* Elvis Espinoza Gutiérrez

En Chile, este año una treintena de mapuche estuvieron en huelga de hambre demandando cambios en la  ley antiterrorista por la que se encuentran detenidos en varias cárceles. Este artículo explica el contexto de ese conflicto.

El doce de julio de 2010, 32 presos políticos mapuche en las ciudades de Concepción, Lebu y Valdivia comenzaron una huelga de hambre, en protesta por la militarización de su territorio, contra la aplicación de la Ley antiterrorista 18. 314, que permite el doble procesamiento y los testigos sin rostro, y demandando garantías de justo proceso.

El primero de octubre de 2010, ochenta y dos días después de iniciada la protesta, 24 de los huelguistas suspendieron su medida, habiéndose formalizado un acuerdo con el gobierno de Piñera para realizar reformas a la Ley Antiterrorista y a las normas sobre enjuiciamiento de civiles por parte de tribunales militares, respondiendo a los principios establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). ¿Qué hay detrás de este hecho, aparentemente aislado, que concitó durante tanto tiempo la atención de los medios de información y de la ciudadanía chilena? Para responder a esta pregunta se debe mirar en perspectiva la historia de Chile, las condiciones de vida del pueblo mapuche y sus relaciones con el estado chileno.

Desde sus orígenes la relación del pueblo mapuche con la sociedad española y criolla en Chile ha sido conflictiva, como lo evidencian los relatos que versan sobre injusticias, vejámenes, atropellos y engaños, presentes tanto en la historia como en el inconciente colectivo de la sociedad mapuche, que desde la llegada de los conquistadores tuvo que luchar por su identidad cultural, su territorio y su  patrimonio.

La Araucanía (IX), con 29,5 % del total de la población indígena, la Región Metropolitana, con 27,7 %, la de Los Lagos (X), con 14,7 %, la del Bío Bío (VIII), con 7,8 % y la de Tarapacá (I), con 7,1 %. Sólo entre las regiones del Bío Bío, La Araucanía y la de Los Lagos suman en conjunto el 52% del total de indígenas.

El territorio mapuche ha sido igualmente reducido; historiadores y documentos oficiales infieren que este pueblo ha perdido el 95% de su territorio original, a través de un proceso de enajenación de terrenos para fines agrícolas, compras de tierras por engaño, confinamiento de la población a denominadas reducciones y actividad forestal.

El actual modelo de compra de tierras ha resultado insuficiente, la cantidad de tierras es exigua, la superficie por predio está por debajo de la unidad agrícola familiar y no se logra cumplir con los estándares mínimos de productividad pues los suelos son de baja calidad. A lo anterior se agrega el hecho que son adquisiciones dispersas por lo que se ve difícil la rearticulación territorial, que es básica para la recomposición cultural y social mapuche, tan dañadas por el proceso de radicación y división de las tierras.

 Las comunidades mapuche que habitan principalmente en las regiones VIII, IX y X deben enfrentar el hecho de que se trata de áreas geográficas que presentan gran concentración de empresas forestales, cercando a la población indígena en terrenos infértiles y degradados, con un promedio de hectáreas que no superan las 4 a 8 hectáreas por familia. Por estas razones las familias que habitan esas regiones, especialmente la IX, ostentan altas tasas de pobreza y marginalidad, tal cual lo muestran datos estadísticos de la CASEN del año 2009, cuando la tasa de pobreza en el país fue de 15,1%, mientras que en la Araucanía fue de 27,1%, con grandes disparidades entre la población indígena y no indígena. En cambio, de la población no mapuche en la región hay un 25,9% viviendo en condiciones de pobreza, lo que es también un porcentaje elevado, pero la diferencia en la Araucanía es de 4,1 puntos, indicando así que los problemas económicos y sociales de la región afectan a toda la población de manera negativa, aunque en mayor medida a los mapuche.

Los mapuche de la región de la Araucanía son pequeños agricultores en su mayoría, que trabajan en terrenos altamente degradados e infértiles, por lo que esta actividad no les alcanza para atender las necesidades básicas de salud, educación, vivienda y alimentación. Por esta razón, una generalidad de familias mapuche vive de los subsidios del Estado de Chile y de los organismos municipales locales.

Las protestas sociales que organizaciones y comunidades mapuche han efectuado en la región de la Araucanía y otras zonas del país van desde las tomas de predios agrícolas y forestales hasta la quema de maquinaria forestal y están dejando como consecuencias, entre otras, la visible militarización de comunidades, con presencia de policías en sus territorios, encarcelamiento de comuneros, juzgamiento de presos políticos mapuche por la ley antiterrorista y asesinato de dirigentes, supuestamente por policías.

Actualmente, aproximadamente 60 miembros de comunidades mapuche están en prisión, con libertad condicional o bajo medidas cautelares. Tres tuvieron que pedir refugio político en Argentina y en Suiza y cinco murieron debido a los disparos y torturas de la policía chilena. Durante más de una década, sucesivos gobiernos chilenos han aplicado la ley antiterrorista promulgada por la dictadura de Pinochet, como medida de represión de los derechos democráticos de los ciudadanos.

Tensiones irresueltas

El cambio económico y social más significativo que se produjo en la sociedad mapuche fue la introducción de la agricultura, en especial el cultivo de cereales, que implicó preparación de los campos y realización de faenas más complejas. Las chacras aumentaron de tamaño y se empezó a utilizar el arado en vez de palos labradores. Con esto se produjo una creciente diferenciación del trabajo. Con ello, una sociedad cazadora y recolectora, con organización social simple, fue dando lugar a una sociedad agrícola ganadera, con crecientes relaciones mercantiles, con sistemas de trabajo cada vez más complejos, necesidades en aumento y, por lo tanto, con una organización social en proceso de transición, en la cual comenzaron a producirse relaciones de subordinación.

Nuevas y drásticas transformaciones ocurrieron en esa sociedad agrícola ganadera debido a reestructuraciones macroeconómicas venidas desde el mercado externo, como ocurrió específicamente con la transformación de la agricultura en el año 1848, debido al descubrimiento de oro en California y a la apertura de mercados en Austria, regiones a las que Chile empezó a abastecer con diversos productos. De esta manera, las tierras del sur chileno, originariamente territorio mapuche, empezaron a ser muy atractivas, por cuanto se necesitaba más espacio agrícola para suplir las necesidades de los mercados externos.

La construcción del Estado de Chile se forja, de esta forma, a partir de relaciones de poder extremadamente dispares. Los enfrentamientos entre el ejército de Chile y los conas (guerreros) fueron varios y desesperados, pues el pueblo mapuche entendía que con la ocupación de la Araucanía perdía la libertad y parte de su cultura, por eso sus guerreros se mostraban decididos a luchar hasta el final, aún sabiendo que la expulsión de los winkas (blancos) era un imposible, por la gran desigualdad de fuerzas.

Con el desenlace de la derrota mapuche se confinó a este pueblo a vivir en las llamadas reducciones y se decretó a la Araucanía como propiedad fiscal, procediéndose a colonizar las tierras para dedicarlas a la producción agropecuaria privada. Se entregó a los mapuche una pequeña merced de tierra y se delimitaron las reducciones, obligándolos a transformarse en agricultores.

La campesinización de los mapuche transformó al indígena en ignorante. El sabio o ulmen de la sociedad mapuche independiente desconoce los mecanismos virulentos de la sociedad winka que se le impone, así como desconoce el manejo de su propiedad y las nuevas formas de relacionarse con la autoridad local, y es, por esta razón, víctima de todo tipo de arbitrariedades. 

La integración del mapuche a la sociedad chilena produjo una suerte de aculturación, dada la gran presión sobre la estructura simbólica de este pueblo. Al mismo tiempo, se produjo un fortalecimiento de las identidades culturales individuales, proceso lógico desatado por la fuerte presión sobre sus formas de ver y sentir el mundo, sabiendo que la identidad surge con gran fuerza en tiempos de crisis. Gracias a esta autoafirmación cultural de esa población, hoy día reconocemos al pueblo mapuche, mencionamos culturas diferentes, soñamos con autonomía y hablamos de nación.  

Al resurgir su conciencia identitaria, el pueblo mapuche comenzó a hacer presión en las estructuras políticas de los gobiernos de mediados del siglo XX, cuando se comienza a hablar de autonomía. Sin embargo, esta utopía fue abandonada rápidamente, debido a la irrupción del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, con el que comenzó la transformación del modelo de sustitución de importaciones que había estado vigente ese año. 

El modelo extractivista, que también responde a reestructuraciones globales, cuando las periferias se ponen al servicio de los intereses del poder hegemónico global, haciendo oídos sordos a los graves efectos sociales, económicos, ambientales y culturales que son consecuencias de este modelo, como el impacto en las comunidades mapuche del sur de Chile, por la expansión de la industria forestal que se comenzó a expandir a partir del año 1974, cuando se promulgó el Decreto Ley 701, que subsidia a quienes quieran invertir en el sector forestal en un 75% del total de la inversión requerida para realizar todo el proceso de plantación. 

De esta manera, muchas empresas públicas y privadas, nacionales y transnacionales, comienzan a invertir en el sector. En la actualidad poseen grandes extensiones de territorio en las regiones VIII y la IX, siendo, al mismo tiempo, donde hay mayor cantidad de habitantes indígenas, especialmente en la IX. 

Las transnacionales controlan 40% de las plantaciones existentes y 70% de las exportaciones forestales en funcionamiento, más de 470.000 hectáreas forestadas pertenecen a una sola empresa. Las plantaciones están vigiladas, no existe la posibilidad de pastorear a los animales ni de sacar algo de leña, lo que para los mapuche representa un importante quiebre con el pasado; los dueños de las plantaciones no viven en esas tierras, ni viven de la tierra, son personas anónimas, distantes y los que viven en los predios son los guardias, quienes siguen los mandatos de esas personas invisibles y, dada su función de vigilancia, es difícil relacionarse con ellos. 

La profundización del modelo económico neoliberal aplicado en Chile ha significado para las comunidades mapuche convivir con una serie de proyectos energéticos, viales, industriales y forestales que conllevan, entre otras cosas, la apropiación, uso y explotación de los recursos naturales existentes que por estar en territorio mapuche, éstos consideraban propios. Lejos de haber disminuido, la explotación de los recursos naturales ha aumentado sustancialmente, a pesar del surgimiento de nuevos rubros de producción, de la consolidación de sectores terciarios o de servicios relativamente consolidados y de la invención de nuevas y más sofisticadas tecnologías de producción.

En la realidad cotidiana, los habitantes de las comunidades mapuche pueden ver que el entorno medioambiental a cambiado y sigue cambiando continuamente, y ocasionando una fuerte transformación en su propia vida, por lo que se les hace difícil y tortuoso mantener sus tradiciones ancestrales, de tal manera que la seguridad y confianza se convierten en un ideal, en una quimera. Por ello, diferentes comunidades y organizaciones mapuche comenzaron a hacer presión en las estructuras de poder, revindicando sus tradiciones culturales, defendiendo su territorio y resguardando su auto-afirmación como sociedad. Se trató, en definitiva, de un  proceso de reafirmación, valoración y fortalecimiento de su cultura e identidad.

Las movilizaciones realizadas por el pueblo mapuche fueron vistas como una grave amenaza al crecimiento del país, pues frenaban las inversiones de las trasnacionales en territorio mapuche, es más, ratifica que los altos índices de pobreza e indigencia de la IX región son resultado de que el pueblo mapuche no se ha subido al tren del desarrollo, que es crecimiento, que mantiene prácticas productivas arcaicas y, más aún, ahuyenta con sus protestas y reivindicaciones las inversiones privadas.

De esta manera, el Estado de Chile, no duda, ni por un instante, en aplicar una norma jurídica del dictador Pinochet, como la denominada y controvertida Ley Antiterrorista.  Sin embargo, fueron las reformas realizadas durante el gobierno de Patricio Aylwin, ya en plena democracia, las que permitieron que la norma se comenzara a aplicar en los casos de conflictos que se presentaban con los pueblos indígenas en el sur. La Ley 18. 314 considera como crímenes terroristas: el homicidio, la mutilación, la retención de una persona en calidad de rehén, el envío de efectos explosivos, incendio y estragos; descarrilamiento; apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de transporte público en servicio; atentar en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe del Estado o de otra autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente protegidas; colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios que puedan causar daño y asociación ilícita para cometer cualquier de estos delitos. La mayoría de estos actos también tiene su correspondencia en el Código Penal, de ahí que se tipifica la aplicación de la norma como un doble procesamiento.

Esta Ley permite la figura de testigos encubiertos, también denominados "testigos sin rostro", y largos periodos de prisión preventiva sin derecho a beneficios. Esas son algunas de las restricciones consagradas en la controvertida norma, que es aplicada en la mayoría de las causas mapuche por quema de camiones forestales e incendios de predios forestales, entre otros hechos. Los expertos coinciden en que la invocación de la Ley 18. 314 para este tipo de casos es exagerada y sólo se la utiliza para silenciar la protesta social legítima.

Futuro

Es probable que la política económica nacional siga presionando al dañado y vejado mundo indígena, principalmente a través de la actividad forestal, y con políticas sociales más orientadas hacia la asimilación que al reconocimiento sincero de su identidad y diversidad. Las plantaciones de pino y eucaliptos seguirán expandiéndose, debido a las enormes ganancias que producen y a la buena impresión que generan en los gobiernos, mientras que la incipiente experimentación en plantaciones forestales transgénicas tornará aún más rentable el rubro.

Esto puede tensionar aún más las difíciles relaciones entre organizaciones mapuche y las compañías forestales, principalmente por la resistencia mapuche y sus reiteradas denuncias respecto a los graves impactos ambientales, culturales y sociales que la actividad provoca en las comunidades colindantes; ante la sequía progresiva de los recursos hídricos, que se relaciona con la estrategia de monocultivo; contaminación de las aguas y las tierras por el uso indiscriminado de plaguicidas; pérdida de recursos naturales, como el bosque nativo con la consecuente desaparición de flora y fauna nativas; y las reiteradas demandas por la falta de tierra productiva. Todos son elementos integrantes de la situación de empobrecimiento de las condiciones de vida de esta población.

Pese al panorama desolador, hay algunas esperanzas, debido a que, poco a poco,  se está forjando un movimiento sociocultural y político a favor del reconocimiento cultural. Esto reafirmando la hipótesis de que la tensión y el interés que despertó el denominado conflicto mapuche no sólo es un problema de tierras y de pobreza, sino más bien de territorio, territorialidad y de autonomía. Por lo tanto, es equívoco creer que se trata de un tema que atañe sólo al mundo indígena, sabiendo que es una problemática entre dos naciones, dos sociedades distintas, dos mundos que mantienen una interacción constante pero desigual.

* Sociólogo, vive y trabaja en la IX Región de la Araucania. Realiza trabajos con municipios y fundaciones en el área de ruralidad y etnicidad.