Este artículo plantea algunos puntos sobre las motivaciones y repercusiones de la conexión entre la formulación y avances de los derechos humanos y los pueblos indígenas de Latinoamérica. Una conexión que se expresa tanto en el ámbito de la problemática indígena propiamente como en el de los derechos humanos de forma más general.

La creciente importancia de la unión entre derechos humanos y pueblos indígenas pone en evidencia los resultados de un largo proceso en Latinoamérica, desde la identificación de los problemas que afectan a los pueblos indígenas hasta algunas respuestas que han ido surgiendo, entre las que destacan la concreción de instrumentos jurídicos internacionales referidos específicamente al tema de los derechos de estos pueblos y, en general, la fuerza que ha ganado este enfoque en ese proceso.

Este nexo se puede ver como una apuesta consciente y acertada de las organizaciones indígenas y sus líderes, que optaron por adoptar una construcción occidental para reeditar y llenarla de un contenido propio, pero ¿por qué?, es decir ¿por qué hablar de “derechos” cuando en principio no son parte de las cosmovisiones indígenas?

Posiblemente la respuesta se encuentra en una decisión estratégica de los propios pueblos indígenas y de sus aliados. Una decisión que, por un lado, les permitió revestir sus reivindicaciones con el alto grado de legitimidad moral que la construcción occidental de los derechos humanos había ganado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Al traducir sus demandas y problemas en términos de derechos, los pueblos indígenas lograron conquistar un mayor nivel de entendimiento y solidaridad, sumando respaldos a sus causas.

Al mismo tiempo, la estrategia los ayuda a cuestionar la concepción de los derechos humanos y a forzar la necesidad de repensar aspectos que se encuentran en su misma base, poniendo en duda algunos de los elementos centrales de su discurso, construido en el mundo occidental, como su carácter individual y su pretensión de universalidad.

La interpelación

Como plantea Barranco (Barranco Avilés, M. d. Universalidad e igualdad en las teorías de los derechos. 2013, pp. 2), los derechos humanos planteados desde la lógica liberal y desde la cultura occidental se han construido pensando en un titular abstracto pero con rasgos muy determinados: “el hombre, burgués, blanco, heterosexual, económicamente independiente, y, podríamos añadir, física y socialmente independiente”.

Esta construcción excluyó a grandes grupos humanos y no visualizó sus necesidades y sus especificidades: las mujeres, los pueblos indígenas, las personas en situación de discapacidad y otras poblaciones que han tenido que iniciar importantes movilizaciones para empujar un proceso de reconocimiento.

El sociólogo, investigador y docente Rodolfo Stavenhagen afirma que, al inicio, el discurso de los derechos prestó poca importancia a los pueblos indígenas, a no ser para denunciar de vez en cuando los abusos y las atrocidades de los que fueron víctimas, tratándolos de manera asistencialista y como sujetos de protección y no de derechos. No se reconocía a los indígenas ni siquiera los derechos civiles y políticos que les permitieran velar por sus intereses (Los derechos de los pueblos indígenas: esperanzas, logros y reclamos. En M. C. Berraondo, Pueblos indígenas y derechos humanos (págs. 21-28). Bilbao, España: Universidad de Deusto. 2006, pp. 23).

El poder de la solidaridad

En 1977, en Ginebra, se llevó adelante uno de los eventos de mayor relevancia para la formación de un movimiento indígena internacional: la Conferencia de las Organizaciones No Gubernamentales sobre la Discriminación de las Poblaciones Indígenas en las Américas.

Esta conferencia, como explican García Alix y Borraz, permitió el establecimiento de un modelo de coordinación entre los pueblos indígenas del mundo para la formulación de sus demandas. Dicho modelos sería desarrollado posteriormente en varias reuniones internacionales (García Alix, L., & Borraz, P. (2006). Participación indígena en los foros internacionales: Lobby político indígena. En M. C. Berraondo, Pueblos indígenas y derechos humanos (págs. 219-248). Bilbao: Universidad de Deusto).

En ese contexto, los dirigentes indígenas, en alianzas con otras organizaciones y con redes de solidaridad, llevaron las demandas indígenas hacia “espacios transnacionales de discusión” iniciando, de esta forma, el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (Gómez Isa, F. (2011). Diversidad cultural y derechos humanos desde los referentes cosmovisionales de los pueblos indígenas. En Anuario Español de Derecho Internacional, vol. 27 (págs. 267-313). Universidad de Navarra. 2011, pp. 283).

Sin duda, las redes de solidaridad han tenido la virtud de consolidar y operativizar alianzas que no solo incluyen las asociaciones solidarias entre las propias organizaciones indígenas, sino que también forjan alianzas con otro tipo de movimientos, como los ambientalistas, algunas iglesias, sectores intelectuales e inclusive artísticos.

Como parte de los aciertos de la acción en red, a partir de un trabajo de lobby coordinado entre varias organizaciones indígenas que participaron en las reuniones de los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, se ha apoyado la consolidación de un movimiento indígena internacional, que trabaja para que se aborde de forma específica la situación, los problemas y las demandas de los pueblos indígenas del mundo (García Alix & Borraz, 2006, p. 219), planteando sus reivindicaciones en términos de derechos.

Gómez Isa plantea positivamente que el proceso de progresivo reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas está contribuyendo, aunque no sin dificultades, a una concepción más abierta, más dinámica y más inclusiva de los derechos humanos. Se trata de un proceso que, a partir de la afirmación de las propias identidades culturales en un mundo global, puede llevar a un enriquecimiento mutuo entre las diferentes culturas y cosmovisiones, y de esta forma conducir a la “construcción de un concepto multicultural y cosmopolita de derechos humanos y democracia” (Gómez Isa, 2011, pp. 284).

En síntesis, se puede decir que los referentes simbólicos que forman parte de la construcción de la identidad indígena (lo que incluye la moralidad del colectivo y las normas que se desprendan de ésta, así como el lenguaje y la relación con su territorio) se han traducido al lenguaje de los derechos humanos, dando lugar a derechos específicos y fundamentales como la consulta previa, la educación intercultural y bilingüe, el reconocimiento de los territorios indígenas, y, algo fundamental, el derecho a la autonomía y la autodeterminación de estos pueblos.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

El autor, geógrafo alemán trabajando en Perú, nos propone una aproximación a los conflictos mineros en ese país, a partir del caso de la comunidad campesina Cruz de Mayo y su potencial de la agricultura familiar como alternativa al extractivismo. El trabajo mereció una mención especial en el concurso anual Alimentos y pensamientos, porque contrapone directamente minería con agricultura familiar enfocada en recursos esenciales y a partir de un caso local con argumentación teórica general.

 “Los pueblos pueden decidir entre el camino del desarrollo o la pobreza”, dijo Pedro Cateriano, Presidente del Consejo de Ministros del Perú, en el marco del conflicto por el proyecto minero Tía María, que ha estado en las agendas noticiosas del país y la región prácticamente todo el año.  Esta opinión focaliza el discurso sociopolítico pro minero, dominante en el Perú, firmemente convencido de que la minería traerá progreso y desarrollo económico para las zonas mineras del país.

Pero no es sólo Perú. También ocurre en otros países de América Latina existe, desde la época de la colonia, un sistema extractivista con una “economía primario-exportadora” (Monge, C. (2012): Entre Río y Río. El apogeo y la crisis del extractivismo neoliberal y los retos del postextractivismo en el Perú). Esto significa que los recursos naturales (petróleo, cobre, oro, etc.) están siendo exportados a otros países con poco o ningún valor agregado. El sistema trae una gran dependencia de los países hacia la economía global y de la demanda del mercado.

Contexto del extractivismo en el Perú

En Perú, entre 1990 y 2000, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, empezó una flexibilización del sector minero con privatización de empresas transnacionales. Una tendencia que continuó con los gobiernos siguientes. Hoy en día, este país cuenta con un extractivismo neoliberal (Bebbington, A. (2013): Underground Political Ecologies) que se encuentra económica y políticamente cimentado. Para el Estado peruano la minería es el principal motor del desarrollo del país, pues las empresas prometen inversiones y empleo. Por ello, en los últimos dos años el gobierno peruano ha aumentado los márgenes de maniobra para las empresas mineras, a costo de los derechos ambientales y humanos en las regiones mineras.

Sin embargo, los proyectos mineros conllevan una gran cantidad de incertidumbre para las comunidades campesinas y nativas del país. Por ejemplo, las concesiones mineras en el Perú son un riesgo latente para las comunidades, sobre todo en el acceso al territorio, al agua, la tierra y los recursos naturales.

La cantidad de concesiones mineras han estado aumentando continuamente y con mayor intensidad en los últimos años. El año 2014 un 20% del territorio del país estaba concesionado a la minería (Cooperacción (2014): informe sobre concesiones mineras). Pero las promesas no se cumplen en el mismo porcentaje.  Varios estudios señalan que la minería no trae casi ningún efecto positivo para el bienestar y desarrollo de la población. (Arellano, Y. (2011) ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú; Arellano, Y. (2012) Mining and conflict in Peru: Sowing the minerals, reaping a hail of stones). Por el contrario, el investigador uruguayo Eduardo Gudynas habla de un extractivismo depredador, “(…) de graves impactos sociales, económicos, ambientales y territoriales a nivel local y nacional” (Gudynas (2012) Transiciones para salir del viejo desarrollo). 

En los últimos diez años, como resultado del boom minero en el Perú, aumentó proporcionalmente la cantidad de los conflictos mineros. En marzo del 2015, la Defensoría del Pueblo registró 141 conflictos socio ambiental, de los cuales 94 (equivalente al 66,7%) son conflictos relacionados con actividades mineras. Más de la mitad son por acceso a tierra agrícola o por agua.

La competencia por el acceso a los recursos naturales ha conllevado conflictos entre las comunidades campesinas e indígenas y las empresas mineras. Muchos de estos conflictos han desencadenado en violencia, no solo por el acceso a los recursos naturales, sino por la contaminación ambiental y problemas de salud; el despojo de tierras y la dependencia económica del sector minero, así como también las limitaciones de desarrollo para una región.

Muchas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y movimientos sociales critican desde hace años que los estándares ambientales y sociales en el sector minero no están siendo cumplidos ni controlados. Algunos actores también critican el modelo extractivista en sí. Actualmente, en el Valle del Tambo, la población resiste contra el proyecto minero Tía María. Su consigna es “agro y agua sí, mina no”. En muchos casos, el gobierno reacciona con represión y con la difamación a las y los líderes y a los propios manifestantes, tildándolos de “terroristas anti-mineros”, como ocurre actualmente en el caso Tía María.  

Aproximaciones teóricas

El concepto teórico de la Ecología Política ofrece un aporte analítico importante para entender mejor la complejidad de los conflictos por minerales y territorios (Bebbington, A.  2013 (ibid.), pues, precisamente, esta disciplina se dedica al análisis del nexo de los intereses y relaciones de poder entre los actores participantes y sus discursos. A modo de ejemplo, es necesario ver que un conflicto local tiene sus orígenes en la demanda global y en la carrera capitalista por energía.

En los últimos diez años, en América Latina, pero especialmente en el Perú, tuvo lugar un “extractivismo rápido y agresivo” (Bebbington, A.  2013 (ibid.). Los recursos naturales, minerales e hidrocarburos son indispensable para el crecimiento de la economía global capitalista, por lo tanto, las actividades mineras aumentan considerablemente la presión hacia los recursos hídricos en regiones dónde ya existe un escasez de agua” (Bebbington, A.  2013 (ibid.).  

La teoría del Ecologismo de los Pobres brinda una perspectiva complementada desde los actores locales. En el marco de los conflictos mineros, donde la disputa se basa en el uso y acceso a tierra, al agua y a la defensa de los territorios, nos indica que la resistencia de la gente pobre del campo no es porque son ecologistas, sino porque “ven que su propia subsistencia está amenazada por un proyecto minero” (Martínez-Alier (2002): The Environmentalism of the Poor).

Comunidades campesinas defendiendo la agricultura familiar

En muchas regiones rurales del Perú las comunidades campesinas protestan contra proyectos mineros, defendiendo su territorio. Por ejemplo, la comunidad campesina Cruz de Mayo, en la región Ancásh, afronta esta problemática desde antes del año 2008. En el territorio de la comunidad está la concesión de un proyecto minero con un área de 224 hectáreas en extensión (CEAS (2011): La comunidad campesina Cruz de Mayo. Una comunidad que defiende y promueve la vida).

La comunidad se encuentra en una altura por encima de los 3.500 msnm y en una zona de cabecera de cuenca de los ríos Llullán y Parón. La comunidad practica la agricultura familiar, sembrando papas, maíz, arvejas y flores, entre otros productos, para venderlos y para su autoconsumo.

La agricultura familiar es la mayor actividad económica que también se está intensificando a manera orgánica. “Hasta ahora podemos vivir muy bien de la agricultura familiar” - dice el comunero Adán- “por eso defendemos nuestro territorio, porque no podemos convivir con una explotación minera dentro de la comunidad”. Mientras que Antonio, otro comunero, dice que “La minería disminuiría la calidad y cantidad del agua y también afectaría negativamente a la agricultura y nuestro modo de vida. Y si vendo mi tierra, voy a tener plata, pero ¿qué haría cuando se acabe la plata? Ya no voy a tener terreno para sembrar”, -explica María-, una comunera que vive en la zona de los manantiales.

Actualmente la comunidad está defendiendo su territorio de forma organizada. Están seguros de que las demandas para un fortalecimiento de la agricultura familiar y una diversificación de la economía en zonas rurales traerán muchos beneficios. Un análisis de Eguren, F. y Pintado, M. ((2015): Contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario en el Perú, muestra la importancia de la agricultura familiar respecto de su alta contribución en la población económicamente activa y su gran aporte al valor de la producción agrícola.

Perspectivas post extractivistas

En resumen, la causa de la gran conflictividad debido a los proyectos mineros y por el derecho y acceso a territorios, agua y tierra, el modelo extractivista no es sostenible. Justamente, la cantidad de conflictos mineros y casos de resistencia demuestran dónde tiene sus debilidades y errores estructurales este modelo. Por lo tanto, se necesita una alternativa al desarrollo de la nueva minería.

Algunos teóricos, críticos y líderes de movimientos sociales también exigen transiciones hacia un post extractivista. Un modelo que permita solamente la minería que realmente es necesaria e indispensable, sin contaminación ambiental ni vulneraciones a los derechos humanos.

Hay ejemplos que demuestran ensayos post extractivistas, pero de manera local y sin conexiones a una economía nacional de similares características y, por lo tanto, no son sostenibles (Bebbington 2013 (ibid.); Rauch (2009): Entwicklungsoplitik).

Para aplicar las transiciones hacia un modelo post extractivista se necesita una diversificación de las economías nacionales y locales. El fortalecimiento de la agricultura familiar es uno de los elementos más importantes hacia un modelo de ese tipo.

La agricultura familiar fortalece las comunidades y sus economías, como también la economía nacional y el cuidado del medio ambiente. Por ello, la agricultura familiar es una verdadera y sostenible alternativa a la minería. Su potencial para un modelo post extractivista es importante y va acompañado de enfoques del Buen Vivir en la región, y a nivel internacional, con enfoques del post-crecimiento.

El autor describe tres proyectos emblemáticos en tres países, para mostrar los problemas del extractivismo en Sudamérica. Uno de ellos ya concluyó, otro fue interrumpido y un tercero está en plena operación. Pese a que se trata de procesos pasados, la descripción, sin embargo, sigue siendo válida como estudio de casos. De este texto, que mereció una mención en el concurso de Artículos, ensayos y fotografías el presente año, el Comité de Calificación destacó el esfuerzo por intentar una mirada regional sobre el tema, una preocupación permanente en las agendas de debate académico y político de la región.

Este artículo describe los impactos sobre los derechos humanos y al medio ambiente de tres proyectos clave en Sudamérica que tienen financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), con el propósito de mostrar la necesidad de impulsar la formulación, revisión y adecuada implementación de políticas sociales y ambientales en la región, incluyendo las de participación e información, cuyo cumplimiento sea requisito esencial para que BNDES apruebe e implemente éstos y futuros proyectos.

En Argentina, Proyecto Potasio Río Colorado

El año 2009, la minera brasileña Vale S.A. adquirió los activos para extraer sales de potasio propiedad de la Empresa Minera Multinacional “Río Tinto”, localizados en la ciudad de Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza, Argentina (Argentina: FARN, marzo 2013; http://www.farn.org.ar). La operación se llevó a cabo por 850 millones de dólares, e implicó la autorización para explotar 230 hectáreas. Con esa concesión, Vale S.A. crearía el proyecto Potasio Río Colorado, que incluía inversiones en una línea ferroviaria, donde se uniría el yacimiento de potasio con un planta de procesamiento y exportación (en fase de construcción), localizada en el puerto Ingeniero White, Bahía Blanca, Buenos Aires.

La adquisición de los activos de la mina de potasio Río Colorado por parte de Vale representó uno de los mayores movimientos corporativos en el proceso de integración comercial (extracción, procesamiento y transportación) de la minera brasileña, no solo como una estrategia que buscaba aprovechar la dependencia internacional de Brasil de fertilizantes (solamente en 2012 Brasil importó 93% de su consumo de potasio y fue el cuarto mayor consumidor mundial de fertilizantes), sino que Vale ha utilizado el boom de los agronegocios de Brasil y las subvenciones públicas del programa de biocombustibles como una poderosa herramienta para incrementar sus activos de fertilizantes.

En 2008 Vale obtuvo una línea de crédito de US$ 4300 millones, que constituía hasta ese momento el mayor financiamiento otorgado por el BNDES a una empresa privada. Y en 2010, la empresa invirtió US$ 6700 millones para comprar activos de la industria de fertilizantes en Argentina, Brasil, Perú, Mozambique y Canadá, inversiones que fueron financiadas (al menos parcialmente) por la línea de crédito otorgada por el BNDES en 2008.

El proyecto Potasio Río Colorado, actualmente suspendido, se encuentra enmarcado en la cuenca neuquina, en el extremo sur de la provincia de Mendoza y norte de Neuquén. El área de la cuenca abarca 4000 km y cuenta con un yacimiento rico en sales de potasio; fue administrado por Vale Fertilizantes S.A. (subsidiaria de Vale S.A.) y comprende todas las etapas de producción, industrialización y distribución de cloruro de potasio para su utilización como fertilizante natural para la agricultura. Una vez que el emprendimiento estuviera completo, Vale tenía previsto extraer 4,35 millones de toneladas anuales de cloruro de potasio que serían exportadas casi en su totalidad a Brasil.

Este proyecto incluía la construcción de una mina de potasio y planta de industrialización en el departamento mendocino de Malargüe, que hasta su paralización estaba a cargo del Consorcio Río Colorado, conformado por la brasileña Odebrecht y la argentina Techint”. También incluía la construcción de una vía férrea de 370 kilómetros entre Rincón de los Sauces (Neuquén) y Chichinales (Río Negro), y el reacondicionamiento de 500 km de la línea concesionada a Ferrosur ex Roca, entre Río Negro y Bahía Blanca, para transportar el fertilizante hasta las instalaciones portuarias ubicadas en Ingeniero White (Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires), que estaban siendo construidas por el grupo brasileño Andrade & Gutiérrez. El año 2011 las inversiones estaban calculadas en US$ 150 millones. Idealmente, el objetivo de Vale y YPF era alcanzar una producción diaria de 1,5 millones de metros cúbicos de gas y destinar la mitad a la mina de potasio.

Los actores involucrados en el proyecto eran, por el ámbito estatal: el gobierno de Brasil, el BNDES, el gobierno de Argentina, el gobierno de la provincia de Mendoza, la Municipalidad de Malargüe (provincia de Mendoza), el gobierno de la provincia de Neuquén (provincia de Neuquén), la Municipalidad de Rincón de los Sauces (provincia de Neuquén), el gobierno de la Provincia de Río Negro, la Municipalidad de Río Colorado (provincia de Río Negro), la Municipalidad de Chichinales (provincia de Río Negro), el gobierno de la provincia de La Pampa, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) y la Defensoría del Pueblo de la Nación. En el ámbito del sector privado: Minera Vale, Oderbrecht, Techint, Camargo Correa, Andrade & Gutiérrez, YPF, mientras que por la sociedad civil las comunidades afectadas son Malargüe (Mendoza), Neuquén (Rincón de los Sauces), Río Negro (Río Colorado y Chichinales), La Pampa y Buenos Aires (Bahía Blanca).

La oposición al proyecto tomó fuerza en Mendoza a partir de noviembre de 2007, mes en que se realizó en Malargüe una audiencia pública. Varias organizaciones sociales de las distintas provincias afectadas señalaron las irregularidades y los enormes pasivos ambientales que la puesta en marcha de este proyecto traería para la vida de los ciudadanos y el medio ambiente de Argentina. Entre los principales reclamos se encontraba la posible salinización del Río Colorado por el cloruro de sodio que el proyecto pretende depositar a 17 km del margen de este río.

Cabe destacar que el proyecto utiliza el método de disolución (bombeo de agua a temperaturas que pueden alcanzar los 70 grados centígrados) para extraer el cloruro de potasio, un mineral con un alto contenido de sodio. Se calcula que por cada tonelada de potasio extraída se producirán 1,2 toneladas de sodio, que serían almacenadas a perpetuidad en un depósito construido para tal fin. Además, cuando la mina estuviera en operaciones, se generarían 838.000 toneladas métricas de gases efecto invernadero anuales debido a la extracción de minerales.

En cuanto al uso del agua, el proyecto planteaba utilizar 86,4 millones de litros de agua diarios (un m3 por segundo), tomados del Río Colorado por un período que duraría cuarenta años. En el aspecto energético, cuando la mina alcance su punto máximo, podría consumir aproximadamente un millón de metros cúbicos de gas al día. Para cubrir esas cantidades, en diciembre de 2010 Vale firmó un acuerdo con la petrolera YPF para desarrollar un yacimiento de gas no convencional (shale gas) en la cuenca neuquina, con una concesión hasta 2027.

En el aspecto de electricidad, la mina consumiría aproximadamente 78 megavatios diarios, y para ello se instalarían nuevas líneas de transmisión de alta tensión, con una extensión aproximada de 120 km, que interconectarían el futuro sistema eléctrico (Línea de Extra Alta Tensión Comahue-Cuyo) con la planta industrial.

A la luz de estos datos, el Consejo Provincial del Ambiente, un órgano asesor de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Mendoza, integrante de la Comisión de Evaluación Interdisciplinaria Ambiental Minera, que participó del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Potasio Río Colorado, emitió en 2009 un Dictamen Sectorial,en el que concluía que el proyecto Potasio Río Colorado “debía rechazarse por el elevado consumo energético que la actividad demanda y por la falta de alternativas a la disposición del cloruro de sodio”; y que presentaba riesgos de contaminar el Río Colorado con el depósito de cloruro de sodio que ocuparía una superficie de 210 hectáreas, con una profundidad de 50 metros, lo cual era muy probable que afectara a las provincias de Mendoza, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires, así como 150000 hectáreas dedicadas a la actividad productiva (consumo humano, riego, ganadería, usos recreativos y vida acuática).

En agosto de 2010, la Defensoría del Pueblo de la Nación tomó nota de esta situación y, mediante la Resolución 108/10, recomendó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a que se expida en el análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e inter jurisdiccional del emprendimiento minero Potasio Río Colorado.

En junio de 2011, las obras para la construcción del tren de carga que Vale había adquirido de la empresa Ferrosur Roca fueron objeto de una acción administrativa del juzgado municipal del Rincón de los Sauces. Los principales argumentos eran que el proyecto ferroviario no tenía un estudio sobre la vibración producida por las más de 5000 toneladas de carga diarias, y tenía poca “claridad y precisión” en cuanto a los efectos que traería la transportación de cloruro de potasio, maquinaria y otros contaminantes sobre la calidad del aire del Rincón de los Sauces.

La parte final del proyecto Potasio Río Colorado constituye una concesión de 35 hectáreas en el Puerto Ingeniero White, Bahía Blanca, en Buenos Aires, donde Vale estuvo edificando un almacén y un muelle de carga para la producción de potasio extraída de Argentina. Esa concesión fue firmada a finales de octubre de 2011, entre el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB) y la empresa Potasio Río Colorado S.A., y comprendía un período de cincuenta años que podría extenderse por un tiempo igual. Aunque Vale no es propiamente la que realiza el dragado en el Puerto Ingeniero White, se beneficia directamente de las obras, aun cuando para su edificación no se respeten las normas ambientales de Argentina (Pablo F. Petracci. Impacto Ambiental del Megaproyecto de Dragado en el Estudio de la Bahía Blanca. Fundación Nuestro Mar, Argentina, 2011).

Desde el inicio se especuló que en la construcción del proyecto se generarían 15.792 empleos anuales directos e indirectos (Inés Rivera, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Casos Paradigmáticos de Inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Sur América– Proyecto Potasio Río Colorado,Ed. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Perú, 2014). Sin embargo, cuando Vale canceló intempestivamente el proyecto, en marzo de 2013, con casi el 45% de avance de las obras, había aproximadamente apenas 4000 trabajadores subcontratados por empresas como Techint, Odebrecht, Cartellone, Distrocuyo y Skanska, Chediack y Milicic (Roxana Badaloni. “Los trabajadores de Vale llegaron a un acuerdo por los despidos”. Abril de 2013, edición electrónica. http://www.clarin.com/politica/trabajadores-Vale-llegaron-acuerdo-despidos_0_908909255. html).

Aun cuando el caso Potasio Rio Colorado ha sido tratado por una variedad de medios de comunicación argentinos e internacionales, cuando se intentó conocer en la página del BNDES si este proyecto había sido financiado por el Banco, no había información que corroborara el hecho. Pero, entre 2008 y 2012, sobresale una línea de crédito de US$ 4300 millones que el Banco asignó a la minera a finales de 2008. Un año después, Vale adquirió los activos de Río Tinto en Argentina y Brasil, que incluían el proyecto Potasio Río Colorado, por lo que se puede inferir que una parte de ese préstamo, si no la totalidad, fue utilizado por Vale para adquirir el proyecto Potasio Río Colorado en Argentina.

Por tanto, las relaciones entre Vale y el BNDES se observan en varias dimensiones. El Banco es accionista de Vale a través del BNDES Participações S.A., que controla 5,58% de las acciones de Vale. Además, como el BNDES es una entidad pública del gobierno de Brasil, también posee 12 Acciones Oro (Golden Shares), que le dan poder de vetar las acciones de Vale. Lo anterior nos indica que el BNDES posee responsabilidades en torno al funcionamiento de Vale en Argentina.

A pesar de las barreras para saber si el BNDES financió el proyecto Potasio Río Colorado, al analizar los préstamos que Vale obtuvo en 2008 del Banco se encuentra una línea de crédito por US$ 4300 millones. Ese préstamo coincide con la reestructuración corporativa de la minera, la cual incluyó la compra de activos de sus competidoras, como los activos de Río Tinto en Brasil y Argentina. Lo anterior nos lleva a inferir que una parte importante, si no la totalidad del préstamo que el BNDES asignó a Vale en 2008, se utilizó para adquirir el proyecto Potasio Río Colorado.

En marzo de 2013, el emprendimiento se suspendió. Según Vale, esa suspensión se debe a que los fundamentos económicos del proyecto no están alineados con el compromiso de Vale con la disciplina en el destino de capital y la creación de valor, y que, sin las exenciones impositivas que fueron solicitadas al gobierno argentino, el costo del proyecto se elevaría en un 86%, lo que lo hace inviable.Sin perjuicio de ello, Vale estaría por retomar el proyecto y, en ese sentido, estaría negociando con el gobierno de Argentina para encontrar una solución al conflicto que derivó en su paralización.

En Brasil, Proyecto Fosfértil en Ubaraba, Minas Gerais

Fertilizantes Fosfatados S.A. (Fosfértil) es una de las unidades productivas de fosfatos de Vale Fertilizantes S.A., que se localiza en la ciudad de Ubaraba, estado de Minas Gerais, en Brasil. Su capacidad productiva anual es de 1.915.000 toneladas de ácido sulfúrico, 675000 toneladas de ácido fosfórico, 48000 toneladas de ácido fluosilícico, 960000 toneladas de fosfato de monoamonio, 1355000 toneladas de superfosfato triplo (TSP4), y 280000 toneladas de superfosfato simples (SSP).

Entre 2010 y 2012, el BNDES financió a Vale con US$ 197,21 millones para la expansión de su producción de ácido fosfórico y ácido sulfúrico de sus unidades de Minas Gerais. Actualmente, el proyecto ya concluyó, pero el pasivo ambiental y social generado por este emprendimiento continúa sin ser corregido.

Los actores involucrados, por el Estado fueron el BNDES, el Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y Ministerio Público Federal, el gobierno de Minas Gerais, la Fundación Estatal de Medio Ambiente de Minas Gerais (FEAM) y el Instituto Mineiro de Gestión das Aguas (IGAM). Por el sector privado: Vale Fertilizantes en su Unidad Fosfértil y por la sociedad civil el Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica (STIQUIFAR).

En 2009, Vale destinó US$ 6 700 millones para financiar adquisiciones de fertilizantes en Argentina, Brasil, Canadá, Perú y Mozambique. Brasil es el cuarto mayor consumidor de fertilizantes en el mundo y responsable por el 2% de la producción mundial, exportando el 91% del potasio y el 51% de fosfatos. En repetidas ocasiones, Vale ha utilizado el Programa Brasileiro de Biocombustibles, financiado por el BNDES, para aumentar su producción de fertilizantes, dentro de la estrategia de Brasil de catapultarse como el mayor productor de etanol del mundo.

Entre 2010 y 2012, siguiendo los lineamientos del Brasileiro de Biocombustibles, el BNDES financió a Vale con alrededor de US$ 197,21 millones para la expansión de su producción de ácido fosfórico y ácido sulfúrico de sus unidades de Minas Gerais, Brasil. Ese mismo año, Vale compró los activos de fertilizantes que el grupo Bunge poseía en Brasil por US$ 3800 millones. Alrededor de US$ 1650 millones se destinaron a la compra de minas de extracción de fosfato y el restante (aproximadamente US$ 2150 millones) fueron utilizados para comprar el 100% del capital de Fertilizantes Fosfatados S.A., que incluían tres minas de fosfatos: Tapira, Patos de Minas y Araxá, todas en el estado de Minas Gerais.

Cuando Vale compró Fosfértil, también se hizo de un enorme pasivo ambiental de 120 hectáreas de fosfatos con 57 metros de alto que reconoce como “[…] supuestos problemas ambientales que han generado acciones judiciales” (Vale S.A. Relatório de Sustentabilidade 2010. http://www.vale.com/PT/aboutvale/sustainability/links/ LinksDownloadsDocuments/ Relat%C3%B3rio_Sustentabilidade_Port_2010.pdf -consultada 20 de marzo de 2013- ).

En 2009, el STIQUIFAR inició un proceso judicial ante el Ministerio Público de Minas Gerais, donde denuncia la contaminación de Fosfértil sobre los trabajadores de este emprendimiento, los pobladores de la ciudad de Uberaba y posiblemente el acuífero Guaraní. Como consecuencia, en 2011 el Instituto Mineiro de Gestión das Aguas realizó un estudio con el que corroboró que Fosfértil filtra a los ríos de Uberaba (Grande, Gamero y Conquistinha) un relave conocido como fosfoyeso, que ha incrementado por 1.280% los niveles de fósforo permitidos. El fosfoyeso produce ácido sulfúrico, ácido fosfático y elementos radiactivos como el torio y uranio10.

Otro hallazgo fue realizado por el Ministerio Público Federal, que constató la filtración de ácido sulfúrico hacia la laguna localizada a un lado del Río Grande. El Ministerio fijó responsabilidades jurídicas al IBAMA y a la Fundación Estatal de Medio Ambiente de Minas Gerais por no haber realizado la fiscalización necesaria para evitar derrames y filtraciones de los pasivos que Fosfértil produce en aguas superficiales y subterráneas. Hasta finales de 2012, Vale no había realizado alguna acción para corregir ese pasivo.

Aunque Vale no fue la empresa que generó el pasivo ambiental en la ciudad de Ubaraba, desde que la minera se hizo cargo de Fosfértil no se ha corregido la contaminación de los mantos acuíferos de Ubaraba y la posible contaminación del acuífero Guaraní. Los impactos ambientales de Vale en Mineras Gerais son aún mayores, debido a que plantea inaugurar la nueva mina Apolo (mayor que cualquiera de las minas de Carajás), en la sierra del Gandarela, región metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. La sierra del Gandarela constituye la última parte intacta del cuadrilátero de hierro que no ha sido explotada, y en ella hay recursos acuíferos para cinco millones de habitantes que podrían verse comprometidos con las nuevas actividades.

Aunque no hay una relación directa entre el dinero que el BNDES destinó para financiar la producción de ácidos de Vale y la compra de los activos de Bunge en Brasil, es muy probable que la minera utilizara la totalidad de los préstamos del BNDES para consolidar los activos de fertilizantes en Minas Gerais. BNDES y Vale no poseen un registro que indique en qué fueron utilizados los financiamientos del Banco ni sobre los recursos que Vale utilizó para su Mina Apolo.

Por tanto, las evidencias jurídicas y los procesos judiciales levantados por el Ministerio Público de Minas Gerais indican que las actuaciones de Vale se caracterizan por la negligencia continua, aun cuando afecten la salud de los habitantes de la ciudad de Ubaraba.

Por otro lado, la falta de transparencia sobre la utilización de fondos públicos que destina el BNDES para incrementar la producción de fertilizantes en Vale crea al menos tres estrategias para intervenir en puntos estratégicos de la cadena de producción de fertilizantes de la minera: a) como el BNDES es propietario del 5,7% de acciones de Vale a través de BNDESPAR y posee 12 Acciones de Oro (Golden Shares), goza de poder de veto sobre las acciones de la minera. El hecho de que el dinero de los contribuyentes se utilice para cometer abusos sociales y del medio ambiente contra los ciudadanos brasileños abre bastantes oportunidades para conducir campañas ciudadanas que exijan al BNDES responsabilidad en sus financiamientos; b) dada la evidencia de la contaminación de fosfatos en el río Côrrego (1.280% en los niveles más allá de lo permitido por la ley), se recomienda realizar estudios para determinar la calidad y disponibilidad del agua que existe en la sierra del Gandarela, así como analizar la calidad del aire en la ciudad de Ubaraba y la salud de sus residentes; y c) uno de los factores que pueden ayudar a transparentar las actividades de Vale en su Mina Apolo es comenzar a contactar a los grupos de trabajadores que laboran en las obras de la mina y estrechar lazos con los miembros del STIQUIFAR.

En Perú, Proyecto Bayóvar y Bahía de Sechura

En el Perú, la Minera Vale S.A. tiene concesiones mineras para el proyecto Bayóvar, que incluyen derechos de exploración de 146.887 millones de hectáreas en 11 de las 13 regiones mineras. Bayóvar es una mina a cielo abierto, ubicada en el distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura. Inició operaciones en 2010 y tiene capacidad para producir 791.000 toneladas de fosfato al año. Es operada por la subsidiaria de Vale, Miski Mayo S.A.C., y se localiza en el Cerro Mongol, Cajamarca, distritos de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, en la cabecera de la Cuenca del Río Cajamarquino, que administra gran parte del Valle de Condebamba, uno de los recursos hídricos más importantes de la región andina del Perú, que suministra parte de la producción agrícola y pecuaria de ese departamento.

En el Perú los emprendimientos de Vale han generado una serie de violaciones a los derechos laborales, ambientales, a la información y de posesión de las tierras de los pueblos indígenas, violando la Convención 169 de la OIT y varias leyes nacionales. El papel del BNDES en el proyecto Bayóvar es importante, pues financió en 2010, US$ 71 millones para la construcción de una planta de desalinización que proporciona agua a esa mina. En la actualidad terminó la fase de construcción y el proyecto se encuentra en operaciones.

Por el gobierno de Brasil, el actor principal es el Banco BNDES. En cuanto al gobierno del Perú, participan el Parlamento y el Poder Ejecutivo, la Comisión de Gestión Ambiental Sostenible del gobierno regional de Cajamarca, el Juzgado Mixto de San Marcos y el gobierno regional de Piura. Por el sector privado participan la Minera Vale y su subsidiaria Miski Mayo. La sociedad civil se ha involucrado en el seguimiento del proyecto a través del Frente de Defensa de la Bahía de Sechura (FDBS) y la Asociación de Transportistas, Maquinaria Pesada y Servicios Generales (ATRAMS).

Los problemas principales de este proyecto son la violación del derecho al consentimiento libre, previo e informado, y la falta de transparencia sobre impactos ambientales. En 2004, los funcionarios de Miski Mayo realizaron asambleas en las localidades de Huayanmarca (distrito de Jesús) y Santa Rosa de Pashul (distrito de Pashul), donde se autorizó la explotación minera. En las asambleas no estuvieron presentes los verdaderos propietarios de los terrenos. Las personas que ahí se congregaron habían sido traídas de diferentes localidades por personal de Vale.

En mayo de 2007, la Comisión de Gestión Ambiental Sostenible del gobierno regional de Cajamarca, integrada por varios congresistas del Parlamento de Perú, realizó una visita a la zona de explotación y encontró en las instalaciones de Miski Mayo a personal encapuchado y armado con escopetas. En septiembre, pobladores del Valle Condebamba emprendieron una “marcha de sacrificio” hacia Cajamarca, culminando en un paro de tres meses en las alturas del cerro Mogol, que obligó a Miski Mayo a retirar sus máquinas. Como consecuencia de estos eventos, a pedido de Vale, en los primeros meses de 2009 el Juzgado Mixto de San Marcos impuso a once líderes comuneros del Valle de Condebamba una pena de cuatro años de prisión (suspendida posteriormente) y el pago de 2.000 soles de reparación civil por haber ocupado las instalaciones de la minera e.

En lo que se refiere al uso de recursos hídricos, Bayóvar tiene una planta desalinizadora de agua de mar, una planta concentradora e instalaciones de carga y descarga localizadas en la Bahía de Sechura. A pesar de que Vale presentó una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en 2007, por el que se comprometía a instalar medidores de la calidad del aire y monitorear los contaminantes que sus instalaciones emitían, hasta enero de 2012 no había EIA ni Comité de Gestión Bahía de Sechura que confirmara algunas medidas preventivas realizadas por la minera.

De acuerdo con la información de Vale, la minera reconoce haber consumido un total de 294,3 millones de Mts3 de agua. De esta cantidad, solo 25 millones de Mts3 se obtuvieron de agua reciclada, lo que indica que 269 millones fueron extraídos de fuentes naturales (pozos, agua de mar, ríos, lagunas, etc.), entre los que se localizan las aguas de mar de la Bahía de Sechura. Vale nunca menciona la cantidad de residuos que se vierten en la Bahía de Sechura o en lagunas o aguas subterráneas (pozos y acuíferos) por debajo de la ciudad de Sechura.

El 13 de junio de 2011, el Frente de Defensa de la Bahía de Sechura y la ATRAMS, realizaron un paro en esa ciudad, con el 95% de participación de la población. Las principales demandas se concentraron en la contaminación ambiental de tierras comunales y de la bahía, ocasionada por la transportación y procesamiento de fosfatos que Vale extrae en esta región.

El desempeño de Vale en su emprendimiento de Bayóvar en la Piura y la Bahía de Sechura no es distinto de la forma de operar de la minera en otros lugares, ha transgredido el Convenio 169 de la OIT, referente a la libertad de información y la consulta previa de las comunidades que viven cerca de sus emprendimientos. En consecuencia, los pobladores del valle de Condebamba recurrieron a acciones de protesta social de gran magnitud, que incluso los llevó a ocupar por tres meses las instalaciones de la empresa, con el saldo de 11 comuneros en prisión.

Para los datos precedentes se consultó artículos periodísticos y los informes anuales de la propia minera. No obstante, Vale no reconoce que esté generando conflictos sociales y ambientales en el Perú. El BNDES, por su parte, tampoco menciona la responsabilidad de su financiamiento en los conflictos generados por Vale.

Igual que los otros dos casos tratados anteriormente, la solución es obligar a Vale a cumplir sus compromisos de responsabilidad empresarial y los mecanismos legales y extralegales que omite a lo largo de su cadena de producción y abastecimiento. Los conflictos mineros que en los últimos años viven los países sudamericanos como consecuencia de las estrategias gubernamentales que enfocan el desarrollo con la mega minería lo hacen necesario.

La Paz, Bolivia, 15 de octubre de 2015

Este artículo se basa en la conversación sostenida con el ex quraca Samuel Flores, de la marka Quila Quila, nación Qhara Qhara. Este pueblo de habla quechua habita en el departamento de Chuquisaca.La ex autoridad originaria cuenta las experiencias de su nación en la exigencia del saneamiento de su territorio. Gracias a su experiencia y su memoria, aquí compartimos las estrategias, experiencias y lecciones del caso para reflexionar sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas al exigir sistemas de justicia de acuerdo con sus propias normas y cosmovisiones.

Las autoridades originarias de la marka Quila Quila, de la nación Qhara Qhara, presentaron una acción popular de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia para interpelar dos artículos del Decreto 29215 de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que exigen la personería jurídica para el trámite de demanda de territorios indígenas. El TCP resolvió revocar la resolución 001/2015 del INRA y notificar al presidente del Estado Plurinacional para la depuración de las normas que contradicen la Constitución Política del Estado.  

Pluralismo jurídico y el bloque de constitucionalidad

El pluralismo jurídico es una de las bases del Estado Plurinacional de Bolivia, porque es una manera de romper con el modelo estatal mono cultural, mediante el reconocimiento de diversos modos de vida, cosmovisiones, sistemas de regulación social y resolución de conflictos. Está basado en los principios de unidad, complementariedad y reciprocidad, equidad y solidaridad.

El pluralismo jurídico es producto de la acumulación histórica de experiencias y procesos de lucha de los pueblos indígenas por el territorio, la autodeterminación y la representación propia. Fue planteado por los propios pueblos y por los movimientos sociales en la Asamblea Constituyente que se llevó a cabo entre los 2006 y 2008 y fue aprobado como parte de la nueva Constitución Política de Estado (CPE) en el 2009.

Sin embargo, ese aspecto del Estado Plurinacional ha sido debilitado sucesivamente. Primero por cambios drásticos al anteproyecto de la CPE, como resultado de negociaciones entre los partidos políticos, lejos del espacio de participación y discusión de la Asamblea. Luego por una serie de leyes y decretos, que restringen los derechos fundamentales de las naciones y pueblos indígenas. Por ejemplo, las leyes del TCP y de Deslinde Jurisdiccional, que disminuyen las competencias de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) otorgadas por la nueva Constitución, y le anteponen la autoridad y legitimidad de la jurisdicción ordinaria (JO) (Ramiro Molina Rivero, El pluralismo jurídico en Bolivia: derecho indígena e inter legalidad, 2011). Además, decretos que modificaron leyes, como el Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 de la Ley del INRA, institucionalizaron formalismos administrativos y jurídicos que generan obstáculos para que las naciones y pueblos indígenas exijan sus derechos fundamentales al territorio y al gobierno propio. 

En ese contexto y, a pesar de las limitaciones que han señalado muchos analistas, el marco jurídico establecido por la CPE, articulado con el bloque constitucionalidad de los convenios internacionales, creó mecanismos fundamentales para que las naciones y pueblo indígenas puedan exigir los derechos a territorio y autodeterminación (ver por ejemplo Bartolomé Clavero, Derecho indígena y cultural constitucional en América Latina, 1994; Boaventura de Sousa Santos yJosé Luis Exeni Rodríguez, Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia, 2012; y Luis Tapia, Consideraciones sobre el Estado Plurinacional, 2010).

Un aspecto principal del marco jurídico es el derecho a la reconstitución de la unidad territorial pre colonial, basado en la Resolución del 13 de septiembre de 2007 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas, promulgada en Bolivia el 7 de noviembre del mismo año.

En el ámbito internacional, la noción de “sistema jurídico” de naciones y pueblos indígenas se fortaleció mediante el Artículo 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce la existencia de autoridades, normas, procedimientos, valores y sanciones relacionados con la resolución de conflictos y la administración de justicia.

Por otro lado, la jurisdicción indígena fue establecida en la CPE, en los artículos 2 y 30, especialmente, por los cuales se garantiza el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a la libre determinación, autonomía, a su cultura y al ejercicio de sus sistemas jurídicos propios, en el marco de la unidad del Estado. Mientras que el artículo 179 establece el principio de la igualdad jerárquica entre las cuatros jurisdicciones que componen el órgano jurídico del Estado: JIOC, JO, Jurisdicción Agroambiental (JA) y Jurisdicción Especial (JE).

Las movilizaciones, luchas y exigencias de por el territorio y la autodeterminación dieron paso a ese terreno legal complejo, que a menudo lleva tantas oportunidades como limitaciones.

El ejercicio de derechos fundamentales

Al exigir el saneamiento de su Territorio Comunitario de Origen (TCO), los comunarios de la nación Qhara han aprendido a manejar ese complejo terreno legal. Inicialmente, encontraron un gran obstáculo en el Decreto 29215 del INRA, que incorporó dos artículos que exigen la personería jurídica para titular la TCO.

El formalismo de tener que conformar una “asociación social” va en contra de sus derechos, como explica don Samuel Flores, la ex autoridad originaria de la nación Qhara Qhara:

No necesitamos otra identidad, porque nosotros, como naciones, como pueblos, nos auto determinamos y el Estado tendría que actuar directo. Según ese Decreto, ahora la situacion es al revés, el Estado quizá ve organizaciones de la sociedad civil y no a las comunidades. Dependía del Estado para tener personería jurídica implica la falta de consulta a nivel local en contra de nuestros derechos a exigir justicia, representacion y participación, de acuerdo con nuestras propias normas, y una limitación estructural y burocrática para pedir nuestro derecho a tierra y territorio. Así dependimos del Estado como naciones y pueblos indígenas, un Estado que vino en la historia después de nosotros, aunque se llame república, como antes, o Plurinacional, como ahora. Eso hemos entendido, que nosotros no podemos exigir el reconocimiento Estado, siendo que vino después de nosotros. Así hemos interpretado del tema de la prexistencia. Las naciones y pueblos indígenas tienen territorios prexistentes y no necesitamos reconocimiento ¿no?

Por años, los comunarios Qhara Qhara, con sus seis ayllus, trabajaron para reconstituirse como nación y reunir su territorio pre colonial. Desde 2007 hicieron una recopilación de documentos ancestrales, títulos de la colonia que están en el Archivo de Indias, en Sevilla de los años de 1523 y 1732 y, paralelamente, hicieron los trámites para registrarse y contar con la certificación de pueblo indígena, requisitos para armar la demanda por su territorio.

El municipio de Sucre (ciudad donde está asentado el TCP) anuló el trámite de la Marka Quila Quila, sobre la base de que en esa localidad también hay una organización sindical, que cuenta con su propia personería jurídica. Por su parte, el municipio de la localidad quiso frenar el proceso de saneamiento (obligatorio como requisito) por su interés económico sobre los recursos naturales, mientras que los comunarios pretenden utilizar otros mecanismos para negociar directamente con las empresas extranjeros que quieren explotar los recursos dentro de su territorio. Por ejemplo, en 2012, dialogaron directamente con una empresa francesa para pedir la Consulta Previa (obligatoria por Ley) para llegar a un acuerdo sobre el cuidado del medioambiente, de las concesiones legales y de la participación directa, y que ésta no trabaje con otras organizaciones ajenas de la comunidad.

Claramente, el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a territorio y autodeterminación podría desafiar el status quo del Estado y del capital del extractivismo. Este hecho explica, en parte, la función política subyacente de los formalismos para evitar el ejercicio de sus derechos fundamentales, así como la respuesta de muchos funcionarios públicos frente a la auto identificación y la reconstitución de los ayllus en la región. Según Samuel Flores, ellos los obviaron por no tener la exigida personaría jurídica, diciendo que son “supuestamente ayllus” o “son chutos” (quiere decir falsos).

En ese sentido, los procesos históricos de fragmentación social y territorial disminuyen la fuerza de las comunidades, tanto en las épocas colonial y republicana como en la de las políticas de asimilación del Estado posrevolucionario y las de “dividir y vencer” de hoy en día. Esto se expresa en los conflictos sociales. Como ha explicado Flores:

La organización sindical y las comunidades campesinas pierden su identidad cultural, y no tienen derecho de clasificar en la demanda de tierras. Han interpretado que las organizaciones indígenas no pertenecen a la comunidad y pierden su derecho también porque, de forma contraria, los sindicatos presentan sus alegatos, varios documentos, diciendo que nosotros no somos originarios, que no somos ayllus.

El año 2012, cuando se habían agotado las posibilidades burocráticas del procedimiento, se encontró otra estrategia, la de la autenticación para el Censo Nacional de Población. Samuel Flores explicó que ese año la Marka Quila Quila entró al censo como parte de la Nación Qhara Qhara, cumpliendo de ese modo la autenticación que el Estado necesitaba. Desde entonces están reconocidos por el Estado como nación y, con eso, presentaron la acción popular al TCP, demandando la inconstitucionalidad de los Artículos 357 y 396.II del Decreto Supremo 29215 del INRA, por ser contrarios a los Artículos 1, 30.II.4 y 6 y 410.II de la CPE; 1.1 y 2, 14.1, 2 y 3 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y, 2 y 33.1 de la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.

El TCP revocó la Resolución Administrativa 001/2015 emitida por el Director Departamental del INRA del departamento de Chuquisaca y admitió la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por los representantes del Pueblo Indígena Quila Quila.

El caso ha sido un aprendizaje clave para ellos, como reflexiona el dirigente Flores:

Con ese resultado nos damos cuenta que las naciones y pueblos indígenas no pueden ser subordinados con formalismos administrativos y, asimismo, el Estado no es mono cultural sino plurinacional. Las naciones indígenas no somos formalismos del Estado.

Según don Samuel, más de 129 naciones están paralizadas en el saneamiento de sus territorios por el tema de las personerías jurídicas debido a las resoluciones del INRA, y desafiar ese tema es fundamental para que otras naciones y pueblos indígenas exijan sus derechos fundamentales. Como él anota:

Tenemos que actuar como naciones, como pueblos, y no como organizaciones; porque si vamos como organizaciones vamos a ir en contra la Constitución, porque ésta no reconoce organizaciones sociales sino naciones y pueblos indígenas, basada en la preexistencia histórica.

El Tribunal de Justicia Indígena

A partir de esa experiencia, y conociendo la CPE y el bloque de constitucionalidad, los comunarios de Qhara Qhara constituyeron un tribunal de las naciones y pueblos indígenas, de acuerdo con su autodeterminación y autogobierno, para compartir este mecanismo con pueblos y ejercer sus derechos fundamentales.

El Tribunal de Justicia Indígena ya está llevando casos de forma directa, de otras comunidades, relacionados con demandas de territorio y conflictos, y de acuerdo con sus normas propias. Cada nueva experiencia le brinda más vivencia y más vigencia y la legitimidad de la justicia indígena está en pleno escenario de la plurinacionalidad. Ahora están integrando otras naciones e incorporando mecanismos para ejercer plenamente el pluralismo jurídico.

Un momento importante fue la relación con el Tribunal Agroambiental, otra jurisdicción que forma parte del órgano jurídico del Estado Plurinacional. Los miembros del Tribunal Indígena se sentaron con los jueces agroambientales y con autoridades de pueblos de los ayllus y markas e indígenas de las tierras bajas, para discutir el mecanismo de coordinación y cooperación que resuelva los conflictos que llegan a la Justicia Agroambiental, para que ésta decline sus competencias en favor de la JIOC, y que sus autoridades “no estén dando vueltas de atrás del Tribunal Agroambiental o de la Justica ordinaria”, espacios que excluyen y disminuyen la Justicia Indígena.

El Tribunal de Justicia Indígena también sirve para desafiar los formalismos del Estado y fortalecer más litigios de inconstitucionalidad, para exigir la “depuración de normas jurídicas que van en contra a los derechos fundamentales de las naciones y pueblos indígenas”. Esto amplía la lucha en temas de tierras, exigiendo la Consulta Previa y anulando títulos otorgado por el Estado a personas no indígenas dentro sus territorios.  

Auto representación directa

Otro ámbito importante es la representación directa en las Cartas Orgánicas, que se contempla cuando los municipios están en la jurisdicción de las TCO. Es un mecanismo clave para las naciones y pueblos indígenas cuando son minoría en un municipio y no pueden optar por la autonomía indígena, permitiéndoles, empero, ejercer el derecho de representación por normas propias. Hay municipios planteando este derecho, los propios Qhara Qhara lo consolidaron con el referéndum del 20 de septiembre de 2015, con la inclusión en el Estatuto Autonómico de Chuquisaca de la los derechos políticos de las naciones indígenas, el autogobierno y la libre determinación, entre otros aspectos.  

Aparte de lo anterior, los Qhara Qhara están preparando a sus autoridades y líderes para apoyar el trabajo del Tribunal Indígena. Difunden y comparten sus experiencias, mediante módulos con título académico y la posible institucionalización el próximo año en Sucre. La formación de sus propios expertos en el terreno de la CPE y del bloque de constitucionalidad es reforzada con libros de acta y resoluciones propias, que documentan sus experiencias y fortalecen la memoria de los jóvenes y las futuras autoridades.

Las posibilidades que brinda el Tribunal a las naciones y pueblos indígenas para abrir nuevos caminos en sus luchas para territorio y autodeterminación son muchas. El antropólogo boliviano Ramiro Molina recuerda que: “El Estado Plurinacional no es un tema de debate meramente intelectual, aunque tiene su vertiente teórica, es un hecho práctico, de una realidad en construcción” (“El pluralismo jurídico”, 2011, 362).

Desde esa perspectiva, las acciones constantes de s naciones y pueblos indígenas para exigir sus derechos fundamentales fomentan el significado del Estado Plurinacional disputado hoy en día. Para don Samuel Flores, la clave es que hacer esto sin las condiciones de actores ajenos a las comunidades sino desde sus propias bases y de acuerdo con sus propias normas.

Las cosas no se hacen como dice el gobierno con una ley, con un decreto, sino como estamos luchando, con sacrificio se consiguen. Los derechos no quedan así solo en papel, estamos materializando la Constitución.

[1] El texto fue elaborado con base en la entrevista realizada por Ruth Bautista y Juan Pablo Chumacero, del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Este artículo (tercer lugar en el Concurso Anual) hace un recuento de los daños que, a nivel ambiental, social y económico, ha generado la multinacional Glencore en Argentina, Colombia y Perú, enfatizando la evasión de impuestos y regalías, a contravía del argumento de “utilidad pública” en el cual se basa la legislación que soporta la minería y el extractivismo en estos países, y de la propia empresa, cuando afirma que “Contribuye al desarrollo económico de los países pobres (…) comprometido con la sostenibilidad” ambiental”.

La extracción de recursos naturales por parte de grandes empresas multinacionales ha sido una dinámica a nivel mundial desde comienzos del Siglo XX, aumentando significativamente en América Latina en los últimos 50 años, debido a la globalización del modelo económico en el que impera la premisa de sacar utilidad y provecho de los recursos naturales para obtener  capital monetario. Una falacia añadida es que sus resultados benefician económica, social y ambientalmente a diferentes grupos poblacionales y a la comunidad en general.

Las grandes firmas, en su mayoría europeas, han hecho del mercado de la extracción de materias primas un medio por el cual se estructuran e imponen nuevas formas de relación de poder entre las comunidades, los Estados y, por supuesto, las propias empresas, quienes controlan de manera preocupante el contexto en el que se encuentran presentes.  Uno de los casos que despierta inquietudes con respecto a los beneficios comunales o públicos de la extracción de recursos es el de la mega empresa suiza conocida como Glencore Xstrata –hoy día solo con el nombre Glencore- cuyo eje de operaciones se encuentra a nivel mundial. En América está en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y República Dominicana.

Glencore con ojos críticos

El consorcio suizo Glencore se reconoce como una gran empresa, cuyo poderío económico es uno de los más fuertes del mundo, y con una serie de delitos ambientales en los lugares donde está presente. Generalmente “países pobres y trastornados por alguna guerra” según lo informa el citado libro de la MutiWatch (Miles de millones ganados con las materias primas- Consorcio Suizo Glencore Xstrata. p.8).

La característica sobresaliente del consorcio es que opera en países y territorios poco atractivos para la inversión de capital en la extracción minera, debido al contexto de conflicto o de pobreza de las comunidades rurales, lo cual representa una ventaja para la empresa, pues no hay mayor competencia en el mercado, y la posiciona como un monopolio de la extracción de materias primas en los lugares donde opera, bajo el amparo de normas y leyes que han reglamentado la actividad minera como un asunto de “utilidad pública”.

En el año 2013 dos empresas de materias primas: Glencore y Xstrata, se fusionaron para conformar uno de los consorcios productores del área más poderosos del mundo. Con la fusión, el enorme consorcio pasó a ser el tercer productor de cobre y el más grande exportador de carbón para centrales energéticas; solo su flota de barcos petroleros logró tener más embarcaciones que la marina de guerra británica.

Entre los conflictos en torno a la explotación de materias primas que la Glencore realiza, están la explotación de trabajadores, la contaminación ambiental y la evasión de impuestos en los países donde hace las extracciones,  esto último a través del comercio interno de materias entre consorcios, a precios diferentes a los del mercado vía el “Transfer Princing”, que actúa calculando los precios más bajos para las exportaciones y un precio más alto en productos semielaborados, generando un pago mínimo de impuestos en el país productor (Op. Cit. p.2).

La publicación ya mencionada describe cómo, en Colombia, Glencore ha evitado el pago de regalías adicionales mediante la separación de sus operaciones en sub empresas que quedaron debajo de un tamaño crítico, de modo tal que los impuestos que el grupo hubiera tenido que pagar como unidad empresarial se redujeron a la mitad, con lo cual el Estado colombiano perdió sumas enormes. Según los datos publicados, los costos del Estado por retenciones y concesiones en el impuesto a la renta de la empresa minera ascendieron, entre el 2005 y el 2010, al 203%. Es decir, que “por cada 100 pesos que fueron efectivamente pagados como impuestos, 76empresas mineras obtuvieron ventajas que provocaron que el Estado perdiera más de 200 pesos” (OP. Cit. p.76).

Perjuicios para el medioambiente

El consorcio Glencore Xstrata escribió en su Informe de Sostenibilidad del año 2012: “Proteger el medio ambiente es uno de nuestros más significativos retos de sostenibilidad. En nuestras operaciones en todo el mundo, intentamos a llevar a cabo nuestros negocios de tal manera, que las consecuencias negativas para el medio ambiente sean mínimas“. Veamos tres ejemplos de la flagrante contradicción entre el dicho y el hecho.

En Argentina hay investigaciones en curso contra la empresa. Se culpa a una filial de Xstrata, de haber hecho pasar materias primas ante las autoridades tributarias mediante declaraciones de exportación incompletas: “En una demanda del año 2010, se acusa a la empresa de no haber declarado exportaciones por un valor anual estimado en 8 mil millones de dólares. Esto porque en el concentrado de metal no se especificó su contenido de tierras raras y metales traza o metales pesados” (MultiWatch, 2014).

En Perú, la principal actividad de explotación minera por parte de la Glencore se relaciona con la extracción de cobre, zinc y plomo. En la provincia Espinar, ubicada en la región de Cuzco sobre la sierra andina de ese país, opera, desde el año 1994, la mina de producción de cobre a cielo abierto denominada Xtrata Tintaya. Según datos del libro citado, miembros de la comunidad afirman que, desde hace diez años aproximadamente, se han venido presentando la muerte de animales y la escasez de agua.

Las comunidades indígenas han alertado acerca de la presencia de metales venenosos en el agua y sobre la malformación de los fetos y abortos en los animales: “En noviembre del 2011, el alcalde (…) de la provincia de Espinar (...) Oscar Mollohuanca, junto con un grupo de organizaciones de base (Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, FUDIE), presentaron una denuncia contra Xstrata Tintaya” por la contaminación ambiental que la empresa estaba causando. La demanda se basó en diversos estudios que arrojaron como resultado, entre otros aspectos, la presencia de sustancias altamente tóxicas como arsénico, cromo y mercurio en sangre y orina de varios pobladores de esta región.

Por otra parte, en enero de 2014 la Glencore fue multada por la contaminación de pastos en los alrededores de la mina. Según las investigaciones, se encontró una alta concentración de cobre en los suelos, en una proporción que sobrepasa en tres mil por ciento las cantidades permitidas en los estándares internacionales.

Ante estos graves hechos y las correspondientes denuncias, la empresa se niega a aceptar su responsabilidad en el deterioro del medio ambiente y de la salud de los pobladores, alegando que estas nada tienen que ver con la actividad minera que ellos realizan.

En Colombia, Glencore ha sido la directa responsable de las alteraciones en el nivel ecosistémico que aparecen en las regiones donde realiza sus operaciones, la de mayor importancia tiene que ver con minas que se encuentran ubicadas al noreste del país, en los departamentos del Cesar y la Guajira, en los cuales hay tres minas a cielo abierto para la explotación de carbón térmico: La Jagua de Ibirico, Calenturitas y el Cerrejón. Esta última  está catalogada como la mina más grande a cielo abierto en el mundo, con un  área minera  que cubre un total de 69.000 hectáreas y produce  en la actualidad más de 31 millones de toneladas métricas de carbón térmico (http://www.cerrejon.com/site/operacion-integrada/mina.aspx).

El proceso para extracción de carbón en estas minas a cielo abierto se basa primero en la remoción de la capa vegetal, para luego proceder a la abertura de orificios cuya profundidad alcanza los 300 metros en la tierra. Este modo de proceder genera daños irreversibles, pues el alto grado de erosión ocasionado por la actividad trae como consecuencia la improductividad agrícola de la tierra. Las comunidades ubicadas en esta región manifiestan los cambios drásticos en el paisaje y en la topografía de los territorios, y las enfermedades de tipo respiratorio que tanto seres humanos como animales han sufrido a raíz de la presencia de la mina.

Además, la Glencore fue acusada del desvío del río Ranchería en el departamento de la Guajira y del Río Calenturitas en el municipio del mismo nombre en el departamento del Cesar, acción que no solo altera el equilibrio hídrico en la región, sino que ha producido desabastecimiento de agua potable y contaminación de ríos en la Guajira y, con ello, la imposibilidad de que el agua pueda ser utilizada para actividades de riego y consumo humano y animal, afectando a la salud y a la economía de las familias. Por añadidura, el paisaje desértico y el polvo impiden que la vegetación crezca.

En el año 2013 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) obligó a la Glencore a suspender inmediatamente la explotación de la mina Calenturitas “por intervenir ecosistemas sin autorización y realizar explotación minera más allá de los límites permitidos por su licencia”, lo cual le generó en enero de 2014 una formulación de cargos por parte de la autoridad ambiental, que la empresa se niega a aceptar.

El proyecto minero de la Jagua está ubicado a dos kilómetros del casco urbano en el municipio de la Jagua de Ibirico, departamento Cesar, habitado por 21.000 personas. En la mina trabajan más de 1.700 personas, 450 obreros contratados directamente, más contratistas y empleados subcontratados por terceros. Catalogada como la cuarta mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, el año 2011 La Jagua reportó una producción de 2.944.000 toneladas.

La Glencore reparte la operación de la mina de La Jagua de Ibirico en dos empresas: la del Consorcio Minero Unido (CMU), que opera con los mismos equipos y en los mismos terrenos de Carbones de la Jagua (CLJ), pero con personal cubierto por un pacto colectivo que impide a los trabajadores asociarse en un sindicato, y Carbones del Tesoro (CET), que no tiene personal, tampoco equipos ni extrae un solo gramo de carbón, pero reporta al gobierno estar explotando el mineral, a pesar de que sus terrenos son usados como un gigantesco botadero de escombros y material estéril.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustibles y Energética (Sintramienergética), la existencia del pacto colectivo en CMU sólo ha servido para dividir a los trabajadores. En este sentido, Ricardo Machado, presidente de Sintramienergética La Jagua, señala que la Glencore “no les reconoce organización sindical, no les reconoce nada que tenga que ver con lo normativo. Simplemente, les otorga unos dineros que, al final, no están por encima de lo que tenemos nosotros como convención colectiva. Simplemente mantiene la división, haciéndole creer a los trabajadores que con ello les dan un trato preferencial porque no están afiliados a un sindicato y a nosotros nos golpean duramente para que ellos no se afilien”.

Consideraciones generales

En Colombia y Perú surgieron acciones y opiniones para declarar ilegal o inconstitucional artículos de las leyes, decretos y otras normas que amparan en su totalidad y de manera impune a las actividades mineras. El 21 de abril de 2015 el Senador Colombiano Jesús Alberto Castilla Salazar, quien es también líder campesino, realizó una intervención ciudadana ante las y los magistrados de la Corte Constitucional, solicitando declarar la inconstitucional de la expresión: “En desarrollo del artículo 58de la Constitución Política, declárase de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases”, aprobada en el Código de Minas con la Ley 685 de 2010(Ver Intervención ciudadana en el proceso de constitucionalidad -Expediente D – 10673- contra el artículo 13 de la Ley 685 de 2001,  por medio del cual se declara la industria minera, en todas sus ramas y fases, de utilidad pública e interés social. 21 de abril de 2015).  El argumento principal es que el contenido de los artículos mencionados da vía libre para la explotación minera, afectando así otros derechos ambientales y sociales cuya protección no es negociable.

Según la intervención del senador Castilla Salazar,  la expresión consagrada en el Código de Minas vulnera los derechos y bienes protegidos en los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política Colombiana, a saber: el acceso a tierras para el campesinado, el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria y el derecho a un medio ambiente sano.

De igual manera, Laureano Del Castillo, Abogado y Director Ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), afirma que el decreto 001- 2015, publicado por el Ministerio de Energía y Minas de ese país, es ilegal e inconstitucional, pues desconoce los derechos colectivos e individuales de las comunidades indígenas en cuanto a la toma de decisiones  frente al curso que deban tomar sus territorios y frente al derecho de propiedad y  uso de la tierra para su subsistencia (http://www.noticiasser.pe/21/01/2015/%E2%80%9Cel-decreto-001-2015-del-minem-es-ilegal-e-inconstitucional%E2%80%9D).

Lo anterior es una muestra expresiva de la forma en que los impactos de la actividad minera resultan nocivos para las comunidades que viven de la agricultura y para el cumplimiento de derechos humanos como el derecho a una vida digna, un trabajo digno, el derecho al agua y a un ambiente sano.  

El artículo de esta quincena, presentado en formato de ensayo, busca en la historia y la condición de mediterraneidad de Bolivia y Paraguay las raíces de una supuesta “condena extractivista”. El Comité calificador el Concurso de artículos, ensayos y fotografías 2015 le dio el segundo puesto, destacando el esfuerzo de la mirada histórica y la comparación de la situación de dos países en la región.

El término extractivismo es de uso reciente aunque la práctica que designa se figure centenaria. A grosso modo, se refiere a un proceso económico que consiste en extraer recursos naturales (renovables o no renovables) para luego venderlos al extranjero, sin valor agregado, en calidad de materias primas.

A simple vista, el extractivismo tiene un carácter predatorio que polariza, por un lado, a los organismos públicos o privados que compran un recurso determinado (madera, oro, crudo, café o minerales) al precio de la región donde se encuentra, revendiéndolo en el mercado internacional y obteniendo ganancias muy por encima de su inversión, y, por otro, a las comunidades indígenas o campesinas que, debido a la carencia de un capital fijo, son obligadas a sobreexplotar sus tierras para subsistir en el límite de la dignidad humana. En efecto, a fin de que el extractivismo sea mínimamente redituable, se requiere, entre otras cosas, de una estabilidad entre el consumo y la producción o, mejor dicho, entre la explotación y la renovación que, por desgracia, aún se vislumbra lejana en el horizonte.

Razones históricas

Por razones históricas, que aparecen registradas desde las primeras Crónicas de Indias, el extractivismo tiene una presencia muy notoria en Latinoamérica. Más aún, como la economía global se ha vuelto cada vez más demandante bajo los preceptos del neoliberalismo, las legislaciones necesarias para asegurar el bienestar de las zonas que dependen directamente de sus recursos naturales para estimular su desarrollo resultan, hoy en día, insuficientes.

En ocasiones la tendencia se agrava y cuando, además de explotar un recurso no renovable, se utiliza una técnica de explotación que reporta costos ambientales severos —la fracturación hidráulica, por ejemplo—, el extractivismo es cualquier cosa menos un negocio con miras hacia el futuro.

En el Cono Sur hay varios países que obtienen la mayor parte de su producto interno bruto gracias al extractivismo. Dos de ellos están condicionados por motivos netamente geográficos, (aunque en el caso de Bolivia, la geografía fue ayudada por la historia, porque perdió su salida al océano pacífico en una guerra con su vecino Chile), pues se hallan en tierra adentro y no cuentan con ninguna salida al mar.

Unidos en la región del Gran Chaco y divididos por una frontera que se comba a lo largo de más de setecientos kilómetros, Bolivia y Paraguay, hoy día fuertemente involucrados en actividades relacionadas con la ganadería, la agroindustria y, desde la década de los setenta al menos, con el procesamiento de diversos aceites (de soja y de girasol, entre otros), han visto cómo sus economías nacionales han estado condicionadas, tradicionalmente, por la necesidad de la exportación inmediata. La cartografía no los favorece: no poseen puertos marítimos y por esa razón, la misma que hizo que en sus territorios no floreciera la literatura de viaje en el siglo XIX, el comercio que realizan conlleva una serie de obstáculos difíciles de zanjar.

Ambos países tienen una fuerte influencia indígena, en Bolivia hay treinta y seis etnias distintas, reconocidas en su Constitución Política del Estado y en Paraguay existen más de veinte, y, no obstante la diferencia en el tamaño de sus superficies —Paraguay podría superponerse casi tres veces en el área de Bolivia, como un dedo en la frente—, sus respectivos PIB per cápita están prácticamente empatados, todavía en la zaga de la economía continental.

La mancuerna que conforman Bolivia y Paraguay resulta interesante porque, luego de haber protagonizado entre los años 1932 y 1935 la Guerra del Chaco, última batalla en América que esgrimió como causus belli la dominación de un territorio que a la sazón se adivinaba dueño de yacimientos petrolíferos significativos, parece un ser bifronte. Sus partes han seguido, desde entonces, políticas públicas que sugieren direcciones diametralmente opuestas y, sin embargo, han llegado al mismo lugar: el acendramiento del extractivismo.

Las rutas

Bolivia, que se integra por tres vastas regiones, la altiplanicie, los valles y los llanos orientales, que incluyen las tierras amazónicas, se caracteriza por producir una amplia gama de recursos naturales que van desde los minerales del oeste, pasando por los hidrocarburos del centro, hasta la quinua del este. Con la Revolución Nacional, que tuvo sus principales repercusiones en los ámbitos de la ciudadanía electoral y agraria, la tierra entró en una fase de repartición que, aunque trajo consigo innegables beneficios, no supuso la erradicación del extractivismo que había legado la Colonia.

Como escribe Jesús González Pazos, en su libro Bolivia. La construcción de un país indígena: “[…] los pueblos indígenas […] se mantuvieron sometidos […] a los ataques continuados y en crecimiento por parte de los intereses de la oligarquía y nuevos grandes propietarios agrarios, ganaderos y extractivos de recursos naturales (petróleo, gas, madera)” (2007: 58). Ahora bien, dadas las profusas complicaciones que implican la construcción y la puesta en marcha de un nuevo modelo económico funcional, en los últimos años Bolivia ha ponderado al extractivismo por encima de la industrialización, fomentando su crecimiento momentáneo pero poniendo en entredicho, al mismo tiempo, su desarrollo a largo plazo.

A manera de ejemplo, el caso del estaño boliviano es ilustrativo. En principio, los naturales llevan a cabo la extracción del metal, hombres y mujeres trabajadores, quienes asumen los riesgos laborales; si sufren algún accidente, el tratamiento consecuente lo proporciona el sector salud del Estado o bien las aseguradoras particulares de los consorcios mineros. Después, el estaño se vende en una módica suma al exterior, que apenas despunta los gastos operarios de su explotación. Luego el país que le brinda procesamiento, generalmente ubicado en Asia, lo transforma en, por decir algo, un artículo electrodoméstico, imprimiéndole una obsolescencia programada y vendiéndolo de nueva cuenta, ahora a un precio exponencial, a las familias bolivianas. Como corolario, el armatoste se descompone a los pocos años y entonces, sin reparación posible, a Bolivia le quedan sólo dos opciones: o sirve de depósito para la chatarra extranjera, o cubre los gastos que representa el reciclaje del material en cuestión.

Por otro lado, Paraguay ha abierto las puertas de par en par a las técnicas de extracción que emplean las potencias mundiales. En los últimos tres cuartos de siglo sus gobiernos han sido casi siempre de raigambre conservadora y, como era de esperarse, le han evitado la fatiga a las empresas transnacionales, impidiendo, por si esto no bastara, que los gobiernos de izquierda, que han tenido intervenciones más bien eventuales en el escenario presidencial, puedan revertir, contrarrestar o siquiera aminorar sus efectos.

En la actualidad, Paraguay se mantiene como uno de los más importantes productores de soja, un tipo de planta leguminosa que adquiere aspectos múltiples en la alimentación humana y que, a decir de los expertos, desgasta el subsuelo muy rápidamente. Asimismo, se ha convertido en líder en exportación de carne de vaca en el mundo. Junto con Ecuador (que ha hecho lo posible por invertir esta lógica económica con proyectos tales como el Yasuní ITT, los cuales, pese a no haber prosperado (hasta la fecha), han sido fundamentales para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la magnitud de este problema), Venezuela, Bolivia y Paraguay son parte de los países que más atados están al extractivismo en Sudamérica.

Sacando lecciones

Aún es muy temprano para enunciar conclusiones, pero parece que Bolivia y Paraguay, en pos de rutas distintas, están arribando a una meta compartida: uno, con su proyecto indigenista y nacionalista; el otro con su discurso de apertura al capital extranjero. En lo que sí coinciden voluntariamente es en la intención de tocar las costas de los océanos que tienen más próximos. Bolivia, por el flanco occidental, lleva décadas exigiendo la devolución del puerto de Antofagasta, que le fue arrebatado por Chile durante la Guerra del Guano y del Salitre (1879-1883) y a través del cual podría sostener comunicación con el Pacífico. Paraguay, por el flanco oriental, ha negociado con Uruguay la construcción de un puerto de aguas profundas que le permitiría establecer contacto con el Atlántico.

A pesar de sus diferencias políticas y de sus desemejanzas como productores y abastecedores de materias primas, Bolivia y Paraguay saben que, mientras le encuentran una alternativa eficaz a ese extractivismo atávico, lo más sensato es la búsqueda del amortiguamiento de su impacto económico a través de la gestión del comercio marítimo con la menor cantidad posible de intermediarios. Tiene razón Eduardo Galeano cuando, en Las venas abiertas de América Latina, afirma: “Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores [norteamericanos, europeos o asiáticos] que los precios que reciben los vendedores [latinoamericanos]”. A la luz de lo expuesto, ambos países son parte de la tierra encallada, atrapada en medio de una enorme masa de tierra, que empujan por la izquierda y por la derecha, en aras de una salida al mar, intentando recobrar el impulso que la lleve hacia mejores derroteros.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

Este artículo aborda el análisis de un programa estatal nacional de Transferencias Monetarias Directas (TMD) en Paraguay, usando criterios relativos a la situación de género de las mujeres que participan en su desarrollo. El texto está basado en una investigación realizada el año 2014 con apoyo del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP). La autora mereció el primer premio del Concurso Alimentos y Pensamientos, siempre en agenda del presente año; el jurado destacó, además de la descripción sistemática y la argumentación, la inclusión de las voces de la población involucrada.

Tekoporã en guaraní quiere decir vivir bien o buen vivir. Al mismo tiempo, es el nombre del programa de protección social de mayor cobertura en el Paraguay. El objetivo del Programa es, a corto plazo, disminuir la pobreza extrema y, a largo plazo, romper con las transmisión intergeneracional de la pobreza, por medio del aumento del capital humano de los niños y niñas. Para este propósito, Tekoporã dirige las transferencias monetarias a las mujeres del hogar, tomando como referencia la división sexual del trabajo existente. Si bien la transferencia tiene como destinatarios finales a los niños y niñas del hogar, impacta de diversas maneras en la vida de las mujeres receptoras del subsidio estatal.  

Un breve recorrido por la región

La crisis que afectó a América Latina y el Caribe en los años 80 implicó en el ámbito social la creación de un nuevo modo de intervención estatal para el combate de la pobreza. Por un lado, se pasó de una política universalista a una política de focalización y, por otro, de una perspectiva de reducción de la pobreza en el corto plazo, a otra que, en el largo plazo apunta al aumento del capital humano para un corte intergeneracional de la pobreza, (León, 2008. Progresos en la reducción de la pobreza extrema en América Latina. Dimensiones y políticas para el análisis de la primera meta del Milenio. Santiago de Chile: CEPAL).

Dentro de este nuevo modelo de intervención se insertan los Programas de Transferencias Monetarias Directas (TMD) –conocidos en Paraguay como Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTC) e implementados en la región a partir de mediados de la década del 90, con el objetivo -a corto plazo- de aliviar la pobreza extrema con el incremento de recursos económicos para la satisfacción de necesidades básicas, como la alimentación y, a largo plazo, incrementar el capital humano de niños y niñas, de manera a que en el futuro cuenten con las capacidades necesarias para generar ingresos propios.

El interés y el alcance de estos programas aumentaron considerablemente en la última década. Actualmente cuentan con alrededor de 113 mil millones de personas beneficiarias en América Latina, lo que representa el 19% de la población total de la región y el 59% de la población en situación de pobreza. El programa de mayor alcance en términos de cobertura es el Bono de desarrollo Humano, en Ecuador, con una cobertura del 44% de la población total y el 100% de la población en situación de pobreza y pobreza extrema en ese país, mientras que, en términos de números absolutos, los que tienen mayor cantidad de población beneficiaria son Bolsa de familia (Brasil) con 52 millones, y Oportunidades (México) con 27 millones. (Rangel B., M. (2011) Pobreza rural y los Programas de Transferencias Condicionadas en América Latina y el Caribe. Documento de Trabajo N° 3. Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. Santiago de Chile: Rimisp).

Si bien entre los PTC existen diferencias derivadas del diseño y el contexto donde se implementan, todos los programas comparten los mismos lineamientos y características generales. Entre ellos está la entrega de las transferencias a las mujeres bajo diferentes supuestos, como ser la idea de que éstas “tienden a dar un mejor uso de los fondos que los hombres”. (Fiszbein, A, & Schady, N. (2009) Panorama General. Transferencias Monetarias Condicionadas. Reduciendo la pobreza actual y futura. Washington: Banco Mundial).

Contexto Social y económico de Paraguay

El modelo económico de Paraguay concentra las riquezas en pocas manos, lo que produce altos niveles de pobreza y de desigualdad. La población total del país asciende a 6.780.504, de la que el 22,6% vive en situación de pobreza, es decir que más de un millón y medio de personas viven actualmente con menos de lo correspondiente a una canasta básica de consumo (Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos DGEEC-2014 y Encuesta Permanente de Hogares EPH. Principales resultados de pobreza y distribución del ingreso. Fernando de la Mora, Paraguay). De las personas que viven bajo la línea de pobreza, el 10,5% se encuentra en situación de pobreza extrema.

La población rural del país asciende a 870.716 personas, de las cuales el 32% está por debajo de la línea de pobreza. A nivel urbano, la pobreza es del 16,2%. De este alto porcentaje, el 19,2% vive en la extrema pobreza.

A la pobreza debemos sumar los elevados índices de desigualdad existentes. En el año 2013 el decil más rico del país percibía 26 veces más ingresos que el decil más pobre. Para el año 2014, esta diferencia pasó a 32, lo que indica que la desigualdad, antes que disminuir, va en aumento. Y a la desigualdad de ingresos se suma la desigual distribución de tierras. Según datos del Censo Agropecuario Nacional (CAN) 1991, el índice de Gini de ese año era de 0,91 y en el CAN 2008 aumentó a 0,93, siendo ésta una de las concentraciones más altas de América Latina.

Como pudimos observar, la pobreza y la desigualdad afectan de manera diferenciada al campo y a la ciudad, siendo más pronunciada en el sector rural. Así mismo, la pobreza tiene un impacto diferenciado y más pronunciado sobre las mujeres.

Un análisis por sexo del ingreso mensual promedio nos muestra cómo las mujeres perciben ingresos inferiores que los hombres. En el año 2004 las mujeres ganaban 15,4% menos que los hombres; en el año 2014 la diferencia ascendió al 29%. Es decir que en la última década la brecha de ingresos entre hombres y mujeres aumentó en 14,5 puntos. La diferencia según datos del año 2013 era de 10 puntos porcentuales.

La feminización de la pobreza no se limita a la esfera económica, es necesario incorporar al análisis elementos relacionados a la cultura y las relaciones de poder. Los roles asignados por la sociedad a hombres y mujeres, como parte de la división sexual del trabajo, implican para éstas mayor sobrecarga de trabajo y menor control de los recursos, lo que impacta de manera más profunda en su situación socio-económica.

El Programa Tekoporã

El Programa Tekoporã se implementó por primera vez en el año 2005 como experiencia piloto en cinco distritos del país (Paraguay se divide en 17 departamentos que, a su vez, se subdividen en distritos y localidades), y actualmente está presente en 90 distritos y abarca un total de 95.330 familias beneficiarias.

Tekoporã está dirigido a familias en extrema pobreza, que viven en zonas rurales y urbanas de la región oriental, priorizadas por el  Índice de Priorización Geográfica para la Inversión en Pobreza Extrema (IPGEX) y que cuenten en el hogar con niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.

El monto de la transferencia varía según la composición familiar, pero cuenta con un monto fijo que se establece como concepto de bono alimentario. Las familias beneficiaras del Programa deben cumplir con corresponsabilidades en el área de salud y educación de los niños y niñas del hogar, principalmente en lo que respecta a la matriculación, a la asistencia escolar y a la libreta de vacunación. 

Tekoporã establece como criterio la titularidad de las mujeres y sólo en casos excepcionales la titularidad de los hombres, por ejemplo en casos de ausencia de mujeres mayores de edad o falta de documento de identidad, entre otros.

El fundamento de la titularidad femenina se encuentra en concordancia con las mismas premisas de los PTC de la región, fundamentalmente en lo que respecta a la división sexual del trabajo, tal como lo indica la responsable interina del Programa:

“Tekoporã supone que son las mujeres las que se encuentran más vinculadas a la administración de la alimentación del hogar, y siendo el bono alimentario el mayor porcentaje de transferencia es que se realiza el pago principalmente a las mujeres que para Tekoporã pasan a ser las Jefas de Hogares”.

Tekoporã con mirada de género

Para analizar la influencia del Programa en la vida de las mujeres, se relevó información de campo de una de las zonas más pobres del país, el departamento de San Pedro, específicamente en la colonia Yvype, del distrito de Lima. Este relevamiento arrojó una serie de elementos referidos al impacto de Tekoporã entre las mujeres de la zona.

Según estudios, la mayoría de los PTC de la región incorporan la titularidad de las mujeres por su condición de madres y su rol tradicional en el cuidado de los hijos, tal como lo indica Ceballos (2011) en Análisis de las implicancias para la equidad de género de los programas de transferencias monetarias condicionadas. Caso México, Chile y Brasil. Documento 22 del Instituto de Estudios Fiscales.

(…) Se cuestiona la forma en que los PTMC instauran una tendencia por recargar en las mujeres la responsabilidad del cuidado de los hijos y por ende, de cierta forma, las instrumentaliza para el logro de los objetivos, ya que en pocos casos se observa una relación de las mujeres con el programa en la que se fomente la acumulación de capital de éstas y no sólo la de los/as hijos/as; por el contrario, el rol de cuidadoras y garantes del bienestar mediante su aporte de trabajo doméstico no remunerado parece ser que es la clave para lograr los objetivos del programa.

De la misma manera, Tekoporã refuerza los roles tradicionales de género, puesto que se basa en la división sexual del trabajo existente para la llegada a los niños y niñas del hogar, lo que está dado por la responsabilidad exclusiva de las mujeres en el cumplimiento de las corresponsabilidades en salud y educación de los hijos e hijas. Antes que cuestionar el rol de las mujeres como únicas encargadas del cuidado de los hijos, Tekoporã los consolida y legitima, lo que puede observarse en las declaraciones de las mujeres sobre la titularidad del Programa:

“Les toca a las mujeres, es la que administra porque los hombres muchas veces no saben la necesidad dentro de la casa, hay muchos que no saben, algunos entienden, por eso muchas veces a la mujer le toca más. Las mujeres son las que viven más con los hijos y saben cuáles son sus necesidades”.

“Mujeres nomás tienen que ser porque la mujer únicamente sabe todas las necesidades de la casa y este ingreso es para la casa y para los niños”.

De esta manera, la titularidad de las mujeres no implica para ellas ser protagonistas de la política social, sino vehículos para su llegada a los niños y niñas del hogar, verdaderos beneficiarios del Programa.

Si bien desde el diseño del Programa se refuerza el papel de las mujeres en el ámbito privado, al mismo tiempo la titularidad implica un reconocimiento y valoración del papel de las mujeres en el manejo de los recursos económicos del hogar, lo que tiene un impacto positivo en su autoestima. Este impacto no está dado por la transferencia en sí misma, sino más bien por el acompañamiento sociofamiliar que realizan los guías familiares del Programa.

Otro aspecto de los PTC está asociado al impacto práctico de las corresponsabilidades exigidas en la vida de las mujeres. En la mayoría de los PTC las corresponsabilidades implican para las mujeres titulares una ampliación de responsabilidades y una mayor demanda de tiempo. Sin embargo, en el caso de Tekoporã, las exigencias en las áreas de salud y educación no demandan necesariamente mayor dedicación de tiempo para su cumplimiento, debido a la baja exigencia de documentaciones. De hecho, las mujeres, formen parte o no del Programa, realizan las mismas tareas. Pero se observa una dificultad en cuanto a la baja oferta pública existente, lo que muchas veces impide el cumplimiento de las exigencias del Programa, principalmente en lo que respecta al área de salud.

En relación a la participación económica de las mujeres en la unidad familiar, nos encontramos con que, en muchos casos, las transferencias implican el primer ingreso estable para las mujeres, lo que hace que éstas puedan participar de forma más regular en la economía del hogar y transciendan su rol exclusivo de encargadas del ahorro familiar. De esta manera, los ingresos provenientes de las transferencias se combinan con los ingresos de los hombres para la compra de la canasta básica diaria.  

A diferencia de uno de los supuestos de los PTC con relación a la mayor capacidad de negociación que implicaría las transferencias para las mujeres, nos encontramos con que debido al bajo monto del subsidio, éste no implica para las mujeres mayor poder de negociación sobre el uso del dinero dentro del hogar, utilizado mayormente para compra de productos de consumo diario.

Por último, el componente de organización del Programa ha posibilitado una mayor participación social y comunitaria de las mujeres. Estos espacios colectivos significan para ellas la posibilidad de trascender el ámbito de lo privado y, a su vez, les permiten capacitarse en diversos temas, organizarse y trabajar con otras mujeres de la zona.

La limitación que encontramos en relación a la mayor participación de las mujeres tiene que ver con el reforzamiento de los roles tradicionales, ya que, al no redefinirse la división sexual del trabajo dentro de la unidad familiar, su participación en los espacios comunitarios implica para ellas una mayor carga de trabajo y de tiempo. Para que estos espacios puedan contribuir efectivamente a un aumento real de la participación social de las mujeres es necesario crear mecanismos específicos que impliquen un mayor involucramiento de los hombres en las tareas del hogar, de manera que ellas cuenten con las condiciones necesarias para su participación en el ámbito público. 

De esta manera observamos como el Programa tiene diferentes matices e impacta de manera diversa, y en algunos casos contradictoria, en la vida de las mujeres. Como lo dicen los autores Franzoni y Voorend, en el análisis de las transferencias no deben admitirse ni blancos, ni negros, sino grises (Martínez Franzoni, J., & Voorend, K. (2008) Transferencias condicionadas, regímenes de bienestar e igualdad de género: ¿blancos, negros o grises? Miami: Center for Latin American Studies. WPS 15).

El impacto que genera el Programa Tekoporã requiere la revisión y redefinición de algunos componentes que apunten a una mayor igualdad de género, donde las capacidades de las mujeres sean potenciadas y éstas se conviertan en sujetas de la política de protección social, de la misma manera como lo son hoy los niños y niñas en situación de pobreza extrema.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

En el marco de las movilizaciones sociales de mayo y junio de este año 2015 se generaron variaciones sustanciales en el proceso político ecuatoriano, la consecuencia más importante es la puesta en cuestión de una próxima reelección presidencial de Rafael Correa en la etapa electoral venidera del 2017 (que a esas alturas, cumplirá diez años ininterrumpidos en el poder).

A esto se suma el debilitamiento del modelo económico basado en las rentas crecientes de las commoditties, provocado en especial por la caída en los precios en los hidrocarburos, con lo cual el proyecto desarrollista hegemónico muestra grietas que pudieran agrandarse de continuar impertérrito un programa político aplicado por la vía de un caudillismo autoritario y progresismo extractivista, denominado “cambio de la matriz productiva”.

Otra consecuencia es el rol protagónico que adquieren los líderes locales de la derecha, sobre todo los alcaldes de las principales ciudades del Ecuador: Rodas en Quito y Nebot en Guayaquil, como portaestandartes de una oposición urbana.

No se puede dejar de mencionar una cierta recuperación en capacidad de convocatoria de los movimientos populares sindical e indígena y de los partidos de izquierda tradicional, alrededor de la defensa de los derechos laborales y sociales históricos.

Paradójicamente, los acontecimientos que precipitaron la situación de quiebre fueron diferentes proyectos de ley que golpeaban a las clases trabajadoras clásicas, en unos casos y a los sectores de gran capital inmobiliario y grupos de poder familiar, en otros.

A continuación, bien vale exponer con algún detalle los planteamientos señalados en los párrafos anteriores, donde, además de los contenidos de las normas jurídicas planteadas, es pertinente detenerse en sus formas de construcción política.

Los acontecimientos de abril y mayo del 2015 fueron incididos por los debates y la aprobación de la denominada Ley de Justicia Laboral que, entre otros puntos, planteaba la supresión del aporte estatal del 40% al presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para financiar a largo plazo la jubilación de los trabajadores (Consultar “Mayoría oficialista aprobó reforma”. En: www.elcomercio.com/actualidad/politica-asamblea-nacional-proyecto-ley.html), norma que había estado vigente desde los años 40 del siglo veinte y cuya supresión vulnera fuertemente derechos sindicales adquiridos (Ver el boletín informativo de Cedocut: cedocut.org.ec/la-prensa-informa-sobre-reforma-que-suprime-derechos-laborales-y-de-jubilados/). Cabe indicar que en el proceso de discusión el gobierno no solo que no consideró los planteamientos de las centrales sindicales sino que tomo la iniciativa de formar públicamente otra central sindical afín al oficialismo, denominada Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Las agrupaciones sindicales reunidas alrededor del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), respondieron con una serie creciente de movilizaciones, la de mayor trascendencia aconteció en la marcha del 1 de mayo que aglutinó no solo a miles de trabajadores sindicalizados sino que logró colocar tras suyo a sectores de las clases medias.

No hubo protestas que valieran y el presidente Correa rápidamente puso en vigencia esta Ley. En cambio, los acontecimientos de junio estuvieron marcados por los debates alrededor de dos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, recurriendo a la vía de “económico urgente”. El primero, que incrementaba el impuesto a la plusvalía sobre suelos y edificaciones urbanas y rurales, bajo la denominación de reformas al Código de Ordenamiento Territorial (Consultar “Dos proyectos en trámite”.En:www.eluniverso.com/noticias/2015/05/26/nota/4913786/dos-proyectos-tramitedisposiciones-sobre-plusvalia). El segundo proyecto, denominado “Ley Orgánica de Redistribución de la Riqueza” cuya parte sustancial consiste en el incremento del impuesto a las herencias directas con una tabla impositiva que va del 2% al 45% (Consultar “Impuesto a herencia tendrá deducciones”. En: www.elcomercio.com/actualidad/impuesto-herencias-ecuador-rafaelcorreaasambleanacional.html). El argumento principal del Ejecutivo ha sido atacar a la injusta distribución de la riqueza por la vía impositiva fuerte, donde el Estado asume el rol de controlador y redistribuidor sobre las grandes fortunas.

Es importante detenerse un poco en estos dos proyectos. En primer lugar, señalan “un giro a la

izquierda” en el discurso político del régimen, que durante casi dos años, desde el inicio de su

segundo periodo presidencial consecutivo, en 2013, estuvo marcado por la estrategia del denominado

“cambio de la matriz productiva”, cuyo eje central implicaba una alianza dura entre el gobierno y los

sectores empresariales (Consultar “Correa se reúne con empresarios”. En:

www.vistazo.com/seccion/pa%C3%ADs/correa-sobre-reuni%C3%B3n-con-empresarios-estos)

acercamientos-benefician-al-pa%C3%ADs). En segundo lugar, con ellos el presidente Correa expresa

su horizonte de cambio, de hecho, en una entrevista televisiva manifestó que en ellos estaba presente la esencia de su visión sobre lo que es el socialismo del siglo XXI, apelando a dos fuentes teóricas: las encíclicas del Papa Bergoglio; y el texto del economista Piketty sobre el rol de las herencias en la concentración de la riqueza. (Thomas Piketty (2014). El capital en el siglo XXI. Edit. Fondo de Cultura Económica). (Consultar “Correa defiende Ley de Herencia como justicia social” En: www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101827584#.VZn80FKpKbc).

Estas dos propuestas, lanzadas con el estilo vertical y economicista propio de Correa, abrieron la franca oposición de la derecha, quien, por medio de sus alcaldes, que apelaron al discurso de la defensa de la propiedad y de la familia, ganó rápidamente la adhesión de las clases medias, especialmente urbanas, y se lanzó a las calles, ahora ya no a la cola de las centrales sindicales, como había acontecido en el reciente primero de mayo, sino al frente y dejando descolocados a los sindicatos. En respuesta, Correa apeló a una conciencia de clases por la redistribución de la riqueza, pero “olvidando” que durante todos los años anteriores, precisamente, uno de sus flancos de ataque, fueron las organizaciones sindicales, los partidos de izquierda tradicional y el movimiento indígena, según él por pecar de “infantilismo de izquierda”.

En los tres casos planteados Correa llevo al extremo su estilo legislativo: a) las principales normas legales se aprueban previamente en el Ejecutivo, y queda evidente el rol subordinado de la Función Legislativa; b) la denominada socialización de las propuestas de ley son muy acotadas, no generan consensos sociales; c) están fuertemente marcadas por una lógica tecnocrática, la racionalidad economicista del discurso las legitima, no la construcción política.

Hasta ahora, la legitimidad provino de una hegemonía alrededor del discurso que apela a la modernidad, al progreso y la fidelidad al proyecto que exhibe el caudillo, que tiene un gestor principal en el Estado con un Ejecutivo fuerte. Exactamente así había acontecido, por ejemplo, alrededor de la resolución presidencial de dar por concluida la iniciativa Yasuní y la autorización para iniciar por la exploración y explotación petrolera dentro de la principal reserva de biodiversidad de la amazonia ecuatoriana.

Este proceso político, construido desde arriba, es el que empieza a resquebrajarse, por un lado con el agotamiento de la vía caudillista, ya afectada en el proceso electoral alrededor de la renovación de gobiernos municipales en febrero del 2013 y, por otro lado, con el debilitamiento del poder económico del Estado por la reducción de los ingresos provenientes de los precios altos en los hidrocarburos.

La vía política planteada por Correa, de ir a la reelección indefinida e inmediata de todos los representantes electos, desde concejales municipales, pasando por los legisladores y llegando hasta el Presidente de la República, a estas alturas asoma como fuertemente impopular y jurídicamente inconstitucional, siendo cuestionada.

En el Ecuador actual se presentan nuevos escenarios y, probablemente desde una lectura popular, la problemática central es si los movimientos sociales alternativas y las izquierdas lograrán construir una autonomía necesaria, tanto frente a la opción de derecha como frente a la opción desarrollista, para recuperar en el mediano y largo plazo una capacidad de convocatoria hacia un programa de cambio con transformaciones profundas al orden burgués modernizador apuntalado por el gobierno actual.

Siempre será necesario recalcar que la vía no es una salida golpista (lo cual es recurrente en la historia política del Ecuador), sería un gravísimo error apuntalar cualquier putch cívico – militar, que aborte procesos en maduración, como la renovación de una izquierda popular.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

En el Paraguay, el problema de la tierra sigue siendo un aspecto determinante de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. La actual estructura de tenencia de la tierra, caracterizada por una enorme concentración en un pequeño grupo de propietarios, es fruto de un largo y conflictivo proceso histórico que ha significado el despojo y el desarraigo de miles de hombres y mujeres del campo, al tiempo de que otros han logrado permanecer en sus comunidades, mediante enormes sacrificios y una admirable fuerza de voluntad.

Desde esta premisa integral, el autor desarrolla un trabajo analítico sobre la tenencia de la tierra en ese país, con una perspectiva crítica sobre las políticas públicas vigentes en materia de tierras, y apuntando los aspectos que han dificultado su acceso a los grupos sociales que históricamente la poseyeron, trabajaron y protegieron.

El contenido del presente artículo de la Serie Diálogos es parte del Documento sobre Políticas Públicas Respecto a la Tierra, elaborado por el mismo autor dentro de la iniciativa del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio.

Cadena de efectos

Las políticas públicas se desarrollan a partir y dentro de un marco legal e institucional que establece los mecanismos para que la población rural pueda acceder a una superficie de tierra. En el Paraguay, en las últimas décadas, la política de distribución de tierras se ha incluido en la política denominada de Reforma Agraria, de mucha relevancia para la sociedad paraguaya, al punto que tiene un estatus constitucional, donde se la define como uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural, mediante la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la nación. A partir del desarrollo constitucional de la reforma agraria se desprenden las leyes, instituciones y lineamientos para llevar adelante la política de distribución de tierras, como el Estatuto Agrario del 2002 y la ley que creó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el año 2004.

Al tiempo de resaltar la importancia de la reforma agraria, la Constitución Nacional de 1992 destaca la existencia del latifundio dentro de la estructura agraria del país, estableciendo como objetivo su eliminación progresiva, entre otras formas, a través de un sistema tributario que lo desaliente; permite la expropiación pública de la propiedad privada por causa de utilidad pública o por interés social, en especial para los casos de latifundios improductivos. La utilidad pública es pertinente cuando se expropia para construir caminos, tendido eléctrico o infraestructura pública, mientras que el interés social se aplica en los casos en que existe una demanda genuina de tierras por parte de una población que no la tiene.

Según el Estatuto Agrario, para que se cumpla la función económica y social de la tierra, las propiedades deben tener aprovechamiento eficiente, uso racional y ser ambientalmente sostenibles, según las leyes ambientales vigentes. Pero contradictoriamente establece un parámetro muy bajo para considerar el uso racional de un inmueble, lo cual perjudica su aprovechamiento eficiente. Cuando la propiedad no cumple con dicha función, el Estado debe intervenir, expropiándola y poniéndola a disposición de la política de redistribución de tierras.

Débil distribución de tierras y estructura inequitativa de tenencia

Las políticas públicas en relación a la distribución de tierras tienen que ver, en diferentes aspectos, con los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo es encargado de ejecutar la política de tierras a través del INDERT y de la Procuraduría General de la República, responsable de la defensa de los intereses patrimoniales del Estado, entre ellos los relacionados a las tierras fiscales. El Poder Legislativo es el responsable de aprobar los presupuestos anuales para cada institución estatal, entre ellos los destinados a la política de tierras, además de la atribución de aprobar las expropiaciones. El Poder Judicial es el terreno en el cual se deben recuperar las tierras adjudicadas ilegalmente a personas no sujetos de la reforma agraria, además de las tierras fiscales apropiadas irregularmente por particulares, mediante procesos y mensuras judiciales. 

Haciendo una mirada retrospectiva de los últimos veinte años, se puede constatar que la política de distribución de tierras no ha tenido variaciones importantes, ha sido una política débil, sin ningún impacto en la estructura de propiedad de la tierra, la cual mantiene su rasgo característico de una gran concentración y desigual distribución. Según el Censo Agrícola Nacional del 2008, las fincas cuya superficie supera las 500 hectáreas representan el 2,6 % del total de fincas existentes en el país, pero a ellas corresponden el 85 % de la superficie total de tierras censadas. El índice de Gini para la distribución de tierras en el país es de 0,93 según la FAO, el más alto del mundo.

En la estructura de distribución de tierras observada en dicho Censo, las pequeñas fincas, que tienen menos de 20 hectáreas, son el 83,5 % del total existente, pero la superficie que ocupan solo abarca el 4,1 % de las tierras. En contrapartida, las propiedades que superan las 100 hectáreas son el 6,1 % de las unidades existentes, y acaparan el 92,6 % del territorio censado. La tendencia observada en las dos últimas décadas (según los datos de los Censos agrícolas de 1991 y 2008), es hacia un aumento de la concentración de tierras en pocos propietarios, dado que las grandes fincas crecen en cantidad y en superficie, mientras que las pequeñas propiedades van disminuyendo. 

Este escaso impacto de la política de distribución de tierras se ha debido en gran medida a que la misma se redujo casi exclusivamente a la compra de tierras por parte del INDERT, utilizando solo en casos muy aislados los recursos de expropiación y de recuperación de tierras fiscales apropiadas por terratenientes. Por su poca efectividad, la compra de tierras no es el mecanismo adecuado para una política de reforma agraria y redistribución de tierras, dados los altos precios de las tierras y el bajo presupuesto con que se ha contado para este fin.

Censo rural y percepciones campesinas

Una de las últimas políticas públicas impulsadas con relación a la problemática de la tierra fue el Programa de Regularización Jurídica de la Tenencia de Tierras y Diagnóstico de Colonias, conocido como Censo rural, impulsado por el INDERT los últimos años, bajo el gobierno de Federico Franco, contando con un presupuesto de 4 millones US$. El objetivo fue conocer la situación real de las colonias del INDERT, sus ocupantes actuales, los destinatarios originales, la utilización de esas tierras, los servicios básicos a los que acceden, e incluso detectar los posibles negociados que se han hecho en las colonias con las tierras. Para su ejecución, el INDERT firmó un contrato en noviembre del 2012 con la no gubernamental Asociación Paraguaya de Estudios de Población (ADEPO), que administraría los fondos y coordinaría con el ente gubernamental las tareas del censo.

Las metas del Programa fueron: El geo referenciamiento de 223.225 lotes de la región oriental del país; el registro de ocupantes de aproximadamente 122.188 lotes agrícolas carentes de titulación; el levamiento demográfico y socioeconómico aproximado de 1.140 colonias; y la digitalización de alrededor de 1.140 colonias habilitadas por el INDERT o entidades antecesoras, con sus correspondientes lotes.

En los informes de avance de ese trabajo se consignaron aspectos obtenidos en los diagnósticos realizados, donde los campesinos y campesinas señalaron sus críticas hacia el propio INDERT, entre las que sobresalen: a) la desmotivación, pues algunos de ellos ya han pagado la totalidad de sus lotes y aún no les llega sus títulos; b) la desconfianza hacia la institución para tramitar los títulos ya que no llegan los reclamos a las instancias correspondientes (canales de comunicación ineficientes). Alegan que a pesar de no contar siempre con dinero, tienen voluntad de pagar sus lotes pero que la desconfianza en los funcionarios hace que no se muevan para hacerlo, sienten la falta de acompañamiento del Estado; y c) la venta y compra de las tierras por parte de funcionarios, sin conocimiento y sin aprobación de los dueños que viven en las colonias.

Esas declaraciones reflejan parte de los problemas que afectan a las familias campesinas que intentan acceder y regularizar sus tierras, frente a un Estado que antes de facilitar, dificulta su realización.

Desarrollo en asentamientos campesinos

Una política pública innovadora, no directamente orientada a la política de tierras, sino más bien como un complemento a la misma, en el marco del desarrollo de la reforma agraria, fue la creación en el 2008 de la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria (CEPRA), mediante el decreto 838/08 del gobierno de Fernando Lugo, como instancia de coordinación interinstitucional, para la ejecución y evaluación de las políticas orientadas al desarrollo de los asentamientos campesinos.

El objetivo de la CEPRA fue acompañar la entrega de tierras y la creación de colonias, con programas complementarios como la instalación de energía eléctrica, agua potable, apertura y mejoramiento de caminos, dotación de servicios de salud y educación, programas de viviendas, provisión de documentos de identidad, asistencia técnica y capacitación, entre otros.

En el marco de la implementación de la CEPRA, entre los años 2009 y 2012 se asistió a 317 asentamientos, del total de 1.061 colonias habilitadas por el INDERT (antes IBR) desde el año 1963. En los mismos se desarrollaron diferentes políticas, como el Programa de Producción de Alimentos del MAG, programas de merienda y kits escolares del Ministerio de Educación, expansión de las Unidades de Salud Familiar del Ministerio de Salud, apertura y mejoramiento de caminos rurales, instalación de sistemas de agua potable, programas de higienes a través de Soluciones Básicas Sanitarias, extensión del servicio eléctrico, políticas habitacionales, entre otras. Todas estas políticas han tenido un alcance limitado, dados los restringidos presupuestos aprobados por el Congreso en cada caso.

Durante los siguientes gobiernos, la CEPRA perdió apoyo político, por lo que sus acciones se redujeron considerablemente. No ha sido eliminada por la presión de algunas organizaciones campesinas, aunque esto no se descarta que ocurra.

Consecuencias y desafíos

La política de distribución de tierras a la población campesina paraguaya en los últimos años, incluso décadas, ha sido por demás insatisfactoria en relación a la demanda existente. No ha existido un proceso de redistribución de tierras ni una modificación, aún mínima, de la extrema concentración de tierras que existe en el país.

Como resultado de eso, juntamente con otros factores, en el país se da un fuerte flujo migratorio de campesinos, campesinas e indígenas hacia las ciudades, abandonando el campo por la imposibilidad de acceder a una tierra propia y contar con el apoyo del Estado para lograr condiciones mínimas de vida, en un proceso acelerado de descampesinización, que está teniendo múltiples consecuencias negativas para toda la sociedad, como la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria, el aumento de la informalidad, el subempleo y el desempleo, así como de la pobreza y la violencia en las zonas urbanas.

Por la complejidad e importancia del problema, su solución requiere de una amplia participación de la población, tanto rural como urbana, así como el involucramiento de los tres poderes del Estado, que tienen directa relación con varios obstáculos y limitaciones señaladas.

Algunas de las líneas que deben abordarse para modificar la situación actual son la modificación del Estatuto Agrario, estableciendo parámetros de productividad mayores para que una propiedad cumpla su función económica y social; la modificación del procedimiento de expropiación pública, que debe tener un rol central en la reforma agraria, pasando a ser una atribución del Poder Ejecutivo, como sucede en Brasil y  Bolivia.

Por otro lado, son necesarias medidas como la depuración del Poder Judicial, de modo que no obstaculice los procesos de saneamiento de tierras; la recuperación de excedentes fiscales y tierras mal habidas; y la modificación del Impuesto inmobiliario, de tal manera que sea abonado en función al valor de mercado de las tierras.

Al mismo tiempo, son imprescindibles medidas que aseguren una mayor asignación de presupuesto para la reforma agraria, el fortalecimiento de instancias de cooperación interinstitucional, la realización de un catastro de propiedades rurales riguroso y confiable, y la revisión y modificación del rol y la conformación de la Junta Asesora del INDERT, actualmente dominada por sectores afines a los terratenientes.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

En este número de la serie quincenal Diálogos presentamos una entrevista lograda en Puerto Maldonado, capital del departamento Madre de Dios, en plena Amazonía peruana. Como podrán apreciar las y los lectores, su contenido es muy ilustrativo sobre la historia corta de esa región en general y, de forma particular, sobre la historia del pueblo Esse Ejja, protagonista de una ardua ruta de tensiones y desafíos sobre la vida en la selva. La entrevista fue realizada por la investigadora Ruth Bautista Durán y transcrita por María Julia Fernández, secretaria del IPDRS.

Con raíces en las primeras expediciones de colonos que ingresaron a Madre de Dios (Perú) en el siglo pasado, Víctor Zambrano Gonzales (VZ) hoy se identifica como campesino conservacionista, un “ecologista con los pies en la tierra, pisando firme y mirando el horizonte”. Conversamos con él en la recepción del refugio ecológico K’erenda Homet (‘brillante amanecer’ en lengua esse ejja), que está a nombre su hija y de donde él es el administrador. 

El departamento peruano Madre de Dios está en la Amazonía y es considerado un “departamento selvático”. Su capital, Puerto Maldonado, está en la confluencia del río Madre de Dios y el río Tambopata. La zona tiene límites con  Brasil al norte, al este con Brasil y Bolivia y al oeste con Cusco.

K’erenda Hometes un Área de Conservación Privada de 40 hectáreas restituidas de la actividad ganadera hace casi 30 años. El testimonio de Víctor Zambrano da cuenta de la disputa territorial en Madre de Dios, y su historia revela parte del pensamiento que acompaña la construcción sociocultural y los avatares que enfrenta una de las regiones amazónicas más importantes de Sudamérica.

RB. ¿Cuál es el origen de su familia y cómo llegaron a esta región?

VZ.Soy el último de los Zambrano Gonzales, de padre cusqueño y de madre arequipeña. A los 14 años mi padre se unió al Tte. Cnel. Ricardo León Velarde y participó en una de las primeras expediciones del ejército para entrar a la selva. Desde la zona de Limpani, vecina de Tirapata (Puno) bajaron al llano amazónico. En esa época había tensiones con los hermanos nativos Esse Ejja, todavía no contactados, que estaban en ese proceso de “civilización” y con la fuerte presión de un líder histórico Shajabo (sic), que era el dueño de toda la comarca del parque territorial del Madidi, y bajó con la expedición, sorteando mil dificultades, hasta llegar a la cuenca alta del río Tambopata.

Hasta ahora tenemos como muestra de la travesía dos cables de los puentes colgantes, en la desembocadura del río Tábara y el río Tambopata. Ese era el proyecto de los nativos para hacer caminos para cruzar el río Tambopata y llegar a la zona de Puerto Maldonado. Aparece en escena mi madre, llevan a mi padre a Arequipa y ya en el siguiente viaje, en 1925, se trae a la vieja, cruzando todas esas peripecias. Finalmente, fuimos ocho hermanos.

RB. ¿Cómo recuerda su infancia en Madre de Dios y el contacto con la población nativa?

VZ. Mi padre estuvo 60 años de servicio en el ejército, y en la marina fue maestro de armas, estuvo a cargo de la lancha Fitzcarrald (Carlos Fermín Fitzcarrald fue un cauchero y explorador que descubrió el istmo que une las cuencas de los ríos Ucayali y Madre de Dios) y luego terminó de capitán de resguardo de aduana. Esas actividades permitieron a la familia asentarse definitivamente. El terreno que tenía era de lado a lado, daba la vuelta al río. Como en esa época no había mucha gente, cada cual se asignaba grandes áreas, mi padre se asignó 200 hectáreas, pero por ceder espacios para chacras, fueron quedando 100 y disminuyeron hasta las actuales 40.

A mí nunca me gusto vivir enmarcado en sistemas rígidos, por eso tuve dificultad desde niño, porque no me acomodaba, y nació en mí una identificación con los hermanos nativos. Nosotros vivíamos en el Puerto Capitanía. Como mi padre era aduanero, tenía que irse a Puertopata por seis meses. Allá hizo una relación muy buena con el curaca de ese entonces, el mítico Ramallo.

Ese nativo era como un familiar, y cuando mi padre quería ir a Puerto Maldonado lo llamaba y él preparaba a su gente con vituallas, para llevar a vender plátano, yuca, charque, y bajaba una canoa para bajar al viejo. El trayecto hasta Puerto Maldonado era de dos días y, por eso, cuando yo era pequeño los veía como semidioses.

Ramallo tenía su historia, a él los Esse Ejja lo encontraron en Rurrenabaque (Bolivia), en una concesión de unos españoles que trabajaban castaña y siringa. Los nativos del monte se lo llevaron a Palma Real, donde fue creciendo y se fue oscureciendo, era un auténtico nativo, pero no cambiaron sus ojos verdes. Ramallo era un gigante, lo admiré mucho y él me enseñó todo, desde los senderos en la selva y cómo se anda con zapatos, eso me motivó desde niño y quise ser como ellos.

RB. ¿Cómo fue su retorno?

VZ.No habían secundarias, me tuve que ir a Lima y, aburrido completamente, me frenó mi madre a volver, diciéndome que no iba a tener proyecciones en Madre de Dios. Ella me animó y postulé a la Marina, ingrese y me quedé durante 15 años en las Fuerzas Especiales. Viajé al extranjero, pero siempre añorando mi tierra. Hasta que llegó el momento crucial. En 1987 me había salido de la Marina, ilusionado de volver al terreno en la Amazonía, llegué y ya no existía, lo que encontré fue un desierto, porque acá se hizo mucha ganadería, los suelos degradados, sin árboles, solamente pasto importado, y entonces decidí quedarme definitivamente.

El reto fue convertir ese asunto, no tenía libros, documentos, pero comenzamos a idear algunas formas de recomposición y por ahí conocí a un amigo que sembró cacao y una serie de alternativas que fracasaron, pues no había mercado. Bebí esa fuente inagotable del conocimiento sobre la recomposición, recuperación de suelos degradados, y comenzamos a cambiar, primero una hectárea, sacando el braquiaria (pasto) a punta de pala de raíz, metiendo alguna ceniza y, luego, instalando leguminosas, árboles como las ingás, guabas, pacaes, shimbillo, y luego hortalizas.

RB. Entonces, ¿Estamos en un terreno de bosque restituido?

VZ. Es la propia convicción de defensa de los suelos, yo soy propietario de 40 hectáreas, no son muchas, pero estoy manejando este sistema agroforestal. Tengo la primera área natural protegida normada aquí en Madre de Dios. Somos cuatro (concesionarios privados), y son cosas de convicción, alentamos a nuestros hermanos campesinos a seguir conservando sus espacios territoriales. Ya son 27 años y hemos embalado unas 120 especies, 60 % maderables y medicinales y 20% frutales, ese es el legado que les voy a dejar a la generación de mi hija K’erenda. Al principio fue una obsesión por sembrar, se nos tildaba de locos -“¡qué tiene ese señor! ¿Para qué plantar árboles en la Amazonía?”- decían, pero teniendo la conciencia de que el extractivismo extremo de la zona tiene la lógica de “siempre se saca pero no se repone” y la visión que quise rescatar de mi infancia, insistí en un nuevo sistema agroforestal para recuperar áreas degradas e incorporando recursos genéticos silvestres para el desarrollo de la chacra.

RB. ¿En qué momento de su historia de vida se instauró la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD)

Antiguamente la dictadura había entregado estos suelos a manos militares y habían conformado cooperativas de producción. Estos suelos formaban parte de la cooperativa, pero no legalmente, estaban en libre disponibilidad en el registro público y apelé al juez, me arremetí y, a raíz de esto, la gente se arremolinó, vinieron viejos agricultores y recolectores, y así nació el Comité de Productores Agrarios del Río Tambopata. Constituimos esa organización y empezamos a movernos para promover la agricultura.

El gobierno de Fujimori se manda un “paquetazo”, nosotros teníamos un banco agrario, los campesinos apelaban al banco porque el Estado siempre ha sido el que propiciaba la ampliación de fronteras agrícolas tradicionales, el extractivismo extremo y otorgaba crédito por la cantidad de áreas y hectáreas deforestadas. Los campesinos se dan cuenta de que les van a quitar sus derechos y organizan una marcha desde Inambari hasta Puerto Maldonado. Cuando llega nuestro grupo a la plaza de armas, el día 6 de junio de 1991, se hacen tres días de movimiento y en una reunión se organizan comités y me dan la presidencia del Comité de Lucha; consolidamos con otras regiones, paralizamos Madre de Dios por diez días, tumbamos árboles, lamentablemente, pero no permitíamos salir camiones. La naciente Federación convocó a las autoridades para decirles que “ya no más”.

Las fuerzas del orden comienzan a perseguir a los dirigentes, yo aún era presidente del Comité de Lucha y recién en 1992 me nombraron Secretario General, y comenzamos el trabajo gremial. Habíamos tenido una constitución pequeña y cortoplacista, pero nos proyectamos en base a tres columnas básicas centradas en las actividades campesinas. Primero, el tipo de producción, el Estado obligaba a hacer el monocultivo, la mono actividad es lesiva a la biodiversidad; entonces nace una alternativa opuesta, era necesario diversificar la producción. Segundo, el Estado miraba a la familia campesina que debía estirar la mano para dádivas y favores, frente a eso, propusimos la autogestión y el autodesarrollo, pensar alternativas no paternalistas. Y tercero, frente al pensamiento de la selva como despensa, planteamos un adecuado manejo y conservación de los recursos naturales; para que este proceso avance, empezamos a promocionarnos y gestionar financiamiento externo. Hemos querido nuestra independencia y hubo un crédito propiciado por el Estado nacional, nos tendieron la trampa y casi colapsamos, pero pudimos sobrellevar.

Eso es lo que hemos podido plantear como alternativas de desarrollo. Con diferentes órganos directivos hasta diciembre de 1999, termina mi gestión en la FADEMAD, y me metí a mi chacra y me olvide de todo, yo avanzaba en mi sueño de cuatro a ocho de la mañana, el resto del tiempo lo tenía copado en la Federación.

RB. ¿Qué relación tiene la FADEMAD con la zona de amortiguamiento?

VZ. El año 2000 aparecen los dirigentes en el carrito de la Federación, y me convencieron “queremos armar una estrategia para enfrentar a este gobierno”. Nos metemos a otro lío, huelgas, enfrentamientos con la autoridad y otras situaciones. Somos la única organización histórica que propició la creación de dos reservas naturales. A Fujimori lo pusimos contra la pared y obligamos a su ministro, le arrancamos la zonificación de Tambopata. Imagínese qué nivel de trascendencia. Las demás organizaciones nos apoyaron, salió la zonificación y se crea la Reserva Nacional de Tambopata y se amplía el Parque Nacional Bawaja-Sonene a 500 mil hectáreas. Fujimori nos quería contentar con eso, pero la propuesta que enviamos era la revisión de límites de la zona de amortiguamiento y de la Reserva, lo que queríamos era hasta la carretera para poder resguardar con más amplitud. Así nació la Reserva y se amplió el Parque a un millón ciento setenta y cinco mil hectáreas.

RB. Actualmente, además de su trabajo en este refugio ¿Cuál es su labor en el Comité de Gestión?

VZ. A nivel comunal soy Presidente de la Asociación de Moradores del Corredor Ecoturístico de Isuyama “Kiajabaki Bame”, donde hay varios emprendimientos que tienen por objetivo la conservación de este espacio territorial para mantener un ambiente sano, equilibrado y que sea pulmón de la ciudad de Puerto Maldonado. Además, soy representante del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, que se complementa con el actual Parque Nacional Bawaja-Sonene y que colinda con el actual Parque Madidi.

El Comité de Gestión es un espacio normado por la Ley de Áreas Naturales Protegidas del Perú, en el que participan diferentes actores de la sociedad civil y del Estado. Nuestro fin es coadyuvar a que todas las actividades que se realizan en la zona de amortiguamiento sean compatibles con el área protegida. Esto es un ideal que choca con la realidad que vivimos en este momento porque nuestra región está invadida por actividades económicas no sostenibles, como la minería, la tala ilegal, el comercio humano, la prostitución y una serie de lacras ilegales.

Buscamos los espacios posibles para revertir este flagelo y, por eso, la función del Comité es de gestión de ayuda, aunque en los hechos fuimos más allá de nuestras competencias y optamos por buscar mecanismos de organización. Hemos obligado a la policía, hemos avanzado en organizar a los pobladores y el gobierno regional para constituir en las comunidades juntas vecinales de seguridad ciudadana enmarcadas en una norma de seguridad nacional. Así, hemos establecido un sistema de alerta temprana de las actividades ilegales, para informar a la autoridad correspondiente en tiempo real, abordarlos con medios de comunicación y derivar a la autoridad; es un trabajo complicado, nos arriesgamos y exponernos demasiado, pero no hay alternativa frente a la necesidad de la gente que pide justicia y no la encuentra.

RB. ¿Cómo se revierten los flagelos de esta zona?

VZ. Hay propuestas, poblados que tienen un terreno de áreas cultivadas (Santa Rosa, Unión Progreso, El Progreso, etc.). Son organizaciones netas, campesinos agricultores que han revolucionado el sistema de producción y que jamás van a cambiar su actividad por la minería, que se superpone en este tipo de comunidades que tienen hasta 30 años de posesión. Pero los campesinos han tomado una decisión y han dicho “este suelo es lo único que tengo y lo defenderé con mi vida”, y no entra nadie, así sólo tengan certificado de posesión que es una etapa previa al título de propiedad.Los campesinos se han permitido desalojar grandes maquinarias (mineras) para la agricultura.

Al recorrer la carretera interoceánica que atraviesa la ciudad de Puerto Maldonado, impactan muchas escenas, los niños alrededor de las escuelas de los poblados de las comunidades campesinas, las familias movilizadas entorno a plantas de acopio y transformación de diferentes frutos amazónicos, camiones enormes transportando madera, y lo más dramático, campamentos mineros que instalan la informalidad y propagan su explícita atmósfera de ilegalidad y excesos que incluyen el alcoholismo y la trata de menores. Sin duda, los logros de la organización campesina que relata Víctor Zambrano exponen una fortaleza en pulsión a este duro contexto. Su testimonio, su historia y el refugio ecológico que ha (re)construido, son reflejo del tipo de disputa que vive la Amazonía, en todo caso, la enseñanza es que promueve es que es posible la reversión de los daños.

*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.