Los países sudamericanos, en general, llevan ya dos décadas de procesos descentralización, cada uno con sus propios matices y particularidades. La descentralización resume varias expectativas de modernización y de equidad en la región, siendo sus elementos principales una modalidad igualitaria y compensatoria de los recursos y el potenciamiento de los gobiernos nacionales. Pero se trata, al mismo tiempo, de procesos complejos, muchas veces en retroceso debido a la poca o nula voluntad política de ciertos gobiernos. Por ello, la descentralización fue y seguirá siendo un proceso social, político y económico esencial en las historias contemporáneas de los países de Sudamérica. Por ello, también, es parte de la agenda de Sudamérica Rural.  De esto nos habla José Gallo en el artículo que les presentamos en la versión 131 del boletín quincenal Apuntes.

¿Qué de los procesos de descentralización vividos en las últimas décadas en Sudamérica, nos hacen ver, con mayor optimismo que antes, que no tendremos regresiones autoritarias y contaremos con gobiernos responsables y transparentes con su ciudadanía?

Si atendemos a lo sugerido por algunos de los estudiosos y analistas de estos temas, para responder a esta pregunta debiéramos fijarnos en el grado de afirmación o consolidación de algunas de las condiciones que hicieron posible que lleguemos hasta al punto donde nos encontramos o cómo estamos transitando hacia el logro de convertir a estas condiciones (implantación de sistemas electorales confiables, reconstrucción de los partidos políticos, el desarrollo de instituciones que garantizasen un sistema de controles y contrapesos de poderes y la internalización de una conciencia cívica y democrática) en componentes estables de nuestras sociedades.

Para avanzar más

Pese a los logros alcanzados en el caso de la los sistemas electorales confiables, en sus instituciones y en la regulación de los procesos, en algunos países y según sean los tiempos, pareciera que aún tenemos, cada quien, nuestros propios fantasmas. Si no la burda o sofisticada manipulación de los votos, es el acceso y uso de recursos en desigualdad de oportunidades, lo que hace que las campañas electorales, por ejemplo, se conviertan en escenarios de desinformación y abuso de poder en el manejo de los medios.

Eso está tan presente en los procesos nacionales, como en los niveles de gobierno intermedio, por lo menos en Perú. Por ello se hace necesario el debate respecto al monopolio de lo que, incluso según las reglas del propio mercado, no debiera permitirse.

En el caso de la reconstrucción de los partidos políticos, crucial para su legitimidad y el fortalecimiento de la democracia, tiene que llamarnos a la reflexión y a la acción el hecho de que cada vez menos ciudadanos acepten que no puede haber democracia sin partidos políticos.

Pero esta situación es mucho más grave que la opinión de los ciudadanos, pues resulta que en la mayoría de los países sudamericanos hay marcos legales descentralizadores, algunos con gran nivel de especificidad en lo referente a descentralización de la toma de decisiones y control ciudadano y, sin embargo, no todos cuentan con partidos políticos ni líderes capaces de hacer cumplir esas leyes.

Por el contrario, los partidos o movimientos políticos que llegan al poder abandonan sus propuestas políticas originarias o abdican, desde el ejecutivo, de su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes, incluso cuando ellos mismos las generaron.

La situación de abandono de las propuestas de gobierno y de las aspiraciones de quienes se vieron representados y representadas por quienes llegan al poder, se da también en gobiernos locales y regionales. Las razones pueden ser distintas, desde la presión de los poderes fácticos que mueven las economías nacionales, hasta la primacía del interés personal sobre los colectivos. Desde la ciudadanía los cambios suelen explicarse  por la práctica común de un comportamiento corrupto que lleva a las nuevas generaciones de políticos a resolver su situación económica a través del acceso y el ejercicio del poder público para hacerse de dinero.

Aunque hay avances, ya que los mecanismos de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos y de los políticos han ayudado mucho a transparentar la gestión pública, que se desarrolló hasta no hace muchos años bajo la cultura del secreto.

Transparencia e información

Actualmente se ha logrado que, como consecuencia de las políticas de descentralización, en los diferentes niveles de gobierno se realicen audiencias de rendición de cuentas, que se editen y publiquen reportes informando acerca de los ingresos y de los gastos públicos y que los gobernantes informen cuántos acuerdos y convenios se firman.

Sin embargo, resulta paradójico que se ejerciten estos mecanismos y, aun así, la discrecionalidad respecto del manejo de la información llegue a extremos de negarse, esconderse o adulterarse.

Otro de los mecanismos que ayudan a transparentar la información es el uso de los portales que ofrecen las redes virtuales. Pese a que todavía hay un alto porcentaje de la población que no puede, por ahora, acceder a ésta de manera directa, se considera de mucha utilidad que esté allí, disponible.

El control social, como ejercicio de los ciudadanos de vigilar el gasto y el uso de los recursos públicos, se ha visto muy vitalizado, también, como consecuencia de las políticas de descentralización.

Pero quizá sea ésta una de las formas de participación ciudadana más débil. Aunque la población muestra predisposición para señalar actos de políticos en ejercicio de la función pública y de funcionarios y trabajadores públicos que trasgreden las normas, muy pocos o más bien casi nadie, están dispuestos a sostener sus señalamientos o realizar acciones de vigilancia sobre aquellos. Hipotéticamente, esto se debería a la primacía del valor de las relaciones de interés por alianzas amicales, familiares y económicas por encima de las de interés público.

Más ojos para ver mejor

La normatividad sobre las organizaciones de la población que se encargarían del control social, bajo distintos nombres, no ha resuelto el problema. En su interior, y también fuera de ellas, se discute si deben recibir fondos públicos para la realización de sus acciones que, de hecho, implican gastos e inversión de tiempo, siendo una labor que se considera poco atractiva y, más bien, potencialmente generadora de conflictos personales.

Pero también la participación, cada vez más y mejor organizada de la población, para la intervención el planeamiento, la programación y definición presupuestal, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones constituyan mecanismos de contrapeso del poder de los gobernantes en los niveles de gobierno intermedios y locales. La elaboración del presupuesto participativo es uno de los mecanismos que mayor expectativa despierta aunque, como cualquier otra política, es necesario recrear.

Quizá la tarea más titánica que debamos realizara es la internalización de una conciencia cívica y ciudadana. Aunque no sea del todo cierto que las juventudes de los países sudamericanos estén desinteresadas por la política, debemos señalar que la precariedad de la educación que niños y jóvenes reciben, cuando tienen la oportunidad de acceder a ésta, condicionan en mucho ese desinterés.

De otro lado, pese a los avances en pluriculturalismo, las diferencias culturales siguen siendo un factor limitante para el libre acceso y ejercicio de las funciones política y pública de grandes bolsones de la población.

En conclusión, pese a los avances que hemos obtenido en el tránsito y la afirmación democrática de nuestras sociedades en las últimas décadas, no podemos negar la presencia de fantasmas que parecieran decirnos que el sistema nos deja avanzar hasta donde él considera aceptable. Esta idea no viene de una percepción fatalista, solamente pretende recordarnos que hay muchos desafíos y retos por vencer.

Más acción menos lamentos

¿Qué podemos hacer desde instituciones como las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), frente a esta situación?

En primer lugar, iniciar un proceso de sinceramiento interno sobre nuestros fines, objetivos y estrategias de intervención  de nuestro trabajo y realizar el mismo proceso de sinceramiento con nuestros interlocutores, sujetos contraparte de nuestro trabajo.

En segundo lugar, sobre la base de asumir que nuestro trabajo es fundamentalmente de construcción de propuestas políticas para la transformación y el cambio, debemos intervenir más en la formación, asesoría y acompañamiento político de las organizaciones de la sociedad civil con las que trabajamos. Esto supone promover la intervención de las municipalidades rurales en los temas de desarrollo económico, como una forma, aunque pequeña, de ampliar las oportunidades para mejorar la producción y el incremento de ingresos.

En la misma línea, debemos contribuir al desarrollo de una institucionalidad que haga posible la articulación de esfuerzos de los diversos agentes o actores económicos de los ámbitos de intervención institucional. Para eso podemos sugerir la intervención (preferentemente de los pequeños productores), en las instituciones legislativas y de fiscalización como las comisiones de trabajo de regidores, de parlamentarios provinciales y departamentales.

En tercer lugar, el fomento de instituciones o instancias de consulta o cualquier otro foro permanente de los gobiernos locales y regionales en los temas productivos contribuiría al mayor diálogo social. Siendo los partidos políticos actores de primer orden para la construcción y afirmación de una sociedad democrática, debemos impulsar su participación activa en los ámbitos o jurisdicciones territoriales más pequeñas, y en las instancias de participación diversas. Así mismo, podemos alentar la identificación y el ejercicio de la oposición política, basado en la sustentación de propuestas alternativas viables frente a las propuestas del partido que ejerce el poder desde el gobierno.

En síntesis, acerquemos los procesos de descentralización y sus políticas a la cotidianeidad de la población. Contribuyamos a identificar sus atributos y confrontemos prácticas para enriquecer las ideas y no solamente los procesos. Se trata de conceptos y relaciones nuevas que exigen los momentos actuales en pos de la ampliación de las libertades de la población mayoritaria.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El Movimiento Regional por la Tierra (www.porlatierra.org) comenzó a articularse y expandirse. El presente artículo describe los primeros pasos y productos de esa acción. La autora nos pone en contexto los propósitos, protagonistas y alcances del Movimiento y comparte los resultados de 16 estudios de caso realizados, hasta el momento, en Colombia, Brasil, Paraguay, Ecuador y Bolivia.

Las últimas décadas han mostrado que la apertura democrática en Sudamérica, lejos de frenar al capitalismo, ha normalizado la acumulación y beneficio desmedido de unos por sobre otros. Los desfavorecidos del modelo económico no fueron pasivos y su respuesta deja ver diferentes formas de organización y largos procesos de resistencia por sus derechos a la tierra, la producción de alimentos y la defensa de su forma de vida.

En toda Sudamérica los campesinos e indígenas están organizados y sus agendas reivindicativas se proponen como programas de desarrollo. Sin embargo, si bien muchas organizaciones del campo tienen alcances importantes, la maquinaria burocrática de los Estados suele poner en entredicho la viabilidad de sus reivindicaciones en resguardo de la gran propiedad privada.

Lo que está en juego, junto a la propiedad de los recursos naturales y la producción de alimentos, no es otra cosa que la propiedad de las “formas y procesos de la vida” (Vandana Shiva; Los monocultivos de la mente; 2008); éstos son diversos y multiformes en su  naturaleza pero en el mercado son uniformes y tienden a la homogeneidad, reproduciendo las desigualdades, dependencias y jerarquías.

¿Por qué un Movimiento por la Tierra?

Ante el contexto adverso que enfrenta el planeta, las poblaciones rural y urbana estamos en alerta. Diversos grupos de jóvenes activistas nos cuestionamos sobre la disponibilidad de alimentos y la forma de vida que determina el consumo masivo.

Resulta un dilema situarse en la correlación de fuerzas que supone el trazo reivindicativo de las organizaciones campesinas e indígenas, el principio modernizante del desarrollo y la pasividad que caracteriza a la academia en su trabajo de explicación de la realidad. Sin embargo, la contemporaneidad de los problemas agrarios, ambientales y alimentarios nos convoca a generar procesos que, apartados de la dicotómica forma de comprender la realidad, opten por una forma de pensamiento que defina la complementariedad y la articulación de diversos actores y posturas, que bajo el principio de la solidaridad y apuesta por la agricultura familiar y comunitaria, gesten nuevas instancias y plataformas de conocimiento para postular formas propias de desarrollo y ejercicio de derechos.

La tierra es el principal elemento y pilar de los temas agrarios. Como dice Shiva, debemos “centrar nuestras vidas en la tierra y no en la dependencia”. El Movimiento Regional por la Tierra (MRT) promueve en Sudamérica un proceso de reflexión masivo que busca ampliar el conocimiento sobre los territorios rurales, sus poblaciones y sus procesos productivos. Es una iniciativa que surgió en Bolivia, por la sinergia entre la holandesa Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) y el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), e intenta irradiar y articular circuitos comunicacionales en los 12 países sudamericanos.

La sistematización de experiencias en el acceso a la tierra es el principal insumo de la movilización del MRT, pues cada experiencia o caso articula la acción de diversos sujetos,  desde organizaciones sociales, activistas políticos, instituciones de desarrollo, y académicos hasta a autoridades y funcionarios estatales. La sistematización de estudios de caso, que lleva 16 casos hasta el momento,  está instaurando una dinámica de reflexión que, a través de la investigación-acción, prevendrá la reproducción de la carga de conflictividad, pauperización y criminalización con la que se observa el campo. Esta plataforma de información empírica intenta dar aliento a la solidaridad de diferentes sectores de la sociedad hacia el campo y, además, busca incidir en el enfoque de las políticas agrarias en la región.

El Movimiento se ha trazado como meta la realización y promoción de mil estudios de caso sobre experiencias inspiradoras de familias, unidades domésticas, organizaciones territoriales o grupos que, con su acceso a la tierra y el territorio en lo que va del siglo XXI, muestren la potencialidad y propuestas del mundo rural.

El MRT se concibe como una corriente de articulación complementaria a las agendas reivindicativas y políticas en Sudamérica, es independiente y, a la vez, está comprometido con los intereses de la pequeña agricultura familiar y el enfoque rural sudamericano que la sustenta.

La plataforma de conocimiento, al ser abierta y estar disponible en la red, es susceptible a múltiples revisiones y permanente referencia. Las familias campesinas e indígenas, los activistas políticos, los académicos y la sociedad civil en general, podemos aludir a las mil experiencias que respaldan la importancia de los modelos productivos locales y diversificados, que se han movilizado en defensa del derecho al acceso a la tierra, a insumos productivos, semillas, mercados campesinos, productos agroecológicos,  alimentos sanos y formas de vida que traslucen culturas y saberes propios.

Investigación - acción, una metodología para la transformación

Plantear al académico o al especialista rural un estudio de caso sobre una experiencia “exitosa”, nos ha supuesto varios cuestionamientos. Por ejemplo, lo exitoso o inspirador de los casos tendrá que ver con la peculiaridad del contexto en el que emergen. Varios son procesos de larga resistencia durante el  Siglo XX y el desenlace de sus problemáticas ha tenido que ver con políticas y conquistas recientes. Otros casos aluden a los efectos del neoliberalismo, la migración y precarización de las poblaciones urbanas, y su éxito tiene que ver con su capacidad creativa y una renovada apuesta por la tierra y la vida en el campo. Por ello, ver a estos actores desde una perspectiva propositiva y creativa y dejar de lado el discurso de pauperización y asistencialismo, supone un cambio en la estructura de pensamiento con que tradicionalmente se investiga en el área.

El principio para la recopilación de estudios de caso está relacionado con el enfoque de la investigación-acción, como un modelo que cuestiona la visión dicotómica entre teoría y práctica. Se busca identificar alguna problemática de investigación, que otorgue un énfasis específico al caso para la explicitación de su procedimiento,  que suponga, de acuerdo a los objetivos del MRT, la toma de conciencia de la potencialidad política, productiva y cultural de familias, colectivos u organizaciones rurales.

Para sistematizar un estudio de caso no se requiere ser especialista en investigación. Para nuestro cometido, lo fundamental es visualizar a los sujetos que, siendo actores rurales, campesinos, indígenas, técnicos de desarrollo, facilitadores, investigadores agrarios u otros, pueden identificar dentro de su propia experiencia y sistematizar un  estudio de caso. Lo que significa, en primera instancia, emprender un ejercicio principalmente subjetivo y de revisión experiencial. ¿Por qué me siento una agricultora afortunada? ¿Por qué le tengo tanto afecto a mis terrenos? ¿Por qué he emprendido esta lucha por la defensa del territorio de mis ancestros? ¿Por qué le tengo tanto afecto a esta comunidad y no a otras en las que trabajo? ¿Por qué este colectivo o asociación productiva es tan importante para mi experiencia como promotor de desarrollo?

Al intentar responder estas preguntas, vamos a remitirnos, necesariamente, al hilado fino de la textura sociocultural y económica, por lo que cada documento de estudio de caso será, entonces, un texto matizado con hitos históricos, voces, imágenes y signos propios que proclama la gente en su acceso a la tierra.

Hacia las mil pruebas

Hasta junio de 2014, en su primer año de implementación, la iniciativa del MRT ha logrado sumar 16 estudios de caso y dos estudios técnicos en cinco países de Sudamérica. Este grupo inicial de casos ya permite ver la perspectiva del Movimiento, las preguntas que suscita entre diferentes actores y la potencialidad de cada experiencia en la difusión y generación de lecturas de mayor alcance. Paraguay y Bolivia, los países que ya presentan estudios técnicos, dejan ver estructuras agrarias, a la vez diferenciadas y complejas, sin embargo, los casos muestran sinergias y aspectos que, en su especificidad, nos hablan de una cultura campesina sudamericana.

Nuestro mapa de seguimiento expone los esfuerzos iniciales. En Colombia parte del trabajo de la institución Agrosolidaria y el investigador independiente Omar Rojas en colaboración con ICCO,  sumando seis casos que tienen como protagonistas a las familias Martínez y Barajas, al Predio San Julián del Caquetá y al Corregimiento Guáimaro, en diferentes regiones del país.

Un aspecto que diferencia a Colombia del resto de realidades en Sudamérica es el masivo fenómeno del desplazamiento de poblaciones, forzado por la violencia, lo que, a su vez, abre un espectro de problemáticas relacionadas con el latifundio, el desarraigo de tierras, la disputa por la propiedad de la tierra, la instauración de un mercado especulativo de tierras y los vicios institucionales comunes a la región.

Ante esa adversidad, las familias y las comunidades desplazadas y sin tierra optan por la ocupación y toma de otros terrenos; o, basados en la reivindicación de la prestación de sus servicios en haciendas, luchan por el reconocimiento a sus posesiones y logran que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), haga dotaciones de tierra en subsidio.

El peculiar significado del acceso a la tierra de estas familias, ya sea porque en arduos procesos ahorraron y compraron, o porque lograron la dotación de tierras fiscales, tiene que ver con la re campesinización, provocada por el retorno al campo por el desempleo en la ciudad y con la rehabilitación de suelos que fueron sido tipificados como de segunda por su poca productividad. Aún en esa condición, el resultado final muestra fincas y predios que, al otorgar autosuficiencia alimentaria a las familias, apuestan además por la diversificación, las formas asociadas de producción que expresan el sentido comunitario de la vida al campo y la búsqueda de mercados campesinos.

En Paraguay, gracias al trabajo de BASE Investigaciones Sociales (BASE IS) y su investigador Luís Rojas, se cuenta con cinco casos que exponen el proceso de resistencia que responde a la concentración de la tierra en manos del latifundio.

Los campesinos paraguayos, ante el desplazamiento y desarraigo, estructuraron la Federación Nacional Campesina y diferentes organizaciones locales sin tierra. Su importante movilización ha incidido en que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), realice dotaciones y titulaciones familiares, una de cuyas estrategias es la ocupación colectiva y la resistencia, cumpliendo con los pagos fiscales al Estado para garantizar la propiedad de la tierra que alberga a las comunidades.

El mapa actual del MRT remite al caso de las comunidades Reconquista y Tava Guaraní, los asentamientos “Arsenio Vázquez” y Ñu Pyahu, y al barrio pionero del asentamiento de Chino Cue, en diferentes regiones del Paraguay. Todas estas unidades territoriales resisten a la presión del circuito empresarial sojero y apuestan porque sus futuras generaciones produzcan sus propios alimentos, se desarrollen en el campo y vivan comunitariamente.

Uno de los desafíos más importantes para el Movimiento es abarcar el territorio brasilero e incluir sus peculiaridades en el espectro regional. Bajo ese cometido, la Comissão Pró-Índio de São Paulo ha sistematizado el caso  del Quilombo de Erepecuru, que da cuenta de una forma de acceso a la tierra a través del derecho colectivo basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un quilombo es una colectividad de población afrodescendiente con una larga historia de esclavitud y marginación social que atraviesa la colonia y la república que, alcanzando un título colectivo, actualmente puede desarrollarse cultural y económicamente. La historia de los quilombos se remonta a las fugas de los esclavos negros  de las haciendas para conformar sus propias comunidades libres.

En Ecuador se sistematizaron  dos experiencias ubicadas en la región del Cotopaxi. Una trabajada por los investigadores Freddy Montenegro y Ligia Chipantasi del Sistema de Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador (SEPAI), muestra el proceso de retorno al campo de la asociación de hilanderas del barrio de Tilipulo que optaron por garantizarse la seguridad alimentaria y accedieron a una dotación del Estado, por la que deben pagar el subsidio y desarrollar la producción agroecológica. La otra experiencia es la del Recinto El Palmar, sistematizada por  Lama Al Ibrahim, del Centro Andino de Acción Popular (CAAP), que trata de un proceso de migración del campo al campo, protagonizado por indígenas quechuas que compraron un predio cercano para desarrollar su producción ganadera de forma sostenible y, a pesar del desconocimiento de su pago por tierras que luego fueron declaradas área protegida, insisten en su titulación y en la posibilidad de acceder a mayor extensión a través de su asociación lechera.

En Bolivia, Carlos Vacaflores de la Comunidad de Estudios JAINA, sistematizó el caso de la comunidad Laderas Centro, en el departamento de Tarija, que muestra la defensa de la tierra ante continuos intentos de expropiación por su potencial económico y disposición de  recursos. En otro caso, la investigadora Patricia Nina, del Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Reforma Agraria (TIERRA), expone la problemática de género a la que están sujetas las mujeres aymaras del altiplano, a través  de la historia de dos mujeres del municipio de Tiwanaku de La Paz, que superaron las trabas culturales que enfrenan las mujeres solteras para acceder a la tierra, al lograr participar de un proceso de saneamiento interno y ser reconocidas como propietarias titulares.

El espectro que ofrecen estos 16 casos muestra una gama importante de situaciones y problemáticas en las que las familias campesinas, indígenas y afrodescendientes no sólo resisten, sino que saben resolver y protagonizar ejemplares e inspiradoras experiencias. Un elemento común son los vicios institucionales, la precariedad estatal y el relegamiento de derechos campesinos e indígenas, enfrentados cotidianamente  por las familias con la insistencia en la ocupación, rehabilitación de suelos y producción diversificada. 

Si los primeros casos nos impulsan a continuar con el insistente trabajo de sistematización, difusión y movilización, imaginamos, sin dudar,  que la primera centena nos mostrará la amplia responsabilidad que implica tomar conciencia por la tierra, sus pobladores y al llegar a mil tendremos la constancia de la viabilidad de la apuesta por el mundo rural en Sudamérica.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

En desarrollo rural, muchos temas esenciales, como el acceso al agua, suelen ser tratados de forma general, con diagnósticos y propuestas de políticas a través de datos estadísticos y técnicos. Se obtienen así documentos sesudos e importantes, pero la gente es invisible. En el presente artículo, el autor da vuelta al razonamiento y, poniendo a la gente en primer plano, nos cuenta la forma en que comunidades del pueblo Huarpe llevaron adelante un proceso acotado geográfica y temáticamente que logró reunir los esfuerzos de la población y las autoridades obteniendo resultados tangibles. Quien gana, es la gente.

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, ratificando el hecho de que el acceso a estos dos servicios es esencial para la realización de todos los derechos humanos.

Esta Declaración situó en la agenda pública del Estado Argentino el mandato de abordar la problemática de falta de acceso al agua, tomando en cuenta que es más difícil el cumplimiento de esta tarea en  zonas rurales alejadas de las principales obras e infraestructura destinadas a la provisión del líquido elemento.

Durante estos últimos años, salvo periodos de excepción, en la República Argentina se tomaron decisiones políticas que ocasionaron perjuicio para los pobladores del árido, pero que beneficiaron a grupos de poder. Así ocurrió, por ejemplo, con el caso de los diferimientos impositivos que permitieron ejecutar grandes tomas de agua para abastecer a los denominados mega emprendimientos agrícolas, afectando en muchos casos áreas de bosques nativos, que luego fueron abandonados para no dar cumplimiento a las correspondientes obligaciones fiscales.

Sin embargo, durante el mandato presidencial de Néstor Kirchner se implementaron una serie de acciones al respecto, que si bien no han resuelto todos los problemas inherentes a la falta de acceso al agua potable, lograron generar herramientas institucionales que abren un camino en esa dirección y se van profundizando con las gestiones y el apoyo de algunos organismos de cooperación.

Una experiencia para compartir

A continuación comparto una experiencia desarrollada en las zona áridas del país, donde la problemática de acceso al agua se vio agravada por los efectos del cambio climático y, en algunos casos, como consecuencia de las tareas de represamiento efectuadas en la parte superior de las cuencas, lo que impide la recarga de acuíferos y el curso normal de los ríos aguas abajo.

En la localidad del Encón, departamento 25 de Mayo, ubicado al sureste de la Provincia San Juan, cuatro comunidades del pueblo Huarpe y un grupo de “puesteros” protagonizaron acciones de incidencia y movilización, cuyos primeros  resultados son el inicio de algunas soluciones.

El elemento unificador fue la falta de acceso al servicio de agua, carencia por la que las organizaciones locales de cuatro comunidades originarias y una de puesteros criollos lideraron el reclamo que generó las mejoras posteriores. 

La zona donde se desarrolló esta experiencia se ubica en el árido rural del departamento 25 de Mayo entre las localidades de Punta del Agua y La Tranca, al sudeste de la provincia San Juan e involucra a 17 pequeñas localidades, siendo la más importante la comunidad El Encón, situada a 82 kilómetros de la cabecera departamental Villa Santa Rosa, que abarca una superficie aproximada de 220.000 has.

La cuenca del río San Juan es la principal fuente de recursos hídricos de la provincia del mismo nombre, está en el sector centro sud occidental traspasando el límite interprovincial y abarca un pequeño sector del norte de la vecina provincia de Mendoza.

Esta cuenca posee una superficie aproximada de 38.462 km2, lo que aproximadamente el 45 por ciento de la superficie de la provincia. El río San Juan es la principal fuente de la cuenca que fluye de oeste a este y nace por la confluencia del río Castaño, desde el norte y Los Patos, desde el sur e irriga la mayor superficie de hectáreas útiles, casi el 75 por ciento en el Valle del Tulún (área de influencia del Gran San Juan), 4.5% en el valle de Calingasta y 3.5 % en Ullún-Zonda. Al emplazarse en una zona montañosa,  los recursos hídricos subterráneos del territorio producen la carga de los acuíferos en su mayoría en las zonas de los valles, formando cuencas de agua subterránea.

Por otro lado, el río Huaco en el departamento Jáchal y el río Valle Fértil, en el departamento que lleva el mismo nombre, también son de gran importancia para la población del sector. La provincia también cuenta con varios arroyos que son cursos de montaña de fuerte pendiente. Entre los más importantes  están los arroyos Agua Negra, Agua Blanca, Iglesia, Ojos de Agua, Las Hornillas y el arroyo Los Tapones, entre otros.

Población, demandas y organizaciones

La población del departamento 25 de Mayo está concentrada en poblados heterogéneamente dispersos en el secano, es decir en puestos cuya distancia promedio entre sí es de 10 kilómetros aproximadamente, equivalentes a unas tres horas de caminata si las condiciones climáticas y los accidentes del terreno lo permiten, ya que en la zona abundan guadales, médanos y montes, donde vive la mayoría de la población. Por tanto, la dificultad de acceso por las vías del sector, la falta de transporte público y el mal estado de los caminos agravan la situación de los pobladores.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con base en el Censo 2012, el departamento de 25 de Mayo tiene una población de 17.224 personas y en la zona del Encón la población asciende a 455 habitantes, entre criollos y comunidades de pueblos originarios, de los cuales el 52% son mujeres y el 48% varones. En su mayoría son agricultores familiares con escaso o ningún nivel de manejo de capital, dedicados a la crianza de ganado caprino y a la producción artesanal como sus principales actividades económicas.

Las organizaciones  involucradas de forma activa en la experiencia fueron la Comunidad Huarpe de Salvador Talquenca, Comunidades Huarpe de Clara Rosa Guaquinchay, Comunidad Sawa Comunidad Inkanta y la Asociación de Puesteros Ganaderos de 25 de Mayo. Posteriormente se incorporó la Unión Vecinal de Fomento del Encón, producto de una decisión consensuada de los pobladores. Cada una de las organizaciones participó en la toma de decisiones sobre los pasos a seguir en la tarea de lograr soluciones para resolver la falta de agua.

La única fuente de agua disponible para la red actual es un pozo profundo con un canal de 32 kilómetros de longitud,  que beneficia a 20 Puestos. Se estima que 40% de los Puestos se provee de agua proveniente de otras zonas y que 25% de los puesteros recibe agua de la Municipalidad mediante el alquiler de un camión bomba (el agua se almacena en piletas) y el 17% restante la obtienen de pozos balde. El 87% de las familias (104) no tiene electricidad, sobre todo las que se encuentran en zonas aisladas y de difícil acceso y las que están ubicadas al sur de la localidad de Encón.

Durante el proceso se realizaron cuatro etapas: La exteriorización del problema conocido, pero muchas veces silenciado, lo que sirvió para que las organizaciones integraran esfuerzos en sus reclamos; la denuncia ante los organismos públicos, en especial ante la Defensoría del Pueblo; la participación activa en la elaboración de proyectos formulados por técnicos y funcionarios del Estado Nacional y de la provincia de San Juan, y la elaboración de reglamentos internos de funcionamiento.

La respuesta

Las organizaciones locales radicaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Juan y este organismo convocó a funcionarios nacionales, provinciales y municipales para propiciar el análisis de posibles soluciones.

Las organizaciones, con asistencia de profesionales del Ministerio de Agricultura elaboraron un proyecto para la adquisición de maquinarias, herramientas y un camión, para proveer el agua potable a los puesteros de la zona, reacondicionar las represas actuales y construir nuevas que permitan acumular el agua de lluvia, realizar perforaciones que sustituyan los pozos balde y asegurar la provisión de agua para consumo del ganado del sector. Las adquisiciones se hicieron con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social.

Actualmente las organizaciones, con asistencia técnica de los ministerios involucrados,  administran el dinero de la cuenta y deciden qué nuevos insumos y equipos se comprarán así como el funcionamiento y la administración del sistema, que fue nuevamente ampliado y reforzado con la compra de una perforadora con capacidad de alcance de 250 metros, además de un camión y una bomba eléctrica.

Para la administración del sistema las mismas organizaciones generaron dos comisiones, una administrativa y otra de ejecución. Además,  se logró  el compromiso del gobierno nacional para pagar el sueldo a un técnico asistente que coadyuve en esa área y uno para el asesoramiento en la plantación de forrajes en la zona. Ambos funcionarios fueron designados por los caciques de las comunidades y los representantes de las otras organizaciones locales.

Camino a la autogestión

A pesar de que estas acciones constituyen sólo una parte de la solución de los problemas que confronta la población de la zona, es posible afirmar que, por primera vez y gracias a su accionar conjunto, las organizaciones locales lograron una respuesta a sus demandas de parte del Estado, luego de tantos años en que ellos y sus padecimientos fueron invisibles.

Lo más importante a resaltar es el grado de empoderamiento alcanzado por los campesinos y originarios como fruto de estas gestiones. Ahora es posible visualizar un cambio en el camino recorrido, utilizando herramientas institucionales gestadas en la última década en Argentina, lo que marca una clara diferencia con décadas pasadas, con gobiernos alineados con las políticas de exclusión impuestas por el liberalismo económico, cuando se precarizó a los pobladores rurales. Una experiencia que debe ser imitada.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Un poco de historia muestra la forma en que los intereses internacionales pueden llegar a afectar, rotundamente, las condiciones de vida y de trabajo de los productores campesinos. Pero también hay alternativas, una de ellas puede ser el Comercio Justo. A través de la Guerra del banano, Marco Coscione nos proporciona una radiografía detallada de ese proceso en las islas de Barlovento.

Cuando los pequeños productores caribeños de comercio justo piensan en la liberalización del comercio lo primero que les llega a la mente es la llamada Guerra del Banano, un proceso de desencuentros y negociaciones que empezó en 1991 y terminó (por lo menos hasta el momento) en 2012.

Los productores de las islas de Barlovento (Las islas de Barlovento son un grupo de islas de América del este de la cuenca del Mar Caribe, integrado por las islas septentrionales de las Pequeñas Antillas, que incluyen, entre otras, a Granada, Martinica, Santa Lucía, Barbados, Guadalupe, Dominica, Trinidad y Tobago) sufrieron todas las consecuencias negativas del “libre comercio” y no les quedó otra opción que empezar a tejer relaciones solidarias con los circuitos del comercio justo.

El origen

El 13 de febrero de 1993, a través del Reglamento CEE 404/93, tomaba cuerpo la Organización Común de Mercados para el Sector del Banano (COMB) y se ponía en marcha el régimen comunitario relativo a su importación y distribución. Al interior de la Comunidad Europea las posiciones no eran uniformes: Alemania prefería un régimen abierto, mientras que Francia y España preferían seguir defendiendo un sistema que protegiera directamente a sus productores de las islas de Guadalupe, Martinica e Islas Canarias.

Sin embargo, por la presión simultánea de los países del África, del Caribe y del Pacífico (ACP), de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), de sindicatos bananeros, de la Asociación de Productores Europeos de Bananos, de los grupos de presión de la European Banana Action Network y de la Fairtrade Labelling Organizations que exigía cuotas específicas para los productores de comercio justo, la Comunidad Europea defendió la implementación del nuevo régimen, que aún mantenía ciertos privilegios para los países ACP, quienes durante largo tiempo gozaron de acceso preferencial al mercado europeo gracias a la Convención de Lomé (en 1975 la primera) y el Acuerdo de Cotonou (del año 2000).

El régimen causó una situación de exceso de oferta y caída de los precios; el precio para los consumidores europeos aumentó alrededor de 0.50 euros el kilogramo (bastante más alto respecto al precio de venta en los Estados Unidos); los bananos provenientes de los países no-ACP eran más baratos que los bananos ACP; se generó un mercado de licencias calculado en mil millones de dólares anuales y los operadores tradicionales vieron mayor beneficio en este negocio que en el desarrollo del sector productivo; los márgenes de beneficios para minoristas y supermercados aumentaron.

A nivel internacional, la caída de los precios redujo las entradas de los países productores, especialmente los más pequeños, pero también provocó la reacción de la empresa transnacional Chiquita,  que a inicios de los años noventa hizo ingentes inversiones en los países de la “zona dólar” (Centro y Sudamérica) pensando en una prematura y rápida liberalización del mercado europeo. Para Chiquita el nuevo sistema significó la pérdida de 65% de su cuota de mercado europeo; fue así como la compañía empezó un fuerte trabajo de lobby para convencer al gobierno estadounidense de emprender la guerra del banano por incumplimiento de la cláusula de la “Nación más favorecida” (Artículo 1 del General Agreement on Tariffs and Trade). 

En 1994, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela, firmaron el Acuerdo Marco sobre el Banano (AMB) con la Comunidad Europea. Este acuerdo “aumentó el volumen del contingente arancelario de la nación más favorecida (NMF) y disminuyó los aranceles dentro del contingente a 75 ecus   comerciales por tonelada (ecus= European Currency Unit, en español Unidad Monetaria Europea, unidad monetaria usada en la Comunidad Europea, posteriormente Unión Europea (UE), antes de ser reemplazado por el euro en enero de 1999). Parte del cupo (49,3 por ciento) se dividió en porcentajes del contingente arancelario específicos según los países que se asignaron a los cuatro países de América Latina: Costa Rica recibe el 23,4 por ciento, Colombia el 21 por ciento, Nicaragua el 3 por ciento y Venezuela el 2 por ciento” (FAO, La economía mundial del banano 1985-2002, 2004).

Al mismo tiempo, el acuerdo causó el rechazo de Guatemala, Honduras, México, Panamá y también Ecuador, el primer exportador mundial; la Unión de Países Productores y Exportadores de Banano (UPEB) quedaba fracturada, por medio de la estrategia europea del “divide y vencerás”. Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, el recién firmado acuerdo empezó a tambalear: Estados Unidos, Guatemala, Honduras y México (y Ecuador desde 1996) encabezaron la nueva batalla. En septiembre de 1997, la OMC declaró incompatible con sus normas el nuevo régimen de la UE para la importación de bananos. Para los exportadores tradicionales del Caribe significó una ulterior disminución de las exportaciones.

Y después…

En abril de 2001, Estados Unidos, Ecuador y la Comunidad Europea llegaron a un acuerdo para la paulatina liberalización del mercado comunitario del banano y el abandono progresivo de los contingentes. A pesar de que se permitía que la UE fijase cuotas preferenciales para los bananos ACP hasta el 2006, los países ACP exigían acompañamiento y mejores garantías sobre todo en un contexto de sobreoferta y saturación del mercado europeo.

Las consecuencias negativas para las islas de Barlovento fueron bien visibles en la disminución de las exportaciones al mercado británico, que ya entre 1993 y 2002 habían disminuido de 238,000 a 99,000 toneladas. Como subrayó la cooperativa inglesa Banana Link, fue “simplemente una reforma negativa que aumentará la pobreza y el desempleo en un gran número de regiones exportadoras de banano. […] Pequeños productores caribeños serán desplazados del mercado, al menos que los consumidores y supermercados británicos estén preparados para apoyar una reconversión de toda la industria al mercado justo. […] ¿Por cuánto tiempo más la Unión Europea continuará creyendo que la liberalización de mercado es la medicina necesaria para su propio bien?” (Banana Link, El Boletín Bananero, 2006).

En diciembre de 2009 se firmó el Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos entre la UE y Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. A raíz de este acuerdo, muchos consideran que los países ACP perderán gradualmente cuotas de mercado y que las compensaciones previstas por la UE no podrán mantener en vida un sector que por años ha garantizado la subsistencia a miles de productores y la economía de pequeños países muy dependientes de las exportaciones de bananos, como es el caso de las islas de Barlovento.

Los que se beneficiarán de este acuerdo son las grandes plantaciones centro y sudamericanas, las multinacionales estadounidenses del sector y las grandes cadenas de distribución. La industria bananera de las islas de Barlovento sufrió un duro golpe: de los 27 mil productores de 1992 hoy sólo quedan 3.500; en Santa Lucía este número bajó de 11 mil a 900 (Fairtrade Foundation, Fairtrade Bananas Case Study, 2012).

Los países ACP se declararon decepcionados y abandonados por la UE: «La Comisión Europea sacrifica el desarrollo por la liberalización del comercio», declaró Gerhard Hiwat, presidente del grupo de trabajo sobre el banano de los países ACP. La propuesta podría significar, según Hiwat, la pérdida de por lo menos 350 millones de euros para los exportadores ACP entre el 2009 y el 2016.

No todo estaba dicho

El último (hasta el momento) episodio de la telenovela bananera tuvo lugar el ocho de noviembre de 2012, cuando se constataron oficialmente las reducciones arancelarias comunitarias a la importación de banano en el Órgano de Solución de Disputas de la OMC. Ese día quedó formalmente finalizada la “Guerra del Banano”. Sin embargo, la lucha por la sostenibilidad de la producción de banano en las islas Barlovento empezaba a ser aún más visible.  

Para apoyar a los productores agrícolas nació en 1982 la Windward Islands Farmers Association (WINFA); en solo cinco años se transformó en una organización paraguas para los pequeños productores de las cuatro islas de Barlovento (Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Granada). A finales de los años noventa, empezó el proceso de certificación al comercio justo Fairtrade para responder a la gradual, pero inexorable, pérdida de cuotas del mercado comunitario y relativa disminución de competitividad. La primera exportación de bananos de comercio justo se realizó en el año 2000 hacia el Reino Unido.

La transición de WINFA al comercio justo se aceleró en el año 2005, en vista de la inevitable liberalización del mercado europeo del banano que se iba a concretar en 2006. Entre 2004 y 2009, el porcentaje de bananas de las islas de Barlovento vendidas al mercado Fairtrade pasó de  30% a 90%, con más del 90% de los productores de bananos articulados a través de organizaciones de comercio justo.

En 2007, el Reino Unido representaba el 61% del mercado de los bananos Fairtrade, Suiza el 12% y Alemania el 6%, entre otros. Las ventas de bananos certificados en el Reino Unido pasaron de un valor de 7.8 millones de libras en el 2000 a 242.5 millones en 2012 (http://www.fairtrade.org.uk). Hoy prácticamente el 100% de la producción bananera en las islas está certificada, pero se logra exportar a los circuitos “justos” europeos solo un 45% aproximadamente. 

Después de una larga lucha para liberarse del yugo de los intermediarios locales y obtener mayor control sobre la cadena de suministro, el 20 de marzo de 2008 los productores de WINFA firmaron el primer acuerdo de venta directa al exportador de las islas. La Windward Islands Banana Development and Export Corporation (WIBDECO) y ésta se comprometió a exportar solo bananos certificados.

A pesar de que aún faltaba mucho por hacer, el primer objetivo del comercio justo se estaba logrando: garantizar a los pequeños productores en desventaja económica el acceso directo a un nicho de mercado de calidad, comprometido, transparente y en constante crecimiento.

Además se concretaba otro de los objetivos fundamentales del comercio justo: el desarrollo de capacidades, o el empoderamiento local. Sin embargo, la sostenibilidad de los pequeños productores de las islas Barlovento aún queda en peligro porque, además de liberalización total del mercado comunitario del banano, algo menos esperado pero muy anunciado estaba avanzando: el cambio climático. Mientras las exportaciones bajaban a causa de los cambios en el mercado europeo, durante los años 2007 y 2010 las pequeñas islas del Caribe fueron azotadas por tremendas tormentas tropicales y huracanes.

En agosto de 2007, el huracán Dean destruyó el 100% de la producción en Dominica, el 65% en Santa Lucía y el 10% en San Vicente. El premio de comercio justo se usó prácticamente en su totalidad para el proceso de reconstrucción. Después, el huracán Tomás (octubre-noviembre de 2010), destruyó por completo la producción de San Vicente y de Santa Lucía, y un 50% de la producción en Dominica. Sin embargo, gracias al fondo para desastres, nutrido a través del premio social de comercio justo, WINFA pudo responder, por lo menos en parte, a las necesidades inmediatas, articulando además varios apoyos de donantes internacionales.

Comercio justo y oportunidades

Arthur Bobb, Gestor de la Unidad Fairtrade en WINFA, está convencido de que “si las islas de Barlovento no hubiesen empezado la transición hacia el comercio justo, ahora estarían fuera del mercado” (Fairtrade Foundation, 2012). Después de la enorme bajada productiva conocida en 2011, los pequeños productores de WINFA están recuperando los niveles de 2012 y para el 2014 debería estar exportando unas 16 mil toneladas. Desde la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo (CLAC) se están buscando recursos para implementar un proyecto de incremento de la productividad y apoyo al desarrollo económico y social de WINFA.

En este sentido, el rol de los consumidores conscientes y responsables seguirá siendo fundamental. Así lo recordaba en 2012 Marcella Harris, Presidenta de WINFA: «No queremos caridad, queremos que se nos reconozca el derecho humano básico a una vida digna, a alimentar nuestros hijos y a vivir sin depender de las limosnas. El Comercio Justo es un comienzo pero, para ganarnos la vida, necesitamos que las personas compren nuestra fruta. Espero que las personas empiecen a entender que pueden hacer una diferencia real para las vidas de miles de productores solo a través de una simple decisión al momento de sus compras. Esto es todo lo que pedimos» (Fairtrade Foundation, 2012).

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Durante los últimos seis meses, las zonas amazónicas de Bolivia, Brasil y Perú han compartido los impactos de inundaciones como un fenómeno de fuerza inusitada en comparación con las últimas décadas. En esta nueva entrega de la serie Diálogos, el autor proporciona información del impacto de las inundaciones en los tres países calculada a partir de diversos informes publicados por medios de comunicación electrónica hasta el 21 de abril del presente año. Para el caso de Bolivia, la fuente principal es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia a través de Defensa Civil en el marco del Plan Nacional de rehabilitación para la producción agropecuaria ante contingencias climáticas 2013-2014.

Inundaciones en la Amazonía: ¿Desastre natural?

En los tres países, aproximadamente 281.041 familias fueron afectadas en sus medios de vida y un número importante han sido desplazadas de su hábitat, dinamizando la migración rural-urbana y, con ello, la redefinición de sus estrategias de vida; 7.356 viviendas se declararon inhabitables, exponiendo la seguridad e integralidad de las unidades familiares; se ha malogrado la salud de 75.320 personas con enfermedades producto de las epidemias, la contaminación de las aguas, la elevada humedad y la inestabilidad en las temperaturas.

Los datos oficiales de los gobiernos del Perú, Bolivia y Brasil establecieron la magnitud de los impactos económicos de las inundaciones e indicaron que más de 560 mil hectáreas de cultivos agrícolas han sido destruidas. Sólo en el caso de Bolivia murieron ahogados cerca de 217 mil animales vacunos, comprometiendo la disponibilidad de los volúmenes de alimentos demandados, la accesibilidad a estos productos en términos de calidad y oportunidad requerida y la salud pública por efecto de la contaminación hídrica y ambiental que todo ello significa.

Los niveles extraordinarios de las cuencas hídricas y la ferocidad de la fuerza del agua pusieron a prueba la sostenibilidad de los medios de vida de las familias rurales en la región amazónica. Pero no todo se registra en las estadísticas oficiales. Uno de los datos no reconocidos es el referido a los impactos en los medios de vida de más de 200 pueblos indígenas que tienen como hábitat la Amazonia de estos tres países, porque los recursos forestales, hídricos, faunísticos y las tierras con aptitud agropecuaria constituyen sus fuentes de la seguridad alimentaria, economía, salud, espiritualidad y vida social.

A partir de los impactos de las inundaciones diversos actores buscaron explicaciones  causales al fenómeno. Desde el Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural (Plataforma de instituciones de Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú que dinamizan el debate en espacios plurales y democráticos como mecanismo para la construcción propuesta colectivas desde la sociedad civil sobre la problemática del desarrollo rural en los Andes y la Amazonia), se sostiene que la conexión hidrológica de las aguas de la cordillera de los Andes hacia las cuencas amazónicas y la deforestación de los bosques, como práctica del afincamiento del modelo de desarrollo extractivista en los Andes y la Amazonia, son, indudablemente, las dimensiones a tomar en cuenta en el análisis integral que debe hacerse sobre este fenómeno, catalogado por muchos como “desastre natural”. Pero, ¿se trata realmente de un desastre natural?

Las aguas vienen de arriba

La Amazonia como unidad socio espacial tiene una extensión que supera los 11 millones de kilómetros cuadrados; en ese espacio se entrelazan 12 macrocuencas que son alimentadas por más de 158 sub cuencas (Red Amazónica de Información Socio ambiental Georreferenciada RAISG, 2012.  Amazonia Bajo Presión). La bifurcación de estas redes hídricas dio lugar al desarrollo de una cultura hidráulica común a los pueblos indígenas amazónicos y cuyos vestigios tangibles son los camellones y lomas artificiales que aún se preservan.

Una de las cuencas que articula la Amazonia con los Andes es el río Madera, cuyo recorrido traspasa las fronteras de Perú, Bolivia y Brasil. Cuatro sub cuencas (Beni, Iténez, Mamoré y Madre de Dios) recorren más de mil kilómetros para alimentar el río Madera, lo que implica la conformación de un área de drenaje superior a los 903 mil kilómetros cuadrados. Por otro lado, el lugar de nacimiento de estas sub cuencas son las estribaciones de los Andes y los Valles interandinos, cuya altitud está entre los 5.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar, y su dirección son las sabanas inundadizas amazónicas cuya altura se sitúa entre los 130 a 600 metros sobre el nivel del mar.

(http://www.ipsnoticias.net/2014/04/deforestacion-andina-provoca-tsunami-amazonico).

La conectividad de los dos ecosistemas - los Andes y la Amazonia- tiene factores que provocan los desbordes de los ríos y, consecuentemente, las inundaciones en la Amazonia a través de las cuencas hídricas. Algunos de esos factores son los altos niveles de volúmenes de la masa de agua que transportan, los desniveles del trayecto en el recorrido de éstas y la modificación de sus dinámicas naturales por parte de la intervención humana, ya sea por la sedimentación provocada por la contaminación de los ductos acuíferos y la deforestación de las riveras de las cuencas o por las practicas agropecuarias convencionales que reducen o eliminan la cobertura vegetal evitando la infiltración del agua. La constatación de estos factores fortalece la pertinencia de abordar las inundaciones de la Amazonia en su interconectividad con otros ecosistemas y obliga a considerar su impacto en las dinámicas socioambientales del planeta.

Deforestación e inundación

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estimó el año 2012 que en las próximas cuatro décadas se requerirá producir un 70% más de alimentos en el mundo, para lo cual se tendrían que habilitar 120 millones de hectáreas. En la Amazonia, durante los tres últimos lustros, el agronegocio y la explotación forestal han provocado la deforestación de más 240 mil kilómetros cuadrados de bosque, lo que equivale a la mitad de la Amazonía colombiana.

En Bolivia, según señaló el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la deforestación fluctúa entre 300  mil y 350 mil hectáreas por año. Las proyecciones de estos estudios muestran que para el año 2100, si se mantiene ese ritmo de deforestación, serán desforestadas 37,7 millones de hectáreas de bosques (aproximadamente el 34% del territorio nacional) en el país.

En el caso de Brasil, un estudio de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG, 2012) establece que entre los años 2005 y 2010 se deforestaron 192.985 kilómetros cuadrados de la selva amazónica, representando la mayor tasa de deforestación entre los países de la región. El mismo estudio establece que en la selva peruana se ha registrado una deforestación de 14.974 kilómetros cuadrados.

¿Hay relación entre la deforestación y las inundaciones suscitadas en la Amazonia peruana, boliviana y brasileña? Un estudio realizado en 56 países en vías de desarrollo con altos niveles de deforestación, tomando como  base los  registros de precipitaciones y de humedad del suelo entre otros factores relacionados, concluyó que el aumento del 10% en la deforestación de bosques naturales incrementa entre un 4% y 28% la frecuencia, intensidad y duración de las inundaciones, tomando en cuenta que esta actividad genera una mayor evapotranspiración, menor capacidad de reciclaje de agua y un desorden en la distribución de la precipitación (Universidad Charles Darwin en Australia y Universidad Nacional de Singapur, 2010).

En periodos de lluvia, los bosques asumen el rol de almacenar una cantidad importante de agua, de este modo, ésta no se va directamente a los ríos, sino más bien se queda almacenada en los suelos boscosos y después es liberada lentamente. Sin embargo, la deforestación en la Amazonia está dirigida principalmente a la habilitación de los suelos para la actividad agrícola y pecuaria. Por ejemplo, en Brasil, de las 41,5 millones de hectáreas deforestadas al 2012, el 93% fueron destinadas al cultivo de pasto y 7% a la producción de monocultivos (RAISG, 2012. Amazonia bajo Presión). Este hecho incide de manera directa en las inundaciones, ya que la conversión de un bosque amazónico a un sistema de pastoreo para ganado vacuno, multiplica por 10,8 la erosión y compactación del suelo y, de igual forma, multiplica por 26,7 la cantidad de agua que escurre a los ríos (Fearnside,1989).

Bajo esta explicación, la deforestación de los bosques amazónicos y andinos, direccionados a la implementación de las diversas actividades extractivistas, constituye otro factor que incide en la magnitud y frecuencia de las inundaciones en la Amazonia.

Megaproyectos e inundación

La Amazonia juega un rol preponderante en la geopolítica mundial. Su megadiversidad y riqueza natural cimientan esta condición. Es depositaria de un tercio de las reservas de agua dulce y del 20% de las energías fósiles del planeta; su vocación agroalimentaria, forestal y ambiental constituye una condición sustancial para enfrentar la crisis alimentaria y energética del planeta.

Esta condición y cualidad de la Amazonia ha concentrado el interés de los gobiernos y consorcios internacionales con un resultado concreto: el afincamiento de un modelo de desarrollo extractivista que está trascendiendo los límites de la capacidad de reproducción del ecosistema y está multiplicando los niveles de vulnerabilidad de los medios de vida de las personas que son parte de la Amazonia.

Hasta el año 2012, en la Amazonia se habían construido 96,5 mil kilómetros de carreteras con tramos que atraviesan áreas protegidas, cuencas hidrográficas y territorios indígenas. Se han concesionado 327 lotes petroleros, con una extensión de 1.082.704 kilómetros cuadrados, lo que representa el 14% de la Amazonía. Ese millón de áreas concesionadas se sobreponen al 42% de las cuencas del Alto Amazonas y al 13% de los territorios indígenas. Por otro lado, se han construido 417 hidroeléctricas, la mayoría de ellas situadas en áreas protegidas, territorios indígenas y cuencas hídricas.

Los tramos y dirección de las infraestructuras camineras tienen como diseño la penetración a los recursos naturales de la Amazonia y su traslado en condición de mercancías a los mercados globales. La actividad hidrocarburífera y minera es una de las principales fuentes de contaminación y sedimentación de las cuencas y sub cuencas hídricas de la Amazonia. Las hidroeléctricas, construidas a lo largo de las cuencas de la Amazonia están siendo estudiadas para definir su impacto en la alteración del régimen hídrico, en la reducción de la diversidad hidrobiológica y en la aceleración de los procesos de sedimentación de las fuentes hídricas. Si ello se confirma y, si se valoran efectivamente los impactos del conjunto de megaproyectos construidos, se podría establecer que las inundaciones no son sino la expresión del afincamiento del modelo de desarrollo extractivista que mercantiliza y expolia la naturaleza como filosofía de desarrollo.

En este marco, las inundaciones en la Amazonia se pueden interpretar como uno de los gritos de la naturaleza que, de ese modo, interpela el modo de vida de los humanos a expensa de su muerte. La esencia de su mensaje a la conciencia humana es: quiero vivir. Y es, al mismo tiempo, una demanda urgente para que los seres humanos transitemos de la relación de sujeto a objeto a otra dimensión,  la  relación de sujeto a sujeto. La naturaleza nos está exigiendo que comprendamos que los “desastres naturales” son la expresión de los “desastres humanos”. ¿Qué le podemos responder?

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El Instituto para el Desarrollo de Sudamérica (IPDRS) realizó ya dos versiones del Concurso anual Alimentos y pensamientos, siempre en agenda, dirigido específicamente a la participación de mujeres y hombres jóvenes, focalizado en el ámbito sudamericano, en las categorías artículos y ensayos. A raíz de las publicaciones de los trabajos ganadores del pasado año, el autor nos propone una lectura integral sobre la situación y perspectivas de las juventudes rurales en la región con algunos apuntes específicos desde Chile.

Juventudes rurales y desarrollo: Notas de lectura

Este artículo debe su existencia a la estimulante lectura del ciclo de publicaciones que el IPDRS realizó a partir del concurso de artículos y ensayos del año 2013, titulado “Juventudes rurales, situación y desafíos”. Los textos ganadores figuran en los números 18, 19 y 20 de la sección Exploraciones y en los números 113, 114, 115, 116 y 117 de la sección Diálogos, a lo cual se sumó el número 109, que también se refiere al tema.

La lectura conjunta de estos artículos fue una interesante forma de retomar el tema de la juventud rural, que tuve la oportunidad de investigar en Chile, y aproximarme al estado actual de la cuestión en el contexto sudamericano. De ello surgen los siguientes comentarios y reflexiones, que espero contribuyan al necesario diálogo que debe haber sobre este tema en el contexto nacional y en el internacional.

Invisibilidad

Comenzaré con una cita de Abel Irala (Diálogos 116, pág. 1), quien señala que: “(…) las juventudes rurales están prácticamente invisibles, hay poca o ninguna preocupación por entender sus características, sus necesidades, los contextos en los que viven y sus miradas sobre el presente y el futuro”.

Creo que la frase describe muy bien el estado de la cuestión en Chile y probablemente en la mayoría de nuestros países de la región. Ya en 1998, John Durston publicó un influyente texto titulado “Juventud rural en Brasil y México: reduciendo la invisibilidad” (CEPAL, LC/R.1819, mayo de 1998, Santiago de Chile), que fue parte del interés que hubo sobre la temática desde los noventa en adelante, principalmente impulsado por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que se propusieron “hacer visible” este tema como materia de políticas públicas y cooperación internacional, tras la llamada “década perdida” latinoamericana.

Si escribiéramos la historia de las políticas de juventud rural en América Latina o, más bien, de los intentos por lograr tales políticas, la dualidad visible/invisible sería un eje articulador. En el caso de Chile, el interés del Estado por el tema comenzó a fines de los años cuarenta con los Clubes Juveniles Agrícolas 4C, para luego invisibilizarse en el proceso de reforma agraria, que estaba principalmente focalizado en hombres adultos. Cuando los mismos jóvenes comenzaban a impulsar sus organizaciones en este proceso, sufrieron la interrupción del golpe de Estado de 1973 y la dictadura militar implantó los consabidos cambios sociales, económicos y políticos. En este contexto, desde el Estado se realizan programas de huertos escolares y otro similar a los clubes juveniles, de corta duración.

En los ochenta, las ONG analizaron las consecuencias del modelo neoliberal y agroexportador en el campo, visualizando a las juventudes rurales como sujetos excluidos, pero con potenciales para la “reconstrucción del tejido social” hacia la recuperación democrática. Desde los noventa, el Estado retomó el tema y desarrolló algunos programas de cierta relevancia, principalmente dirigidos a la instalación de capacidades productivas y de emprendimiento de los jóvenes rurales, pero éstos desaparecieron en los primeros años de la década del dos mil hasta ahora (Pezo, 2008. Aproximación a la trayectoria de intervenciones e investigaciones sobre juventud rural en Chile (1948-2008). En: Última Década N° 29, pp. 159-188).

Podemos concebir la visibilidad/invisibilidad de dos maneras. La primera en el ámbito de las políticas públicas, cuyo foco es la existencia de intervenciones desde el Estado hacia las juventudes rurales, y la segunda en el ámbito social, donde el foco está en la presencia que tienen los y las jóvenes rurales en la sociedad, instalando sus intereses, demandas y anhelos con empuje propio. Por cierto, la mayoría de las publicaciones en la materia han centrado su interés en la primera forma de visibilidad, dada la relevancia de contar con una “política de juventud rural”. Pero al descuidar la segunda forma de visibilidad, se suele articular una posición vertical del planteamiento: de arriba hacia abajo, ya que es el Estado quien debe considerar la importancia del tema, actuar en consecuencia e incluir la participación de los jóvenes.

En general, el resultado ha sido que las publicaciones sobre juventud rural interpelan al Estado para hacerse cargo del tema, entregan datos y análisis sobre la situación social y económica de los y las jóvenes y proponen estrategias de intervención –muchas de ellas con un alto nivel de elaboración-. Pero tales propuestas son atendidas poco o nada por las autoridades políticas y organismos estatales, obteniéndose de vez en cuando algunos programas focalizados, de corte sectorial y en discontinuidad.

En esta situación cobra relevancia prestar mayor atención a la visibilidad centrada en los propios mundos juveniles del sector rural y sus formas de organización, tanto formales como informales. Aquí también hay invisibilidad, sobre todo en contextos patriarcales y “gerontocráticos”,en donde los y las jóvenes tienen poco poder de decisión y poca influencia en el devenir de las comunidades rurales y en el ámbito productivo. Pero también hay casos en donde los jóvenes tienen una influencia social importante en la sociedad rural e incluso liderazgos políticos, como destaca Saúl Flores Calderón (Diálogos 114) en su artículo sobre jóvenes en los ayllus. Cabe preguntarse si el Estado u otros actores externos han tenido alguna influencia en ese interesante proceso en Los Andes. En el caso de Chile, al menos, no hay intervenciones desde el Estado para fortalecer las organizaciones y el liderazgo de los jóvenes rurales; tales temas suelen ser abordados esporádicamente por ONG o por las mismas organizaciones sociales.

Otro caso interesante es el que señala Daniela Buendía, en el cual “las mujeres jóvenes rurales han tomado un papel importante en los procesos de empoderamiento y formación de movimientos juveniles y sociales que las ubican en una posición pública y participativa” (Exploraciones 18, pág. 15). Buendía señala procesos organizativos que se han configurado a partir de las demandas cotidianas de las comunidades, cuyo modo de organización es distinto a los movimientos de generaciones anteriores. En ambos casos se evidencian cambios culturales relevantes a través de las nuevas generaciones de habitantes rurales, los cuales, junto a otros factores, transforman la ruralidad.

Este cambio de foco puede ofrecer una alternativa a la forma en que se han elaborado las intervenciones realizadas en juventud rural, basadas fundamentalmente en datos estadísticos o planteamientos generales, tales como la importancia estratégica de la juventud para la modernización de la producción campesina, el difícil acceso a tierras por parte de los jóvenes, la falta de oportunidades, la deuda de las políticas públicas para este sector excluido e “invisibilizado”, entre otros. Si bien estos planteamientos son válidos, al conocer y compartir directamente con los y las jóvenes, más allá de las cifras y promedios, surgen matices y lineamientos alternativos que pueden hacer la diferencia hacia acciones más pertinentes a sus realidades e intereses.

En consecuencia, cuando los y las jóvenes cobran protagonismo como sujetos sociales con sus propias perspectivas y no como “objetos” de intervenciones diseñadas desde fuera, tal visibilidad tiene mayor potencial para alcanzar mejores frutos, acordes con sus genuinos intereses y necesidades. Esto también implica problematizar la relación entre jóvenes y desarrollo rural que se suele realizar en los planteamientos hacia políticas de juventud rural, lo cual abordaré en los ámbitos que se señalan a continuación.

Emigración

Se suele plantear la emigración de jóvenes como uno de los principales obstáculos para vincularles al desarrollo rural. Se ha señalado la necesidad de “frenar la migración” o “fortalecer el arraigo” en la juventud, pero se soslaya que la emigración es más una consecuencia que una causa de la falta de oportunidades, y que en muchos casos es una situación deseada por los y las jóvenes, formando parte de sus estrategias de vida. Por lo tanto, más que “frenar la migración”, habría que generar oportunidades de desarrollo pertinentes que incentiven a los y las jóvenes que desean quedarse o que desean volver luego de una experiencia de vida en otros lugares.

No obstante, cuando la migración conlleva una desvinculación de las y los jóvenes con el territorio y la comunidad de origen, se produce una ruptura generacional a nivel local que impacta en la continuidad cultural de los poblados rurales, aspecto que enfatiza Iris Isabel Ortega (Exploraciones 20), al plantear su preocupación por la conexión de los jóvenes con los saberes y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. Lo anterior cobra relevancia en el desarrollo rural, si lo entendemos como proyecto histórico de los pueblos, en el que debieran estar presentes la memoria colectiva, el arraigo al territorio y ciertos valores fundamentales que forman parte de su cultura.

Educación

En la medida que la educación es urbanizante y desconoce o incluso desprecia las características locales del medio rural en particular, se relaciona estrechamente con la emigración, siendo casi un “camino sin retorno” para quienes prosiguen estudios superiores. Por otra parte, en el caso de Chile, las familias rurales ven en la educación un vehículo de movilidad social y fomentan este proceso migratorio al constatar que en la ruralidad hay pocas oportunidades de “surgir” socioeconómicamente. En este contexto, se suelen quedar las y los jóvenes que no prosiguieron sus estudios, existiendo frustración y desmotivación al no ver cumplidas sus expectativas previas (PNUD, 2008. Desarrollo Humano en Chile Rural. Santiago de Chile, págs. 131-135).

El tema de la juventud rural no puede estar disociado de un debate amplio sobre la pertinencia y los alcances de la educación en las zonas rurales. Este debate no debe estar restringido a los planificadores y los expertos, sino que debe integrar a todos los actores involucrados, incluyendo por cierto a los y las jóvenes. En este sentido, el artículo de Matías Pontoriero (Exploraciones 19) resalta la capacidad de los y las jóvenes para plantear sus reflexiones y propuestas al respecto, reconociendo a la educación rural como pilar fundamental de una agenda común en materia de juventud rural. Aquí se señala con claridad que la educación rural debe estar vinculada al desarrollo rural, por lo cual se hace necesario extender el debate también a otros actores, gubernamentales o no, que tengan un papel relevante en este tema.

Si bien en Chile la cuestión educacional ha tenido una notable presencia a raíz de las movilizaciones estudiantiles en los últimos años, el tema de la educación rural no ha formado parte de los debates principales.

Diversidad e identidad

Rafael Mesén Vega, en sus artículos publicados en Diálogos 109 y 117, plantea un aspecto clave para las intervenciones en juventud rural, que es la diversidad de jóvenes rurales, que está presente aun en un mismo territorio. Por lo tanto, tales acciones deben ser capaces de reconocer estas diferencias sociales y de esta manera pueden ser más pertinentes.

No obstante, se debe considerar que estas diferencias pueden ser de diverso tipo, por ejemplo: de ocupación (jóvenes escolares, jóvenes que trabajan de distintas formas, jóvenes sin trabajo remunerado, entre otras), de estilos asociados al consumo cultural o expresiones artísticas, de acceso a la tierra (propietarios y asalariados sin tierra),socioeconómicas, étnicas, de género, entre otras muchas que podrían identificarse, las cuales además varían según el contexto sociocultural de cada territorio. Por su parte, la yuxtaposición de estas diferencias en la vida social configura las –también diversas- identidades juveniles, las cuales se dan en el contexto de la convivencia con sus semejantes y en la relación (que puede ser más o menos armónica, conflictiva o divergente) con las otras generaciones. Asimismo, cabe considerar que tanto las diferencias como las identidades cambian a través del tiempo, vale decir, están dotadas de historicidad.

Las intervenciones dirigidas a la juventud rural se insertan en estas complejidades socioculturales e impactan en ellas, razón por la cual es preciso mantener una perspectiva integral y multidimensional, aun cuando, por el carácter de las intervenciones, se privilegien ciertas variables diferenciadoras.

De hecho, ciertas intervenciones pueden fracasar por descuidar aspectos relevantes de la vida social de los jóvenes y del territorio en el que se realizan; pueden producir conflictos, divisiones en la comunidad u otros efectos sociales, que por lo general no forman parte de un análisis previo o no son detectados tempranamente. Por ello es tan importante trabajar desde las primeras etapas con los y las jóvenes, pues ello aporta elementos que viabilizan las intervenciones y motivan el compromiso con las iniciativas, siempre que éstas –insisto- sean acordes con su realidad sociocultural y sus genuinos intereses y necesidades.

Perspectivas de desarrollo

Se debe reconocer que hay distintas visiones en materia de desarrollo rural, algunas complementarias y otras contrapuestas que, por cierto, tienen un sustrato político. Por lo general, las perspectivas hegemónicas han sido elaboradas sin la participación de las y los habitantes del medio rural, configurando un carácter asimétrico y excluyente en la construcción social del desarrollo rural (en el caso de Chile, este tema se desarrolla en Pezo, 2007. Construcción del desarrollo rural en Chile: apuntes para abordar el tema desde una perspectiva de la sociedad civil. Revista MAD N° 17, pp. 90-102).

En este ámbito, se debe considerar que los y las jóvenes rurales pueden analizar y problematizar sus realidades y, como nos muestra Matías Pontoriero (Exploraciones 19),  pueden ser “actores y autores” de propuestas de desarrollo rural que sean pertinentes a sus territorios. Al respecto, concordamos con Alcides Ramírez Caballero, cuando plantea que es necesario “instalar en el debate una discusión política e ideológica del desarrollo rural y social con perspectiva juvenil” (Diálogos 113, pág. 4).

En consecuencia, cobran relevancia intervenciones destinadas a fortalecer las organizaciones juveniles existentes y a desarrollar visiones propias sobre sus problemáticas, a fomentar capacidades de análisis y el trabajo colectivo de jóvenes rurales, abriendo espacios de participación en el ámbito de las políticas sociales y de desarrollo en sus territorios, como señala Laura Marcela Santos González (Diálogos 115). De esta manera, las nuevas generaciones rurales podrían tener más oportunidades de determinar su propio destino –y el de la sociedad rural- que las que han tenido hasta ahora.

Finalizo este artículo invitando a la lectura de las interesantes publicaciones sobre juventud rural realizadas por el IPDRS, cuya riqueza de planteamientos excede con mucho a lo aquí desarrollado. Mis felicitaciones a los autores y autoras y al IPDRS por instalar con nuevos bríos este importante tema.

*Antropólogo Social especializado en desarrollo, investigador y docente. Tiene varias publicaciones sobre desarrollo y antropología rural.

En América Latina, durante la última década se está produciendo un ciclo continuo de crecimiento económico, impulsado sobre todo por la gran demanda y los altos precios internacionales de las materias primas, en particular de gas, hidrocarburos y minerales. La población crece, aumentan sus ingresos y, al mismo tiempo, aumentan el consumo y los precios de los alimentos. La autora nos plantea las paradojas entre esos flujos y las respuestas estatales, tomando como caso la situación de Bolivia. 

La agricultura familiar en la seguridad y soberanía alimentaria de Bolivia

*Roxana Liendo

Los países de Sudamérica están viviendo un creciente proceso de urbanización. Las ciudades, pese a las precarias condiciones de subsistencia que ofrecen a los migrantes rurales, siguen siendo un punto de atracción, con el consecuente abandono del campo y las actividades agrícolas, que coincide con las recientes crisis de alimentos, ocasionados por un mayor consumo en el ámbito mundial, la alimentación de animales para producción de carne, la transformación de productos alimenticios en biocombustibles y la disminución de la producción a causa de sequías e inundaciones recurrentes.

La mayor parte de los países sudamericanos tiene potencialidades para la producción, debido a la extensión de sus tierras agrícolas, la diversidad de ecosistemas y la aun relativamente baja densidad poblacional. Pese a ello, su población es vulnerable a la inseguridad alimentaria y, en algunos países, se está incrementando la importación de alimentos, lo que genera dependencia en su provisión.

El contexto internacional ha ido acompañado por la estabilidad democrática de regímenes con mayor compromiso en la mejora de las condiciones de vida de su población, así como por la búsqueda de nuevos caminos de desarrollo para sus países, caracterizados por la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, esos países están generando políticas de desarrollo agrícola que profundizan la dualidad de un sector moderno atendido y un sector tradicional atendido con políticas sociales la mayoría de las veces, sin entender que éste es el sector que produce los alimentos básicos.

Las paradojas en Bolivia

El Estado Plurinacional de Bolivia, con un territorio de algo más del millón de km² de superficie, tiene tres grandes ecosistemas: altiplano (13%), valles (25%) y tierras bajas (62%) en llanuras y Amazonía. Más del 50% de la población está concentrada en los valles, 28% en los llanos y 18% en el altiplano (Müller R.,  Pacheco P. y Montero JC. El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia: Causas, actores e instituciones. Documentos Ocasionales 101. CIFOR, 2014. Indonesia, 2014).

La migración interna, sobre todo desde el altiplano hacia valles y tierras bajas, llevó con ella hábitos alimentarios, homogeneizando de alguna forma el patrón de consumo de determinados productos, aunque se mantienen los acentos regionales. Para garantizar la seguridad alimentaria en Bolivia, la canasta básica alimentaria –que es el conjunto de alimentos expresados en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades mínimas alimentarias a partir de un patrón de consumo- en los departamentos de La Paz y Cochabamba, está compuesta por al menos 39 productos, y la de Santa Cruz 38, porque exceptúa la quinua. 

Productos de la canasta familiar boliviana (Fuente: Elaboración propia)

Para cubrir su canasta básica de alimentos mensualmente, una familia de cinco miembros necesita en La Paz Bs 1.391 ($us 199,86), en Cochabamba Bs 1.317 ($us 189,22) y en Santa Cruz Bs 1.303 ($us 187,21)). El salario mínimo el 2013 fue de Bs 1.200.- ($us 172,41).

¿Quién produce  para la demanda interna? En diciembre de 2013, el Viceministro de Desarrollo Rural Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez, indicó que se identificaron 775.000 unidades productivas en todo el país, de las que 94% son de agricultura familiar y 6% de medianos y grandes productores ubicados principalmente en el departamento de Santa Cruz (Entrevista en periódico La Prensa, La Paz, 2 de febrero de 2014).

El 94% de pequeños productores, se clasifica en a) Pequeños productores del occidente, diferenciados en originarios y parcelarios, b) Colonizadores, hoy conocidos como interculturales, ubicados fundamentalmente en tierras bajas y c) Indígenas del oriente, Chaco y Amazonía (Patzi y Radhuber. Presupuestos y revolución productiva. Cuadernos de Reflexión y Análisis de Políticas Públicas N° 4.2014. La Paz, 2014).

En Bolivia el sector de la agricultura familiar se caracteriza por el pequeño tamaño de las parcelas, con una extensión promedio de cinco Has en altiplano y valles, donde combina diversas formas de producción tradicional y de subsistencia, y hasta 50 Has en las tierras bajas, donde está articulada al mercado y al agro negocio, ligada a la producción agrícola industrial de monocultivo (Fundación TIERRA. Informe 2012: ¿Comer de nuestra tierra? La Paz, 2013). Esta producción hace al país autosuficiente en 28 productos alimenticios de los 39 de la canasta familiar, según señala un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a otros datos, Santa Cruz es principal productor de oleaginosas, caña de azúcar, arroz, maíz, trigo, huevos, carne de pollo y carne de res a través de los grandes productores. Produce también hortalizas, papa y frutas que cubren la demanda departamental y, en algunos casos, llegan al mercado nacional.  Detrás de Santa Cruz están los departamentos del eje troncal, La Paz y Cochabamba, seguidos de Beni con ganado vacuno, Oruro con quinua y camélidos, Chuquisaca, Potosí y Tarija con tubérculos, hortalizas y frutas. (CEBEC-CAINCO. Análisis de la economía cruceña de 2012. (Santa Cruz de la Sierra, 2013).

La fuerte presencia de Santa Cruz en la producción de oleaginosas y caña de azúcar permite esperar que la campaña de verano 2014 tenga un récord en la soya, llegando a 3.1 millones de TM 17, 91% más que en 2013. El 2012 la exportación de tortas y aceites de soya y de girasol alcanzó a 965,5 millones de dólares.

Los cuatro ingenios de azúcar en Santa Cruz producen en promedio más de 11 millones de quintales al año. El consumo nacional no llega a los 9 millones de quintales. El año 2012 la exportación de azúcar reportó $us 20,7 millones y la del alcohol fue por un valor de $us 36,2 millones; es decir que Bolivia comenzó a ser productor de biocombustibles. 

La producción de maíz amarillo creció en medio millón de toneladas en la última década. El año 2012 las exportaciones de este grano generaron $us 12 millones. El arroz también se produce a gran escala, sobre todo en el norte cruceño, pero la alta demanda aún no puede ser equilibrada. Hay volúmenes importantes de arroz argentino y peruano introducido al país de contrabando, aunque ocasionalmente quedan excedentes para la exportación.

En cuanto a carne vacuna, Beni y Santa Cruz cubren el mercado interno habiendo exportado, además 2.000 toneladas métricas el 2013, y actualmente se busca mercado en Perú, Venezuela y China para enviar por lo menos 5.000 toneladas. Estos planes implican mayor deforestación para establecer pasturas.

A raíz de los precios altos en los mercados internacionales, algunas regiones del país se están especializando, sobre todo de soya en las tierras bajas y quinua y lechería en el altiplano. El monocultivo se hace a costa del uso intensivo de la tierra, que provoca el agotamiento de los suelos y la ampliación de la frontera agrícola de manera desordenada; transformaciones en la vocación productiva y deforestación; cambios en los patrones de consumo y en el uso y valor de la tierra. Todo esto genera contradicción entre los objetivos de seguridad alimentaria familiar local con los de seguridad alimentaria nacional, pues en muchos lugares, donde tradicionalmente se producen alimentos de fuerte demanda internacional, aumentó la desnutrición, como es el caso de las zonas productoras de quinua.

Los déficits

El desordenado sistema de producción registra déficits principalmente en trigo, ya que el año 2012 la producción fue de 251.820 toneladas y cubrió sólo el 39 por ciento del total demandado por el país, estimado en 650.000 toneladas. El consumo anual de leche en Bolivia no supera los 42 litros/persona en promedio, debido en parte a la falta de producción. Un 47 por ciento de la oferta es de origen nacional, lo que hace que la demanda insatisfecha de este producto sea del 53%. Fuentes empresariales indican que Bolivia se  consume leche en polvo procedente de Nueva Zelandia y del Perú. Si bien el inauguró nuevas plantas de lácteos, se estima que un 70 por ciento de la capacidad instalada anteriormente se encuentre ociosa. En los últimos años Bolivia importó papa para frenar el alza de precios, por la poca producción nacional y el contrabando del Perú. Un problema importante para esta baja producción es el riego, aunque también está pesando el cambio de vocación productiva del altiplano, sobre todo, hacia la lechería.

A pesar de la potencialidad productiva de Bolivia y su pequeña población se registran déficits importantes de alimentos que dificultan la seguridad y soberanía alimentaria, puesto que, si bien existe la producción de básicos, provenientes de la agricultura familiar, es inestable y no asegura una adecuada alimentación en los hogares debido a la situación de pobreza y precariedad en el empleo de la población boliviana. Según Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA),  los trabajadores con ingresos más bajos destinan hasta el 50% de sus recursos en alimentos.

Balance Alimentario 2013. Principales productos de la canasta familiar

Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Agroambiental al 06.12.13

La importación de alimentos subió de 439 millones de dólares el 2006 a 641 millones de dólares el 2013. Como se observa en el cuadro, a fines del año 2013 se mantenía la dependencia en trigo y harina de trigo, productos de los que se necesita importar más de la mitad de lo que consume la población boliviana. También aparecen como deficitarios arroz, cebolla y tomate, en los que el déficit es mayor, pues no se contabiliza su ingreso, sobre todo por contrabando. En las habas no se registra importación, pero el volumen deficitario es muy grande, lo que lleva a pensar que existe un sub registro en la producción o un ingreso ilegal no contabilizado. El frijol es un producto típico de la distorsión a que se está llegando en la producción agrícola, ya que su producción es suficiente para cubrir la demanda interna, pero el 90% se exporta, pues la variedad cultivada es la que se consume en Brasil.

El rendimiento es uno de los cuellos de botella del sistema boliviano de producción agrícola y el causante de los déficits en los productos de mayor consumo. Se comparó los rendimientos obtenidos en el país con los del Perú, país con el que tenemos mayores similitudes en ecosistemas y formas de producción, aunque su modelo de desarrollo rural sea netamente modernizador y exportador, con los siguientes resultados:

Rendimiento de principales productos de la canasta familiar

Elaboración propia con base en datos del Ministerio de

Desarrollo Rural y Tierras (Bolivia) y Ministerio de Agricultura (Perú)

Políticas Públicas y producción de alimentos

Desde el año 2006, se puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo (PND), un marco normativo importante para la seguridad y soberanía alimentarias, confirmando las competencias del Estado en el área. El año 2009  se aprobó por referéndum la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que en sus artículos 16 (parágrafos I y II), 407 (1 al 13) y 408, regula el contexto económico, social y cultural que debiera asegurarles a bolivianos y bolivianas el acceso al derecho humano a una alimentación adecuada (DHAA). Posteriormente, a través de la promulgación de la Ley N° 071 de “Derechos de la Madre Tierra”, y la Ley N° 300 “Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”, se remarcaron los derechos individuales y colectivos de las personas para valorar el consumo de alimentos nacionales producidos por la agricultura familiar sustentable y difundirlos en los ámbitos nacional e internacional.

El balance de esas políticas constata que la disponibilidad de alimentos en Bolivia tiene excedentes en los productos que son bienes exportables y algún déficit en los que componen la dieta diaria, lo que muestra el grado de dependencia de  la importación de alimentos, que es crucial en trigo y harina de trigo, empezando a manifestarse en papa y cebolla. A la larga, esto puede afectar seriamente a la soberanía alimentaria boliviana.

Hay un cambio substancial en la visión de planificación del desarrollo nacional. El año 2010, las zonas productoras del oriente habían duplicado la superficie cultivada en hectáreas en comparación con las de occidente, sobre todo para productos de exportación (soya, frijol, sésamo, chía y frijol), además de la extensión dedicada a pastos para engorde de ganado vacuno, que creció 3,5% del año 2012 al 2013. Según datos del Observatorio Agroambiental y Productivo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el año agrícola 2012 la superficie cultivada llegó a 3.313.859 Has,  de las que 2.373.619 (71,6%) están dedicadas a productos mayoritariamente exportables: soya (35,5%) y  maíz, sorgo, sésamo y girasol, principalmente.

El crecimiento o estancamiento de algunos sectores agrícolas muestra que muchas de las medidas adoptadas en relación con el desarrollo rural y la seguridad y soberanía alimentarias están desarticuladas de los niveles locales y son coyunturales, lo que impide que se consoliden como políticas públicas. Por otro lado, los programas instituidos en la normativa se encuentran dispersos, con bajos recursos y no fomentan la producción de base familiar y comunitaria que mantiene sus características de baja producción y escasos rendimientos.

Una estructura agraria dual

Ya sea por el alza de precios internacionales, por las etapas de escasez o por efectos climáticos, el gobierno se ha visto obligado a favorecer al tradicional sector agroindustrial del oriente del país quien, consciente de su importancia en la producción de alimentos, ejerce su poder, manteniendo la estructura dual agraria. 

Pero Bolivia tiene una agricutura familiar con fuertes relaciones con el mercado, combinada con ingresos no agrícolas que generan recursos para cubrir los costos de operación, deudas y gastos familiares, que contribuye conj alimentos para disminuir la precariedad de la vida de los migrantes en las ciudades.Es indisociable de la seguridad alimentaria, pues rescata y conserva alimentos tradicionales, contribuye con productos de la canasta familiar y protege la biodiversidad agrícola y el uso sostenible de los recursos naturales, dinamizando las economías locales.

Desde el discurso modernizador se intenta descalificar las iniciativas de los productores familiares y desposeerlos de su identidad económica, catalogandolos como pobres, sujetos de asistencia y no de políticas productivas de agricultura familiar que implementen y articulen procesos que reconozcan la vitalidad y la capacidad infinita de adaptación a todo tipo de limitaciones y la racionalidad de su manejo productivo flexible que asegura la reproducción y autonomía de la familia campesina.

Hace falta que estas políticas públicas sean parte de una estrategia seria de soberanía alimentaria, como parte de una visión integral de desarrollo que comprenda las nuevas relaciones campo-ciudad y mejoras en la calidad de vida rural, con una red fortalecida de organizaciones que consoliden las iniciativas productivas que existen, de manera que la agricultura familiar haga contrapeso a los actores dominantes del sector agro industrial.

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* Economista especializada en desarrollo, investigadora, docente, consultora internacional y gestora de instituciones enfocadas en desarrollo rural. Tiene varias publicaciones sobre temas de desarrollo. 

A partir de la experiencia de un proyecto especializado en los denominados “circuitos cortos de mercado”, el autor de este artículo presenta y desglosa las conflictivas relaciones entre la producción de la agricultura campesina  y los mercados urbanos. Es indudable, nos dice el autor, que en la actualidad y en un marcado contexto de modernización en los países andinos, existen nuevas oportunidades y riesgos de exclusiones. Por ello, hoy más que nunca, se hace imprescindible indagar alternativas e innovaciones de mercado para nuevas relaciones entre el campo y las ciudades.

Comercialización en la Agricultura Familiar Campesina Andina

Pierril Lacroix*

En Bolivia, Ecuador y Perú, con grados variables según características propias de los países, sus poblaciones y sus territorios, observamos en estos años una conexión creciente del medio rural al “desarrollo”, visto como el acceso a un conjunto de infraestructuras, bienes y servicios. Es así que en los últimos años, las zonas rurales andinas se vienen beneficiando de un mejor acceso a servicios de electricidad, agua potable y saneamiento, carreteras, así como, en menor grado, a mejores condiciones de educación y salud.

En relación a ello las familias rurales han podido acceder a bienes de consumo como televisores, teléfonos celulares y medios de transporte motorizados, mejorando su relacionamiento con el exterior y en particular con el medio urbano. A la vez, el desarrollo de programas de atención universal a las familias rurales vulnerables, aporta recursos monetarios complementarios para las familias.

Modernización y producción campesina

Es indudable, y lo muestran los últimos datos sobre pobreza en los países andinos, que esos cambios con mayor presencia del Estado en el campo han mejorado de alguna forma las condiciones socio-económicas de las familias rurales. Sin embargo, esos avances encuentran límites: por un lado, no todos los territorios se benefician de esa nueva inversión pública en el medio rural y, por otro lado, la mayor conexión al mundo urbano y a la esfera del consumo por parte de las familias rurales no se traduce en oportunidades económicas a la altura de sus necesidades.

Para la gran mayoría de las familias rurales, la agricultura sigue siendo el mejor sustento para una vida digna, porque les provee de alimentos y les puede, potencialmente, ofrecer un ingreso comparable o superior a un trabajo precario en la ciudad, principal alternativa para personas del medio rural sin formación profesional. Sin embargo, el marco actual de modernización del Estado y de la sociedad en los Andes no considera que el primer empleador de la población siga siendo la agricultura (que incorpora entre 25 y 30% de la población económicamente activa).

Frente a los avances en otros campos, la producción agrícola campesina sigue siendo pensada como una actividad económica poco viable, que tendría que ser reemplazada por una agricultura moderna de gran escala, pública, privada o cooperativa, incorporando una parte de la mano de obra agrícola, la otra parte volviéndose mano de obra barata para otros sectores productivos y de servicios.

Entre oportunidades y exclusiones

En tiempos de soberanía alimentaria, por lo menos declaradas en las nuevas constituciones y cuerpo legal de Bolivia y Ecuador, no deja de ser una paradoja observar que muy pocos cambios se han logrado para un acceso democrático y oportuno al agua, la tierra, el crédito, el equipamiento, la asistencia técnica y el mercado en estos sectores rurales, que permitiría a las familias campesinas obtener ingresos dignos de su actividad agropecuaria.

Por otro lado, frente a un relativo abandono de las agriculturas campesinas se desarrollan importantes inversiones (con fondos públicos) de agricultura a gran escala para productos de agroexportación, biocombustibles y alimentos, productos de la “mundialización” de la dieta andina con una producción y consumo creciente de pollo, maíz amarillo, aceites y azúcar.

Frente a ese panorama, desde el proyecto Mercados Campesinos nos hemos interesado en analizar las dificultades y las alternativas de valorización de la Agricultura Familiar Campesina desde sus formas de participación a los mercados agropecuarios.

El proyecto Mercados Campesinos, financiado por la Unión Europea desde el año 2011 al 2013 en Bolivia, Ecuador y Perú, desarrolló una serie de actividades a nivel andino sobre comercialización campesina y soberanía alimentaria, desde una propuesta de investigación, formación, acompañamiento a iniciativas e incidencia política. Fue ejecutado por Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF) y cuatro socios andinos y europeos: Agrocampus-Ouest de Francia, la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) y el Sistema de Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador (SIPAE).

Si bien se constata que cada vez más las familias campesinas andinas se conectan a los mercados agropecuarios, es imprescindible preguntarse ¿en qué condiciones se da esa relación?.

Para responder  a  esa inquietud, el Proyecto se ha interesado en la comercialización como factor clave, determinando el “sueldo” que recibe el agricultor como parámetro de su actividad. Lo que observamos es que los pequeños productores, lejos de producir principalmente para el autoconsumo, tienen una relación creciente con el mercado para la valorización de sus productos. Sin embargo, pareciera que muy poco ha cambiado en las últimas décadas en la forma de comercializar sus productos para las familias campesinas. De hecho, la gran mayoría de los productores sigue vendiendo sus productos en sistemas informales, desiguales y precarios de intermediación, donde se valora escasamente el trabajo de quienes producen los alimentos y la calidad de éstos.

Es verdad que, a la par de los sistemas de comercialización tradicional, se va consolidando en los Andes, y con mayor fuerza en Ecuador y Perú, un sector “moderno” de distribución de los alimentos  a través de los supermercados en particular. Pero, mientras las empresas se expanden y se concentran en mano de un puñado de cadenas minoristas, los supermercados restringen cada vez más el  acceso del pequeño productor a ese mercado pujante.

Esa exclusión se debe a las condiciones cada vez más duras de volúmenes, estándares sanitarios y condiciones de pago que imponen a sus proveedores, y por la estructuración progresiva de cadenas integradas con unos pocos proveedores agroindustriales, incluso en los segmentos de hortalizas y frutas frescas así como de productos orgánicos.

Si la producción campesina logra a veces llegar a los supermercados es, en general, bajo sistemas de agricultura contractual, que se caracterizan por la sumisión de los productores a la agroindustria.

Pese a todo, toca reconocer que un segmento de los pequeños productores andinos ha logrado insertarse exitosamente en el mercado en las últimas décadas, a través de la exportación de productos como café, cacao, banano y quinua, entre otros, en mercados de nicho como orgánicos, gourmet o de comercio justo. Esos mercados, valorando la producción campesina de calidad, han sido determinantes para la emergencia de un sector cooperativo sólido y de un nuevo modelo de asociatividad rural en los Andes.

Sin embargo, la gran mayoría de las familias campesinas producen para alimentar a su población, garantizando así la base de la seguridad y soberanía alimentaria de los países andinos. ¿Pero qué alternativas existen para que ellos reciban un precio justo de sus productos y provean a la población alimentos de calidad y culturalmente apropiados?.

Una alternativa, la emergencia de los circuitos cortos en los Andes

Desde AVSF y algunos socios en los países andinos, hemos venido acompañando durante varios años otras formas de relación entre productores campesinos y el mercado, calificadas como circuitos cortos. Se trata de una propuesta de comercialización local de los alimentos marcada por una relación de proximidad entre productores y consumidores, y fomentando a la vez valores distintos al mercado convencional, como transparencia, precio justo, participación, horizontalidad y diversidad.

Los llamados circuitos cortos se expresan a través de diferentes formas de comercialización, nuevas o renovadas, por ejemplo las ferias y mercados de productores con sus distintas apelaciones, las compras públicas inclusivas, las tiendas campesinas, las canastas de consumidores o la venta directa al sector gastronómico.

Nuestra experiencia de estudios y acompañamiento de esas dinámicas de mercado nos enseña que, si bien son experiencias de dimensión variable, movilizando desde pocas decenas de familias campesinas hasta miles, son replicables a bajo costo en muchos lugares. Por ejemplo, en Ecuador se cuenta, hasta la fecha, con unas 80 ferias semanales gestionadas por organizaciones campesinas y ninguna de ellas existía hace una década.

A la vez, las experiencias de compras públicas tienen un gran potencial de cambio de escala, aprovechando el periodo actual cuando los gobiernos andinos están poniendo en marcha importantes programas de compra de alimentos para sus poblaciones vulnerables. Sin embargo, a la fecha, aún no se adecuan lo suficiente las normativas y herramientas de la compra pública para una inclusión significativa de los pequeños productores a ese mercado.

Como hemos visto, existen alternativas nacientes a la relación desigual histórica de los pequeños productores frente a los mercados. Se tratan de espacios construidos localmente y de manera concertada entre actores que logran un desarrollo a pequeña y mediana escala, pero que no pueden resolver solos la problemática de la comercialización agropecuaria.

Por ello, es necesario y urgente que, a la par de esas experiencias pioneras, a menudo auto gestionadas, los Estados pongan en marcha herramientas de regulación, transparencia e inclusión en los mercados, en particular, en los mercados mayoristas y las cadenas de supermercados.

Es probable que esas medidas, aunque beneficiarían a los segmentos más vulnerables de los productores y consumidores, tengan un alto costo político ¿Estarán los gobiernos dispuestos a asumirlo?.

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* Es agroeconomista francés, especializado en temas agrarios en países andinos y en vías de desarrollo, con énfasis en las alternativas de comercialización para la agricultura familiar campesina. Ha trabajado como coordinador del proyecto regional andino (Bolivia, Ecuador, Perú) de investigación, acompañamiento a dinámicas campesinas e incidencia, en los temas de soberanía alimentaria y comercialización campesina (proyecto Mercados Campesinos). Actualmente trabaja en Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF).

Las recientes elecciones presidenciales en El Salvador dieron un reñido resultado que mostró las tensiones en el país centroamericano. Aprovechando esa coyuntura, desde el IPDRS compartimos con las lectoras y lectores una visión histórica del proceso de despojo, primero, y, posteriormente, del acceso a la propiedad de la tierra por parte de la población campesina indígena, por nuestra convicción de que esa población y ese tema están en el centro de las contradicciones históricas de un país que, pese a todo, intenta superar la violencia estructural y avanzar hacia la vida democrática.

Desarrollo Rural en El Salvador, desde siempre

Ricardo  Berdugo Reyes*

El desarrollo de las comunidades rurales es pérdida de poder económico para las oligarquías nacionales en El Salvador. Esta afirmación es una síntesis de los diversos problemas que la población rural ha enfrentado en este país centroamericano desde épocas en que se inició la república en 1841 (Roque Dalton, El Salvador, Monografía, Casa de las Américas, La Habana, 1963). En la misma línea el desaparecido sacerdote jesuita Ignacio Ellacuria, decía: “El gran problema de El Salvador es la posesión de la tierra y en este problema se centran el modo de producción  y los conflictos derivados por la imposición de una clase poderosa dominante minoritaria, sobre una mayoritaria y desposeída” (Revista ECA, UCA, El Salvador, 1981).

Un poco de historia

Todos los conflictos que han existido en las áreas rurales salvadoreñas desde la llegada de los españoles a esta zona, originalmente  llamada Cushcatan o Cuscatlán, comenzaron con el despojo de la propiedad de la tierra, en ese entonces colectiva. En algunos casos la tierra pasó a la Iglesia Católica y en otros a los españoles criollos, quienes, posteriormente,  impulsaron la mal llamada independencia de Centroamérica  (1821. Los países centroamericanos conformaban el Reino de Guatemala). 

Aunque contaban con el apoyo popular,  los independentistas criollos deseaban evitar seguir pagando impuestos a España, para aumentar sus ganancias en todo lo sustraído de las nuevas tierras y en el negocio del añil o xiquilite (A finales del siglo XVIII El Salvador producía el 91% del añil que exportaba Centroamérica) y estaban  influenciados por las ideas de los procesos de independencias de Estados Unidos y las de los liberales de Francia y otros países de Europa. 

Como se puede leer en el texto original de la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas Centroamérica,  “(…) la arbitrariedad con que fue gobernada (la región)….excitó en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados. Por lo que (…) es necesario realizar la independencia de estas provincias, antes que sea el pueblo el que la declare” (Acta de Declaración de Independencia Absoluta de las Provincias Unidas del Centro de América, archivo de la Asamblea Legislativa de El Salvador).

Posteriormente, el proyecto de las Provincias Unidas de Centroamérica dio paso a la integración efímera, en 1824, de una Federación Centroamericana, pues simultáneamente habían nacido el Estado salvadoreño  y los otros Estados de la región.  En estos movimientos político-jurídicos prevalecían los intereses creados de las clases dominantes, por encima de la idea del bienestar popular.

Ya para 1881 se impuso una de las últimas estocadas a las pocas propiedades comunales y ejidales que aún quedaban. Una nueva Ley, llamada de Extinción de Ejidos, entre otros justificantes –injustificados- convalidaba las palabras del entonces presidente salvadoreño, y uno de los integrantes del nuevo bloque en el poder, Rafael Zaldívar: "la existencia de tierras bajo la propiedad de las comunidades, impide el desarrollo agrícola, estorba la circulación de la riqueza y debilita los lazos familiares y la independencia del individuo" (Revista Identidades, Vol. 2 Secretaria de Cultura S.S. Noviembre 2011).

La Ley de Extinción de Ejidos se aplicó paralelamente a la imposición de otra,  la Ley de Jornalero que “prohibía la vagancia”, aunque fuese en realidad ocio o descanso de la población,  se obligaba a cualquier persona que no tuviese empleo o trabajo a trabajar en los nuevos latifundios cafetaleros y,  en muchos casos, a terminar viviendo en las tierras que antes les pertenecieron como colonos, cuando antes eran los propietarios (de hecho, sin tierra no tenían en qué sembrar).

La insurrección

La conciencia popular, que ya a principios del siglo XIX tuvo un referente en el indígena Anastasio Aquino,  continuó creciendo hasta que, en 1932, se sublevó en contra del dominio, exclusión y represión de los terratenientes, con el objetivo del reconocimiento de sus derechos como personas humanas, entre ellos al de la posesión de la tierra que trabajaban, más que de la toma del poder gubernamental. El saldo fue de más de 20 mil campesinos e indígenas asesinados por la Guardia Nacional.

Entre los muertos estaban el dirigente indígena Feliciano Ama y el dirigente obrero estudiantil Farabundo Martí, quienes fueron la semilla de las posteriores organizaciones de muchas otras tantas insurrecciones. El impacto de la represión fue tal que desde 1932 hasta 1979 todos los gobiernos en El Salvador fueron militares  quienes,  basados en la Doctrina de la Seguridad Nacional, reprimieron, persiguieron, torturaron y asesinaron cualquier forma de oposición a las políticas que sustentaban el dominio de los terratenientes cafetaleros.

En 1980, nació la guerra civil con la consolidación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN),  grupo guerrillero que fue el único capaz de ir frenando los abusos de la clase dominante y de su brazo opresor, las Fuerzas Armadas de El Salvador.

En 1984 se realizaron las primeras elecciones para elegir un presidente civil, comenzando una nueva etapa en la historia del país: la de la democracia. Sin embargo, aunque el gobierno que inició la fase democrática instauró la Reforma Agraria, ésta solo sirvió para  quitar legitimidad a las luchas populares por la reivindicación de la tierra. En la práctica, respaldó que muchos terratenientes simplemente se deshicieran de tierras que ya no les eran rentables y que funcionarios gubernamentales adquirieran tierras que estaban destinadas -después de su expropiación- a las comunidades campesinas de forma colectiva (denominadas asociaciones en la Reforma Agraria).

Para 1992 terminó la guerra civil y el FMLN firmó con el gobierno de entonces los Acuerdos de Paz que, entre otros aspectos, preveía la repartición de tierras a los ex combatientes de ambos bandos. Sin embargo,  para el año 2000, todavía este acuerdo seguía durmiendo el sueño de los justos. La nueva clase dominante, financiera y dueña de bancos y centros comerciales, tenía en su representación política al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), un fiel defensor de sus intereses. Muchos campesinos y algunos ex combatientes de la Fuerza Armada recibieron títulos de propiedad, entregados especialmente, en épocas de elecciones. Pero, con el tiempo, se descubrió el engaño, los títulos de propiedad eran falsos y los campesinos jamás habían sido dueños de las parcelas que cultivaban.

El cambio

El año 2009,  el FMLN, convertido en partido político, logró la presidencia de la República, lo que rompió con prácticamente más de 160 años de dictadura de gobiernos de derecha.

Una de las primeras políticas que el gobierno del FMLN implementó, principal eje de acción, fue el fortalecimiento a los indígenas, campesinos, mujeres, ancianos y jóvenes, los excluidos de siempre. Con la entrega de más de 40.000 títulos de propiedad a hombres y mujeres se ha logrado también un nuevo posicionamiento en la mentalidad de las y los salvadoreños: que la revolución al fin ha comenzado, aunque muchos la llaman simplemente un cambio.

La oligarquía, por otro lado,  ha utilizado muchos recursos para impedir los avances populares, que quitan espacios a la gran empresa privada que ya no tiene la exclusividad en la comercialización de los productos agrícolas.  Dado que ya no les es posible utilizar los cuerpos armados represivos, ni la Fuerza Armada ni los escuadrones de la muerte creados en el seno del partido ARENA (Informe de la Comisión de la Verdad, S.S. 1992), ahora usan campañas de desinformación y  miedo a través de los medios de comunicación a su servicio.

Como era de esperarse, hay población que se identifica con la línea de ARENA. La educación es el problema. Hasta 2009 el nivel escolar promedio del país se ubicaba en sexto grado. Y el país tiene aún un nivel elevado de analfabetismo que según el Ministerio de Educación Salvadoreño era del 19% en 2009 y pasó al 12% en 2013 (Informe del MINED, S.S. 2013). Por ende, desde ese año se inició, con más entusiasmo que recursos, la campaña Municipios Libres de Analfabetismo. 

A finales de 2013 se contaba ya con 21 municipios libres de analfabetismo, de un total de 262 en el país, principalmente rurales y la mayoría ubicados en el oriente salvadoreño. Paralelamente,  se hicieron esfuerzos para dotar a la población escolar de uniformes, cuadernos, zapatos y refrigerio. Con esto aumentó la matrícula escolar en las zonas urbana y, sobre todo, en las rurales. También se entregó una pensión universal a personas de la tercera edad, otra vez de población mayoritariamente rural.

En las recientes elecciones presidenciales, el ex comandante guerrillero Profesor Salvador Sánchez Ceren fue el más votado, justo en la zona oriental, donde las políticas de apoyo a los excluidos han impactado más. Así lo afirmó el actual Presidente de la República en una entrevista televisiva y así se desprende del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), respecto a la disminución de la pobreza en El Salvador el año 2013 e investigaciones realizadas por el Instituto de Opinión Pública (IUDOP), de la Universidad Centroamericana.

Aunado a lo anterior, con el apoyo a los agricultores entregándoles subsidios en insumos, apoyo técnico permanente  y acceso a créditos con intereses menores a los de la banca privada, la agricultura salvadoreña por fin ha iniciado un despegue. En el año 2009 la libra de frijol llegó a costar más de un dólar y medio.  Desde el año pasado, oscila entre 40 y 50 centavos. Lo mismo puede decirse del arroz. Ambos productos son esenciales en la dieta popular, por lo que hay que recordar  que hasta 2010 la  mayoría de los volúmenes de frijoles y arroz consumidos eran importados. Mientras que, desde el 2014, la importación de estos dos productos es mínima. Paralelamente, la producción de vegetales y verduras comienza a despuntar, aumentando su comercialización interna y hasta externa.

La mayoría de los productores agrícolas son pequeños agricultores independientes y otros están asociados en cooperativas. En sondeos de opinión difundidos por medios de comunicación independientes,  se percibe que incluso algunos de estos productores, antes fueron “leales”  a los gobiernos derechistas, pero actualmente expresan orgullo por tener un Presidente que se preocupa por ellos, entregándoles en propiedad (esta vez de verdad) las tierras que cultivan. 

¿Será el cambio irreversible? Todo es cuestión de tiempo, ojalá que en los próximos cinco años se puedan consolidar las políticas que recién se inician en beneficio de las mayorías populares. La propiedad de la tierra que cultivan es un gran paso, pero quedan otros por delante para que se pueda afirmar que nunca debería repetirse lo que se inició con la llegada de los visitantes de ultramar que tanto dolor le ha costado y sigue costando a este sufrido pueblo. 

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* Es licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad de El Salvador y egresado en  Comunicaciones, Universidad Don Bosco, El Salvador. Actualmente es docente, periodista y consultor en proyectos de desarrollo.

El año 2014 es pródigo en elecciones para la región sudamericana. Ecuador inauguró la secuencia en febrero pasado. Los resultados de las elecciones en ese país muestran, según el investigador ecuatoriano Francisco Hidalgo Flor, que no todo está dicho y que no hay “bendiciones del voto” que duren para siempre. Compartimos con ustedes el análisis de esa situación. 

Elecciones ecuatorianas y hegemonía en ciernes

Francisco Hidalgo Flor*

Hace apenas un año, en febrero del 2013, con el noveno triunfo electoral, que garantizaba a Rafael Correa no solo su reelección hasta el 2017, sino también el control de los dos tercios del poder legislativo, parecía inevitable calificar la situación de esa fuerza política como hegemónica.  Esto se debía por un lado a la evidente estabilidad política,  no poca cosa en un país, como el Ecuador,  caracterizado por una constante inestabilidad presidencial, y por otra parte por la adhesión popular que parecía absorta ante el pujante liderazgo.

Un año después

El mes de enero del 2014, al iniciar el séptimo año consecutivo de su mandato, el presidente Correa se ubicaba en el selectísimo grupo de presidentes de la república con una secuencia similar en el cargo. Solo cuatro (incluido el actual en funciones) en el recorrido de los primeros mandatarios tienen ese record en la historia republicana del Ecuador.

Adicionalmente, este indiscutible respaldo popular se hacía en nombre de una revolución, la “revolución ciudadana”, y bajo la legitimidad de un proceso constituyente y una Constitución de vanguardia que destacó los derechos de la naturaleza y el buen vivir; pero que va siendo intercambiada por el desarrollismo que impregna la consiga de “cambio de la matriz productiva”.

Análisis con cautela

Sin embargo los recientes resultados electorales del 23 de Febrero del  presente año llaman a ser bastante cautos sobre la solidez de la hegemonía en ciernes, si nos atenemos a los preceptos de “construir poder popular”, que abre una fase de oscilación, de pérdida en la magnitud de convocatoria y  liderazgo  del   presidente  Correa,  especialmente tratándose  de  los  sectores medios y populares.  

Más aun si en el propio discurso gubernamental los resultados electorales tienen el atributo de otorgar, disminuir o quitar la legitimidad política.

Estas elecciones de Febrero en el Ecuador tenían  el propósito de renovar los gobiernos locales a nivel de municipio y de provincia. Sus resultados muestran, una pérdida sustancial  del electorado directamente adherente al partido político del presidente. De hecho, el movimiento Alianza País, que  en febrero del año pasado, para las elecciones de parlamentarios provinciales, obtuvo el 62% del electorado, este año, en elecciones de concejales municipales, obtuvo el 37% del electorado a nivel nacional.

También los datos de esta elección registran  una pérdida en los bastiones electorales que fueron la cuna del ascenso político del presidente Rafael Correa, como las ciudades de Quito y Cuenca. En ambas Alianza país perdió el control de las Alcaldías que hasta entonces estaban en sus manos.

En perspectiva

Cuando Correa se presentó por primera vez a elecciones, a finales del año 2006, los respaldos electorales  obtenidos en Quito y Cuenca fueron cruciales y los catapultaron a la segunda vuelta y a la primera presidencia. Son zonas caracterizadas por la fuerte politización y el apoyo de una numerosa clase media, así como por la incorporación de población migrante a los perímetros productivos.

Hoy siete años después esta base electoral se ha debilitado, y lo que aparecía como un proceso hegemónico en ascenso, ahora ha entrado a una fase vacilante, porque con los últimos datos se evidencia una pérdida de la capacidad de liderazgo de Rafael Correa para revertir las tendencias adversas de la disputa política.

Vale  la pena detenerse un momento en la evolución de la campaña electoral.

Pérdida en la campaña

El  diagnóstico que hicieron, en filas oficiales, al iniciar la campaña, noviembre del 2013, era llena de optimismo, se pronosticaba la ratificación de las alcaldías en todas las provincias, pero para enero del 2014  empezó a reconocerse tendencias adversas, especialmente en la capital. Solo entonces varió el análisis de las elecciones, desde la dirección del partido gobernante Alianza País y el propio Correa, en especial sobre la disputa electoral en torno a la Alcaldía de Quito.

El análisis fue que  la derecha se había  unido en torno al candidato Mauricio Rodas, y que estaba  en movimiento una campaña orquestada junto con los grandes medios de comunicación y ellos lograban captar la votación indecisa. Por ello, la situación se califico de apremiante.

La respuesta que dieron a la situación de apremio fue muy similar a la que habían dado antes, frente a momentos  similares: colocar a Rafael Correa en la primera línea, desplazar a los demás candidatos a la segunda fila, volver más visible al líder en la campaña en Quito, en el convencimiento de que  su capacidad de discurso e imagen podía revertir la tendencia.

Más ahora,  el remedio fue peor que la enfermedad. No solo porque no se revirtió la tendencia (finalmente en la Alcaldía de Quito el candidato de Alianza País obtuvo el 39% de la votación frente al candidato de la derecha que logró 59%), sino que la tendencia en la capital se expandió hacia otras regiones, el resultado final es que perdieron en 18 de las 22 alcaldías capitales de provincia.

Reagrupamiento de la derecha

Es importante reconocer  que no fue solo en Quito que la derecha se unió, sino que hubo una campaña orquestada y bien planificada, en medios de comunicación y en mecanismos de redes sociales,  para golpear a los candidatos de Alianza País y al gobierno de Rafael Correa a nivel nacional.

Sería una ingenuidad creer que estamos ante un hecho que tiene como protagonistas a actores políticos locales, la emergencia de Mauricio  Rodas, ahora Alcalde de la capital ecuatoriana, por ejemplo, formado en las escuelas de gobernabilidad de la derecha mexicana y con auspicios de fundaciones gringas,  responde a intereses económicos y políticos de carácter transnacional.

Para completar el panorama, el Movimiento Avanza, que lidera Ramiro González (que ocupa el cargo de Ministro de la Producción en el actual gabinete de  Rafael Correa) y el partido Socialista – Frente Amplio, dos agrupaciones políticas  aliadas al presidente lograron mejorar sus resultados electorales.

Consecuencias

En el partido de gobierno, Alianza País, son evidentes las consecuencias de un liderazgo personalista y vertical de Rafael Correa, que impide no solo que otras figuras puedan afirmarse, sino que mella alguna consolidación ideológica.

La izquierda, que se auto posiciona como “a la izquierda de Correa” logró pervivir a los afanes del gobierno por su eliminación, por ejemplo, el movimiento Pachakutick alcanzó alcaldías y prefecturas precisamente en las regiones de disputa respecto del extractivismo, como son las provincias amazónicas de Orellana, Morona y Zamora, mientras que el Movimiento Popular Democrático logró la prefectura en la provincia de Esmeraldas y varias alcaldías del interior.

En el Ecuador actual la situación de correlaciones de fuerza se torna compleja, con un revés electoral de Alianza País y  una derecha fortalecida. Pero esto no implica necesariamente un escenario de derrota para las elecciones generales que deberán realizarse el año 2017, tampoco eso era lo esencialmente en disputa en este febrero.

Lo verdaderamente en disputa, lo que unió a la derecha, es la pugna por participación y reparto alrededor del eje fundamental de la estrategia económica del gobierno, denominada “el cambio de la matriz productiva”, y eso mismo es lo que ha debilitado duramente la perspectiva de un proyecto hegemónico con participación popular.

En nombre del cambio de la matriz productiva están en juego grandes proyectos extractivistas, la modernización vial e inmobiliaria, alianzas con transnacionales para la conformación de ciudades del conocimiento y una ardua negociación con la Unión Europea. No fue casual que, en los meses precedentes a las elecciones, el gobierno de Correa renunciara al proyecto emblemático del Yasuní– ITT y abriera la exploración petrolera sobre zonas de biodiversidad en la Amazonía.

La estrategia de cambio de la matriz productiva no considera como ejes de la transformación productiva a las economías populares, que quedan relegadas para ser tratadas en el marco de las políticas sociales de “combate a la pobreza”; merecedoras de programas de subsidios, pero no de transformaciones productivas en la estructura del sistema.

El modelo político de caudillismo con extractivismo está mostrando sus enormes debilidades, y con eso no se puede construir una hegemonía con bases y perspectivas populares.

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* Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y Magíster en Educación sobre Historia del Ecuador de la Universidad Central del Ecuador. Desarrolla trabajos en proyectos de Investigación sobre temas Agrarios y Rurales.  Actualmente es coordinador principal del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (SIPAE).