* José Nuñez del Prado 

Los conceptos de economías campesinas y economías indígenas tienen un largo recorrido y por tanto existen ciertas bases elementales, para tomar en cuenta, cuando se aborde su estudio.

Economías campesinas

En la comprensión de economías campesinas hay una base de acuerdo entre investigadores y operadores respecto a que se trata de un concepto que define situaciones de equivalencia plena entre unidad familiar y unidad económica, se trate de familias nucleares o extendidas en sus diferentes gradaciones. De este modo, el ciclo biológico familiar se equipara con el ciclo biológico del cultivo y de la actividad pecuaria, lo que determina una estrategia de sobrevivencia que aparentemente sólo se orienta por conseguir los recursos para una subsistencia mínima. Estos elementos, que definen comportamientos específicos, expresan, al mismo tiempo, una racionalidad intrínseca y propia, destinada a la satisfacción de necesidades y su relación con el mercado, que difiere de la conducta de unidades empresariales convencionales, las cuales responden más a señales de precios, maximización de ganancias, tasas de interés y pautas económicas similares.

Las economías campesinas, por tanto no describen "homos no económicus", sino unidades familiares que se ubican en los planos económicos y productivos desde una posición especial, de suyo defensiva y orgánica, en términos de su relación con la tierra como capa arable. Por eso tiene sentido aquello de que "la tierra hace al campesino como clase", en balance permanente de su acceso y manejo de diversos recursos. Es la actualidad de ese acceso el que marca pautas para entender los componentes de una conducta económica que tiende a ser sistémica, o como otros prefieren denominarla, holística y agroecológica. En Bolivia y en general en la zona de los Andes,  se trata de una conducta inscrita en el marco de una memoria larga referida al esquema simbiótico de archipiélago, es decir "al acceso a un máximo de nichos o pisos ecológicos complementarios".

Por todo lo anterior la noción de economías campesinas connota una situación sui géneris,  con racionalidad particular y diferente a otras, efectivamente, pero su relación con el mercado la sujeta, finalmente, a la lógica y movimientos del capital y de su acumulación.

Esta delimitación se irá moldeando con variaciones en función de los quiebres que se dan en el postulado de equivalencia entre unidad económica y unidad familiar, desde el factor de venta o compra de fuerza de trabajo fuera del predio, hasta la objetiva agregación de sectores y componentes extra agropecuarios y de otros aditamentos productivos como el comercio y el transporte, migraciones y un conjunto amplio de actividades que sobrepasan los contornos propiamente económicos.

Economías indígenas

No resulta razonable referirse rigurosamente a economías indígenas sino a entidades indígenas, porque según la mayoría de las interpretaciones clásicas, especialmente las provenientes de la antropología y etnología económica, en el mundo indígena la economía no existiría como tal, menos aún de manera independiente, o determinando la vida en su conjunto, sino subsumida en la vida social y política; en medio de la religiosidad, el simbolismo, el esoterismo, la magia y la ritualidad.

Los referentes obligatorios del mundo indígena ya no son solamente la familia o el hogar, sino además la comunidad; ya no la tierra como capa arable, sino el territorio como humus, suelo, subsuelo, espacio aéreo y espacio eléctrico, con todos sus recursos y biodiversidad. Todo ello construye el sentido de "mi casa es el bosque", es decir el lugar por donde se transita para reproducir la vida, no de manera sedentaria sino mayormente nómada, en la que las referencias esenciales son la silvicultura, la recolección, caza y pesca, y todo aquello que expresa que "el territorio hace de una etnia o pueblo indígena una nación".  Consecuentemente, no se trata de una construcción homogénea, sino muy diversa, como las que se habrían dado, y se dan, entre los pueblos que erigieron Estados y hasta imperios como los incas en el mundo andino o los aztecas, mayas y otros en otras latitudes,  pero también de pueblos amazónicos sin Estado, más autonómicos y dispersos en varios grupos.

El referente fundamental de estas entidades indígenas en lo económico, es sobre todo aunque no exclusivamente, la existencia del don o la donación desinteresada y sin egoísmo, sin cálculo, que, extendida, daría lugar a un sistema de reciprocidad que se complementa con redistribución, transacción individualizada y de base consanguínea y comunitaria para la sociabilidad. Se concibe el don como una triple obligación: dar - recibir - devolver, que socializa, que realiza, que humaniza, porque esa trilogía implica "dar la cara, no perder el ser o la personalidad". Por ello, para las visiones más radicales el don se diferencia en términos antagónicos del intercambio mercantil y del mercado, y podría ser un elemento de regeneración de las tendencias anti éticas de la economía occidental y moderna actual.

En el mundo indígena se trata, por sobre de todas las cosas, de ser, ser gente, ser humano  y realizarse como tal. Pero, para ser hay que dar, hay que recibir y hay que devolver sin cálculo. Esos son los principios éticos, a los que habría que añadir un criterio práctico: para dar, recibir y devolver, hay que producir. Lo que nos remite a otros enfoques y paradigmas de interpretación. Una combinación filosófica que, de igual manera, nos lleva a situaciones más cercanas a la realidad actual, de mezcla y multiculturalidad. Como ocurre cuando los mundos indígenas o sus interpretaciones, adoptan el don y la reciprocidad como variantes de intercambio o de situaciones de interacción entre don/reciprocidad con intercambio/mercado. 

* Economista y sociólogo. Investigador del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES/UMSA).

*SIPAE 

En Ecuador, la confrontación entre el gobierno y el movimiento indígena en torno a la nueva Ley de Aguas terminó con la suspensión de la propuesta y el bloque de diversas iniciativas.

 A mediados de mayo de este año, Ecuador perdió la oportunidad de contar con un nuevo marco legal en materia de aguas. A ello contribuyeron las posturas oficiales y, en alguna medida las posturas del movimiento indígena liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) que polarizaron la discusión en función de sus propias agendas políticas, con lo cual  se minimizaron los planteamientos de otros sectores y plataformas sociales y se bloquearon acuerdos que hubieran permitido la aprobación de una nueva Ley de Aguas.

Mandato constitucional

La nueva Constitución Política que los ecuatorianos aprobaron a fines de septiembre del año 2008 establece una disposición transitoria que dispone que en el plazo de 360 días, desde la entrada en vigencia de la Constitución, el nuevo órgano legislativo debería aprobar una Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Esta Ley, conocida generalmente como Ley de Aguas, debió haberse aprobado en octubre del año 2009, pero las tensiones que se generaron en torno a su contenido fueron dilatando los plazos establecidos por la Asamblea Nacional hasta mediados de mayo de 2010, fecha acordada para su aprobación definitiva. Sin embargo, las crecientes movilizaciones indígenas y, al parecer, la falta de votos suficientes en la Asamblea, imposibilitaron que la norma sea sometida a votación en esa fecha.

Para dar una salida política al tratamiento legislativo del proyecto de ley, el Presidente de la Asamblea Nacional decidió someter su contenido a una "consulta prelegislativa" con la población que eventualmente pudiera verse afectada por la aprobación de la nueva Ley de Aguas. Esta consulta aún no tiene plazo ni procedimientos.

Para salir al paso, el gobierno del Presidente Correa ha señalado que una nueva Ley de Aguas no es parte medular de su proyecto político y no la necesita para continuar gobernando. Son afirmaciones que hacen suponer que el proyecto de nueva Ley podría quedarse en el limbo, no se sabe si debido a que el gobierno no tiene una amplia comprensión de la problemática del agua o tiene poco interés en cambiar el esquema de gestión de ese recurso natural.

La CONAIE y la legislación de aguas

Los nudos críticos del debate planteado por la CONAIE giraban en torno a cuestiones tales como: a) la forma como se conformaría la autoridad única (con integración participativa o no), b)  los mecanismos de desconcentración del agua utilizada en la agricultura, históricamente acaparada a través de mecanismos formales e informales,  y c) la situación de la provisión del servicio de agua en la ciudad de Guayaquil, si pasa a ser administrada bajo un esquema público o si continúa siendo administrada por delegación a la empresa privada, ya que el proyecto de Ley propone que ese aspecto debe ser resuelto por el Municipio de esa ciudad. Los puntos planteados por el movimiento indígena son, sin duda, relevantes y se encuentran dentro del marco constitucional.

Para una mejor comprensión de las tensiones es necesario tener en cuenta que, hasta antes de 1994, la problemática de las aguas era, ante todo, un tema afrontado local o regionalmente. El giro radical que tuvieron las políticas del agua en ese año, en el marco de las políticas de ajuste estructural calificadas como neoliberales, hicieron suponer que, en breve, en el Ecuador se iba a conformar una suerte de "mercado de derechos de agua".

En ese contexto, y en un momento de marcado ascenso político del movimiento indígena, la CONAIE tuvo el acierto de formular un proyecto de nueva Ley de Aguas, presentada para consideración de la legislatura en el año 1996.  El hecho posicionó a la  organización como un actor clave en el debate en torno a la legislación de las aguas, por lo que la CONAIE asumió la norma como uno de sus temas fundamentales.  No está demás señalar que la afirmación de ese posicionamiento ha recibido el estímulo de algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) quienes, además, han contribuido a dotar al movimiento indígena de elementos discursivos y argumentativos. 

Al mismo tiempo, las banderas de lucha por el agua enarboladas por la CONAIE han funcionado como un gancho que asegura la convocatoria a sus bases en momentos en que ésta parece haberse debilitado. ¿Actitud comprometida con la problemática del agua o habilidad política? Como quiera verse, según el ángulo desde el que se observe, lo cierto es que el tema de la legislación de las aguas es parte de la agenda estratégica de este importante movimiento indígena del Ecuador. Aunque un aspecto complejo de ese fuerte posicionamiento es que, en los hechos, la CONAIE ha desconocido la legitimidad de otros sectores sociales para levantar propuestas sobre la legislación de las aguas, lo que en algunos momentos le ha generado tensiones con otras organizaciones campesinas o con plataformas sociales.

Con todo, los planteamientos de la CONAIE en el debate sobre la nueva Ley de Aguas sufren cierta debilidad argumentativa y propositiva en los temas de riego. Este aspecto no deja de llamar la atención, cuando ése es, precisamente, el eje movilizador de las comunidades y pueblos indígenas es la defensa del agua para sus regadíos. Quizá podría cuestionarse que la propuesta tiene un énfasis en los temas súper estructurales en desmedro del tratamiento de las cuestiones estructurales.

La postura oficial

En un primer momento el Gobierno y su bloque mayoritario en la Asamblea Nacional consideraron el tratamiento de la nueva Ley de Aguas como un tema exclusivo de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). Para esta entidad, se trataba de avanzar en la elaboración de las distintas versiones, cinco en total  antes de que el proyecto de Ley fuera presentado oficialmente en la Asamblea Nacional. El siguiente paso era, previsiblemente, difundir, es decir dar a conocer, pero no debatir con las organizaciones sociales, cada una de esas versiones.

Sólo cuando el tratamiento de la Ley empezó a presagiar tormenta, otras instancias del gobierno se empezaron a involucrar en el tema. Tras una primera movilización - con el saldo de un indígena amazónico muerto en circunstancias confusas - se instalaron  mesas de diálogo entre el Gobierno y la CONAIE. En esas mesas de diálogo la presión de la CONAIE por posicionar su agenda chocó con la decisión del Gobierno de que "no se vulnere el principio de autoridad", ni su potestad de ejercer la función de autoridad única del agua. En palabras del presidente Correa, el que gana las elecciones no puede ceder a los perdedores la potestad de dirigir la política nacional en materia de aguas, por lo que aún cabe la inquietud de si las elecciones son suficientes para configurar una sociedad democrática.

Temas pendientes

Sin duda el proyecto de nueva Ley de Aguas será ajustado, tanto desde el ámbito formal, como desde el de sus contenidos. Precisamente en esta parte es fundamental que los aspectos de riego tengan mayor y mejor tratamiento; que haya precisiones respecto de la institucionalidad del riego, claridad sobre los mecanismos para garantizar el proceso de redistribución social de las aguas, seguridad y transparencia en el financiamiento de la gestión pública del recurso (¿fondo de agua para la vida?), y garantías sobre el efectivo funcionamiento de mecanismos democráticos de participación social.

Por otra parte, varias organizaciones, como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), Coordinadora Nacional Campesina "Eloy Alfaro", Juntas de Agua Potable y Riego del Ecuador (JAAPRE) y el Foro de Recursos Hídricos, han generado valiosos aportes que están sólo parcialmente recuperados en el proyecto de Ley. Por ello, es necesario que se revise la parte medular de esos aportes para integrarlos a una nueva Ley de Aguas.

¿Ganadores o perdedores?

Tratándose de un interés general, cuenta la capacidad de convencer más que la posibilidad de vencer. El debate en torno a la nueva Ley de Aguas ha puesto en evidencia la incapacidad para establecer acuerdos mínimos en torno a cuestiones de interés nacional, ya que ni  la "izquierda pragmática" (como Correa gusta de autodefinir  a su proyecto político), ni el movimiento indígena, ni la "izquierda ideológica" (como a sus activistas gustan autodefinirse) tuvieron la capacidad y la voluntad de anteponer los intereses generales a sus propias agendas políticas. Queda la sensación que se va consolidando una discusión retórica sobre agendas políticas, en desmedro del debate de ideas y la construcción de un proyecto nacional, en la medida en que esta dimensión también pueda condensar una perspectiva  plurinacional.

Al saldo negativo debe agregarse la confirmación de que la sociedad ecuatoriana sufre de una histórica incapacidad para construir democráticamente propuestas y debatirlas en función de un proyecto nacional. En el saldo positivo, en cambio, están la capacidad y la voluntad de amplios y distintos sectores de la sociedad ecuatoriana para construir propuestas que den un contenido alternativo a la nueva Ley de Aguas. Capacidades que ya estuvieron presentes en la Asamblea Nacional Constituyente de 2008, logrando que el tema tenga un tratamiento innovador, amplio y democrático en la nueva Constitución.

El proceso necesita más aportes y que la "consulta prelegislativa"  mejore el proyecto de Ley que, ajustado, volverá a la Asamblea para su aprobación. Solo entonces habrá un verdadero ganador: el pueblo ecuatoriano.

* Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador. Su sede está en la Universidad Central del Ecuador. Correo electrónico: sipae@andinanet.net 

* María José Rodríguez

Apocalíptica pero real se ha tornado la lucha por el agua, entre el Estado, los pueblos indígenas, las empresas y otros actores que entran y salen de la escena. Una lucha que tiene como antecedente la larga tensión existente hasta hoy entre gobiernos y población sobre el uso y explotación de los recursos naturales. Y que hoy muestra que el fondo no son los recursos naturales sino los derechos sobre ellos y sobre otros aspectos que encierra el concepto de Estado Plurinacional que, al parecer, por lo menos en Ecuador, deja aún mucha tela para cortar.

¿Qué hay detrás de la lucha por el agua y los recursos naturales?

La disputa por el agua en el seno de la Asamblea Nacional ecuatoriana fue álgida. La "Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua" finalmente quedó enterrada en un cajón a la espera de que alguien halle una hábil y política estratagema para revitalizarla. Su discusión se detuvo cuando, bien avanzado su análisis, algunos políticos se dieron cuenta que habían olvidado realizar la consulta previa legislativa a los pueblos indígenas. La moción no tuvo respaldo, los movimientos indígenas habían cerrado filas sobre una misma declaración que realizaron en la zona de Ambato, y comenzaron las movilizaciones para empujar  la no aprobación de la mencionada norma por ser, según ellos, privatizadora y contraria a los intereses de sus bases.

El país amenazaba con incendiarse por el agua y, finalmente, la discusión se cerró en una maniobra política y la Ley fue enviada al "limbo", un lugar del cual no saldrá mientras las tensiones se mantengan entre gobierno y pueblos indígenas, según la mayoría de líderes de opinión.

Mientras la norma duerme, en la vida real el agua es un problema diario; empresas florícolas, bananeras y productoras de brócoli buscan una manera de llegar a acuerdos duraderos con comunidades campesinas, pueblos indígenas y municipios para aprovechar ese recurso. Entre empresas mineras y de hidrocarburos el problema es similar, pero la discusión se realiza en un tono de mayor confrontación

Buscando el fondo

¿Quién tiene más derecho a usar el agua y para qué tipo de actividad? Ese es el centro de la discusión que, de alguna manera, ya zanjó la nueva Constitución, que establece una relación de prelación para el uso del agua privilegiando la soberanía alimentaria. Así, toda producción destinada a la exportación, sea alimenticia o no, se halla en el quinto lugar de prioridad al igual que la minería o la actividad  hidrocarburífera.

Con ese marco, en cada comunidad indígena y campesina la vecindad con empresas de actividad agrícola de exportación o extractiva se hace muy complicada. Lo que se administra diario es la escasez y no el caudal de agua. Una escasez que ya existe o se prevé que existirá en breve. Las relaciones,  por tanto,  son tensas. Y aunque los términos de la discusión diaria varían,  los temas principales tienen un trasfondo ampliamente distinto al que se analiza en las ciudades y en los textos legales. No se trata solamente de reglamentar el uso ante la escasez y determinar quién puede  hacer uso y en qué proporción del agua, sino quién regirá las reglas en su uso diario.

El debate sobre el agua parece esconder como demanda de fondo la facultad de decidir sobre la conveniencia de actividades productivas, de forma especial, pero no irrestrictamente, en territorios de pueblos indígenas. El verdadero meollo de la discusión, por lo menos en Ecuador, se halla en qué implicaciones en la vida real -y no sólo en la retórica- tiene el concepto del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, incluido en letras resaltadas en la última Carta Magna. Así se ve en los conflictos desarrollados constantemente entre comunidades y empresas agrícolas, mineras y otras, cuando la discusión gira en torno a la facultad que tienen o de la que carecen las empresas para realizar ciertas actividades cuyas repercusiones no han sido discutidas, consensuadas o ni siquiera informadas a la población.

Sin embargo, no se debate la cantidad de agua que las empresas pueden utilizar. Ese tema salta después,  cuando comienzan las negociaciones. Por ello, pareciera que el fondo está más ligado a la legitimidad de las actividades industriales -grandes, medianas y pequeñas- en zonas de alta influencia indígena y rural; y cuáles son los elementos objetivos sobre los cuales basar un diálogo hacia su consentimiento. Un panorama poco claro para todos los actores de zonas rurales y con riquezas naturales, que, al parecer, no será aclarado en el corto plazo, debido a que los temas de fondo no han sido aclarados. Mientras que para el gobierno ecuatoriano la visión de los pueblos indígenas constituye una afrenta y un intento claro de separatismo, para éstos el concepto profundo de Estado Plurinacional no quiere ser comprendido y por ello no son ahondadas ni puestas en marcha las políticas en torno a los recursos naturales, el agua y la participación ciudadana.

Estado plurinacional en cuestión

La dirigenta indígena Lourdes Tibán, de una región agrícola y ganadera ubicada al sur de Quito,  hoy Asambleísta por el Movimiento Pachakutik, afirmó, en entrevista con la revista Vanguardia, que el presidente Correa sólo habría incluido la visión del Estado Plurinacional en el texto constitucional "por conveniencia política" y Raúl Ilaquiche dirigente de la Ecuarunari -máxima organización indígena de la Sierra ecuatoriana- aseguró que el gobierno no ha comprendido la profundidad de "lo que es el Estado Plurinacional".  

Ambos podrían tener razón, a juzgar por la respuesta política y con ribetes de escándalo que dio el gobierno. Caminando sobre hielo fino, los representantes de gobierno, primero movieron las fichas para dejar la Ley de aguas sin tratar; luego comenzaron a generar movimientos de desestabilización entre los actores indígenas con declaraciones de facciones contrarias a las de los dirigentes de las instituciones representativas. Más tarde, cuando las agrupaciones indígenas se reorganizaron, manteniendo un frente unido y apoyado por fuerzas de izquierda puestas en el "congelador" por el movimiento gobernante, vino la sindicación más aguda: "la resolución de Ambato constituye una provocación peligrosa porque plantea el separatismo". Esa fue la declaración de Alexandra Ocles,  Secretaria de Pueblos y Movimientos Indígenas, con rango de ministra.

La referida resolución fue concebida por los movimientos indígenas y culminó con un documento de 21 puntos en los que, entre varias demandas,  niegan el diálogo con el gobierno sobre las bases preestablecidas, determinan declarar nulas las adjudicaciones mineras y petroleras, prohíben el ingreso e intromisión de los autoridades de gobierno en tierras y territorios indígenas y definen construir el Parlamento Plurinacional de los Pueblos.   

Los rumores no se dejaron esperar y se generó la versión de que los dirigentes de los pueblos indígenas, en especial los de la Conaie, estarían secretamente entrelazados con la Junta Cívica de Guayaquil -entidad sin fines de lucro que vive de aportes individuales y corporativos de gran influencia en la vida cívica y municipal del principal puerto ecuatoriano- y que serían pagados por un presidente anterior, Lucio Gutiérrez, quien ha realizado algunos intentos de magros resultados por liderar una oposición fragmentada y desdibujada ante la ausencia de líderes claros y renovados.

Para muestra un botón

Aislar públicamente a los movimientos indígenas, crear instancias para mostrar al mundo y al Ecuador que el gobierno conjuga los verbos incluir y dialogar, parece haber sido la estrategia, aunque se halle cada vez más alejado de las organizaciones que representan el sentir y las demandas indígenas del Ecuador. La reunión de los países del Alba, en junio en Otavalo, tuvo un notorio vacío de representación indígena ya que los dirigentes,  al mismo tiempo, instalaban la Asamblea Plurinacional del Ecuador que protestaba contra la cumbre presidencial a la cual habían acudido Chávez, Morales y Correa por no "garantizar la construcción de un verdadero Estado Plurinacional", según informó la página Web de la Conaie. La fractura se llama Estado Plurinacional, sin embargo, sus implicaciones aún son difusas. Se habla desde separatismo y desconocimiento del Estado Nacional, hasta del derecho a la libre determinación amparada en el convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU de 2007.

Según declaraciones de Diana Atamaint, asambleísta del Movimiento Pachakutik, la nueva Constitución ecuatoriana reconoce las formas de gobierno indígenas, autonomía de territorios y formas de organización comunitaria, participación directa en las instituciones del Estado y las propias formas de ver la vida de esos pueblos. Pero más allá de los enunciados, en la práctica la fricción que posiblemente genere intensos temblores en el país será respecto a qué se entiende por autonomía de territorios y libre determinación y cómo conviven con leyes y marcos jurídicos nacionales esos conceptos.

Pregunta abiertas

Según la Conaie, el Parlamento Plurinacional del Ecuador será establecido con sede en Quito el 24 de septiembre de este año, "como un espacio sociopolítico y cultural que permita la inclusión de todos los sectores sociales, políticos, económicos y culturales, que han sido relegados históricamente". El fin de este foro será la construcción del "Estado Plurinacional, cuyo modelo económico será comunitario, solidario, planificado y ambientalmente sustentable", así como condenar el modelo extractivista y  toda forma de exclusión y racismo.

¿Qué incidencias tendrá el concepto amplio y flexible de plurinacionalidad aplicado al Estado e incrustado en la acción y la participación ciudadana? ¿Qué causará en la vida económica y social y en las relaciones de aprendizaje que se van dando poco a poco y no sin procesos traumáticos, entre comunidades y poblaciones indígenas, gobiernos y empresas?

Los pueblos indígenas del Ecuador han marcado el reto y la tarea, quedan por establecer procesos de diálogo sobre un concepto que abarque no sólo a indígenas, porque su aplicación tenderá a transformar las relaciones de intercambio social, cultural y económico de toda la población ecuatoriana.   

(*) Comunicadora social, consultora de Rodríguez & Baudoin, boliviana, reside en Ecuador.

*Miguel Ignacio Jerez Núñez

El pasado mes de febrero la población chilena vivió jornadas de angustia y luto, cuando varias regiones del sur y del centro del país fueron azotadas por un terremoto demoledor. Sobre esos hechos se han escrito numerosos artículos, estudios y testimonios. En el presente número de Diálogos se ofrece una mirada puntual sobre el impacto de la catástrofe en la agricultura chilena, particularmente en la situación de la pequeña agricultura o agricultura familiar.

La magnitud del daño

El gobierno chileno ha estimado a nivel global los daños del terremoto sobre la capacidad productiva del país en un monto cercano a los 30 mil millones de dólares. Según el economista Joseph Ramos, ésto no debería alterar de forma significativa el crecimiento económico,  previsto cerca al uno por ciento del PIB, de hecho una cifra menor a la esperada para el año 2010, que fue estimada por el Banco Central en torno al cinco por ciento. Sin embargo, para el éxito de esa proyección es fundamental la inyección en capital productivo -planificado- a la pequeña y mediana empresa de las regiones declaradas como zonas de catástrofe  (VI, VII y VIII región).

La  heterogeneidad  estructural en la agricultura chilena no es un tema nuevo. Numerosos estudios señalan que durante las últimas tres décadas ha ocurrido una progresiva transformación del agro, dando pie a que en la actualidad se pueda hablar de tres realidades coexistentes en la sociedad rural chilena en aspectos tan diversos como el económico- productivo, los asentamientos humanos y el ordenamiento territorial: 1) el sector agroindustrial exportador, 2) la mediana agricultura y 3) la agricultura familiar campesina.

Aunque las estadísticas consolidadas por el Ministerio de Agricultura sobre la magnitud del daño del terremoto en la producción agropecuaria no contemplan una distinción entre las distintas realidades de la agricultura como las anteriormente expuestas, sus datos sirven para orientar el análisis respecto a las diferenciaciones necesarias que deberían abordar las políticas públicas en materia de reconstrucción y fomento productivo.

Impacto en la agricultura familiar campesina

No existe un diagnóstico oficial exhaustivo del impacto productivo para estas unidades, tan importantes desde el punto de vista del porcentaje de población rural involucrada, pero que a nivel de PIB representa una fracción residual.

Por el contrario, en este sector de la realidad agraria chilena los daños de la tragedia están asociados con aspectos propios del "modo de vivir" la ruralidad,  que no han sido relevados por el catastro y,  por ende,  no constan en la incipiente política de reconstrucción definida hasta el momento.

En el mundo rural chileno persisten unidades productivas familiares caracterizadas por: a) una relación muy estrecha, prácticamente del cien por ciento, entre tierra y trabajo familiar; y b) una producción orientada a la subsistencia, en rubros de baja rentabilidad para el mercado interno, en condiciones de competitividad muy baja como consecuencia de la serie de tratados de libre comercio suscritos por Chile en las últimas dos décadas.

Según los resultados del VII Censo Agropecuario y Forestal 2007, en Chile existen 208.412 explotaciones agrícolas menores a 20 hectáreas, lo cual muestra  la excesiva concentración de la tierra en el país, como lo menciona el investigador Pezo, al considerar que si se toma como referencia el criterio de acceso a la tierra para uso agropecuario, hay una distribución tal que el uno por ciento de las explotaciones controla las tres cuartas partes del recurso, y las explotaciones inferiores a 20 hectáreas  (que son el 75% del total) sólo controlan el 3,7% de la tierra (Pezo, 2007).

La población de este sector tiene en promedio una baja escolaridad y se inserta en condiciones asimétricas en cadenas productivas y de comercialización, lo que redunda en la perpetuación de las condiciones de pobreza y exclusión social.  Similar condición enfrenta la pesca artesanal, también actividad de habitantes rurales, frente a la predominancia de la pesca industrial. Sin duda, este sector fue uno de los más afectados por el terremoto en términos productivos y habitacionales.

La catástrofe  dejó evidencia de la progresiva tendencia al envejecimiento de la población  rural que compone estas unidades productivas, su aislamiento geográfico y las precarias condiciones de vida de un sector de agro con serios problemas de inserción en la económica exportadora.

Impacto en el sector agroindustrial

Lo más significativo del impacto de la catástrofe es el alza injustificada en el precio de la harina, lo cual incide directamente en el incremento del porcentaje de ingresos familiares destinados a alimentación sobre todo en los quintiles más bajos, dado que el pan es parte fundamental de la dieta, mientras que en la producción de arroz para los sectores afectados, las consecuencias en la pérdida de cultivo atribuibles al fenómeno de la naturaleza no será superior al diez por ciento de la producción.

En el caso de la leche, a nivel general no presenta mayores impactos en sus sistemas productivos, ya que se han normalizado los sistemas de acopio y distribución, mientras que en la fruticultura los efectos no son significativos desde un punto de vista estructural, porque no se identificaron daños importantes en la producción de flores,  asociándose los principales efectos a la pérdida de la producción orientada a la exportación, debido a problemas de conectividad vial y daño en la infraestructura portuaria. No ocurrió lo mismo con el tabaco, cuya producción está en manos de pequeños y medianos productores, habiendo sido seriamente afectada con daños mayores en infraestructura productiva.

El grueso de la estimación en costos realizada por el gobierno refleja en términos generales lo que ocurre con cada  uno de los rubros hegemónicos en la agroindustria,  debido a la facilidad de recolección de información de cada uno de los gremios y lo acotado y  conocido del número de unidades productivas. No ocurre lo mismo con las unidades familiares de producción, por lo disperso y, en muchos casos,  aislado de su ubicación territorial.  De hecho, el levantamiento de información es más lento y hasta el momento adolece de un mayor detalle.

Respuesta estatal

El momento político en que se produjo la catástrofe correspondió al cambio de gobierno, sin embargo, es presumible que los lineamientos de política pública vigentes desde el último período en materia de desarrollo del agro chileno no sufran grandes transformaciones. Más bien,  se puede hablar de cierta continuidad del impulso estatal en el posicionamiento de la imagen "Chile; potencia agroalimentaria" y en la articulación de programas de fomento productivo, el encadenamiento de rubros y especialidades, y la transferencia tecnológica, siendo aspectos constitutivos de una macro orientación gubernamental que data de años.

Por lo precedente, puede entenderse que la reacción de la Unidad de Emergencias Agropecuarias, organismo público coordinado por el Ministerio de Agricultura, en el que participan todos los organismos del Estado vinculados al agro frente a la catástrofe, considere el desarrollo de una serie de instrumentos para paliar la situación de las unidades productivas más afectadas, con énfasis en la pequeña agricultura.

Uno de los ítems fundamentales del presupuesto destinado al rubro de las reconstrucciones considera reponer las condiciones de habitabilidad de la población, debido a que el daño estructural en viviendas emplazadas en zonas rurales es significativo, ya que alrededor  del 80%  corresponde a la población económicamente más vulnerable.

¿Sostenibilidad?

Con la mirada puesta en la sostenibilidad política, económica y sociocultural de la re- construcción de los territorios priorizados,  debe recalcarse que un papel fundamental en este proceso debería corresponder a la tarea de catastro.  El relevamiento de información catastral es el punto inicial y de base en la definición e implementación de una política pública específica de reconstrucción en los territorios devastados y, por ello mismo, declarados zona de catástrofe.

Es imperativo que sea una política fundamentada en la orientación ética y política de inclusión social, equidad y gobernabilidad participativa y democrática, que considere las transformaciones de la sociedad rural chilena, en cuanto a: relaciones sociales, asignación de sentido al entorno físico, articulación de lo rural y urbano, dinámicas productivo laborales, sentido de pertenencia territorial, organización social y articulación público- privada

Se debe continuar con el fortalecimiento de los gobiernos locales como entes articuladores de la integralidad del proceso de desarrollo del territorio, como actores clave del proceso de reconstrucción. En los casos en que la reconstrucción implica el diseño e implementación de reasentamientos humanos se debe prestar singular atención a la relación existente, aunque en permanente transformación, entre las vocaciones productivas territoriales, la estructura del empleo y las lógicas de asentamiento y desplazamiento de las personas.

Las políticas y programas de reconstrucción no deben verse sólo como una respuesta urgente frente a la devastación producida por el terremoto, sino como una oportunidad  importante para la definición de una política pública local y nacional que aborde sistemáticamente el ordenamiento territorial, como patrón armonizador del desarrollo económico. Un desarrollo que incluye la industrialización y la diversificación productiva, junto con las dinámicas socioculturales de uso del suelo desde perspectivas de mediano y largo plazo, identificando conflictos por actuales y potenciales por su acceso y uso y considerando las transformaciones de la relación entre lo urbano y lo rural.

(*) Sociólogo, Magister en Psicología Social Aplicada. Miembro de la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa - CIAL.

Este documento es la versión resumida. El documento completo estará disponible en la sección Exploraciones (http://sudamericarural.org/index.php?mc=98).  

 * Alipio Valdez

El Gran Chaco Americano es una región extensa, ubicada en la parte sur del continente, compartida por cuatro países de América: Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña parte de Brasil. Tiene una extensión de 1.000.000 km2, con un ecosistema muy frágil y el segundo más importante del continente americano.

Por otra parte, El Chaco es una región diversa en recursos naturales y culturas. Sin embargo,  es un área marginal a las capitales de los países, así como es marginal a las políticas de los gobiernos de turno, aunque es muy codiciada por las empresas petroleras, ganaderas y los empresarios productores de soja. Estas empresas vienen realizando actividades de desmontes sin considerar la fragilidad ecológica del ecosistema y, menos aún, sin considerar la presencia de los pueblos indígenas que viven en estas áreas.

Identidad y sobrevivencia

En la región sobreviven 31 pueblos indígenas originarios, entre los que existen todavía algunos grupos aislados, que viven amenazados por la expansión agropecuaria de la que son víctimas permanentes desde la época de la colonia.

Pueblos indígenas de la región

Los pueblos indígenas en El Chaco hacen lo posible por sobrevivir a los embates de las empresas agropecuarias y al avance voraz de la frontera agrícola, que se come todo lo que existe en la naturaleza del Chaco, dejando a su paso campos desolados y comunidades indígenas expulsadas de sus hogares.  También deben luchar contra la voracidad de las empresas transnacionales petroleras que van haciendo huecos en la tierra por todos lados para sacar el gas y el petróleo lo mas rápido posible, convirtiéndolos en dinero que va a incrementar los bolsillos de los inversores, de quienes nunca se sabe quiénes son ni dónde están, sólo van dejando campos contaminados, ríos llenos de desechos, mujeres con sus vidas destrozadas por las salvajes actitudes de los petroleros, comunidades divididas por la ambición de obtener las migajas que dejan las petroleras y una pobreza cada vez mayor.

En ese escenario los pueblos se ven obligados a acelerar la trasformación y adecuación de sus culturas a formas de vida distintas, con normas ajenas a las suyas y sin la protección  de los Estados para velar por sus derechos. De hecho, los pueblos indígenas también son marginales a los Estados de los países donde habitan. En muchos casos hasta son desconocidos como pueblos con los mismos derechos que las sociedades urbanas de las capitales, "ciudadanos" que manejan el poder y que, supuestamente, conocen de desarrollo.

Visiones de desarrollo

El desarrollo, para quienes nos consideramos no indígenas o "civilizados", puede significar crecimiento tecnológico, industrialización, ser profesionales con titulo académico, nivel educativo alto, contar con un ingreso económico que nos permita tener una vida acomodada y sin sobresaltos, vivir en un sistema de democracia liberal en el que se respeten nuestros derechos individuales y quienes tienen el poder, gobiernen sin que nadie proteste.

En contraposición, los pueblos indígenas consideran que desarrollo es lograr un equilibrio con la naturaleza, que es el espacio donde conviven todos los seres, incluyendo a las personas, quienes somos consideradas como uno más de los componentes de esa naturaleza. Los guaranís la llaman "la tierra sin mal", allá donde existe todo para vivir y no se destruye, si no que se construye vida;  donde el dinero no es lo más importante, pero si la relación social entre los seres vivos; donde la democracia no es el individualismo, sino la comunidad;  allí los derechos son del grupo social, el poder no lo tiene un grupo minúsculo, sino la mayoría, y la minoría o quienes lideran al grupo, hacen lo que la mayoría decide.

Siendo visiones diferentes, seria mejor si una de las dos se impusiera y pudiéramos optar por una de ellas, pero no es lo que pasa en la realidad. En El Chaco los pueblos indígenas se han visto obligados a adecuar sus organizaciones y su forma de vida a las condiciones que los Estados les han impuesto. En la mayoría de los casos tuvieron que asumir las condiciones y las normas estatales impuestas para ser reconocidos como ciudadanos, por lo que hay muchos cambios en la identidad y la cultura de los pueblos indígenas.

Final abierto

Pero los pueblos indígenas chaqueños son duros de roer y se empecinan en mantener sus costumbres, su forma de vida, su visión de mundo, en fin, su cultura, por lo que mantienen una lucha constante con los Estados coloniales para hacer respetar sus derechos. Un ejemplo es la historia de los pueblos indígenas chaqueños de Bolivia, quienes a pesar de haber logrado cambios importantes en la Constitución Política del Estado de su país, no quedaron conformes y quieren avanzar más allá, buscando una real autodeterminación.

Esta es, sin duda, la demanda más importante de los pueblos indígenas chaqueños.  Autodeterminación es contar con el reconocimiento de sus propios territorios, donde puedan desarrollar su vida de la forma en que cada pueblo decida; es el derecho a ser tratados y considerados como todo ser humano, ciudadano de un país, sin perder la pertenencia a su hábitat llamado Gran Chaco; es la libre transitabilidad en toda la región, como un derecho ancestral, quizá difícil de lograr, pero siempre una demanda presente.

La autodeterminación  también incluye otras demandas, como la de contar con la atención a la salud bajo normas propias, el derecho a la educación, y el derecho a la vida, todos íntimamente ligados al territorio. Pero estas demandas aún no son plenamente escuchadas, y por ello los pueblos se ven obligados a realizar una serie de acciones,  como movilizaciones y marchas hasta las sedes de los gobiernos, para ser escuchados, para que se les reconozca el derecho de vivir en su propia casa.

 * Cientista político y coordinador del Programa Integrado Trinacional del Gran Chaco.

  * Rodrigo López Sánchez

Entrevista a Alberto Acosta acerca de la situación de los países en Sudamérica, la propuesta post extractivista y el desafío de la integración regional sudamericana para enfrentar el Cambio Climático.  

Alberto Acosta, economista, presidente de la Asamblea Constituyente y ministro de Energía y Minas de Ecuador, ha publicado recientemente el libro "La Maldición de la Abundancia" en el que a partir de la experiencia ecuatoriana, propone una reflexión profunda acerca del problema crítico que sufren los países ricos en recursos naturales, pero que continúan encadenados a la pobreza. Este libro analiza la realidad de los principales sectores extractivistas en el Ecuador y las razones de empujar una propuesta donde las riquezas naturales de la amazonía ecuatoriana no se exploten de manera convencional, generándose, en cambio, la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo en base a la necesidad de alcanzar una economía post extractivista, con el objetivo de enfrentar asi los conflictos económicos, sociales y ambientales que se provocan y que en muchos casos traspasan las fronteras y afectan las relaciones de los países.   

¿A qué se debe tanta motivación en Sudamérica sobre los temas relacionados con el medio ambiente y el cambio climático?

En primer lugar yo creo que es muy importante tratar de hacer una lectura detenida de la realidad de cada uno de nuestros países. Nuestros países han sido países orientados al mercado mundial, como productores y exportadores de materias primas. Y no hemos conseguido resolver nuestros problemas, entonces algo no funciona aquí. Ni siquiera en Chile, donde se pueden presentar índices importantes de avance en la reducción de la pobreza,  puede decir que se está constituyendo una base que permita establecer una sociedad equitativa, porque la inequidad en Chile es enorme; y tampoco una base productiva sostenible, porque en Chile casi el 90% de sus exportaciones muestran un país que vende productos primarios con un poco de valor interno o valor agregado. Por eso el primer desafío es leer la realidad y tratar de comprender cuáles fueron los errores cometidos y cómo se pueden corregir.

El segundo punto que me parece fundamental es reconocer las limitaciones que el modelo de mercado empieza a tener ya, en términos del calentamiento global. No podemos seguir siendo países que exportamos la naturaleza, expulsándola y apropiándonos de ella, porque eso va seguir ahondando los problemas derivados de los cambios climáticos, que son cada vez más complicados.

Y un tercer asunto, que es clave, es que aún hay mucho por aprender de otras experiencias. Hay países que lograron responder a sus demandas de desarrollo aprovechando racionalmente de sus recursos naturales. No estoy diciendo que se puedan copiar esas experiencias, pero nos pueden ayudar mucho para ver cómo se enfrentaron los temas. Habría que estudiar, por ejemplo, los casos de Suecia, Noruega y Holanda, países que tuvieron recursos primarios y que a partir de su aprovechamiento fueron avanzando en la industrialización de sus economías y en la consolidación de una sociedad equitativa y de un Estado fuerte, vigoroso, capaz de ser el gestor o incluso actor de todo este proceso. Yo creo que se puede aprender mucho de muchos países, pero no se puede copiar nada de ninguno. Esta es una norma de orden.

Me parece básico y fundamental que en Ecuador se esté despejando esto como un tema de agenda. No es que esté en marcha un proceso post extractivista o post petrolero, de ninguna manera. Es un proceso de abierta disputa, en el cual hay fuerzas que están impulsándo la construcción de un proceso post extractivista y hay otras que están tratando de aferrarse, porque tratan de aferrarse,  a esta lógica tradicional de desarrollo en base a una economía extractivista. Yo creo que todavía la mayoría se aferra a esta lógica tradicional. Incluso el Gobierno en su mayoría y el propio Presidente, no logran dar el salto. El Presidente Correa habló mucho de post extractivismo, de una economía post petrolera en un momento, pero ahora no intenta ni siquiera dar ese salto, entonces no hay nada que esperar de Ecuador.

¿Cree que es posible llegar a universalizar  la propuesta post-extractivistas?

No sé si se podría hablar de universalizar la propuesta porque,  primero ¿cuál propuesta? La verdad es que ésta no existe porque la estamos construyendo. No veo que haya todavía elementos para universalizar nada. Pero lo que sí creo es que paulatinamente tenemos que ir dando pasos hacia una discusión sobre el concepto mismo de desarrollo, porque no sólo estamos enfrentando temas que tienen que ver con una economía post petrolera.

Hay que dar un paso más allá, hacia una economía post extractivista y empezar a pensar en lógicas del decrecimiento económico. Se pueden resolver los problemas sin incrementar el crecimiento, que representa una mayor presión ambiental, mayores destrozos ambientales y, naturalmente, se debería ir pensando en todo lo que sería el post desarrollo.

Habría que dar un paso hacia lo que Boaventura de Sousa Santos dice, como "acabar con el concepto mismo de desarrollo  y repensar la lógica desde otra realidad". Creo que Bolivia y Ecuador, con sus visiones del Buen Vivir o Vivir Bien, Sumak Kawsay y Suma Qamaña, tienen mucho que decir. Tenemos mucho que aportar, pero sin ninguna pretensión de contar con una receta indiscutible o una propuesta que pueda ser generalizada en todas partes. Si que puede ayudar a ver el mundo de otra manera, primero esa visión diferente tiene que ayudarnos a resolver nuestros problemas

¿Cómo evalúa los esfuerzos para enfrentar el cambio climático en Sudamérica?

No ha existido una verdadera voluntad política para una integración regional, en términos amplios y generales. Esa ha sido la tradición y la tragedia de Sudamérica. Hemos hablado de integración, sobre todo en los días de fiesta patria, nos acordamos de nuestros próceres, nos acordamos de Simón Bolívar y de todas las personas que han hablado de la patria grande pero en realidad no hemos dado pasos sustantivos para esa verdadera integración. Se está perdiendo una magnífica oportunidad que existió en los últimos años para que, con gobiernos de corte progresista, se avance más hacia la integración, y ésta no ha sido posible.

Hemos visto como particularmente Brasil y de alguna manera Argentina,  han sido copados por los países más grandes. Cuando se los invitó al Grupo de los 20 (G-20), ellos creían que ya habían pasado al rango de "potencias" y perdieron el contacto con sus bases latinoamericanas, con el resto de países latinoamericanos. Ellos (los países grandes) nos dejaron sin las naciones más fuertes y con capacidad de liderazgo,  y así vimos que, por ejemplo Brasil, tuvo un papel tristísimo en Copenhague, terminando por negociar con la China, India, Estados Unidos y Sudáfrica los temas de fondo. Esto puso en riesgo la esencia misma de las Naciones Unidas,  que es la búsqueda de consensos.

La participación de América Latina en Copenhague fue lamentable, hubo países que trataron de decir algo, como los del ALBA,  pero no hubo una propuesta regional,  y eso debería ser un mensaje muy claro para todos los países, medianos y pequeños, que deberían consolidar vínculos mucho más estrechos y trabajar en bloque. Si Brasil se desmarca y se distancia de la línea latinoamericana, el resto de países como Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador deberían unirse en sus problemas comunes, tener lazos estrechos bilaterales y regionales, como entre Venezuela y Colombia o Perú y Venezuela. Sin embargo, hay muchos problemas y vamos divididos a esos encuentros.

¿Cómo puede enfrentar Sudamérica los desafíos del cambio climático?

Hay que tratar de identificar de una manera muy clara y honesta los temas comunes que tienen que ver con el calentamiento global en el Cono Sur y aquellos impactos que estamos recibiendo en América Latina. Ahí habría que preguntarnos ¿de dónde provienen los principales efectos de esos cambios climáticos?, ¿cuáles son las causas?,  no sólo los efectos.

Tampoco ver solamente los problemas que se generan en el norte, es decir Estados Unidos o Europa, sino también cuáles son los problemas que estamos generando nosotros. Yo creo que una posición latinoamericana coherente debería exigir rendición de cuentas a los países ricos y a los nuestros sobre qué están haciendo para contribuir al cambio climático.

El presidente Evo Morales habló de un tribunal de justicia climática. La idea es muy buena,  tratar de construir una institucionalidad ambiental que luego pueda tener un tribunal de justicia ambiental. Yo creo que esa podría ser una de las propuestas más interesantes, siempre y cuando no sea solo contra los países ricos, sino que también pida cuentas a nuestros países sobre lo que estamos haciendo, también nosotros, para demorar el proceso de deterioro ambiental.        

(*) Rodrigo López Sánchez es ingeniero ambiental con investigaciones en temas de Cambio Climático y sus impactos en Sudamérica. 

Una Ley no va a resolver la enorme deuda social del Estado colombiano con las mujeres rurales, pero podría ayudar a que éste comience a cumplir con las obligaciones largamente postergadas. Este es el convencimiento que guía a varias organizaciones de mujeres que están gestionando más acción gubernamental para el sector, pero normada por políticas públicas y no como expresión de asistencialismo o dádivas políticas.

Un poco de historia

En 1989 se formuló la primera Política Nacional sobre Mujer Campesina (CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social) No.2109, que "no abarcó asuntos de carácter estructural relacionados con la problemática agraria ni con la cultura patriarcal que caracterizan a la sociedad colombiana" (Oxfam, Corporación Punto Focal Colombia, Unión Europea: "Las mujeres rurales conocen, replican, exigen y aplican los mandatos de la ley 731 de 2002". 2009. Colombia). Luego, en 1994, se formuló la "Política Pública para el Desarrollo de la Mujer Rural (CONPES SOCIAL-23DNP-UDA- Minagricultura), que retoma y fortalece la Política de 1984. La discontinuidad y carencia de voluntad política generaron un alcance parcial de lo esperado.

Sobre la legislación relativa al acceso a la tierra, la Ley 60/1994 definió la titulación de terrenos en cabeza de mujeres jefas de hogar y en mujeres víctimas de la violencia consideradas en estado de desprotección; y la Ley 30/1998, primera de reforma agraria, establece la titulación de la tierra de la pareja a mujeres campesinas mayores de 16 años. Si bien se lograron avances, no se encuentran evidencias sobre la eficiencia de la aplicación de la Ley ni el alcance obtenido.

La Ley de la mujer rural

En el 2002, resultado de la dinámica acción de la Red de Mujeres Rurales y de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia  ANMUCIC, con el apoyo del IICA y la participación del Ministerio de Agricultura, se logra expedir la Ley 731/2002 "Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales", conocida como Ley de la mujer rural, "Considerada la primera Ley en América Latina orientada a favorecer a las mujeres rurales, surge como crítica a la falta de continuidad y resultado de las políticas que hasta el momento se habían formulado" (Granados B. E., González F. "Situación de la Mujer Rural en Colombia". Centro de Apoyo Popular Centrap, Bogotá, Colombia. Editado por FAO. 2006), que busca propiciar condiciones para el potenciamiento de las mujeres rurales proponiendo su acceso a recursos y servicios, su participación en instancias de decisión y la eliminación de obstáculos para el acceso a fondos, planes, programas, proyectos y entidades que favorecen la actividad rural.La Ley de la mujer rural incluye ocho capítulos. El primero plantea "mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural" (Art.1); así como innovadoras definiciones sobre mujer rural, actividad rural y ruralidad, lo que incorpora el reconocimiento de mujeres rurales hasta entonces no consideradas como tales.

El segundo capitulo establece la participación de las mujeres rurales en los fondos de financiamiento del sector, y plantea la creación del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales - FOMMUR. El tercero hace referencia a las normas de régimen de seguridad social que le afectan; el cuarto es sobre educación, capacitación y recreación; el quinto enuncia la "participación de las mujeres rurales en los órganos de decisión" en niveles territoriales e incluye artículos específicos sobre la participación de las mujeres afro colombianas e indígenas en instancias propias de sus comunidades étnicas.

El sexto capítulo de esta Ley especializada en las condiciones de vida de las mujeres rurales sobre reforma agraria, amplía posibilidades de titulación de predios a nombre de las mujeres; el séptimo contiene disposiciones varias, relativas a la vivienda, a la intervención de las mujeres rurales en proyectos de reforestación, y de manera particular establece la vigilancia que haga efectivo, para las mujeres rurales, el principio de igualdad de remuneración según Ley 581/2000. El último capítulo incluye la importancia de los registros estadísticos, dada la carencia de conocimiento periódico sobre la situación de las mujeres rurales; también la divulgación de leyes, y formas de evaluación y seguimiento a los programas de la mujer rural.

En 2005, luego de tres años de existencia de la Ley de Mujer Rural, con los pocos datos desagregados por sexo logrados a partir del censo nacional realizado, se destaca información sobre la situación comparativa de las mujeres rurales, que constata las condiciones de inequidad que enfrentan (Datos tomados de: DANE. "Boletín. Censo General 2005. Datos desagregados por sexo". 2007): en educación, el 19.2% de las mujeres y el 20% de los hombres no tienen ningún nivel educativo. El 2,9% de las mujeres y el 2,4% de hombres tienen secundaria completa. El 21.3% de las mujeres y el 22.3% de los hombres son analfabetas. En términos generales la situación educativa entre mujeres y hombres rurales es similar, siendo levemente mayor el nivel educativo femenino en los grados superiores.

Sobre la actividad realizada la semana anterior al censo, el 11,6% de las mujeres reportó haber trabajado, frente al 50,2% de los hombres. El 49,8% de las mujeres destinaron su tiempo a oficios del hogar frente al 5,8% de los hombres. Por lo tanto, el acceso de las mujeres a la educación no garantiza la igualdad de oportunidades y equidad de género, aunque es claro que las mujeres sin educación no tienen posibilidades de desarrollo. También llama la atención sobre lo que se suele considerar trabajo, que no incluye "oficios del hogar" a pesar de ser, en efecto trabajo pero no remunerado.

Con un camino recorrido en la exigencia de sus derechos, las mujeres rurales continúan enfrentando una serie de dificultades estructurales, algunas generalizadas a toda la población rural pobre, por el modelo de desarrollo que privilegia la inversión y el apoyo a la gran propiedad, generando mayor desigualdad económica y social; otras apoyadas en la tradición y la ideología que sitúan a las mujeres en una relación de desigualdad, obstaculizando su efectivo acceso a tierra o capital, servicios financieros de crédito, capacitación técnica y tecnológica, información empresarial y a la participación activa en espacios de toma de decisiones sobre sus vidas. Además, por los efectos del conflicto armado toman más responsabilidades familiares, porque deben desplazarse o quedarse resistiendo en los sitios de confrontación; en ambos casos gran parte de estas mujeres está sin su pareja, quien si no lo han desaparecido, debe ocultarse para proteger su vida.

Un obstáculo, aún poco reconocido, es la desigual distribución del trabajo por sexos: "En los hogares campesinos, mujeres y hombres realizan simultáneamente trabajos productivos,  domésticos y de reproducción social. Los hombres se concentran en los primeros (los productivos), pero las mujeres se dedican por igual a todos" ( Díaz D.I. "Situación de la mujer rural colombiana. Perspectiva de género. Cuadernos Tierra y Justicia. Cuaderno No.9. Bogotá, 2002). El trabajo de cuidado (limpieza, alimentos, cuidado de otras personas, atención a la granja...) es gratuito, no se reconoce social ni económicamente, no se incluye en el producto interno bruto del país, no genera protección social, aunque es absolutamente necesario para el cuidado y reproducción de la fuerza laboral. Este trabajo copa gran cantidad de tiempo a las mujeres, el cual no puede ser destinado a su capacitación productiva, a actividades remuneradas, al ocio o al descanso.

Existe la Ley, pero no se aplica

En 2008, por la poca aplicación de la Ley, las mujeres rurales fortalecieron las actividades para su reglamentación; desde la institucionalidad lo hacen algunas entidades con responsabilidad sobre el tema. Se organizaron dos mesas: Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas, y Mesa Técnica Institucional conformada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer - CPEM, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo del IICA encargada del seguimiento estatal a los avances de reglamentos que favorezcan a las mujeres rurales.

Para el 2009, la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales desarrolló un proceso de consulta y formación de mujeres rurales, lográndose la conformación de estas Mesas en cinco regiones del país. También se logró movilizar la voluntad política de una congresista, quien en su ejercicio de control político de la Ley 731/2002, cita al Ministerio de Agricultura, a la CPEM y a otros Ministerios y entidades gubernamentales, ante la Comisión IV del Senado para que informen sobre sus responsabilidades y compromisos sobre el tema. Sin embargo, "aunque se cumplió con el objetivo de la citación, que era hacer un balance sobre lo que el Estado colombiano ha implementado como políticas públicas alrededor de la Ley Mujer Rural, queda claro que se ha avanzado muy poco pues aún no existen directrices claras y la inversión en este grupo poblacional ha sido muy baja e incluso poco focalizado", evidenciando la deuda pendiente del Gobierno Nacional con las Mujeres rurales (Senadora Griselda Janeth Restrepo; hizo la proposición presentada ante la Comisión).

Tarea pendiente

"Las estadísticas oficiales no lo demuestran pero persiste la tendencia a la feminización de  las actividades agropecuarias, tanto en explotación tradicional como en agricultura  moderna. Esta creciente participación se debe, entre otras razones, a la necesidad de buscar trabajo fuera de la parcela y a la violencia generalizada que recluta más hombres que mujeres". (FAO. "Actualización estadística. Situación de las Mujeres Rurales en Colombia". División de Género, Equidad y Empleo Rural. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 2007).

Aunque las mujeres rurales son el 45% del total de los 10.524.226 habitantes rurales, y su contribución a la dinámica rural productiva y familiar es significativa, no participan en igualdad de condiciones en las iniciativas del desarrollo, ni cuentan con políticas públicas efectivas que permitan superar las condiciones de inequidad y discriminación que las coloca en alto riesgo de vulnerabilidad frente a la situación de pobreza. Las mujeres están organizadas pero requieren la intervención del sector público, del privado y comunitario, así como el acompañamiento de las organizaciones de mujeres y feministas. Pero lo determinante, en armonía con la gestión sostenida que vienen adelantando las mujeres rurales, será la voluntad política gubernamental, que debe expresarse en su compromiso con el avance y eficacia de este proceso, lo que sigue siendo reto y tarea pendiente para la entrante administración presidencial que inicia en agosto del 2010.

 * Eduardo Gudynas

Cada presidente recibió una copia de ese informe. También los ministros y otros miembros de las delegaciones oficiales. Fue en la última cumbre Iberoamericana, celebrada en noviembre de 2009, en Portugal. El título era impactante: "Innovar para crecer: desafíos y oportunidades para el desarrollo sostenible e inclusivo en Iberoamérica", y fue preparado conjuntamente por la CEPAL y Secretaría General Iberoamericana.

La fecha de presentación de ese reporte no es una cuestión menor: en el ocaso del año 2009, la crisis global ya llevaba casi unos dos años sobre sus espaldas, dejando en claro la debilidad de los análisis económicos minimalistas, obsesionados con el mercado, y desentendidos del Estado. Son tiempos de renovación en el pensamiento económico. Tampoco debe pasar desapercibido el subtítulo donde hay un llamado al desarrollo sostenible, y por lo tanto necesariamente debe incorporarse la dimensión ambiental, y a ello se sumaría la inclusión social. Entusiasma la esperanza de encontrar en ese reporte novedades en el terreno de la justicia social y ambiental.

El objetivo de ese documento tampoco es menor: la CEPAL presenta a los presidentes y sus ministros sus propuestas y proyectos sobre cómo deberían ser los próximos pasos a seguir en América Latina.

Bajo estas circunstancias tan favorables, un lector sudamericano esperaría encontrar varias secciones dedicadas a la renovación del desarrollo rural, el papel de la agropecuaria, un abordaje de la sustentabilidad ambiental en la agricultura y la ganadería, las opciones que ofrecen los nuevos mercados de alimentos sanos, los potenciales de la agricultura para generar empleo o sobre cómo reducir la pobreza en el medio rural. Como hay varios gobiernos que hacen una apuesta fuerte a fortalecer y asistir al campesinado, se esperaría que esa sensibilidad sea profundizada en este reporte. Y así sucesivamente, hay una larga lista de temas en desarrollo rural que podrían encararse desde una perspectiva ambiental y social.

El problema es que cuando se lee el reporte "Innovar para crecer" hay poca innovación. En el caso específico del desarrollo rural, un examen de los contenidos en esas páginas muestra que se vuelve a caer en las posturas más convencionales y previsibles de la agroindustria y la biotecnología. No sólo eso, sino que el campesinado o la pequeña agricultura no aparecen como un elemento de relevancia, ni están listados entre las opciones que se ofrecen para generar la "innovación" o el "crecimiento". En otras palabras: si se espera encontrar aportes sobre sustentabilidad de la agropecuaria, inclusión social rural, o un relanzamiento del desarrollo rural, este reporte de CEPAL no colmará sus expectativas.

Frente a esta situación, y a estas alturas, quedan en evidencia varios problemas. Por un lado, las cuestiones del desarrollo rural en su amplio sentido siguen languideciendo, y son reemplazadas por recetas sectoriales muy precisas, casi siempre vinculadas a la agroindustria y la exportación de productos agroalimentarios. No se aborda de manera integral y en todos sus componentes la producción agropecuaria y sus vínculos con el entramado social rural, sino que se atienden cuestiones específicas, tales como el uso de transgénicos en el cultivo de algunos granos y su comercialización. Las viejas metas de la agropecuaria, como la de asegurar la alimentación dentro de fronteras, es reemplazada por indicadores de exportación.

Por otro lado, las alternativas que se promueven desde varias agencias tienen poco de "alternativo", y son tan convencionales que casi no sirven como fermento para disparar discusiones o reflexiones. Veamos un ejemplo: la apuesta a la biotecnología y los transgénicos ya tiene varios años a cuestas. A pesar de las promesas de las empresas y los centros biotecnológicos que las fomentan, seguimos en la primera generación de semillas, que son resistentes a herbicidas o generan tóxicos contra insectos (como la soja resistente al herbicida glifosato). En casos como la diseminación de malezas resistentes al glifosato en varias zonas sudamericanas, queda en claro las serias limitaciones de esa estrategia de producción. Pero en vez de reconocer ese fracaso, sus promotores empresariales pasan a ahora a redoblar la apuesta simplemente planteando suplantar glifosato por glufosinato para evitar esas resistencias. O sea, que la "innovación" biotecnológica es simplemente pasar de un herbicida a otro. Como en los viejos tiempos con los agroquímicos convencionales.

Situaciones como esta dejan en claro que bajo esa perspectiva no se avanza mucho hacia estrategias alternativas, ni son muy efectivas en desencadenar debates que alimenten nuevas ideas. Podría decirse que esta situación es apenas un problema de la CEPAL, el IICA y otras organizaciones, mientras que bajo los gobiernos progresistas la situación es otra, y efectivamente se están ensayando alternativas agropecuarias. Sin embargo allí tampoco hay muchas novedades. Más allá de las diferencias que se observan en ese heterogéneo conjunto, donde por ejemplo en Bolivia se invoca el protagonismo campesino mientras que en Brasil se financian a las grandes empresas agroexportadoras, lo cierto es que en todos los casos se mantienen las estrategias de maximizar la producción para orientarla a la exportación.

En efecto, a pesar de la feroz crisis global, los gobiernos sudamericanos, incluyendo los de la nueva izquierda, coinciden en volver a apostar al estilo agroexportador. Siguiendo ese camino persisten en su papel de proveedores de materias primas, de competir con los países vecinos en ofrecer más o menos los mismos productos agropecuarios, y en reclamar la liberalización comercial extrema en el seno de la Organización Mundial de Comercio, tal como hacen Lula da Silva de Brasil o la argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Surgen así otros puntos llamativos: ¿Por qué no ha tenido lugar una discusión más profunda sobre el desarrollo rural sudamericano bajo este contexto de crisis? ¿Por qué la izquierda gobernante parece olvidar sus cuestionamientos del pasado y ahora se conforma con las economías de enclave y la primarización de sus exportaciones? ¿Por qué no se han potenciado ensayos económicos alternativos? ¿Por qué no se ha revitalizado la integración regional hacia la coordinación, por ejemplo, de la producción agropecuaria? Y así sucesivamente.

La respuesta apunta a que esos gobiernos también insisten en promover un modelo productivo intensivo, maquinizado, fragmentado entre proveedores de servicios, y que se parece cada vez más a una cuestión de logística. La necesidad de aumentar las exportaciones y los flujos de inversión privada están por detrás de esas tendencias. Los excedentes del comercio exterior alimentan los presupuestos estatales, y la inversión privada se orienta hacia los proveedores de mercados globales, donde consiguen mayores rentabilidades, y no muestran mucho interés en solucionar la seguridad alimentaria interna. La ausencia de un debate sobre otros aspectos de la estrategias productivas rurales ya no interesan mucho a los políticos ni a la academia, y la opinión pública, mayoritariamente urbana, muestra desinterés por esas cuestiones. Este tipo de factores explica tanto la ausencia del desarrollo rural en informes como la CEPAL, como la falta de una avalancha de críticas por ese olvido.

Entretanto, buena parte del campesinado está al margen de estos cambios, mientras que para los pequeños productores esto significa que algunos pocos puedan ingresar en ese circuito, en casi todos los casos cediendo el control sobre sus predios, mientras que otros son excluidos, y se agravan sus problemas de rentabilidad y permanencia en el campo.

Contextos de este tipo no aparecen en el reporte de CEPAL citado al inicio de este artículo. El problema es que bajo estas tendencias, los campesinos corren el riesgo de perder su papel de "productor rural". En tanto los gobiernos dejan atrás las cuestiones del desarrollo rural como un campo amplio y abarcador, una visión economicista y mercantil los lleva a concluir que esos campesinos que no se "enganchan" en los agronegocios, son económicamente inviables. Los dan por perdidos, y entonces dejan de ser un problema para los ministerios de agricultura, ya no son "productores rurales", y pasan a ser una cuestión "social". Las agencias de asistencia social y los programas de bonos y compensaciones deberán lidiar con ellos.

Más allá de las intenciones (que pueden ser muy buenas en muchos casos), varias acciones gubernamentales insisten en intentar convertir a los pequeños agricultores y campesinos en unidades productivas de tipo comercial, que sean viables por sí mismas, y acopladas a cadenas de producción propias del capitalismo contemporáneo. Por ejemplo, creando mercados de tierras y dando préstamos para comprarlas, ofreciendo créditos blandos o subsidiando la compra de insumos, dinero para proyectos productivos o infraestructura, etc. El abordaje es comercial, y ven la viabilidad del campesino en la medida en que pueda ser convertido en una "mini PYME". De esta manera, el estilo de desarrollo de la agricultura intensiva no está en entredicho, sino que el problema es como "incluir" los pequeños productores y campesinos dentro de esa corriente.

Como los gobiernos de izquierda no son insensibles a los dramas humanos, aquellos que quedan marginalizados de esa tendencia, pasan a ser entendidos como un problema social. Por lo tanto, la solución a su situación ya no está en la agropecuaria, sino en la efectividad de los planes de ayuda, usualmente compensaciones monetarias focalizadas. Y de esta manera, independientemente de las intenciones, otra vez más vuelve a desvanecerse el campo del desarrollo rural.

El debate sobre el desarrollo rural sigue languideciendo en América del Sur, pero sus límites y posibilidades están cambiando bajo el nuevo contexto político. A pesar de esos cambios, una vez más, persiste la necesidad de revitalizar y profundizar los abordajes sobre el desarrollo rural en todas sus dimensiones, y sin perder de vista su integralidad. De alguna manera, es necesario recomenzar esas discusiones, pero adaptándolas a la nueva coyuntura política y económica de América del Sur.

 *  Investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). Contacto: egudynas@agropecuaria.org  Web:  www.agropecuaria.org  

 *Sergio Andrés Coronado*

Durante los últimos años el debate político colombiano ha puesto sus ojos nuevamente sobre el escenario rural, debido principalmente a la crisis humanitaria causada por el desplazamiento forzado que afecta sobre todo a la población rural. Los campesinos desplazados han tenido que abandonar los campos y sus actividades productivas para engrosar, en su gran mayoría, los cinturones de miseria de las ciudades. El despojo de sus tierras es un elemento fundamental. Según organizaciones de víctimas del conflicto, en Colombia el despojo de tierras por parte de los grupos armados ilegales es aproximadamente de 10 millones de hectáreas, lo que agrava un sistema ya concentrado de tenencia y propiedad de la tierra.

En el escenario rural también se materializan la exclusión y la brecha social que caracterizan a la sociedad colombiana, producto principalmente de la ausencia de una política de reforma agraria y desarrollo rural integral que propicien la construcción de un escenario rural democrático y equitativo.

Aunque la descentralización administrativa, desde la Constitución Política de 1991, permitió a los departamentos y municipios diseñar y ejecutar programas y políticas públicas en sus territorios con relativa independencia de las directrices del nivel central, son políticas que responden a las tendencias definidas desde el gobierno nacional, sin que esto signifique que las autoridades territoriales no tengan una relativa capacidad de decisión sobre estos temas. De hecho, no existe una política única y homogénea de desarrollo rural, teniendo en cuenta la diversidad de autoridades que participan en su formulación y ejecución.

Las tendencias

Las políticas macro de desarrollo se consolidaron en Colombia después de ocho años continuos de la administración Uribe. Según los documentos oficiales (Departamento Nacional de Planeación, Visión Colombia 2010) estas políticas deben ocuparse principalmente de tres asuntos:

1.      Generar más y mayores crecimientos económicos en el sector privado, con la idea de que a partir de éstos se configuren dos situaciones favorables para el bienestar: en primer lugar el incremento de ingresos públicos a partir de la tributación a favor del Estado y en segundo lugar la generación de empleo como medio de distribución de la riqueza.

2.      Modernizar los procesos productivos y la infraestructura, para lograr realizar una producción mucho más eficiente y que pueda atender las demandas de los mercados externos.

3.      Consolidar la economía a partir de la inserción y ubicación de los productos nacionales en los mercados externos, reconociendo aquellos en los cuales se pueden obtener ventajas comparativas.

Para el sector rural se plantean por lo menos tres metas relevantes:

• Mejorar la eficiencia en el uso del suelo y disminuir la concentración en la propiedad de la tierra;
• Ampliar la cobertura y mejorar la operación de los sistemas de riego y drenaje;
• Mejorar el acceso a mercados específicos, optimizando la posición de los productos colombianos en los mercados nacionales e internacional.

 Las metas generales de los documentos oficiales orientaron la formulación y ejecución de políticas y programas de desarrollo rural en diferentes regiones de Colombia, y aunque puedan considerarse plausibles frente a las necesidades de la población rural, no han permitido el fortalecimiento de sectores populares vinculados a la producción y a la economía rural. Así, estaríamos asistiendo al fortalecimiento de una economía rural sin campesinos. Veamos cada una de estas metas.

El análisis

El proceso de desarrollo rural de los últimos años en Colombia se caracteriza por una estructura agraria de alta concentración de la propiedad de la tierra. Aunque los discursos oficiales reconocen la necesidad de disminuirla, las políticas abandonaron la idea de generar procesos de reforma agraria, prefiriendo programas de acceso a la tierra según el mercado, lo cual ha resultado insuficiente para lograr la desconcentración que se requiere. Al contrario, algunos programas de gobierno favorecen la concentración y, por ende, la brecha social del campo colombiano.

Dos casos polémicos ilustran esa tendencia, el de la finca "Carimagua" y el de "Agro Ingreso Seguro". En el primer caso se trata de un predio de 17.000 hectáreas, donado para su distribución entre la población campesina víctima del desplazamiento forzado. El año 2008 se denunció ante la opinión pública que el gobierno abrió una licitación para entregar estas tierras a inversionistas privados para proyectos productivos. En el segundo caso, el año 2009 se denunció que "Agro Ingreso Seguro", el programa gubernamental de entrega de subsidios no reembolsables a productores rurales había favorecido principalmente a terratenientes, algunos vinculados con narcotraficantes y paramilitares. Así, los recursos públicos estarían dirigidos a fortalecer las actividades productivas de grandes inversionistas y no a generar condiciones para democratizar el escenario rural colombiano y aliviar la situación de millones de familias que han sufrido el desplazamiento forzado.

Esa orientación ha sido constante en la ejecución de políticas de desarrollo rural orientadas bajo la premisa de la "confianza inversionista" erigida como una de las principales estrategias de la política uribista, traducida en la generación de garantías para facilitar y promover la libre inversión de los sectores capitalistas rurales. Por ejemplo, para atraer a inversionistas privados hacia la producción de etanol y agrodiesel, el gobierno creó subsidios y exenciones tributarias para quienes se dediquen a esta actividad productiva, que, dadas sus condiciones particulares, para ser rentables sólo puede ser realizada por empresarios con grandes extensiones de tierras, dispuestos a realizar fuertes inversiones de capital.

Esta situación también se relaciona con la meta del mejoramiento de la posición colombiana frente a la inserción en mercados internacionales, procurando la ubicación de productos específicos con los cuales se puede competir en condiciones favorables. Bajo esa lógica, la inserción la deben realizar quienes tengan las condiciones suficientes para acceder a esos mercados y, por lo tanto, las políticas de desarrollo rural deben ser dirigidas a fortalecer ese tipo de productores, para quienes el gobierno ha dispuesto la creación de la infraestructura necesaria, principalmente riego.

Sin embargo, la focalización de recursos hacia estas áreas priorizadas para penetrar en los mercados internacionales, favorece la producción de productos agrícolas no alimenticios sobre los tradicionales cultivos que pueden satisfacer la demanda interna de alimentos, por lo que difícilmente puede favorecer a los pequeños productores rurales campesinos, redundando en el debilitamiento de la soberanía alimentaria del país.

De este modo, Colombia ha pasado de ser un país productor de alimentos a uno que los importa. Alimentos como fríjol, lenteja, maíz y trigo, que tradicionalmente se producían en los campos colombianos, hoy en su gran mayoría se compran del exterior. Según el diario El Espectador del 11 de mayo de 2008, el 95% del maíz que importa Colombia proviene de Estados Unidos, y éste a su vez corresponde al 66% del total del consumo nacional. Se ha reducido el área de siembra productos como el sorgo, arroz y la cebada, mientras que han aumentado considerablemente las de agrocombustibles, como la caña de azúcar, o la de productos dirigidos a la exportación, como el banano ("Cambió el mapa de la producción agropecuaria" Portafolio, noviembre 25 de 2004, citado por: Coordinador Nacional Agrario, Plataforma política, Bogotá 2009).

Por otro lado, las obras de infraestructura para atender las necesidades de la producción agropecuaria de los grandes inversionistas privados producen una proliferación de conflictos territoriales protagonizados por comunidades y pobladores rurales, entre ellos pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. Las demandas de estos grupos se resumen en el acceso y el gobierno de la tierra para sus comunidades, quienes, además, enfrentan los impactos sociales, culturales y ambientales de la construcción de represas, distritos de riego y vías.

Así, el fortalecimiento del potencial productivo del sector rural en Colombia, una de las principales apuestas del actual gobierno -próximo a concluir su mandato-, se ha realizado bajo directrices que significaron la profundización del conflicto social y la inequidad. Por ello, el debate electoral que se vive en el país durante estos meses puede ser un escenario interesante para reconocer estas realidades y elegir a la opción más justa, democrática y equitativa para el mundo rural colombiano.

Es abogado, magíster en desarrollo rural e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular-  CINEP.

* Abogado, Magíster en Desarrollo Rural. Investigador Cinep.

Seguro Agrícola en Bolivia

* Bishelly Elias Argandoña

Los distintos problemas agroclimáticos de los últimos años colocan en la agenda política boliviana la gestión de estos riesgos y la resiliencia de las comunidades para garantizar no sólo la seguridad alimentaria de quienes producen y viven en zonas rurales,  sino también para garantizar la Seguridad Alimentaria Nacional y el logro de la Soberanía Alimentaria pregonada por el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

El seguro agrario está en la nueva Constitución Política del Estado (Art. 407.4) y en la Propuesta de Plan de trabajo del Gobierno 2010-2015 del MAS (Evo - Álvaro, Todo por Bolivia) e, impulsada desde las organizaciones sociales y económicas de campesinos e indígenas, se impuso en la agenda agropecuaria y fue una de las primera leyes presentadas para su aprobación en el Parlamento. 

Por el momento, la propuesta establece que se cubrirán riesgos climáticos para un número inicial de mínimo seis cultivos. De acuerdo a la prensa: Maíz, papa, arroz, trigo, quinua y soya están en la lista inicial de aplicación del seguro en el primer año. Sin embargo, Vásquez, Viceministro de Desarrollo Rural, aseveró que "el seguro es universal, tiene que ser para todos los productos y estamos trabajando en qué productos aumentar". (Dos temas obstruyen la Ley del Seguro Agrícola, La Razón 4 de febrero de 2010).

Visiones y expectativas

Entre las instituciones de desarrollo rural hay expectativa sobre la contribución del Seguro Agrario para mantener y regenerar las capacidades productivas, principalmente de pequeños productores campesinos indígenas y originarios.  

Las organizaciones sociales demandan que el Seguro sea universal, cubra la mayor cantidad de productos y que sea de carácter público y con control social. 

Las experiencias más conocidas en Sudamérica de seguro agrario con participación pública son las de Chile y Brasil, que cuentan con subvención estatal y están dirigidos a distintos tipos de productores. En ambas experiencias la condición fundamental es su calidad de universalidad, que incluye la cobertura general del pago y el tipo de subvención que se podría otorgar para tener una prima accesible.

En Chile, por ejemplo, la prima se da de acuerdo a las distintas regiones agroecológicas y microclimas, y para distintos cultivos se tiene la diferenciación del riesgo. Por lo tanto, la prima varía de acuerdo a la cobertura del riesgo. La subvención es del 50% de la prima más un monto fijo por cada póliza que se obtiene. Son beneficiarios del subsidio quienes pagan impuestos (Impuesto al Valor Agregado - IVA) y tiene créditos en algunas instituciones, y el trámite del subsidio lo realiza la aseguradora.

En Brasil existen diversas modalidades por tipo de cobertura: para riesgos climáticos, por rendimiento, y también otras más específicas (pecuaria, piscícola, al granizo, por equipo). La cobertura de riesgos climáticos tiene la prima también por zonas y cultivos. El subsidio o premio a la prima individual es otorgado por el Estado Nacional según porcentajes al tipo de producto asegurado y la lista se renueva cada año en base a criterios de planificación nacional, siendo mayor para productos de seguridad alimentaria nacional y pudiendo complementarse con subvenciones de otros niveles de Estado como el departamental o el municipal. Aunque se trata de un seguro universal, es el productor quien debe promover el trámite del subsidio.

Lineamientos para el contexto boliviano

En Bolivia el Seguro Agrario para ser universal debe considerar que la mayoría de los productores son pequeños y tienden a producir para su seguridad alimentaria, y el sector agroindustrial es débil comparado con el de países vecinos. La producción agrícola representa el 14,7% del PIB, está basada principalmente en la producción agrícola no industrial (44%) más que en la industrial (18%), por lo que, para garantizar el acceso, se debe apuntar a que el seguro inicie actividades con ambos tipos de productores.

Por otro lado, si se decidiera un seguro sin subvención en el que la prima sea pagada por el cien por ciento de los productores,  probablemente sólo quienes están en el área de los productos agroindustriales tendrían posibilidades de pagarla , por ejemplo los productores de soya tienen alguna experiencia en seguros privados.

En el caso de que el seguro fuera sólo por productos, es necesario recabar información actualizada, pues el último Censo Agrícola data de 1984, y aunque se hagan sondeos o encuestas, los productores son reacios a otorgar información, por tanto, no habrían datos confiables de todos los productos y no se garantizaría la cobertura universal.

Suponiendo que existiera información confiable y que los productores lograran cubrir sus diversos productos, de acuerdo a datos de los Ingresos Familiares Anuales (IFA) -un estudio del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)- en promedio para casi siete mil familias en seis regiones de Bolivia,  producen entre 3 y 19 cultivos, con un promedio de 5 cultivos anuales. Cuando vemos la superficie cultivada, el 85% de estas familias cultiva hasta 3 hectáreas y el 95% como máximo 5 hectáreas con un promedio de menos de 0,5 hectáreas por cultivo. ¿Cómo se va a cubrir el seguro de su producción? Si es por producto,  tendrían que comprar una póliza por cada producto, lo que le aumentaría sus costos, el productor se vería tentado a dedicarse a la monoproducción y el país perdería la riqueza de su producción diversificada.

Por estas condiciones, en Bolivia  el Seguro Agrícola debería tener más de una opción de póliza: un seguro por producto, que inicia con aquellos cultivos que tienen información y se amplia progresivamente para cubrir la mayor cantidad de productores de determinados rubros estratégicos y un seguro por parcela, en el que se determine el número de hectáreas de acuerdo a las condiciones de producción en cada región, de forma que campesinos indígenas y originarios aseguren las 2 o 3 Has que tienen en promedio, garantiza llegar a mayor cantidad de productores y que no se distorsione su diversificación.

Aprendiendo de las experiencias chilena y brasileña, los subsidios o premios que otorgue el Estado a la prima pueden ser de distintos tipos, por ejemplo: a) para productos, de tal modo que se puede dar mayor apoyo a quienes cultivan productos de seguridad alimentaria nacional (papa, trigo, maíz, arroz), premios a quienes realicen rotación de cultivos, producción responsable y /o ecológica (en cultivos  como soya y quinua); y b) para la parcela, que se puede otorgar de acuerdo a las condiciones de pobreza y  a la información de riesgos climáticos que exista en los municipios.

Ambas modalidades pueden ser concurrentes con los Gobiernos Autónomos departamentales, indígenas y/o municipales. De esta manera, el Seguro Agrícola puede ser universal, aunque desde el inicio de su implementación se debe velar por la obtención de información sobre cultivos estratégicos y sus riesgos agroclimáticos a niveles territoriales más desagregado para mejorar su implementación y garantizar su sostenibilidad.

*Investigadora de la Unidad de Acción Política (UAP) del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA.