonoras, como las concesiones mineras e hidrocarburiferas, la construcción de represas, la canalización de aguas, entre otras, en el futuro los conflictos más extendidos (y sus soluciones), pasarán por el acceso a la tierra y por el tema agrario. Sin embargo, los conflictos, que no son nuevos, también enfrentarán a campesinos con indígenas, y a pobres con pobres. Esto será aprovechado por gobernantes y empresarios para intentar modificar las normas que han protegido, hasta ahora, las reivindicaciones territoriales.

Hasta hace dos décadas, el criterio de sostenibilidad de los sistemas productivos era propiedad de las comunidades campesinas indígenas y afro descendientes. Hoy en día,  las empresas agropecuarias disputan criterios de eficiencia y sostenibilidad, grandes negocios han articulado un discurso agroecológico y medioambiental para obtener beneficios legales y económicos de los Estados, y pretenden, al mismo tiempo, mayor legitimidad en la sociedad en la que se insertan.

Pese a ello, desde el punto de vista del desarrollo rural sostenible, la incorporación de criterios sociales y culturales incluye una dimensión política que es ineludible en la sociedad y el Estado. En este frente y en el de la sostenibilidad ambiental el movimiento social encuentra un argumento importante para llamar la atención sobre sus demandas particulares.

El mejor ejemplo es el concepto de soberanía alimentaria, bandera de reivindicación que el movimiento campesino indígena y afro descendiente tiene como potencial importante para proponer la agroecología dentro del campo de la disputa política, lo que puede convocar de manera creciente a sectores de la sociedad quienes, desde la preocupación por la biodiversidad y el consumo, apoyarían cambios en la normativa y  en la estructura de los sistemas agrarios.

La historia reciente nos muestra que los gobiernos no han sabido aprovechar las oportunidades de cambio de orientación, más bien habiendo profundizado las políticas contradictorias y de corto plazo. Por ello, es notable la ausencia de una visión estratégica y de control real sobre los recursos naturales, el abandono de la descentralización y las autonomías, la ausencia de incentivos al empleo formal y de la seguridad social de largo plazo y el “proyectorado”.

Temas para el debate en el corto plazo 

Otro ejemplo, en este mundo de oportunidades y amenazas, lo constituyen dos aspectos y dos escenarios que deben llamar nuestra atención: el creciente protagonismo de las mujeres; las necesarias alianzas campesino indígenas afro descendientes; los objetivos de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible  y lo que comúnmente conocemos como la economía verde.

En el desarrollo rural hay más mujeres que dirigen iniciativas en el campo económico, su opinión se incorpora de manera firme en acciones de gestión territorial y ocupan cargos importantes en las organizaciones del campo. En el sector académico y político, también es evidente una mayor participación de las mujeres, lo que viene generando nuevos y enriquecedores enfoques. Sin embargo, muchos de los progresos en materia de género podrían estar ocultando, en el terreno,  una mayor responsabilidad y carga laboral para las mujeres, como viene ocurriendo en el acceso a la tierra y la feminización de algunas labores agrícolas, de transformación y comercialización de productos. Aunque también se podría esperar que sea un proceso transitorio y hay que adecuar los sistemas productivos y reproductivos a esta nueva situación.

La visión articulada y la alianza entre campesinos, indígenas y afrodescendientes pueden mostrar la verdadera dimensión del reto que tiene la región, y cada uno de sus países en particular, para atender desde una perspectiva común el desarrollo rural en base a la gestión territorial y las pequeñas y medianas explotaciones. Es esencial comprender fenómenos como la doble residencia y las particularidades sociológicas de los nuevos colectivos rurales. La historia reciente nos muestra que incluso algunos sectores agroindustriales nacionales pueden ser aliados en esta causa.

Respecto a los objetivos de desarrollo sostenible sería ideal, en el marco de las Naciones Unidas, se logre un acuerdo que a partir del año 2016 permita apreciar y valorar lo que comprendemos como sostenibilidad desde la perspectiva rural. Debe recordarse que la Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó el año 2012 el informe El futuro que queremos para todos, donde se exponen las principales recomendaciones de una agenda para el desarrollo después del año 2015. El documento plantea un enfoque de políticas integradas para garantizar el desarrollo económico y social inclusivo y la sostenibilidad ambiental en una agenda que responda a las aspiraciones de todas las personas de un mundo libre de miedo y necesidad.

Aunque ese acuerdo ideal no se lograra, el nuevo escenario será propicio para discutir, debatir e invertir en acciones que, desde la perspectiva de la población campesina, indígena y afro descendiente, superen las limitaciones que permanentemente han desfavorecido a las comunidades rurales, como muestran los indicadores de Desarrollo Humano.

Este nuevo escenario podría facilitar que se resuelvan casos contradictorios, como cuando los criterios del Índice de Desarrollo Humano muestran valores más altos en regiones que presentan mayor deforestación que en regiones en los que se conserva la naturaleza (Amazonía brasilera). O a la inversa, casos en los que los indicadores  de salud y educación muestran mejor desempeño en comunidades y territorios indígenas menos afectados por la agro empresa (como en el chaco boliviano). O en aquellas regiones donde su presencia es predominante y el indicador económico es muy alto (Chaco paraguayo).

La economía de los ecosistemas y la biodiversidad (más conocida como la economía verde), es, en general, muy resistida, por lo más probable es que avance de forma acelerada en algunos países. De todas maneras, los principios, su sustento teórico y finalmente su propósito político deberían ser seguidos con mucha atención por quienes trabajamos en desarrollo rural. En pocas palabras, se proponen y aprovechan sistemas alternativos o se observa cómo los grandes capitales se apropian de este nuevo sector de la economía, lo que les daría un control nunca antes visto sobre la vida en el planeta.

En resumidas cuentas, hoy como en otros momentos de la historia de la humanidad, el futuro de la producción campesina y la vida se debate en el espacio público. Salir airosos de este momento requerirá un esfuerzo muy grande, combinando los valores y conocimientos del campo, una renovada visión de los sujetos rurales, mejor articulación organizativa y una visibilidad muy amplia del aporte conjunto  de campesinos, indígenas y afro descendientes al conjunto de la sociedad.

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*  Es sociólogo, investigador y docente. Mgr. en métodos de investigación social y coordinador de la maestría en desarrollo rural del programa de post-grado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en la ciudad de La Paz.  Actualmente es coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).

¿Qué ruta histórica ha seguido la descentralización en Chile? La autora del presente artículo hace un recuento de varios momentos de ese proceso en la historia de las tres últimas décadas de su país, guiada por las preguntas de qué objetivos (por qué) y qué estrategias (cómo) jalonaron los impulsos de la descentralización, para concluir con un planteamiento de expectativas que, propone, debieran servir de motivación a los esfuerzos de la actualidad.

Descentralización en Chile para qué y cómo

*Carolina Estroz Fernández

"Descentralizar para empequeñecer el Estado o para acrecentar su presencia en los territorios; descentralizar para privatizar activos empresariales y los mercados de servicios públicos o para socializar y universalizar accesos a toda la población; descentralizar para disciplinar las decisiones políticas dentro de los principios del equilibrio macroeconómico, de la competencia  y los rendimientos  empresariales  o para acrecentar los bienes no sometidos a la lógica mercantil del costo beneficio económico, sino de la rentabilidad social de las inversiones" (Restrepo, D. 2011).

La mirada sobre la descentralización en Chile requiere ubicarse en una línea de tiempo y establecer claramente el contexto social, político y cultural en el cual se está desarrollando, para luego dar cuenta de las características singulares del proceso, sus cómo y sus para qué.

A sabiendas de que la descentralización es diferente según los contextos de cada país, es posible afirmar, sin embargo, que desde una mirada general hacia América Latina, tiene matices y épocas similares, como lo señala Darío Restrepo (Descentralización para la Equidad. Colombia 2010), entendiendo que en esos contextos confluyen las dimensiones política, social, económica, cultural y ambiental.

Breve recuento

En Chile (dejando de lado la historia de leyes y ensayos federalista del año 1923),  comenzó a hablarse de descentralización como consecuencia del denominado modelo de desarrollo “hacia adentro”,  también llamado modelo de sustitución de importaciones, donde las regiones fueron  marginadas del desarrollo económico que promovía el proceso de industrialización, llevado  a cabo en Santiago, la capital, durante los  años de los “recordados” gobiernos del Partido Radical,  desde 1938 a 1952 con los Presidentes Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel Gonzales Videla. En esa etapa nació, por ejemplo,  la hasta hoy existente, Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). En ese contexto, la descentralización buscaba mejorar el sistema centralista, con el objetivo de que los beneficios del modelo llegarán de mejor manera a las regiones.

Durante los años setenta, la descentralización fue utilizada como una estrategia del Estado para apoyar su legitimidad, a través de acciones de planeación política de programas que se construyeron centralizados, aunque debían llegar a las regiones. La misma década fue testigo de la Reforma Agraria, el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet y la “Revolución verde", que significó la incorporación de diverso tipo de tecnologías, principalmente en la agricultura, para el aumento de la producción.

Tras el desarrollo de la llamada revolución verde en el norte de América, ésta se reprodujo en Chile por medio de programas de apoyo que realizan asesorías y entregan incentivos, utilizados principalmente en el área frutícola, cuya producción es destinada a la exportación mientras, simultáneamente, la dictadura lleva adelante la contra reforma agraria. Como puede verse, el para qué del proceso fue parte de una estrategia de legitimidad por medio del incentivo del desarrollo rural, contemplando, por un  lado, asesorías técnicas a pequeños agricultores y, por el otro, incentivo fiscal a grandes agricultores, que siguen siendo los grandes exportadores frutícolas de hoy.

Ya en la década de los ochenta, en el marco neoliberal legitimado por la dictadura y con la llegada de los “Chicago boys”,  como se denominó al grupo de economistas chilenos con estudios de post grado en  la Universidad de Chicago, de Estados Unidos (entre ellos el actual Presidente Sebastián Piñera), se aplicaron en Chile programas de privatización y reducción del gasto fiscal. En este caso, el para qué de la descentralización iba de la mano con el objetivo latente del modelo neoliberal,  lo que, en palabras del investigador colombiano Darío Restrepo, buscaba un Estado pequeño, amigable con el mercado y al servicio de las transnacionales.

Al mismo tiempo, la estrategia incluyó medidas como la designación de Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMIS) desde una visión sólo geopolítica. Esta acción se dio en el marco de la regionalización del país el año 1974, seguida de una descentralización municipal con competencias de administración parcial de los servicios  de salud y educación, como señala el investigador chileno Manuel Luis Rodríguez (Autonomías regionales y nueva constitución en el Chile del siglo XXI: Región de Magallanes, Chile 2011), así la antidemocrática constitución de 1980 consagra órganos colegiados débiles como por ejemplo los constituidos por los concejales, paralelos a la autoridad unipersonal que sustentan  las y los alcaldes.

La descentralización que promovió el oscuro proceso de la dictadura en Chile instauró las bases del modelo neoliberal que impera hoy en el país y, peor aún, muchas plataformas  permanecen actualmente en nuestra Carta Magna. Una descentralización sin recursos,  sin competencias y sin las libertades necesarias para la democracia. Una descentralización que fue de la mano con la privatización de la salud y de la educación, cuya peor expresión es la mala calidad de los servicios estatales en general y municipales en particular.

En los años noventa, con la llegada de la democracia, el para qué de la descentralización buscó apertura en los procesos de toma de decisiones y hacer participar a la ciudadanía, principalmente con la elección popular de alcaldes y concejales; con la obligatoriedad de crear planes de desarrollo comunales, modificaciones a la Ley de rentas municipales, y con  la instauración de espacios e instrumentos ciudadanos de participación a nivel comunal. En lo regional, lo más connotado tuvo que ver con las decisiones sobre la inversión pública local.

Pese a lo anterior, y hasta la actualidad, la descentralización "en democracia"  ha sido una superposición de cambios de dirección, porque los avances  descentralizadores, en la práctica, se montaron sobre el esquema de la descentralización impulsado por el régimen militar (Mesa de trabajo Descentralización para el desarrollo humano en Chile. PNUD, Santiago de Chile, 1999) y con un marco normativo constitucional que, desde todas las ópticas, es antidemocrático. Por el mismo motivo, la apertura al mercado y la exacerbación a nivel latinoamericano del modelo neoliberal siguen vigentes y tienen a Chile como el mayor ejemplo ilustrativo.

En consecuencia, las principales características de la descentralización en Chile son, por un lado, que ha respondido a los contextos históricos nacionales y, por el otro, que ha sido parcial, y sólo en algunos de sus componentes, particularmente en lo fiscal (con una mínima transferencia de recursos y la constante  competencia por éste)  y en lo administrativo, pero sólo atendiendo a lo prioritario de la descentralización: satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, para lo cual incluso hay experiencias exitosas de asociativismo entre gobiernos locales municipales.

Expectativas para la actualidad

En el contexto actual, el para qué de la descentralización debería estar relacionado, en primer lugar, con el establecimiento de autonomías regionales y, en segundo lugar, como consecuencia del primero, con el desarrollo integral y sostenible de los territorios. El cómo debería expresarse por medio de una asamblea constituyente que norme las características de esa autonomía regional y de la representación política de los territorios.

El tipo ideal de esta construcción entendería la autonomía no tan solo como la capacidad de un proceso para normarse a sí mismo, sino, de manera más completa,  como lo señala Rodríguez, referido al conjunto de condiciones políticas, institucionales, administrativas y jurídicas que permitan a una región administrar sus propios recursos fiscales. En este caso,  sumo a la administración de recursos señalada por Rodríguez, la capacidad de generar recursos propios, determinar sus políticas públicas locales y gestionar la función pública con grados definidos de independencia respecto de las políticas públicas nacionales.

Es imprescindible la descentralización del mercado, un punto poco abordado. La mayoría de las empresas de Chile, particularmente las que monopolizan ciertos mercados, se manejan desde Santiago, y están presentes en todo el país. Las grandes cadenas de supermercados, farmacias, ferreterías y restaurantes,  así como las empresas de servicios básicos, han llegado a los rincones más recónditos del país, y como consecuencia, han destruido paulatinamente los pequeños mercados locales. Debido a eso y a la inexistencia de leyes o programas que apoyen el comercio local, las expresiones de éste han ido desapareciendo y transformando su fuente de ingreso.  

Lo anterior, expuesto de manera muy simplificada, torna difícil la búsqueda de un producto estrella, que actúe como símbolo y aglutinador económico y social, una "orquídea", como lo planteara el  especialista boliviano Carlos Hugo Molina, en su exposición durante el ciclo internacional Descentralización, Participación Ciudadana y Control Social, realizado en Santa Cruz (Bolivia), en agosto 2013. Molina aludía al ejemplo del municipio de Concepción, donde el Festival de la Orquídea, flor emblemática de su eco sistema, produjo ventajas comparativas como catalizador de un desarrollo económico local más allá de una experiencia de turismo rural y evitando la exposición desmedida y mercantilizada de las tradiciones y  la cultura del lugar.

Inquietudes

No creo tener respuestas al desafío de los planteamientos, pues cambiar el actual modelo en un país en el cual está tan arraigado culturalmente es una tarea dificultosa. Complementar democracia, justicia y equidad social con desarrollo económico es una labor ardua, pero, por lo menos, en el Chile de hoy, el tema está puesto en el debate.

De hecho, durante el reciente período de campaña electoral los movimientos sociales han logrado una revolución  en los discursos, en la opinión pública y en las agendas políticas propuestas por los candidatos a la presidencia más cercanos a la izquierda. Ocho candidatos, menos la abanderada de la derecha hablaron de la necesidad de hacer cambios a la Constitución y la ya elegida Presidenta Michelle Bachelet también, aunque no explicó concretamente el cómo y, por cierto, ya desecho la idea de un proceso constituyente.

En este sentido, vuelvo al párrafo de inicio del presente artículo, en el cual expresé que la descentralización responde primero al contexto sociológico en el cual se  desarrolla y no siempre responde a la búsqueda de una democracia y equidad social, ya que los campos político y económico que la sustentan están constantemente en tensiones, relaciones y juegos de poder, externa e internamente.  

Así, cabe  preguntarnos qué otro tipo de descentralización podríamos desarrollar en Chile, con el marco jurídico constitucional y económico vigente; con hábitos clientelistas arraigados, sobre todo en los sectores más rurales; con la herencia de una tradición oligárquica, con una exacerbación del individualismo y con procesos de construcción identitaria fragmentados, que no fortalecen el desarrollo ni la identidad local.

Las pocas estrategias descentralizadoras en Chile han logrado resultados (esperados o no), al abrir nuestra sociedad a un modelo neoliberal de desarrollo, arraigado en la competitividad personal, el consumo y la  privatización de los servicios.

En este escenario, las posibilidades de generar cambios estructurales deben pasar necesariamente por una transformación del paradigma estatal, para que impulse el cambio de hábitos en los sujetos para transformarse en actores protagónicos de su cambio, estableciendo los mecanismos de su participación activa y responsable en un proceso constituyente y en las decisiones respecto al desarrollo de sus territorios.

Acción ONG

Para un proceso de autonomía regional, se requiere de la representación política de los territorios, que enfrente la deslegitimación actual de la política partidista. Para ello es necesario trabajar en el fortalecimiento del tejido social en los territorios y del liderazgo de ciertos actores legitimados que podrían asumir ese rol.

Aquí las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) cobran un papel importante, al ser potencialmente las invitadas a acompañar y fortalecer los innumerables procesos que se proyectan para Chile, y a ser actores por derecho propio.

La base de estos cambios es una ciudadanía activa y responsable, capaz de incidir directamente en el desarrollo de sus comunidades, de su territorio y de su país, área en la cual también puede contribuir las ONG, que actúan en espacios de participación y concertación,  tanto los institucionalizados y reconocidos por el Estado, como los informales que dan sentido al hacer cotidiano de la ciudadanía. Por ello, debe continuar el trabajo que hoy hacen varias ONG sobrevivientes en Chile.

Otro aspecto en el cual las ONG deben hacer aportes se relaciona con el excedente simbólico que cada territorio posee. Interpretando a  Jorge Larraín, serían las comunidades con una fuerte y marcada identidad y los sujetos identificados cultural y territorialmente con un espacio simbólico quienes logran proyectar y forjar un desarrollo local sostenible para sus territorios, pues se sienten parte de esta comunidad imaginada (Identidad Chilena. Ediciones LOM. Santiago de Chile 2001).

Para finalizar, sólo me cabe señalar lo mucho que queda por hacer en Chile respecto a temas de democracia, equidad y justicia social. Los procesos que se avecinan nos harán actores importantes del Chile del futuro, del país que queremos y, en este sentido, desde el papel de ciudadanas y ciudadanos, profesionales de ONG o cualquier otro, debemos ser actores protagónicos de la construcción de nuestra historia. Ahora es el momento de preguntarnos ¿autonomías regionales: cómo y para qué?.

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*Es socióloga con experiencia en programas e intervenciones sociales de participación ciudadana y control social en sectores rurales de la zona central de Chile.  Es miembra de la Secretaría Técnica del  Consorcio de ONG por los Derechos Ciudadanos. Actualmente está en proceso de elaboración de tesis para obtener el  grado de Magister en Psicología Comunitaria en la Universidad de Chile y trabaja en la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL).

El Foro Rural Mundial es un foro de encuentro, análisis y observatorio de desarrollo rural que abarca ampliamente cinco continentes y se define como una red de organizaciones agrarias y civiles, institutos y colectivos vinculados al mundo rural.  Actualmente dinamiza el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) en este 2014, iniciativa desarrollada por primera vez y respaldada por más de 360 organizaciones civiles y campesinas de todos los continentes. Iniciamos la serie Diálogos con el artículo de Conchi Quintana que resalta la declaración del AIAF como una muestra firme de adhesión a la iniciativa que debe convocar a toda la humanidad.  

OPORTUNIDAD ÚNICA PARA IMPULSAR LA AGRICULTURA FAMILIAR

*Conchi Quintana

Este año 2014 se celebra en todo el mundo el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF-2014). Un año dedicado a reconocer la labor de los hombres y mujeres agricultores familiares de todo el mundo y el potencial de las pequeñas explotaciones agrarias para lograr la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, tal y como recoge la resolución 66/222 de la Asamblea General de Naciones Unidas; Año Internacional de la Agricultura Familiar (Resolución aprobada por la Asamblea General el 22 de diciembre de 2011).

Esta es la primera vez que se proclama un año internacional impulsado desde sus inicios por la sociedad civil. Más de 360 organizaciones de más de 60 países del mundo han logrado consolidar un proyecto global en favor de la agricultura familiar y en el que el Foro Rural Mundial ejerce el papel de coordinador reconocido mundialmente. Desde aquí queremos agradecer el trabajo y compromiso de todas esas organizaciones y personas que se dedican en cuerpo y alma a poner marcha iniciativas y proyectos con el objetivo de lograr un medio rural vivo basado en la promoción de la agricultura familiar.

En este artículo queremos recoger la importancia de la Agricultura Familiar para el presente y futuro del planeta, los objetivos planteados para el AIAF-2014 y los principales logros que hasta el día de hoy se están produciendo de la mano de los diferentes agentes implicados en esta causa mundial.

Mensajes clave

La Agricultura Familiar es una realidad presente en todos los continentes, de forma muy mayoritaria en los países en desarrollo  y  cumple con una  serie de funciones fundamentales para el bienestar  de toda la humanidad. La propia Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha acuñado un concepto para definir Agricultura Familiar, que es el siguiente: “Forma de organizar la producción agrícola y silvícola, así como la pesca, el pastoreo y la acuicultura, que es gestionada y dirigida por una familia y que en su mayor parte depende de la mano de obra familiar, tanto de mujeres como de hombres. La familia y la explotación están vinculadas, co-evolucionan y combinan funciones económicas, ambientales, reproductivas, sociales y culturales”.

Hoy en día la Agricultura Familiar supone el sustento para más de 2,5 mil millones de familias (WB. 2008. Informe sobre el Desarrollo Mundial: Agricultura para el desarrollo. Pág. 3), es responsable de la producción de al menos el 70% de los alimentos en el mundo (2050: Un tercio más de bocas que alimentar http://www.fao.org/news/story/es/item/35675/icode/).

A esto hay que sumar el beneficio que genera alrededor suyo, ya que está constatado que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) originado en la agricultura es al menos el doble de eficaz en reducir la pobreza que el crecimiento del PIB generado en otros sectores. Por último cabe añadir otras ventajas de la Agricultura Familiar, como el sistema diversificado de producción que, entre otros resultados, mejora la estabilidad del entorno preservando la biodiversidad de los territorios, obtiene mayores rentabilidades en actividades asociadas y sobre todo es más estable ante vaivenes del mercado exterior y menos dependiente de insumos externos.

De todo lo apuntado cabe afirmar que la Agricultura Familiar es mucho más que un modelo de producción y que, dada la dimensión holística de sus efectos, es un pilar fundamental del desarrollo integral de las naciones incluyendo lo rural y lo urbano.

Objetivos para 2014

Es importante señalar que el AIAF no es un fin en sí mismo, es un eslabón clave en el proceso que persigue lograr que se reconozca a la agricultura familiar y a sus diversas asociaciones profesionales que la acompañan en la oportunidad de ser protagonistas de su propio desarrollo.

Aclarado este punto, podemos decir que el reto y la obligación durante el AIAF-2014 es promover políticas públicas y prácticas que favorezcan en todo el mundo el desarrollo y el futuro de la agricultura familiar y la labor de tantos hombres agricultores y mujeres agricultoras, campesinos, pescadores artesanales, pastores y comunidades indígenas. 

Dada la diversidad de las agriculturas familiares, de sus diferentes contextos, este objetivo se desgrana en una serie de objetivos concretos que incluyen:

Reconocimiento de las organizaciones campesinas e indígenas como interlocutoras esenciales ante los poderes públicos.

Aumento de la inversión pública en infraestructuras y servicios a zonas rurales.

Reconocimiento progresivo del estatus específico de la mujer rural mediante el uso de herramientas de apoyo directo (inversión, crédito, titularidad, etc.).

Aumento del empleo rural, especialmente entre los y las jóvenes.

Impulso técnico y económico de la investigación agraria.

Programas de formación y potenciación de capacidades.

Aumento de la sensibilización social acerca de la importancia de la agricultura familiar y que fortalezca los lazos entre la sociedad urbana y rural.

Pasando a la acción

Si bien el movimiento global creado ha sido clave para lograr la declaración del Año Internacional de la Agricultura Familiar y para abordar los objetivos descritos, es fundamental la movilización a nivel nacional, ámbito donde se negocian y establecen las políticas que afectan a la agricultura familiar y sus actores.

En ese sentido, hay que destacar la constante creación en diferentes países de lo que se conoce como Comités Nacionales (CN). Un comité nacional es, dependiendo de la situación concreta de cada país, un espacio en el que conviven e interactúan organizaciones de la sociedad civil de diferentes ámbitos con instituciones públicas de diferente orden para planificar acciones concretas el marco del AIAF-2014. Estas acciones van desde el fomento del diálogo, la propuesta y discusión de los programas, de las políticas, la sensibilización, etc.

La figura del CN es el verdadero motor de la incidencia a nivel nacional y un ejemplo manifiesto de la importancia de trabajar conjuntamente con organizaciones agrarias, de desarrollo, ambientales, universidades, entre otras instituciones.

Actualmente están funcionando 48 comités nacionales, gran parte de los cuales cuentan con planes de trabajo definidos y estructurados en tres ejes de trabajo: incidencia en políticas públicas; comunicación, sensibilización y formación; e investigación y tecnología. Los CN están muy activos, ya se han desarrollado decenas de encuentros y talleres participativos, logrado declaraciones de importancia entre organizaciones campesinas, instituciones nacionales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), junto a representantes del Estado en los diferentes países y pensando en la  importancia de la agricultura familiar.

Hasta la fecha en Latinoamérica se han creado 11 CN. Algunos funcionan ya desde antes de la llegada del AIAF-2014, habiendo logrado articular mesas de diálogo y construcción de políticas públicas enfocadas a la Agricultura Familiar, como es el caso del Comité creado en Costa Rica, mientras en Perú tuvo lugar el Taller Nacional de Agricultura Familiar y en Colombia se celebró la Feria de Experiencias para la Soberanía Alimentaria “Semillas, Saberes y Sabores”.  También, con motivo del lanzamiento oficial del AIAF-2014 se registraron ruedas de prensa y eventos de lanzamiento en la mayoría de los países.

Ya se están obteniendo los primeros frutos como resultado del trabajo comprometido de los CN, por ejemplo, la Audiencia Pública sobre Agricultura Familiar celebrada en el Congreso de la República de Colombia con el objetivo de debatir y proponer lineamientos de políticas públicas orientadas a los pequeños productores rurales -resaltando el aporte de la agricultura familiar- es uno de estos resultados obtenidos; la construcción del Plan Sectorial de Agricultura Familiar en el seno del CN AIAF en Costa Rica; la declaración final de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) -obtenida en la Reunión de Altos Funcionarios sobre la Agricultura Familiar- misma que evoca el apoyo al AIAF-2014.  También, se está fomentando la participación de las organizaciones sociales y la realización de eventos; estos son los claros ejemplos del éxito que está teniendo la labor de los CN.

Este no es sino un breve registro de los cientos de actividades que están teniendo lugar simultáneamente en diferentes regiones del mundo bajo el común denominador de la agricultura familiar y que sigue una trayectoria ascendente.

Reflexión final

Como hemos querido transmitir con estas líneas, el impacto de la agricultura familiar no es baladí (término que denota poca importancia o poco interés). Es por ello que lograr un futuro sostenible para la agricultura familiar no es un reto sectorial sino que requiere del compromiso activo de diferentes agentes: organizaciones agrarias, centros de investigación, medios de comunicación, organizaciones de desarrollo y, cómo no, el apoyo expreso de las instituciones públicas.

El reconocimiento y fomento de una realidad mundialmente extendida como es la agricultura familiar será parte de la respuesta necesaria al reto global de erradicar el hambre en el mundo. La batalla del hambre, por lo tanto, va a venir de la mano de la revitalización de las zonas rurales y de apoyar a los hombres y mujeres que se dedican a la actividad agraria en todos los continentes.

Por todo ello, la celebración en 2014 del Año Internacional de la Agricultura familiar nos ofrece 365 oportunidades para que todos desde nuestro ámbito particular pongamos de relieve y aportemos parte de nuestro conocimiento y de nuestra implicación a los y las agriculturas familiares del mundo. Todo ello en la perspectiva de la lucha contra la pobreza, la búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria y la consecución de un medio rural vivo, basado en el respeto al medio ambiente y a la biodiversidad (Agricultura Familiar: Alimentar al Mundo, Cuidar el Planeta (http://www.familyfarmingcampaign.net).

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* Es ingeniera agrónoma, desde el año 2005 es miembro del Secretariado Ejecutivo del Foro Rural Mundial (FRM) y desde el 2008 realiza trabajos de incidencia en favor de la Agricultura Familiar. Actualmente es responsable de contenidos del FRM

El trabajo que ponemos en sus manos cierra con broche de oro nuestro ciclo de artículos especializados en juventudes rurales, tema que abordamos con énfasis este 2013.  El objetivo del artículo, nos dice el autor, es la recomendación de políticas públicas diferenciadas para distintos segmentos de la juventud rural, pensando en que éstas ayuden a las y los jóvenes  a hacer viables sus  proyectos de vida. Las recomendaciones nacen del proceso de una  investigación participativa, conducida por el mismo autor, descrita en un artículo anterior , en la que se identificaron cinco sectores de juventud rural, basados en el estudio de comunidades rurales de Costa Rica (Ver en esta página web el texto “Jóvenes y proyectos de vida en Tierra Blanca” (Diálogos 109 de fecha 15 de agosto).  

Políticas públicas diferenciadas para la juventud rural

* Rafael Mesen Vega

La juventud rural no es homogénea, al contrario, su situación se estratifica a partir de su egreso de la educación primaria. Por esa razón proponemos, según su inserción ocupacional, se tomen en cuenta  cinco tipologías. Cuando no se reconoce la diferenciación, se actúa sin visualizar verdaderamente a la juventud, produciendo una seria dificultad para la formulación de normas específicas y para la intervención de las instituciones, muchas veces ya de por si desarticuladas,  ratificando la ineficacia de su acción.

Las instituciones que deberían brindar servicios a la juventud rural deben dejar de lado el enfoque adulto-céntrico, la acción ofertista y desarticulada, para dar paso a la articulación en redes territoriales interinstitucionales de apoyo a la juventud que responda a la demanda  de los jóvenes organizados bajo una agenda única pero diversificada, según las situaciones ocupacionales de los jóvenes.

Elementos como las normas, políticas, proyectos y acción institucional deberían estar orientados a conseguir que cada joven: a) tenga un proyecto de vida socioeconómica y ecológicamente viable por medio de  un empleo de  calidad (técnico y/o profesional) o  por medio de una empresa propia, familiar o asociativa (asociación o cooperativa), en cualquiera de las fases de la cadena agroalimentaria u otra actividad productiva con potencialidad en el territorio; b) forme parte de una organización gremial productiva de jóvenes o comunitaria  (cooperativa, asociación de desarrollo, asociación de productores o sociedad anónima); c) participe en el  desarrollo comunitario por medio de las instancias de gestión del territorio u organizaciones de desarrollo local; d) participe en la preservación y el buen uso de los recursos naturales.

El trazo de la ruta de inclusión con equidad  para ser actores  del desarrollo rural sostenible debe ser realizado por los mismos jóvenes junto con las instituciones. Las rutas de inclusión  proporcionarán espacios de acción concreta para que cada institución intervenga con un orden lógico y de oportunidad. Para eso sirven las pautas que proponemos a continuación.

Jóvenes trabajadores asalariados

Promover políticas públicas para que los y las jóvenes rurales trabajadores y trabajadoras puedan tener una mayor posibilidad de contar con proyectos, estrategias de vida viables y ser personas actoras del desarrollo rural, antes de seguir engrosando las estadísticas de la pobreza rural. ¿Cómo ayudarles a superar las debilidades en competencias básicas y laborales que les impide un mejor acceso al empleo o un mejor desempeño futuro en las actividades productivas propias? ¿Cómo utilizar sus fortalezas de arraigo a la comunidad, de vocación agrícola y de disponibilidad de dinero para dirigirlo a un desarrollo pleno de un proyecto de vida? En definitiva, se trata de apoyar a las juventudes para que se conviertan en actoras estratégicas del desarrollo rural territorial y nacional, en vez de que sean juventudes excluidas de la educación y de los medios de producción.

Los jóvenes asalariados, especialmente los varones, fueron permeados por la cultura de la sociedad de consumo por lo que, lejos de paliar la pobreza en sus hogares o hacer un aporte significativo, son presa del consumo de bienes influenciados por la sociedad de consumo. A la vez, la socialización temprana en el medio laboral los presiona para adoptar patrones tradicionales del consumo de alcohol,  el cigarro  y otros hábitos.

Por otra parte, el dinero ganado por las juventudes trabajadoras es una de las mayores potencialidades para viabilizar  un posible proyecto de vida, por eso es fundamental apoyar a las y los jóvenes a través de programas de orientación sobre proyectos de vida. En primer lugar, los y las  jóvenes podrían crear conciencia del escenario futuro de la pobreza que les espera debido a la poca o nula inversión que hacen de su dinero en la educación. En segundo lugar, los y las jóvenes trabajadores y trabajadoras podrían diseñar sus proyectos de vida con ayuda de una institución del Estado y en forma voluntaria en proyectos profesionales o de emprendimientos productivos.En tercer lugar, los y las jóvenes trabajadores y trabajadoras podrían y en forma urgente, ser capacitados y capacitadas en administración financiera, para redirigir sus salarios del consumismo al ahorro, justificados con sus  mismos proyectos de vida. De esta forma los y las jóvenes contaran con recursos de inversión para  un emprendimiento productivo o seguir una carrera técnica o profesional.

Una opción para los y las jóvenes rurales trabajadores y trabajadoras es ofrecerles programas de educación alternativa básica y técnica con horarios adecuados a su trabajo, así como una educación de calidad para que los jóvenes sean atraídos nuevamente al sistema educativo. Estos programas deben ser pertinentes tanto al desarrollo territorial como a las demandas de competitividad que exige la globalización y la apertura comercial. A la vez, se debe difundir y aplicar en la  comunidad todo lo referente a los derechos de educación de los y las jóvenes, a la ley de erradicación del trabajo infantil, la regulación del trabajo adolescente y los derechos laborales plenos que tienen los jóvenes como personas en su condición de asalariados.

No se puede dejar de lado que los jóvenes trabajadores tienen grandes potencialidades para la agricultura debido a su formación previa en el campo. Si el Estado proveyera además de oportunidades de educación técnica, el acceso a los recursos de producción, a muchos de estos jóvenes les  sería muy atractivo dedicarse a una empresa agrícola propia.

Jóvenes estudiantes a tiempo completo

Debido a la carencia de empleos calificados  y carencia de oportunidades de estudios superiores, los jóvenes estudiantes buscan empleo y otras oportunidades de estudio fuera de su comunidad. Su comunidad  se constituye para ellos en pueblo dormitorio o bien terminan migrando a las ciudades para trabajar profesionalmente. La emigración es una de las causas del vaciamiento y el envejecimiento de las zonas rurales y pone en peligro la sucesión generacional de los productores y, consecuentemente, la sostenibilidad socioeconómica de la comunidad o territorio. Es evidente que los jóvenes ganan en realización personal, en movilidad social y aún sus familias debido a un aporte mayor de dinero producto de mejores salarios. Sin embargo, el territorio pierde competitividad debido a que los estudiantes mejor escolarizados no se incorporan a las actividades económicas de la región.

Es normal que algunos jóvenes salgan de la comunidad para desarrollar proyectos de vida fuera de la misma. Sin embargo, algunos jóvenes podrían quedarse desarrollando proyectos de vida en su comunidad o territorio rural,   si las instituciones les dieran condiciones adecuadas como la formación empresarial, ambiental  y organizacional, además del acceso a los recursos de producción como tierra, créditos blandos, acompañamiento empresarial y capacitación permanente para el desarrollo de sus propias empresas o la extensión de empresas familiares. Existe un gran potencial para establecer actividades económicas en las fases de  la cadena agroalimentaria de mayor agregación de valor, que son también potenciales nichos de empleo o empresas para jóvenes con mayor preparación básica, técnica y empresarial.

Jóvenes trabajadoras del hogar sin remuneración

Este grupo es uno de los más vulnerables a la pobreza por su alta dependencia, ya que ni trabajan remuneradamente, ni estudian y ni se les reconoce su aporte al hogar. Debido a que las jóvenes trabajadoras del hogar, sin remuneración, tienen anhelos y expectativas para ser profesionales; deben buscarse formas alternativas para su reinserción en el sistema educativo con la finalidad de viabilizar sus proyectos de vida, aunque ellas sigan colaborando en el hogar. Cualquier sistema de educación dirigido a este grupo de jóvenes debe contemplar la educación in situ (en el sitio o en el lugar) donde los padres permitan que ellas estudien, se combata la discriminación que ellas sufren y se les permita estudiar.

Se debe contemplar la ayuda económica por medio de becas del Estado, debido no sólo a la  pobreza sino por aspectos de género, pues muchas veces los padres no están dispuestos a financiar a sus hijas aunque dispongan de recursos, debido a que no las visualizan como jefas de hogar. A la vez, se les debe ofrecer a las jóvenes el apoyo para que, una vez terminada la secundaria, puedan optar a estudios universitarios o de capacitación técnica, acceso a los recursos para un emprendimiento productivo en alguna de las fases de las cadenas agroalimentarias u otras actividades alternativas. Por esta razón, la combinación de estudios básicos de secundaria con los estudios de vocaciones adecuadas a los intereses de las jóvenes y a la vocación productiva o de  servicios del territorio, son claves para el desarrollo de proyectos de vida viables de las mujeres en la comunidad o el territorio.

El apoyo al trabajo doméstico de las jóvenes no debe reñir con el tiempo a la educación que deben invertir las mismas. Ambas actividades deben estar normadas de acuerdo a la legislación vigente en materia de derechos a la educación, de erradicación al trabajo infantil y de regulación de trabajo adolescente, aspectos contemplados en nuestra legislación.

Jóvenes trabajadores familiares sin remuneración

Los jóvenes trabajadores familiares sin remuneración son agentes de sostenibilidad social económica y ecológica del  agrosistema familiar. Sin embargo, su proyecto de vida depende de muchos factores endógenos y exógenos a la familia. Para que el proyecto de vida de los jóvenes familiares tenga viabilidad, se necesita que en la agricultura se logren capitalizar las ganancias y administrar eficientemente los recursos que se ahorran por la mano de obra. También se requiere la apertura mental de los padres para dar espacio y recursos a los jóvenes, con el fin de que inicie sus actividades económicas a edades adecuadas. No muchos padres en la ruralidad tienen esta forma de administrar.

La baja escolaridad es una desventaja para que los jóvenes se desempeñen en el ámbito productivo y para la sostenibilidad del agrosistema,  sobre todo por las exigencias de la gestión del conocimiento, la innovación tecnológica y la eficiencia productiva que se requieren en el contexto de la globalización y la apertura comercial.

Los jóvenes trabajadores familiares deben acceder a sistemas de educación que les permitan, tanto mejorar sus competencias básicas para la vida social y productiva como formar competencias laborales adecuadas a las exigencias de contexto productivo local y las demandas de la globalización y la apertura comercial.

Para que los jóvenes trabajadores familiares puedan ser agricultores exitosos,  deben contar con oportunidades de estudio que no sean antagónicas con la producción familiar. Los jóvenes trabajadores familiares deben tener acceso a los sistemas de educación alternativa básica y técnica, contando con el tiempo suficiente para sus labores escolares.

Las oportunidades educativas para los jóvenes trabajadores familiares sin remuneración, no deben excluir el espacio y el tiempo, el vínculo con la producción o la desvinculación total de los jóvenes con el agrosistema familiar. Tampoco los sistemas educativos deben negar la posibilidad de que los jóvenes se formen en el oficio con sus padres y colaboren con  la economía familiar por el efecto del amortiguador económico que estos representan en una situación agropecuaria cada vez más crítica.  La experiencia educativa de los jóvenes trabajadores familiares debe tomar en cuenta, sobre todo, las  capacidades para la gestión del conocimiento, (la secundaria completa, tecnologías de información y comunicación, una segunda lengua, las gestión empresarial, ambiental y social) para que sean capaces  de complementar los saberes de sus padres y madres  e incrementar la competitividad, equidad y la sostenibilidad del predio familiar.

Los sistemas de educación para los jóvenes deben incluir la conciliación entre el estudio y el trabajo para hacer sinergia, de tal manera que, mientras los jóvenes cooperan con la economía familiar, estén cursando su bachillerato que es una base para “aprender a aprender” por el resto de su vida.

Los jóvenes deben tener opción de una carrera técnica afín a las necesidades del territorio. Esto les permitiría iniciar su propia empresa o bien tener su propio “espacio” social y económico dentro de la empresa familiar con el beneficio de atender otras fases de la  cadena de valor, añadiendo valor a la producción y mejorando la sostenibilidad de  los agrosistemas debido a la innovación, la adopción y la adaptación tecnológica. La preparación de los jóvenes les debería dar posibilidades de inserción en actividades nuevas con alto potencial de desarrollo como la agroindustria y el agro ecoturismo.

Jóvenes microempresarios

Los jóvenes microempresarios tienen proyectos de vida consolidados y con posibilidad de acumulación de capital para sus futuros hogares. Una de sus desventajas es la carencia de una mayor escolarización y un mayor nivel de formación técnica en un contexto de globalización y apertura comercial que demanda el uso del conocimiento como fuente de innovación tecnológica y de eficiencia productiva. 

Por esta razón,  el Estado debe brindar a los nuevos productores programas de educación alternativa de calidad, pertinente a la realidad y a acorde a programas de capacitación permanente para el trabajo, esto con el fin de mantenerlos al día en las nuevas tecnologías y las tendencias del mercado. Los jóvenes que trabajan por cuenta propia deberían invertir tiempo y parte de sus ganancias en la educación básica y técnica con el propósito de mejorar sus competencias básicas y laborales para mejorar la competitividad de su empresa.

Para aprovechar los recursos humanos al máximo, se recomienda que los jóvenes que trabajan por cuenta propia, además de hacer estudios básicos y técnicos, trabajen en sociedad (mediería, al partido, etc.) con los padres y madres. En los sistemas asociados se combinan competencias para administrar el agrosistema. Por el lado de los padres y las madres se recupera el conocimiento agrocultural acumulado de generaciones, la buena actitud al trabajo, la madurez para manejar los imprevistos, y las destrezas técnicas que da la experiencia, entre otras.

Por el lado de las hijas e hijos, la apertura a seguirse formando en la educación básica y técnica, la apertura al cambio tecnológico, el manejo de la información por medio de los sistemas informáticos, la sensibilidad para la protección al medio ambiente y las destrezas en matemáticas y de lectoescritura. Todo contribuye a la articulación de una verdadera empresa familiar que tiene principios de sostenibilidad económica, ecológica y social  para el agrosistema.

En síntesis

Partiendo de que existen varias juventudes rurales con base a la situación ocupacional en una comunidad o territorio, se facilita el planteamiento de estrategias diferenciadas de abordaje sin renunciar ni perder de vista el esfuerzo de promover que actúen de forma aliada.Se debe estudiar la situación particular de cada una de las tipologías de juventud en una comunidad o un territorio para poder establecer políticas públicas diferenciadas en favor de la visualización de sus proyectos y expectativas de vida.

Las juventudes deben encontrarse a sí mismas dentro de la comunidad  o territorio para dialogar sobre su situación general y particular. Esto puede realizarse por medio de una convocatoria por parte de los  mismos jóvenes o por  una organización. En ocasiones en que la juventud está fragmentada y con bajo nivel  de cohesión, se hace necesario que un/a facilitador/a experto/a en manejo de juventudes se haga cargo del proceso, desde la sensibilización a organizaciones e instituciones territoriales hasta la formación de capacidades sociales y de articulación con jóvenes. Como a veces o casi siempre  se tiene la “preocupación” por los jóvenes pero no “la “ocupación”, se hace necesario la sensibilización de  los adultos organizados, ya sean en organizaciones productivas o de  gestión territorial,  a través de una institución especializada en el tema.

Los distintos grupos de jóvenes, desde una facilitación adecuada, deben tener un espacio para  sensibilizarse  unos a otros, reconociendo sus diferentes situaciones ocupacionales y sus semejanzas (son jóvenes y pertenecen una misma comunidad o territorio), con el objetivo de identificar sus  necesidades específicas y generales para elaborar una sola agenda pero diversificada.

Aliados y aliadas, las y los jóvenes deben estudiar las leyes que los rigen y protegen, con el propósito de ejercer activamente su ciudadanía en la ruralidad y empoderarse como grupo o “tejido” social con sus derechos y deberes. Como un solo grupo, deben organizarse para la identificación de sus propias necesidades y la construcción de una propuesta de trabajo (diagnóstico juvenil participativo). Es  fundamental que las y los jóvenes adquieran formación en desarrollo humano y capacidades sociales para la gestión  de servicios institucionales y planes de gestión juvenil.

Con la eficiente aplicación de estas políticas diferenciadas podría lograrse que haya una juventud, capaz de negociar como demanda organizada, una agenda única pero diversificada y diferenciada  según la necesidad de todos los segmentos de las juventudes existentes en la comunidad. El esfuerzo de organizar las juventudes rurales en la comunidad o territorio rural deberá ser iniciado por los mismos jóvenes y acompañados por un/a facilitador/a, apoyados por instituciones especializadas que promocionen el ejercicio de sus derechos y su organización, las organizaciones productivas, los grupos o consejos de gestión territorial. 

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* Es doctor en sistemas de producción tropical sostenible y especialista en extensión agropecuaria y juventud rural, tema con el que actualmente trabaja para el Programa Agricultura, Territorios y Bienestar Rural mediante el Convenio Interinstitucional - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de  Costa Rica.

En este trabajo que obtuvo el tercer premio, categoría artículos, del Concurso Alimentos y pensamientos, siempre en agenda bajo la temática 2013: “Juventudes Rurales”, el autor reflexiona sobre la invisibilidad de las y los jóvenes rurales en los estudios y propuestas que sustentan políticas sociales específicas para la población de jóvenes. Basado en datos de países latinoamericanos, Irala plantea que la pobreza y exclusión no son solamente un dato de situación, sino que se extienden a la escasa o nula visualización en las instituciones, leyes y políticas del sector. El resultado, nos dice, es la ineficacia de las propuestas. De ahí la importancia de que las y los propios jóvenes asuman mayores y más profundos niveles de participación. 

Juventudes rurales y desafíos para la participación

* Abel Irala

Para abordar el tema de la participación juvenil debemos señalar que existe una visión sobre los jóvenes que los considera personas en proceso de llegar a la edad adulta, que es considerado el punto en el que los seres humanos desarrollan todas sus capacidades físicas y psíquicas, y se encuentran preparados para la vida madura. Desde este enfoque, erróneo y tradicionalista, se entienden varias problemáticas juveniles y se fortalece lo que se llama el adulto - centrismo, que concentra el poder en las personas de ese grupo etáreo.

Por otro lado, en las últimas décadas se ha construido un discurso sobre juventud que se reduce a los jóvenes de los sectores urbanos o de las ciudades, ligados a demandas, necesidades, prácticas culturales y características relacionadas a su contexto, con fuertes componentes mediáticos, consumismo y estereotipos. Este discurso avanza en positivo y negativo. Lo positivo se expresa en la comprensión de las y los jóvenes como una promesa del futuro, como seres en formación, estudiosos, aplicados y disciplinados. Lo negativo es que se los visualiza como desarreglados, ligados a la pobreza y a la criminalidad, molestos y peligrosos, gente que se sale de los márgenes establecidos.

En contraposición, bajo esa visión las juventudes rurales están  prácticamente invisibles, hay poca o ninguna preocupación por entender sus características, sus necesidades, los contextos en los que viven y sus miradas sobre el presente y el futuro. Las poblaciones de las zonas rurales de los países de Sudamérica son afectadas con mayor fuerza por la pobreza, su acceso a los servicios es mucho más limitado que en las ciudades y el ejercicio de sus derechos se vuelve mucho más restringido.

Datos de muestra

Sin duda, la pobreza y la negligencia se presentan de forma más cruda en las zonas rurales. El año 2009 el 40,4 % de los/as jóvenes de entre 15 a 29 años de 18 países latinoamericanos se encontraban en situación de pobreza y pobreza extrema, mientras que en la áreas rurales esta situación se agrava afectando al 68,7% de las personas en el rango de edad mencionado. Como nos lo recuerda un documento regional “La incidencia de la pobreza y la indigencia es mucho mayor en el caso de las y los jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas y afro descendientes y en particular de las mujeres” (UNFPA. Informe Regional de Población en América Latina y el Caribe 2011). Entonces,  la invisibilidad tiene estrecha relación con la situación concreta de exclusión en la que se encuentran los sectores juveniles rurales.

Consecuencias

La invisibilidad conlleva falta de oportunidades para participar como sujetos de derechos, reconocimiento social y de incidencia en las políticas públicas que se desarrollan a título de la juventud. En su tesis doctoral el investigador colombiano López López, destaca cuatro principales hallazgo que coinciden al momento de evaluar políticas que se aplican en diferentes países latinoamericanos.

Primero, las políticas sociales especializadas en esta población conciben la juventud de forma muy  general y como un sector de difícil inserción social; la definen como población “vulnerable”, “débil”, “en transición” y “falta de oportunidades futuras”, por lo que debe ser atendida en el ámbito de las políticas sociales compensatorias.

En segundo lugar, coexisten políticas sectoriales con intencionalidad hacia la juventud y políticas específicamente orientadas hacia la juventud, desarticuladas y redundantes.

Por otra parte, hay carencia de programas específicos para reducir el déficit de coberturas en servicios e inequidades en función de las condiciones de género, etnia y de pertenencia a zonas rurales.

Finalmente, en las políticas de juventud se percibe la paradoja de considerar al joven como actor central del desarrollo al tiempo que se hace invisible al joven rural (López López, Antonio Jose. Construcción social de “juventud rural” y políticas de juventud rural en la zona andina colombiana. Bogotá, Colombia.2009).

Respuestas

Para avanzar hacia la visualización de las juventudes rurales es preciso pensar en su participación, pero no sólo como un vocablo de moda o un ejercicio para escuchar sus opiniones o un método para cumplir con los requisitos de alguna agencia gubernamental o internacional; debemos pensar en una participación que trascienda a las esferas políticas, sociales, culturales y económicas, capaz de influir y de otorgar poder a los sujetos que la ejercen.

La Convención Iberoamericana por los Derechos de los Jóvenes, que algunos países de la región aprobaron, es un instrumento jurídico importante, que se puede utilizar como plataforma para impulsar la promoción de los sectores juveniles. En ese sentido, debe ser un punto de partida y no un fin en sí.

El documento hace alusión a la participación de jóvenes mencionando que: “Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales y   legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los mecanismos adecuados para hacer efectivo  el análisis y discusión de las iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y   asociaciones”.

La participación juvenil, debe ser portadora de un poder transformador, no puede estar apartada ni ejercerse fuera de su cotidianeidad, desde allí es que tendrá que abrirse caminos para fortalecer su protagonismo, reconociendo que no es tarea fácil y que tampoco lo pueden hacer solos o aislados, por lo que el apoyo y la colaboración de los/as agentes que trabajamos con estos sectores será de gran importancia.

Hablamos de una participación como práctica social porque esto tiene que ver con la construcción de una democracia con participación ciudadana, construida sobre la base del protagonismo de los sujetos, movimientos y organizaciones en la toma de decisiones. Una democracia que no incluya, que no se esfuerce por dialogar con los segmentos juveniles de su sociedad será una democracia con una enorme carencia.

Las juventudes rurales tienen mucho por defender, como sus territorios, que hoy se encuentran amenazados por modelos extractivistas; sus culturas y costumbres; sus conocimientos, identidad y dignidad. Pero también tiene mucho por conquistar, para exigir el cumplimiento de las responsabilidades que los Estados tienen con ellos y sus comunidades.  

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* Es trabajador social y docente universitario.  Actualmente trabaja en el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) en temas de militarismo, criminalización, derechos humanos y juventudes.  También, es docente en la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Columbia en Paraguay.

La colombiana Laura Marcela Santos mereció el segundo premio en la categoría de artículos del Concurso Alimentos y Pensamientos, Siempre en Agenda –iniciativa aplicada cada gestión-  y que este año 2013 fuera dedicada a la motivadora temática de las “Juventudes Rurales”. En su trabajo, la autora nos muestra el potencial democrático que tiene la participación de las y los jóvenes en procesos de negociación  y manejo de conflictos. Sin duda este es un tema de agenda urgente en las convulsionadas áreas rurales de Colombia pero, al mismo tiempo,  puede ser un método inspirador  para otros países sudamericanos. 

Jóvenes rurales promotores de democracia 

* Laura Marcela Santos Gonzales

You must be the change you wish to the see in the World (Mahatma Gandhi)

Los actuales niveles de tensión con los que conviven día a día los y las jóvenes en las áreas rurales en Colombia y los medios que utilizan para la resolución de sus conflictos originan condiciones de vida caracterizadas por relaciones interpersonales poco armónicas y con tendencia a la solución no pacifica de sus diferencias, en las que la ausencia de un verdadero conocimiento de la democracia y la participación ciudadana conllevan factores de violencia generalizada. Esto tiene como una de sus principales consecuencias el rompimiento del tejido social en los ambientes donde estos jóvenes se desenvuelven de manera cotidiana.

Aún se piensa, y a veces hasta se escribe o se dice, que los jóvenes en general y de forma particular en las áreas rurales son individuos pasivos en sus comunidades, egocéntricos, cuya única preocupación está basada en los dilemas propios de la juventud,  debatiéndose en una ardua búsqueda de sí mismos, expresada de diversas formas.  En la mayoría de las ocasiones este importante sector de la población es visualizado como una masa ambigua, que a pesar de luchar por la diferencia, se uniforma con determinadas prendas de vestir, intereses, estilos musicales y similares actitudes. Pero hay otras visiones.

¿Qué son juventud y adolescencia?

Para el investigador cultural Néstor García Canclini las culturas juveniles son expresiones de grupos de jóvenes que se reúnen buscando identificarse en un mundo que continuamente les resulta hostil. Estos jóvenes pertenecen a zonas rurales donde se evidencia una situación económica difícil y bajo nivel educativo; son sujetos en una realidad social, muchas veces conflictiva, con inseguridad, delincuencia, drogadicción, violencia intrafamiliar y violencia escolar. Por estas razones las redes juveniles se convierten en un medio eficaz para construir identidad e imagen social (Las culturas juveniles, Buenos Aires, 1995).

Una necesidad, así puede parecer un intento (aún a veces inconsciente) de estigmatizar o caricaturizar la situación, es ver qué se esconde detrás de las manifestaciones culturales de los y las jóvenes; qué nos quieren decir. Esto requiere hacer un giro en la mirada del observador, que tiene que dejar de lado la contemplación externa que refleja una forma única de interpretación, constructora de una sola verdad y una sola dirección de conocimiento, para pasar al punto de vista del observado y tratar de comprender e interpretar la realidad desde este sujeto, sus construcciones, los significados de su vida y sus acciones.

Un criterio ilustrativo es el que define la adolescencia como un proceso complejo de metamorfosis entre el niño y el adulto, con reglas de juego a las que no puede escapar ningún ser humano y cuyas manifestaciones conductuales varían en forma dramática dependiendo del modelo patrocinado por cada cultura (Guillermo Carvajal, en Adolecer la aventura de una metamorfosis, Bogotá, 1993).

La adolescencia es un período que tiene sus antecedentes en la infancia y con consecuencias en la vida adulta, principalmente en las sociedades y culturas occidentales urbanas. Por ende, la adolescencia consiste más en un proceso y una etapa de transición. Sin embargo, es indudable que los cambios que ocurren en este momento, cuantitativamente, se dan en una proporción acelerada y, cualitativamente, hacen referencia al desarrollo de una nueva organización de la personalidad psicológica y social, acompañada de nuevas necesidades, motivos, capacidades e intereses. Por esta razón, puede resultar útil hablar de la adolescencia como un período diferenciado, dentro del ciclo vital del ser humano.

Autores como Erikson, en Identidad, Juventud y Crisis, Buenos Aires, insisten en que la adolescencia no constituye una dolencia, sino una crisis normativa, es decir una fase normal de incrementado conflicto, caracterizada por una aparente fluctuación de la energía del ego y un elevado potencial de crecimiento. La tarea más importante del adolescente, según este autor, es construir una identidad coherente y evitar la confusión de papeles. La difusión de la identidad puede llevar al aislamiento del joven, a su incapacidad para planear el futuro, a una escasa concentración en el estudio o a la adopción de papeles negativos por simple oposición a la autoridad.

El adolescente busca emoción y riesgo en un intento de expandir y consolidar su autenticidad, mientras tanto como un capullo indaga su realidad social explora todo su universo simbólico. Quiere ser él mismo quien elija cual riesgo asumirá y cual no. El también deseará elegir en qué “brazos” confiar para que lo sostengan: un líder político, su entrenador deportivo, una novia o un novio o el amigo más influyente de su grupo.

Todas las dudas y búsquedas de definiciones del adolescente transitan el terreno de la normalidad y, más allá del éxito o fracaso de sus intentos, usualmente es una tensión beneficiosa para su desarrollo. El joven aprende de los demás y de sí mismo. Pero, he aquí una de las injurias que nuestro tiempo produce en la juventud. El joven se halla en una búsqueda de nuevos objetos extra familiares para experimentar y lucha contra su propia dependencia infantil de las figuras parentales. En consecuencia, pasa a depender en mayor grado de su grupo social y se torna más influenciable en sus opiniones, costumbres y hábitos por la presión que ejercen los medios modernos de comunicación, que muchas veces presentan mensajes adversos, como la violencia exacerbada y el consumo de drogas como oportunidades placenteras y excitantes.

La concepción sobre juventud varía según la óptica desde la cual se hace la definición; si se analiza desde el punto de vista jurídico, la legislación colombiana define el joven como toda persona que se encuentra entre14 y 26 años de edad; desde una perspectiva sociológica la juventud es considerada un momento en la vida de las personas en el que los sujetos se adaptan a la vida adulta. Desde la antropología se considera la juventud como un rito de paso, una etapa intermedia entre la infancia y la etapa adulta. Desde la óptica psicológica, que es la que se toma como punto de partida en el presente artículo, la juventud es entendida como un estado en el cual ocurre la aparición de procesos formativos de la personalidad del individuo.

Por todo lo anterior, el concepto de juventud no es estático sino todo lo contrario, siempre se construye dependiendo del momento histórico y del escenario social y cultural, entre otros aspectos. Para la definición correcta de juventud es importante indagar sobre esos  escenarios.

Juventud y sociedad

La preocupación por la situación de las juventudes rurales no es un tema nuevo. Ya hace más de una década, el sociólogo Raúl Zarzuri afirmaba que las tribus urbanas de las juventudes rurales podrían constituir  una cristalización de tensiones, encrucijadas y ansiedades que atraviesan a las juventudes contemporáneas y constituyen una posibilidad de crear una nueva sociedad, de reeditar un nuevo orden simbólico a través del tejido social cotidiano (Tribus urbanas: Por el devenir de nuevas sociabilidades juveniles, Notas para una aproximación teórica a nuevas culturas juveniles. Última década N 13, CIDPA, Viña del Mar, 1999).

La importancia de los jóvenes en las sociedades contemporáneas es incuestionable, como lo es su creciente participación en los ámbitos de la política, la economía, lo social y, sobre todo, en lo cultural. La mítica antropóloga Margaret Mead, en Cultura y Compromiso, un texto escrito a finales de los años sesenta, estudió la ruptura generacional y dio cuenta del cambio producido por la sociedad moderna en las diferentes generaciones, estableciendo que las rupturas que se han producido en el mundo contemporáneo entre las generaciones adultas y las jóvenes tienen una diferenciación importante.

Día a día, las y los jóvenes se enfrentan a diversos conflictos que viven en todos los entornos en que se desenvuelven, a nivel familiar, individual,  escolar y social. Por ello es necesario analizar las distintas dimensiones de la conflictividad, según la conceptualización  del “triángulo de la conflictividad”, con tres vértices: situaciones, actitudes y comportamientos (Johan Galtung, Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Red Gernika 6, 1998).

En mi experiencia profesional como psicóloga social y presidenta de la organización Oxigeno social he venido trabajando en diferentes actividades para propiciar espacios de participación juvenil  en los ámbitos de gobierno, salud, educación y vivienda,  donde los y las jóvenes, teniendo en cuenta la Ley colombiana 1098 del Código de Infancia y Adolescencia, se hacen parte activa y democráticamente de los escenarios de promoción  ciudadana, ejerciendo  un rol  decisivo en  las políticas sociales de su región. 

El interés por la participación juvenil fue creciendo hasta llegar  a plantear que los jóvenes sean parte  de los Comités  Departamentales de   Promoción  de los  Derechos  Humanos, por esta razón concluyo en la importancia de  fortalecer la  Red  de Jóvenes en Condiciones Rurales, para que éstos sean líderes y promotores de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y democracia en los escenarios de participación ciudadana en el territorio colombiano y latinoamericano.

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* Psicóloga, M.A Universitat de Valencia, docente e investigadora.  Actualmente es presidenta de la  Corporación Oxigeno Social en Colombia. http://independent.academia.edu/LauraMarcelaSantosGonzalez

Este artículo mereció el primer premio en el Concurso “Juventudes Rurales, Situación y Desafíos” del año 2013. Su autor describe y analiza la participación de los jóvenes en la esfera política de las zonas rurales andinas de Bolivia y Perú, vinculando esa vivencia con las lógicas comunitarias tradicionales y las prácticas modernas. Asimismo muestra el apoyo  que brindan los jóvenes a sus ayllus para el desarrollo comunitario. 

Jóvenes en Los Andes

*Saúl Flores Calderón 

Cuando uno retorna a su ayllu de origen después de varios años se encuentra con muchas sorpresas, como me ocurrió recientemente. Dejé mi lugar de origen, el ayllu Chejempapa, provincia Omasuyos del departamento de La Paz. Lo hice por cuestiones de estudio y trabajo, y no volví hasta ocho años después, ocasión en la que estuve casi dos semanas, ayudando a mi abuelita en las actividades agrícolas.

Encontré que casi todo había cambiado, las antiguas casas estaban más viejas, había nuevas edificaciones, la mayoría de mis amigos del colegio habían emigrado a centros poblados, el colegio y la escuela se habían dividido en diferentes espacios y ya estaba arreglada la vieja cancha que utilizábamos para jugar pelota, incluso tenía un buen tinglado.

Al tercer día, asistí a una reunión del cantón representando a mi abuelita. Las autoridades originarias  habían convocado a los pobladores de las diferentes comunidades para tratar temas relacionados con servicios básicos, designación de nuevas autoridades y otros. Ese día miré con sorpresa a la autoridad que estaba dirigiendo la asamblea, era un joven de al menos uno o dos años menor que yo. El poncho rojo, el chicote, el lluchu y el sombrero  caracterizaban el ejercicio del poder del joven. La sorpresa seguía inundando mis ojos al ver a otras autoridades jóvenes que acompañaban al joven dirigente del cantonal. Me pregunté: ¿qué pasó con las autoridades adultas? Según recuerdo las asambleas eran dirigidas por los mayores. Los jóvenes éramos simples oyentes cuando nuestros padres no podían asistir a las asambleas.

Anteriormente, los y las jóvenes en las comunidades rurales del altiplano de Bolivia y Perú eran considerados  llocalla e imilla, expresiones aymaras que significan menor de edad y, por ende, faltos de experiencia para ejercer algún cargo en la comunidad. Los cargos de autoridad en los ayllus eran exclusivamente para los adultos porque sólo éstos cumplían con los requisitos de la democracia comunal.

Sin embargo, en los cinco últimos años, en provincias rurales del departamento de La Paz y algunas localidades rurales de Puno (Perú) se ha visto a varios jóvenes ejercer cargos en los ayllus rompiendo el monopolio de los adultos. Sin duda la participación de los jóvenes en las esferas políticas ha provocado cambios en las lógicas comunitarias, incluso ha quebrado las instituciones primordiales, como la concepción del jaqi (persona adulta).

No es lo mismo ser joven del ayllu o la ciudad

La actitud de la población  joven del ayllu es distinta a la del joven de la ciudad. En rasgos generales los jóvenes de la ciudad participan principalmente en grupos o movimientos políticos y culturales, donde ellos son actores de sus decisiones. Hay mayor énfasis en el campo cultural por medio de bailes internacionales como hip hop, break dance y rock, pero también con bailes del folklore nacional de sus países como las fiestas o las denominadas Entradas, que son encuentros masivos de personas bailando por una devoción religiosa o fiesta tradicional del calendario.

Los jóvenes aymaras y quechuas en las ciudades han construido una  identidad confusa y sincrética, producto de la globalización, siendo, en realidad, meros consumidores de la cultura extranjera; de esta manera olvidan sus identidades de origen étnico, por ello, según Rolando Sánchez Serrano (Juventud, placer y riesgo: los jóvenes de El Alto, sus sueños y acciones. Plural Editores, La Paz, 2010) solo son derrochadores de placer y alegría, lo que implica la ausencia de proyecciones de vida, pues las acciones se reducen a vivir el momento mientras que los jóvenes del campo tienen acciones y visiones concretas y reales para la comunidad y para sí mismos. 

La principal diferencia de los jóvenes aymaras y quechuas del campo y la ciudad es que los primeros están comprometidos con la comunidad porque existe el vínculo de una conciencia histórica y colectiva y no han perdido la identidad de pertenecer a una nación originaria, mientras que las acciones de los jóvenes de la ciudad se reducen a actividades culturales del momento guiadas por la moda. Se puede encontrar mayores detalles de esta visión en “Ser joven en El Alto: rupturas y continuidades en la tradición cultural”, de Germán Guaygua y otros (PIEB - La Paz, 2000) y “Posmodernismo tribalización juvenil”, de Juan Marcelo Sarzuri Lima (Revista Estudiantil de Sociología, UMSA No 4. Centro de Estudiantes de Sociología e IDIS, La Paz, 2009).

Jóvenes en la historia colonial y republicana

Si hacemos una revisión de la historia de Bolivia y Perú encontraremos a líderes jóvenes de Los Andes que han aportado de gran manera al desarrollo y liberación de las comunidades excluidas y marginadas. Por ejemplo, recordemos que en los tiempos de los incas  los encargados en llevar la información de un lado a otro pasando pampas, montañas y ríos eran los “chasquis”, sin duda, jóvenes.

También podemos recordar en la historia de Bolivia la participación de los jóvenes en las insurrecciones de los años 1780 y 1781, cuando el joven Julián Apaza y su compañera Bartolina Sisa pusieron en jaque el poder colonial de la región. En Perú podemos mencionar a los descendientes de Tupaj Amaru, que también eran jóvenes. Julián Apaza, más conocido como Tupaj Katari, el nombre que él mismo adoptó, tenía alrededor de 30 años, era un hombre vigoroso, de cuerpo erguido y con muchas fuerzas, y no el hombre acabado y maltratado de más de 50 años como se muestra en una imagen colgada en la cámara de diputados de Bolivia; la gente del actual gobierno de Bolivia se refiere a él como Julián Apaza.

En la época republicana de Bolivia también sobresalieron jóvenes que han aportado con las luchas a las naciones excluidas desde los ayllus, como los jóvenes kataristas (primer movimiento y luego partido político que tomó el nombre del líder indígena) inspirando las décadas de los años sesenta y setenta. Genaro Flores y Raymundo Tambo salieron siendo jóvenes de sus ayllus e ingresaron a las universidades y ahí sufrieron  la discriminación y racismo; después de esto entendieron la realidad y volvieron a las comunidades con conciencia política, y posteriormente fundaron movimientos y organizaciones de la línea katarista e indianista para la liberar al pueblo aymara y quechua del sistema colonial blanco mestizo. El gran logro de estos jóvenes líderes fue la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que posteriormente sería el ente matriz de expresión y representatividad de los campesinos (Javier Hurtado. El Katarismo. HISBOL. La Paz, 1986).

Posteriormente, en la década de los ochenta y parte de los noventa aparecieron otros jóvenes, como Víctor Hugo Cárdenas, quién fue Vicepresidente de la República, y Evo Morales, actual presidente de Bolivia, quienes, en cierta manera, también han jugado un rol importante en las luchas de las naciones oprimidas.

Seguramente hubo muchos otros jóvenes como Apaza, Amaru, Flores, Tambo, Cárdenas y Morales,  destacados en el campo de la política y buscando el desarrollo y la liberación de las naciones andinas, pero no han sido visibles ni reconocidos;  solo unos cuantos salieron a la luz pública y ahora son conocidos.

La memoria de las luchas de los líderes jóvenes en la colonia y en las repúblicas, boliviana  y peruana, ha trascendido hasta hoy y está siendo rescatada y revalorizada por los jóvenes de este tiempo. En cierta manera, los jóvenes quieren continuar con las tareas aun incompletas de sus antecesores. Hoy en día podemos decir que estamos en tiempos de jóvenes, porque ellos son los actores directos del futuro de los ayllus. La aparición de los jóvenes en diferentes esferas, especialmente en el campo de política, no es pasiva sino activa, porque rompen con los esquemas o patrones establecidos en las sociedades. Esto se debe a la adopción de lógicas tradicionales como también de la modernidad.

LLoqalla y jaqi, y los pasos para ser autoridad

Anteriormente los únicos que podían ejercer los cargos de autoridad en las comunidades andinas eran los jaqis (personas mayores con familia) y no lloqallas (muchachos jóvenes) o imillas (muchachas jóvenes o adolescentes). Sólo cuando la mujer o el varón contraían matrimonio podían ejercer algún cargo en el ayllu.

En el mundo andino se entiende que la persona que tiene una familia y una casa es responsable no solo de su familia sino de su comunidad y de sí mismo. Por lo tanto un  lloqalla no podría dirigir una comunidad porque no tiene aún  su propio hogar. La familia u hogar es como una pequeña escuela donde se practican la responsabilidad, compromiso e igualdad.

Para ser jaqi, antes del matrimonio y un cargo de autoridad, los hombres primero tenían que cumplir el servicio militar obligatorio, después de terminar la secundaria. Aquel que no lo cumplía no era considerado “hombre”, incluso algunos decían es “poco hombre”. El cuartel era considerado un espacio de sufrimiento pero a la vez de aprendizaje y madurez para la vida. Quien cumplía el servicio militar obligatorio ya tenía el visto bueno para el matrimonio porque se llegaba a la siguiente conclusión: “ahora ya eres hombre puedes casarte y formar un hogar”.

Desde una perspectiva indianista el servicio militar es colonial porque no es una institución de la tradición incaica o aymara sino una institución republicana de Bolivia, donde se aprende a matar a las personas,  discriminar, excluir y, sobre todo, a servir a una sociedad colonialista. Sin embargo, en las comunidades cobró un gran valor social. No obstante, en estos últimos años la importancia de pasar por el cuartel disminuyó y dejó de ser un requisito social indispensable. Los jóvenes de los ayllus prefieren aprovechar un año estudiando o trabajando que perderlo en el cuartel. Sabemos que los jóvenes migrantes del campo tienen que pasar por muchas dificultades para conseguir trabajo. Con el trabajo poco remunerado costean sus estudios, alimentación y vestimenta.

Con esos cambios, ahora no solo los jaqi pueden ejercer la autoridad sino que también pueden hacerlo los llamados lloqallas. Aquí se produce un quiebre generacional, incluso un quiebre institucional en las comunidades.

Inicio del jercicio de autoridad y las acciones de los jóvenes

El quiebre de patrones e instituciones culturales y sociales de la comunidad se debe principalmente a un aspecto que, por cierto, fue bien aprovechado por los jóvenes, quienes empezaron a ejercer  cargos de autoridad en reemplazo de sus padres, por ser éstos de edad avanzada y, por ende, dejaron de ejercerlos. El cargo, que es rotativo y obligatorio, llega a las familias aunque los padres sean de la tercera edad o hayan muerto. Como no pueden, sus hijos o hijas los ocupan, al margen de ser jaqi o lloqalla. De esta forma, los jóvenes empezaron como simples representantes de los padres, pero en el transcurso de la dirigencia fueron cobrando experiencia y habilidades y, de ese modo, comenzaron a insertarse en la vida política.

Pero no podemos desmerecer a los jóvenes que sin ser autoridad dan aportes importantes a la comunidad. Sin ejercen el cargo participan activamente en las decisiones del ayllu. En una asamblea cualquier persona puede participar, no todos necesariamente tienen que ser jaqis y hay una serie de tareas que cumplir.

De ese modo, los jóvenes se volvieron útiles para la comunidad, directa o indirectamente. Por ejemplo, en las reuniones se ve a jóvenes armando los parlantes, comunicando la hora y lugar del encuentro y revisando las actas, entre otras actividades. En las asambleas participan, proponen, cuestionan, reflexionan sobre alguna problemática que aqueja al ayllu. Esta participación es más notable en épocas de levantamientos, marchas por peticiones o contra algún atropello de los derechos de las comunidades. En las marchas los jóvenes son los primeros en gritar consignas de protesta o demanda. En algunos casos son agresivos y pueden llegar hasta a romper puertas, sillas y quemar todo lo que encuentran en su camino, con tal de ser escuchados. Por ejemplo, en el año 2000 en Achacachi (provincia Omasuyos del departamento de La Paz) varios jóvenes se enfrentaron con los militares y policías por las demandas de los campesinos de la provincia, mostrando su vitalidad y naturaleza, lo mismo ocurrió en la insurrección de 2003 por los hidrocarburos, cuando los jóvenes también fueron activistas de lucha, aunque no estuvieran ejerciendo como autoridades comunales o vecinales. 

Pero es en el ejercicio de la autoridad comunal donde el joven demuestra las aptitudes y habilidades para la comunidad. En primer lugar, ahora la mayoría sabe leer y escribir y todos terminaron el colegio. No sufren de analfabetismo, a diferencia de lo que pasaba hace aproximadamente diez años, cuando los cargos de autoridad eran ejercidos por adultos con escasa lectura y escritura. No es nada casual que la sociedad criolla – mestiza los haya considerado “indios ignorantes”. Anteriormente la falta de escritura, lectura y, sobre todo, la falta del entendimiento de la realidad perjudicaba los procesos comunales de demanda y negociación con las instituciones estatales y privadas.  Ahora esto no significa un problema porque hay jóvenes que lo hacen.

Los jóvenes de hoy, aparte de ser bachilleres, ya tienen alguna formación superior en institutos técnicos o universidades. El nivel educativo superior de los dirigentes jóvenes se manifiesta en las reuniones y en las gestiones públicas para los ayllus. Todo lo aprendido en las casas de estudio superior es puesto en práctica en las comunidades.

Por otro lado, el manejo de la tecnología es creciente, hay autoridades que se movilizan por oficinas y reuniones con sus computadoras portátiles y en ocasiones presentan sus informes finales de la gestión con diapositivas para que los comunarios entiendan mejor con las imágenes. La tecnologíaes apropiada por los jóvenes para el beneficio de la comunidad y para el de ellos mismos. No son jóvenes encerrados en el mundo andino tradicional, sino personas que actúan en el mundo globalizado, pero desde los ayllus. Viven entre lo tradicional y la modernidad pero sin perder la identidad y el compromiso con su comunidad; situación distinta a la de algunos jóvenes que viven en las ciudades, que han perdido la identidad.

Los jóvenes han sabido ganarse la confianza y el respeto de los adultos porque están demostrando mayor capacidad y porque son útiles en todas las esferas y para el desarrollo de las comunidades. En la misma línea, algunos sectores de jóvenes se desenvuelven en el campo político hasta haber desplazado las decisiones de los adultos. Es una nueva generación que administra las comunidades, pero aún no en su totalidad. Seguramente en los años venideros el fenómeno continuará.

Las acciones de los jóvenes no son meros impulsos surgidos por obligación hacia la comunidad sino procesos relacionados con la identidad y la lucha de las naciones excluidas, es decir hay una conciencia política e ideológica. Ellos entienden y conocen que los aymaras y quechuas han sido excluidos, marginados históricamente por ser considerados “indios”. Los jóvenes no quieren repetir la discriminación que sufrieron sus padres y abuelos por falta del conocimiento, consideran que los han superado y, por ende, están listos para afrontar a la sociedad criolla – mestiza y continuar con las luchas incompletas de hace años. Por tanto, las miradas de los jóvenes no son solo para cumplir una función formal y mantener la tierra,  sino para alimentar la conciencia histórica y cumplir su deber para con la comunidad. La intención es revertir la historia de los excluidos y marginados, no quieren repetir las mismas historias trágicas de sus mayores.

En cierta forma, los jóvenes que ejercen algún cargo en las comunidades andinas adoptan una ideología indigenista, inspirada por los principales luchadores e intelectuales indigenistas e indianistas, como Felipe Quispe y Fausto Reinaga. Además los acontecimientos de los años 1781, 2000 y 2003 son sucesos históricos de referencia y guía para su actuación en el presente y en el futuro. Hace cuatro años, en el municipio de Achacachi se formó un movimiento de jóvenes de las comunidades, identificados con la ideología de Quispe y Reinaga.

Los jóvenes del área rural andina, que originalmente son labradores de la tierra, ingresan con conciencia política a la Escuela Normal de Warisata (donde se estudia pedagogía para ejercer como docentes) y aún siendo estudiantes ejercen cargos de autoridad en sus comunidades poniendo en práctica los pensamientos de sus inspiradores. La Normal les posibilita una serie de actividades políticas a través de conferencias, congresos y cursos para concientizar y revalorizar la identidad aymara. Por medio de congresos han podido vincularse con otros grupos juveniles aymaras de las ciudades y otras provincias andinas del hermano país del Perú y así fundaron el Movimiento Indianista Katarista (MINKA), uno de los movimientos juveniles más representativos de los andes.

Ciertamente, los jóvenes van ganando espacio a grandes pasos, no obstante, no han roto el monopolio de las decisiones de los adultos en diversas esferas. Hasta ahora, los jóvenes solo se han movido en cargos de autoridades comunales y aún no han llegado a cargos estatales, que continúan siendo administrados por los adultos. La actuación de los jóvenes en diferentes esferas ocurre gracias a las capacidades y habilidades que están demostrando en dinámicas de acción que combinan lógicas comunales y modernas.

En sentido más estricto,  en las comunidades se quebraron las lógicas tradicionales, como por ejemplo el requisito de ser jaqi para ejercer autoridad. Los jóvenes ya no se encierran en su mundo sino que salen de él para aprender y aprovechar de la mejor manera el conocimiento y  la tecnología que ofrecen la modernidad y la globalización como aprendizaje personal y para la comunidad. Estamos, pues, ante nuevas reconfiguraciones de la estructura social donde los jóvenes son los actores directos para dichos cambios.

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*Sociólogo con experiencia de trabajo en educación e investigación en el área rural. Actualmente es parte del equipo de investigación de CONALTID.  Su campo de acción y formación está vinculado con temas indígenas e interculturales.

Las y los jóvenes en el campo conforman un sector poblacional particularmente complejo y suelen padecer con intensidad la vulneración de sus derechos sociales y el desarraigo, como consecuencia de la falta de oportunidades. El desarraigo se convierte en una imposición, una obligación generalmente relacionada con la supervivencia, sumada a la idea de que en las ciudades centralizadas  se pueden encontrar mayores posibilidades de obtener empleo. Pero en la actualidad, en la mayoría de los países sudamericanos hay jóvenes que no trabajan ni estudian, según indica el Informe de Desarrollo Humano para el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 2009-2010. 

Juventudes Sudamericanas entre realidades y perspectivas

*Alcides Ramírez Caballero

Una mirada a Sudamérica

Se pueden encontrar algunas características comunes en la situación de las juventudes rurales de los países sudamericanos, pero hay más denominadores comunes entre  Argentina, Brasil, Chile y Paraguay,  según indica el informe del Centro Latinoamericano sobre Juventud(CELAJU), “Organización y movimientos Juveniles Rurales en Cinco Países del Mercosur, Situación Actual y Propuestas para su fortalecimiento, Montevideo, julio 2004”

El documento destaca las escasas oportunidades laborales remuneradas, en general sin reconocimientos legales y prestaciones  sociales que confrontan los jóvenes rurales comparados con sus pares urbanos.  A temprana edad empiezan una actividad laboral primaria sobre las que no perciben ningún tipo de remuneración, generalmente en la fincas familiares, pues la fuerza laboral de los jóvenes constituye la mano de obra que ayuda a mantener la economía de las familias campesinas.Tempranamente adultos, los jóvenes son asumidos como tales dentro de las comunidades rurales, donde persiste una cultura adulto - céntrica y patriarcal, con valores y patrones culturales que afectan el relacionamiento social entre los ellos mismos.

Otra de las variables comunes entre las juventudes sudamericanas es la creciente masculinización de la población rural, debidoal fenómeno de una crecienteemigración de las mujeres, principalmente hacia las ciudades grandes e incluso a países europeos, pues la crisis económica y la falta de oportunidades las obligan al desplazamiento temporal o definitivo,produciendo vacíos poblacionales en muchas comunidades campesinas de los países de América del Sur, al mismo tiempo que se acentúa el desarraigo.

En esa realidad la educación de las jóvenes rurales emigrantes se convierte el principal deseo inalcanzable,más que en un proyecto factible; la urgencia define la necesidad de trabajar en el presente mientras que el futuro se presenta disociado de la vida concreta, condición que termina por dificultar o directamente impedir la posibilidad de proyectar sus vidas futuras.

Desafíos para el ejercicio de derechos

Las y los jóvenes tienen nuevos derechos y responsabilidades en la actualidad, según su mayor participación en asuntos públicos que les afectan y en la toma de decisiones generales de la comunidad y de la sociedad civil

Estos nuevos derechos representan cambios de la tradición patriarcal y de la gerontocracia, por ejemplo, los jóvenes menores verbigracia los adolescentes,  tienen derechos, igual que los niños, a ser escuchados y a participar en las decisiones que les afectan. Sin embargo,  en el ámbito rural persisten tradiciones autoritarias, que validan las costumbres de que sea la sociedad adulta quien defina el rol de los y las jóvenes.

Por ello se requiere un dialogo intergeneracional sobre las necesidades de este sector de la población, así como sobre los aportes que se le piden y los que no.Por otro lado, es fundamental considerar a las juventudes indígenas con sus especificidades y sus patrones culturales propios, quienes, en el marco de la promoción de sus derechos, necesitan luchar conjuntamente con el campesinado, porque muchas de sus necesidades son las mismas, por ejemplo el acceso a la tierra, a servicios de educación y salud, etc.

Construir la propia identidad

Una de las consecuencias de la denominada descampesinización de las comunidades rurales es  la pérdida de la soberanía territorial y de elementos culturales, como las tradiciones, que construyen identidad y, al mismo tiempo,  una forma de vivir y sentir diferente. Es importante saber y amar la vida campesina, preguntarse quiénes somos, qué significamos para los  otros. La identidad nos plantea reflexionar sobre nuestra historia subjetiva, familiar y social, nos ayuda a indagarnos acerca de nuestros referentes, nuestras pertenencias y nuestros ideales.

Cuando hablamos de desarrollo rural es importante plantear la construcción de la identidad porque solo así se puede luchar contra el desarraigo y volver a la matriz que permita construir valores y sentido de pertenencia. De esta manera podemos  amar nuestra tierra, vivir plenamente la vida campesina y concentrar las ideas y los conocimientos para enriquecer la vida rural con una perspectiva soberana, que garantice la realización y el progreso de las personas que nacieron en el campo y quieren seguir apostando y construyendo a plenitud una convivencia armónica con la naturaleza y sus semejantes.

La concepción de desarrollo para las juventudes rurales debe considerar, necesariamente,los sentidos de pertenencia y de consolidación de la identidad, siendo importante remarcar  que hay diferencias en la construcción histórica de los lugares y de los aspectos individuales y sociales que se manifiesta de manera particular.

Lograr que los jóvenes rurales se reconozcan a sí mismos y a su historia puede significar una fortaleza para que ganen mayor protagonismo  e influyan en  proyectos productivos, buscando un desarrollo rural impulsado y propuesto por ellos mismos, sin necesidad de verse obligados  a emigrar y dejar su cultura, ambulando por  las grandes ciudades en busca de “mejores oportunidades de vida”.

Este cambio profundo en los jóvenes puede lograr que gobiernos locales y nacionales, incluso grupos del sector empresarial privado, prioricen y garanticen el desarrollo local y el trabajo decente para quienes quieran quedarse y realizarse en sus propios ámbitos. Esta visión contempla de forma imprescindible que se considere las necesidades de los seres humanos de subsistir, producir y reproducir su vida material en contacto permanente con la naturaleza,que le provee en primera instancia de los elementos para satisfacer sus necesidades, y el contacto estrecho y cotidiano con otros hombres y mujeres, que es parte de la cultura y del estilo de vida rural.

En esa construcción social es fundamental considerar la igualdad de oportunidades para las mujeres,  teniendo  en cuenta que en las culturas campesinas suelen haber tradiciones y costumbres patriarcales.  Un ejemplo de ellos es el reclamo de las jóvenes para que se transformen las condiciones del liderazgo en las organizaciones de bases y comunitarias. Al menos, esta es la posición de las mayores organizaciones campesinas en Paraguay, como la Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización de lucha por la Tierra (OLT) y la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI),donde se va instalando la equidad de género, que apunta a la igualdad entre mujeres y hombres dentro de las organizaciones.

El caso paraguayo

En Paraguay, de diez jóvenes que terminan la secundaria solo tres pueden acceder a estudios técnicos o universitarios, y para lograrlo, éstos se ven obligados a emigrar a alguna ciudad intermedia o cabecera de departamento.

Según las experiencias descritas por representantes de esta población en la Asamblea de la Juventud Rural del año 2012, el modelo agroexportador vigente en ese país genera un sistema de descampesinizacion y pérdida de identidad, aparte de crear mayor desigualdad social. Al no existir políticas públicas que garanticen los derechos plenos de las y los jóvenes del campo, éstos se ven obligados a salir de sus comunidades y pueblos, y crear nuevas formas de supervivencia  en las periferias de las grandes ciudades, convirtiéndose en nómadas urbanos, lo que, sumado al desarraigo, los hace más vulnerables a sufrir constantemente atropellos a sus derechos.

La juventud emigra con sueños e imagina que la vida urbana ofrece mejores condiciones de vida, y miles de jóvenes sufren porque, al encontrarse con una realidad totalmente diferente a la que imaginaron en sus sueños, empiezan  a vivir frustraciones que, generalmente llevan a un estilo de vida sin adecuada participación cívica,  sobre todo, con una posible  pérdida de la identidad cultural construida en el campo.

En Paraguay, con 40 millones de hectáreas aptas para la agricultura y ganadería, una reforma agraria trunca y el incremento de la agricultura extensiva para la exportación, cada día se genera más emigración  del campo hacia las zonas urbanas, mientras la población va decreciendo, en algunas regiones va desapareciendola población rural.

El 2% de propietarios concentra el 84% de las tierras, mientras que  el 6,6% es  poseedor de tierras que, en su mayoría, no cuentan con un título de la propiedad. De acuerdo al censo agropecuario del año 2012,  el 29% de agricultores con vocación de trabajar la tierra no cuenta con ese recurso, es decir que son campesinos sin tierras,mayoritariamente  jóvenes de entre 18  y 30 años de edad.  Tan grave como eso es la situación de poblaciones  indígenas que no tienen tierras y perdieron sus territorios, fueron desplazados hacialas periferias de las ciudades o están ocupando plazas, ya sea en la capital del país u otras ciudades de amplio movimiento comercial, como Ciudad del Este y zonas aledañas.  

Hay un fenómeno de expulsión campesina a raíz del modelo agroexportador,que despoja a miles de campesinos de sus tierras  y estructura  a las instituciones del Estado para defender solamente los intereses de los latifundistas. Al mismo tiempo, en las zonas fronterizas con los países vecinos se están consolidando  grandes extensiones de tierras en manos de colonos y empresarios extranjeros que las dedican al cultivo de la soja, con la consecuente pérdida de territorio, de la soberanía alimentaria y de la soberanía territorial. Ya se sabe que, cuando se domina la alimentación de un pueblo,éste es fácil de manejar.Por ello es  imprescindible recuperar la soberanía territorial, alimentaria y económica, es decir,  lograr una soberanía integral.

En los últimos años el debate sobre la reforma agraria es el tema más importante  en el seno de los movimientos juveniles campesinos, insistiendo en que se instale en las agendas de la opinión pública.Sin embargo, grupos conservadores,  partidos políticos tradicionales y algunos medios de comunicación ponen en disputa la opinión acerca de la reforma agraria, alegando que los problemas de pobreza  no son consecuencia del latifundio,  y se ha empezado a criminalizar las luchas sociales. Al mismo tiempo, los poderes del Estado, principalmente el Legislativo y el Judicial, en vez de luchar contra los latifundios y las tierras malhabidas, lo defienden y  fomentan el minifundio, escudándose en el prejuicio de que “el campesino no quiere trabajar”.

Otros prejuicios ampliamente difundidos son, por una parte, que a los campesinos hay que entregarles tierras improductivas, porque la improductividad es un retroceso tanto para el socialismo como el capitalismo, y que el desarrollo ruralsolo es posible con el modelo agroexportador, con laparticipación de  empresas multinacionales grandes, como Monsanto, Syngenta, Cargill y otras corporaciones, debido a los volúmenes de sus inversiones.

En ese marco, todavía falta construir las visiones de las organizaciones juveniles sobre desarrollo rural y soberanía alimentaria. El discurso y la orientación de las y los jóvenes debe incluir propuestas detecnologías apropiadas, que ayuden y garanticen el trabajo de  jóvenes campesinos,pensar en modelos de industrialización de la pequeñay mediana producción, enfrentando el monocultivo y sin perjudicar el medio ambiente y la biodiversidad. Todo ello hace  urgente  instalar en el debate una discusión política e ideológica del desarrollo rural y social con perspectiva juvenil.

Agroecología ¿una respuesta?

La agroecología no es solo una ciencia sino es un símbolo de lucha y resistencia en países de Sudamérica donde este enfoque es un componente para luchar por la reforma agraria; un desafío importante es planteado porel Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA). Su marco metodológico es el estudio y formación académica agropecuaria, construyendoconocimientos con la comunidad.La matriz utilizada por el Instituto es  producción denominada  “de campesinos a campesinos”,  que llevó a cabo la Cuba socialista.

El modelo agroecológico de producción plantea alternativas de desarrollo defendiendo las semillas criollas y nativas y fomentando la construcción de industrias colectivas; tiene como base la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, defiende el medio ambiente y rechaza todo tipo de contaminación.

El instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA)  es un proyecto promovido por laCoordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo(CLOC), con el objetivo de formar militantes para transformar el modelo agroexportador, especialmente jóvenes con conocimientos técnicos y científicos con énfasis en la agroecología, conjuntamente con su participación en organizaciones campesinas e indígenas que puedan aportar esos conocimientos a los asentamientos y las comunidades víctimas de los agro tóxicos.

Desarrollo con las juventudes rurales

El desarrollo rural debe estar ligado a las prácticas culturales y necesidades locales y regionales y al vínculo de éstas con la demanda externa,  por eso debe ser integral y sustentable, de tal modo que incluya el cuidado y la protección del medio ambiente como componente fundamental para el desarrollo humano. De aquí nace la relación entre desarrollo yprácticas agroecológicas como un sistema de producción basado en principios sociales, culturales, ambientales, políticos y económicos de sostenibilidad.

Con la producción agroecológica  se aplican prácticas que benefician a la naturaleza, mejorando las condiciones de la fertilidad natural de los suelos, obteniendo producción sana y favoreciendo, de esta manera, a la salud de las familias de agricultores y consumidores de productos agropecuarios,  lo que, en definitiva, puede permitir bienestar social y buenas prácticas en el cuidado medio ambiental.

Producir agroecológicamente en el marco deun sistema de producción autosustentable incluye el manejo ecológico de los suelos, utilización de tecnología apropiada, diversificación de la producción, un sistema forestal y agroforestal y bancos de semillas.

Para ser efectivamente implementadas, estas propuestas deben incluirse en la malla curricular de escuelas, colegios y universidades, especialmente en las carreras de agronomía y ramas afines; fomentar más colegios con bachilleres técnico - agropecuarios y centros educativos que generen promotoresagropecuarios con capacidad técnica de asistir a comunidades y organizaciones locales. Para asegurar estos procesos se requiere de la cooperación pública y privada, de las organizaciones de la sociedad civil y garantizar la participación igualitaria de las mujeres (generalmente encargadas de la conservación y el uso de semillas nativas y del cuidado de los animales), generando estrategias y mecanismos de acciones afirmativas.

De hecho, el emprendedurismo es una de las mejores líneas de acción alternativa para que los y las jóvenes contribuyan a un desarrollo integral,con productos agroecológicos generados y producidos dentro de las fincas familiares. Ejemplo de ello son las experiencias organizativas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la agro-industrialización, en los cuales hay cada vez mayor demanda por capacidades gerenciales para hacer realidad el sueño de las micro y medianas empresas de la producción agroecológica campesina.

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* Es licenciado en Trabajo Social con especialidad en el trabajo con jóvenes del área rural. Actualmente es coordinador de la Sociedad de Jóvenes Rurales  Residentes en Asunción  y responsable de capacitación para la Fundación Paraguaya. 

El documental 970, título adoptado por el número de la Resolución  referida a la regulación y control de la producción, uso y comercialización de semillas en Colombia, muestra en imágenes a funcionarios del Instituto Colombiano de Agricultura (ICA), escoltados por la policía e incautando 62 toneladas de semillas de arroz a un grupo de campesinos de Campo Alegre, departamento del Huila, para posteriormente destruirlas. Las imágenes dramáticas expresan un conflicto que se está viviendo en varios países sudamericanos: regulaciones sobre el acceso, uso y control, de semillas nativas para la producción agrícola. El presente artículo trata sobre ese conflicto y toma posición respecto a la dimensión de sus efectos sobre la agricultura campesina. 

Semillas nativas, legislación y  nuevas prácticas 

Claudia Terrazas*

De aquí a unos pocos años, cuando los recursos naturales ya sean insuficientes, quiénes los dominen o administren y dispongan de la tecnología genética para procesarlos serán dueños de las ganancias millonarias que ellos generarán por la vía medicinal, alimentaria e industrial, sino también del poder sobre el destino de los alimentos y la salud de millones de personas (Adolfo Colombres, en Sobre la Cultura y el Arte popular, 2007:196).

La necesidad, los avances tecnológicos y el acentuado crecimiento del manejo de semillas para responder a la siempre creciente demanda de insumos que permitan ampliar las fronteras agrícolas y los volúmenes de producción han puesto en agenda una serie de términos que aparecen en el presente artículo y, de inicio, es necesario aclarar.

La acepción de semillas nativas, respecto a sus características biológicas se refiere a  las semillas producidas en el contexto local de una determinada región y, por tanto,  adaptadas a esas condiciones climáticas, con una mínima incorporación o menor dependencia de fertilizantes y plaguicidas, y  con una importante diversidad biológica relacionada a sistemas de producción diversificados, que se renuevan en cada ciclo agrícola, lo cual  permite  al agricultor volver a utilizarlas. Asimismo, en el ámbito cultural, las semillas nativas están dotadas de significaciones que las constituyen, antes que nada, como parte del bien común.

En contraposición,  el confinamiento de semillas se refiere a su representación como elementos pasivos fuera de las interacciones y dinámicas propias de la naturaleza.  Esto conduce a a generación de mecanismos de control y restricción del uso común sobre las semillas a partir de la implementación de los derechos de propiedad  y la consecuente ilegalización  de prácticas comunes en los espacios rurales locales, tales como las relacionadas con el intercambio de semillas y el establecimientos de sus diversas tipologías, generalmente basadas en enfoque y principios diferentes a los que utilizan las y  los agricultores. Finalmente, el “confinamiento” remata en marcos normativos excluyentes de la participación de indígenas y campesinos, sectores de la sociedad absolutamente relacionados con el manejo de semillas.

Alertas

Manifestaciones civiles  recientes en Argentina, Chile y Colombia vienen alertando nuevamente sobre  las   legislaciones  que norman el uso y control de las semillas. Las movilizaciones, conformadas por organizaciones campesinas, indígenas y otras instancias de la sociedad civil, denuncian que estas disposiciones  pasan por alto marcos normativos internacionales referidos a la consulta previa, reconocidos dentro del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La crítica sospecha que, en general,  las modificaciones se hacen en favor de las necesidades de una creciente industria y monopolio de corporaciones, estableciendo qué semillas se pueden vender y cuáles no, a partir de mecanismos de control como  normas de protección de variedades vegetales y patentes,  certificación de semillas.

Los mencionados mecanismos de control  van en desmedro del pequeño agricultor, rodeándolo de inseguridad jurídica, al volver ilegal la prácticas de almacenamiento e intercambio de sus semillas,  Por ello, se vislumbra una creciente tendencia de  pérdida del derecho del agricultor a usar sus propias semillas, lo que está poniendo en agenda el debate sobre el control de las semillas, no sólo por su importancia como recurso fundamental dentro de la producción alimentaria mundial,  sino por su estrecha relación y relevancia para la cultura de muchos pueblos.

Al grano

En Argentina, en medio del malestar de organizaciones sociales y grupos de activistas, las instancias gubernamentales esperan para  fines del presente año 2013 la aprobación de un anteproyecto de ley que modifica la vigente Ley de semillas y  reacciones filogenéticas Nº20.247/73,  promulgada en 1973,  la cual ya  había tenido una primera reforma el año 1991, con la incorporación de elementos referidos a la propiedad intelectual sobre las semillas (Argentina y las semillas transgénicas : Ley Monsanto genera polémica, Laura Schneider, 2012).

La ley argentina fue impulsada a fines del 2012 por el Ministerio de Agricultura Nacional y otras entidades productivas pero  no  contempló la participación de organizaciones campesinas e  indígenas lo cual género el rechazo masivo. La discusión respecto a este proyecto de ley se centralizaba en el uso propio de las semillas y las restricciones que se impondrían y la falta de distinción clara entre semillas criollas o nativas en manos de los agricultores y las mejoradas  lo cual complejiza  la comprensión de la problemática. (Argentina: ¿Cómo analizar la “nueva” ley de semillas? Catedra Libre de Soberanía Alimentaria - Facultad de Agronomía - UBA, 2013)

Un caso similar se evidencia en Chile, con la discusión en el Senado sobre la aprobación de un proyecto de ley, que fue elevado al rango de  prioritario, y  bautizado por las organizaciones sociales como la “Ley Monsanto-Von Baer”,que se compone, en realidad,  de tres proyectos de ley  ingresados al Congreso y que cuentan con el apoyo de  dueños  de transnacionales  semilleras y productoras de agro tóxicos, relacionadas a la familia de la hoy senadora Ena Von Baer, dueña de la empresa semillera Baer.

El proyecto de ley ratifica el Convenio Internacional para la Protección  de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) respecto a la propiedad de las semillas, lo que se considera un intento de privatización de las semillas, ya que se pretende dar mayor control de las semillas en unas pocas empresas a través del registro del derecho del obtentor vegetal. En el proyecto, además, se incluye la posibilidad de registrar semillas transgénicas, siendo este último uno de los puntos más polémicos de la propuesta. (Con fundador de Chile sin transgénicos explica alcances de la “Ley Monsanto” y riesgos de transgénicos

http://www.biobiochile.cl/2013/08/20/cofundador-de-chile-sin-transgenicos-explica-alcances-de-la-ley-monsanto-y-riesgos-de-transgenicos.shtml, 2013).

Colombia, por otra parte, en medio de los recientes acontecimientos desencadenados en agosto pasado,  a raíz del paro agrario efectuado en diferentes regiones del país principalmente en las de clima frio, como Pasto y Cundinamarca, protagonizado por pequeños productores  de café, papa, cacao y leche.

El paro evidenció la inconformidad de la población rural con los resultados de 20 años de apertura económica bajo un modelo agrario insertado en los Tratados de Libre Comercio (TLC), que implicaron el incremento de uno a diez millones de importaciones de alimentos en los últimos años, elemento nocivo para la  producción y la economía campesina.

El paro agrario fue la continuación de un anterior paro cafetero, que contó con la participación de aproximadamente 135.000 productores cafetaleros, punto de inflexión de la lucha agraria en Colombia y enfrentamiento frontal con las políticas públicas, a raíz del alto precio de los fertilizantes, cuyos costos ubican a Colombia como el país con los precios más altos de fertilizantes (Aurelio Suarez Montoya, En:  programa Mapamundi/ Segundo Foro Andino Amazónico 2013, radio ERBOL).

El paro también evidenció el debate sobre el acceso y control de las semillas en Colombia, aspecto que se considera uno de los más vulnerados por los TLC que firmó el Estado colombiano. Este hecho fue denunciado con la difusión del documental 970, de Victoria Solano, por la resolución del mismo número que reglamenta la utilización de la semilla  a través de los derechos de autor y obliga a las y los agricultores a sembrar solo semilla certificada perteneciente a empresas estadounidenses. El documental es una denuncia a la criminalización de la reutilización de las semillas,  a nombre de las medidas fitosanitarias, práctica realizada por tres millones y medio de campesinos en Colombia.  Sin embargo, no se trata de un proceso reciente. Desde el año 1976 en Colombia se viene legislando el uso de las semillas, habiéndose aprobado varias leyes y normas para su control (calidad y fiscalización del uso). La ley 1518 del año 2012, viabilizó el UPOV 1991, que amplía el alcance de la propiedad intelectual de semillas. La Ley 1032 del año 2006, en tanto,  modifica el artículo 306 del Código Penal Colombiano  referente a la penalización del uso de semillas que estuvieran protegidas legalmente (Colombia privatiza las semillas naturales, grupo semillas,

http://www.polodemocratico.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2771:colombia-privatiza-las-semillas-naturales&catid=64:nacionales&Itemid=48, 2012).

Estas leyes no tienen claridad en ciertos conceptos, aunque autoridades del ámbito afirman que las especies nativas o criollas  no ingresan en esta legislación y que la misma se concentraría solo en aquellas variedades mejoradas como las únicas a normar dentro de estas legislaciones. Sin embargo, aún hace falta una mayor indagación al respecto, pues son  leyes que utilizan terminología compleja, como semilla genética, semilla básica, registrada y certificada, denominaciones relacionadas al mejoramiento científico genético. (La 970 no le prohíbe a los agricultores resembrar su semilla nativa, Daniela Franco http://www.elespectador.com/noticias/nacional/970-no-le-prohibe-los-agricultores-resembrar-su-semilla-articulo-443719, 2013).

Leyes y nuevas prácticas de confinamiento de semillas

Si vamos hacia atrás en el tiempo, identificaremos que la creación de legislaciones respecto al uso y control de las semillas, tiene sus antecedentes en los avances tecnológicos dentro de la producción agrícola. Los mismos fueron impulsados por los sistemas nacionales de investigación agropecuaria que emergieron en la década de los años 60, con el apoyo  de Estados Unidos y la Fundación Rockefeller en América Latina, considerados los ejecutores de la agricultura a gran escala (Tecnologías contra la vida Duque http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/1628233.asp, 2013).  De ese impulso emergió una parte importante de programas de mejoramiento filogenético para producir variedades modernas de los cultivos más importantes para cada país, de acuerdo a parámetros de calidad establecidos por la denominada Revolución Verde en los años 60 y 70,  promovida, a su vez,  por los gobiernos, empresas y organismos internacionales (Las leyes de semillas aniquilan la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos http://www.grain.org/es/article/entries/4098-las-leyes-de-semillas-aniquilan-la-soberania-y-autonomiaalimentaria-de-los-pueblos , 2010)

La Revolución Verde, recordemos,  propugnaba un cambio sociopolítico radical en las prácticas agrícolas, ya que patrocinaba la producción extensiva a gran escala y el uso de alta tecnología, que incluía la selección genética de nuevas variedades para la obtención de cultivos de alto rendimiento y, consecuentemente, la creación de los derechos de propiedad sobre las semillas.

En ese contexto, el proceso de industrialización de la agricultura se antepuso al conocimiento local de las y los  agricultores. El conocimiento y la innovación fueron reconocidos sólo si producían beneficios económicos y no así cuando respondían a necesidades sociales (El mundo en el límite Vandana Shiva, http://www.observatoridesc.org/sites/default/files/05_Shiva_el_Mundo_en_el_Limite.pdf, 2001). Estos cambios conllevaron al desmantelamiento y desvalorización de los sistemas de productivos locales.

El efecto de la Revolución Verde fue perdiendo paulatinamente todas aquellas connotaciones positivas respecto al incremento en la producción alimentaria, dado que sus efectos positivos solo se manifestaban si la producción venía acompañada de un paquete tecnológico completo que poco a poco puso en peligro el equilibrio ecológico (La historia de la comida Felipe Fernández-Armesto, 2004). Bajo esa lógica, la agricultura que propugnaba tal “revolución” se redujo al manejo de paquetes tecnológicos de “alto rendimiento”, que pronto mostraron  efectos negativos sobre los recursos naturales, como por ejemplo, la erosión de los suelos (Miguel Altieri, Apuntes del Taller de formación en agroecología y bases para un sistema de producción sostenible, 2013).

 Instituciones

La región sudamericana  muestra que varios cuerpos legales,  aprobados o  en proyecto, incluyeron la creación de un sistema o de un organismo nacional para el manejo de las semillas, al que se asigna autoridad sobre todo lo relacionado a la certificación, registro y comercialización de de semillas.

En Chile cuentan con  la norma sobre semillas contenida en el Decreto Ley N° 1764  y el Reglamento (DS 188 de1978) (Decreto Ley N° 1764, del Ministerio de Agricultura fija normas para la investigación, producción y comercio de semillas (Ref.).

En Argentina  está el Proyecto de modificación de la actual Ley Nº20.247/73 (Ley de Semillas) (ley de semillas y creaciones filogenéticas http://www.asa.org.ar/pdf/ley20247.pdf , 1973),  que establece la creación del organismo denominado Comisión Nacional de Semillas. En Colombia está en proceso la creación  del “Sistema de información de cultivos”; manejado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  (Las leyes de semillas aniquilan la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblos

http://www.grain.org/es/article/entries/4098-las-leyes-de-semillas-aniquilan-la-soberania-y-autonomia-alimentaria-de-los-pueblos , 2010).

Como en los ejemplos mencionados, en la mayoría de los casos las leyes dotan a los organismos nacionales especializados capacidad de decisión sobre la liberación de cultivos transgénicos (aunque no de manera exclusiva). A veces estas instituciones tienen rango de entidad autónoma, por lo que el Estado se desliga de la responsabilidad de gestión de las  semillas (Leyes de semilla: imponiendo un apartheid agrícola (Grain, http://www.grain.org/fr/article/entries/1088-leyes-de-semillas-imponiendo-un-apartheid-agricola, 2005).

Un nuevo campo de conflicto y nuevas propuestas por germinar

La producción de conocimiento y el debate  respecto a la legislación de  las semillas es un nuevo campo de conflicto,  al mismo rango que otros recursos indispensables para la producción, como el agua o el territorio. No obstante, pareciera que la temática aún no ha sido apropiada  por  el conjunto de la sociedad, y termina por discutirse solo en ámbitos técnicos especializados, confinando  la discusión solamente a lo referido a la  salud agropecuaria y sanidad de las semillas como insumos.

Sin embargo,  están surgiendo propuestas que propugnan una valoración mayor y más clara respecto al mejoramiento de las semillas, realizado por los agricultores de forma tradicional a través de los años, en contraposición de los mecanismos legales vigentes, que van restando autonomía al agricultor y su uso de las semillas. En la mesa de debate se encuentran nuevas discusiones respecto a la creación de un marco normativo que sea acorde a la práctica y los derechos de los agricultores, y que protejan las semillas nativas.

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* Es antropóloga, con un campo de acción en temas alimentarios