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El presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar, informó ayer que las organizaciones agrarias del país están evaluando realizar un nuevo paro nacional agrario para la semana próxima, debido a que el Ejecutivo ha incumplido una serie de compromisos asumidos con el sector agrícola y por los cuestionamientos hacia la Ley de Recursos Hídricos, aprobada recientemente por el Congreso. “No hay una política agraria actualmente. Estamos en conversaciones con gremios como Conveagro y la Junta Nacional de Usuarios para ver si paramos el 15 y 16 de abril”, informó.

El dirigente señaló que el sector agrícola tiene temas pendientes de solución como el caso de la ley 28600, la ley que creó el Programa Nacional de Promoción a la Formalización del Comercio Algodonero, que indicaba que los productores de algodón de las variedades Tanguis, Pima, Supima, Del Cerro, Hazera y otras, iban a recibir S/. 8.00 por quintal de algodón rama hasta un máximo de 250 quintales por agricultor como incentivo, para la cosecha del 2005. Sin embargo, el presidente Alan García, en vez de acatar esta disposición, la derogó mediante el decreto legislativo 1077 y cambió el incentivo por el Programa de Compensaciones para la Competitividad, basado en capacitación técnica.

“Los gremios algodoneros de Pisco, Ica, Lambayeque, Trujillo y Piura están descontentos con esta situación porque ni siquiera se están cumpliendo esas compensaciones”, dijo.

www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/alistan-nuevo-paro-agrario_36562.html

Organizaciones indígenas de la amazonía peruana iniciaron sus movilizaciones en diversos lugares del país exigiendo la atención de una plataforma de lucha difundida el día de hoy en la que exigen el respeto a sus derechos colectivos y territoriales.

Las acciones fueron iniciadas por indígenas kichuas que desde el miércoles 8 de abril cerraron el paso por el río Napo-Curaray, en la región Iquitos, lo que  restringió el desplazamiento de las embarcaciones, en su mayoría pertenecientes a la empresa Pluspetrol, que cuenta con una plataforma en el lugar.

La Coordinadora Nacional de Radio informó hoy que indígenas de los pueblos awajun y wampis, de las provincias de Bagua y Condorcanqui, en la región Amazonas, iniciaron sus desplazamientos hacia la central hidroeléctrica de El Muyo, que abastece de energía a las provincias de Bagua, Utcubamba (Amazonas) y Jaén (Cajamarca).

Según reportó Carlos Flores, de Radio La Voz, los indígenas se dispondrían a bloquear la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del sector conocido como Puente Corral Quemado, en la provincia de Bagua.

Del mismo modo, otro importante contigente se estaría desplazando hacia las estaciones de bombeo de petróleo del Oleoducto Nor Peruano, incluyendo la refinería El Milagro, perteneciente a Petroperú, indicó Carlos Flores.

El corresponsal de Radio La Voz señaló que los indígenas de los valles de los ríos Cenepa, Marañón y Santiago, sumaran a la protesta nacional su rechazo a las concesiones mineras y petroleras que “ponen en grave riesgo la vida económica de sus comunidades”, afirmó.

La misma fuente señaló que un contingente de 300 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional arribó el martes a Bagua Grande y en la madrugada de hoy partieron a resguardar la infraestructura antes mencionada.

Cervando Puerta Peña, dirigente de la Organización Regional Aguaruna de San Ignacio (ORASI) denunció que el desplazamiento de efectivos demuestra que el gobierno “no tiene la intención de dialogar, sino que busca reprimir al pueblo”.

El dirigente awajun pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo y anunció que una cantidad numerosa de indígenas de los valles del Cenepa, Santiago, Imacita y Nieva se movilizan hacia Bagua chica, donde se concentrarán indígenas awajún y wampis, “para protestar de manera pacífica y sin violencia”.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) informó que desde las primeras horas del día de hoy indígenas Achuar tomaron el control de un sector del río Corrientes, en la provincia de Maynas, en la región Loreto, cerrando también el paso a las embarcaciones.

Por otra parte, el Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) anunció su adhesión a la protesta amazónica y la movilización de las comunidades indígenas cuyos territorios se ubican en la selva del Cusco, donde opera el megaproyecto gasífero Camisea.

Esta decisión coincide con la adoptada por la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes que ha comunicado su decisión de iniciar la movilización de sus bases a partir del lunes 13 de abril.

Una nota de prensa de la AIDESEP señala que ha recaído en la Junta Directiva nacional de esta organización la responsabilidad de representar a los pueblos indígenas de la amazonía peruana en este proceso de interlocución y negociación con el Estado peruano.

www.servindi.org/actualidad/10327#more-10327

Declaración Pública en Rechazo al proceso de Consulta Indígena

La Asociación Mapuche Fijke Mogen de Coj Coj (Chol Chol), organización constituida en el mes de julio de 2008, que agrupa a personas mapuche vinculadas a distintas actividades, declara su rechazo frente al proceso de Consulta desarrollado por Conadi. Esta consulta se refiere a la propuesta del Comisionado Presidencial Para Asuntos Indígenas que dice relación con la creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y la Elección de Representantes Indígenas en el Congreso Nacional y en los Consejos Regionales.


Como agrupación no compartimos ni la forma ni el contenido de lo que se plantea en el documento expuesto por Conadi para llevar a cabo el proceso de "Consulta a Pueblos Indígenas". De acuerdo a lo que ahí aparece, observamos que, mediante este apurado y burocrático procedimiento, sólo se pretende aplicar una encuesta a las comunidades y organizaciones mapuche sin considerar necesariamente la incorporación de sus planteamientos, más allá de aquellas que corresponden a expresiones de beneplácito y conformismo, capaces de adecuarse "en todo cuanto sea pertinente" a este procedimiento.


Por otro lado esta consulta está diseñada de acuerdo a los procedimientos y plazos impuestos unilateralmente por el gobierno de acuerdo a su "programa", lo cual transgrede las dinámicas propias de la sociedad mapuche y sus organizaciones. De esta forma la participación en una consulta de este tipo, aún siendo para expresar desacuerdos, implica validar un proceso que se opone a los planteamientos emanados desde el Movimiento y la sociedad Mapuche.


En cuanto al contenido de la propuesta consideramos absolutamente insuficiente y, hasta peligroso, que se considere la participación "indígena", en los términos planteados y se desconozca nuestra real e histórica demanda por el reconocimiento y respeto de Nuestros Derechos Políticos, Territoriales, Económicos, Sociales y Culturales.


En primer lugar, creemos que se debe considerar la realidad particular de cada pueblo originario en su relación con el Estado y no involucrar a todos bajo la misma denominación, puesto que, a pesar de la similitud en cuanto a nuestra condición de opresión colonial y la solidaridad mutua generada en torno a nuestras demandas, tenemos obvias diferencias en términos de territorio, población, organización social, estrategias, objetivos políticos, etc.


Por otro lado, cuando se plantea la participación de "indígenas" en la cámara de diputados y en el Core, se hace sin promover ni plantear cambios estructurales que apunten a superar nuestra situación de dependencia y sometimiento como Pueblo ante el Estado Nacional; incumpliendo lo que se estipula en el Convenio 169 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente en lo que dice relación con el reconocimiento de uno de los principales derechos contenidos en estos documentos, como es el derecho a la Libredeterminación. De esta forma, estimamos que, de llevarse adelante estas reformas propuestas por el ejecutivo, no se avanzará en el fortalecimiento, ni menos en la proyección de nuestras estructuras políticas autónomas; y, por el contrario, se potenciará la potestad de los partidos políticos y de sus "caudillos" de apellido indígena, quienes capitalizarán el eventual proceso para su propio beneficio.


En cuanto al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, éste no tiene equivalencia con ninguna de las propuestas emanadas desde el Movimiento Mapuche. A través de la historia reciente, se han planteado fórmulas concretas, como la que se expone en la Propuesta de la Coordinación de Organizaciones Mapuche elaborada en el Xawun de Kepe el año 2006, en la que se demanda el reconocimiento de un Parlamento Nacional Mapuche de carácter Autónomo, Territorial y Representativo, que tenga las atribuciones y los recursos para asumir decisiones que involucren aspectos esenciales para el futuro de nuestro Pueblo y que, de esta forma, se constituya en la contraparte política Mapuche frente al Estado. Siendo así, el Consejo de Pueblos Indígenas corresponde más bien a una estructura burocrático-administrativa, subordinada a las estructuras del Estado y también a merced de los partidos políticos y otras estructuras de la sociedad chilena. Al respecto cabe señalar que no existe congruencia por parte del gobierno al plantear fórmulas de "participación" como los cupos en la Cámara Baja, Core y el Consejo Nacional, que están expuestas muy por debajo de las mínimas aspiraciones políticas de nuestro pueblo, cuando ni siquiera se pretende discutir reformas estructurales, de tipo político, jurídico y económico, que pudiesen dar cabida a propuestas -como la que se menciona del Parlamento Nacional Mapuche- orientadas hacia el ejercicio de nuestro derecho al Autogobierno bajo el principio de la Libredeterminación.


Por estos motivos rechazamos participar en la encuesta diseñada para este proceso de "consulta" y consideramos que los temas relacionados con aspectos fundamentales que afectan el futuro de nuestro Pueblo, deben discutirse de acuerdo a nuestras propias definiciones respecto a la participación, a partir de lo que ya hemos elaborado como sociedad y como Movimiento, y considerando los procedimientos y compromisos como una política de Estado, no supeditado a la voluntad, las pretensiones o los plazos de un gobierno de turno.

 


Asociación Mapuche Fijke Mogen


Temuko - Coj Coj, Wajmapu.


Febrero de 2009

www.mapuexpress.net/?act=news&id=3725&PHPSESSID=d0d818855bbefa7c696d0245e4f69252

Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP):

Opinó que el plan anticrisis del gobierno no considera un plan integral de lucha contra la pobreza, sino tan sólo de una "medida para manejar los problemas de pobreza en las zonas urbanas".

Recordó que el sector rural será de los más afectados debido a la bajada de los precios de los productos agrícolas, la disminución de exportaciones y la crisis de la empresa textil alpaquera, entre otros factores de vulnerabilidad que deben ser evaluados en las regiones.

" La orientación rural de los programas sociales está justificada  porque los problemas estructurales están en las zonas rurales, que serán además las primeras en perder  servicios en el actual escenario de crisis potencial",  recordó.

De los S/.10 mil millones del Plan Anticrisis, el Ejecutivo reservó un fondo de contingencia de 1,000 millones para reforzar programas sociales rurales. "Lo que debe hacerse ...es empezar a hacer la asignación de recursos de contingencia, tras un debate entre los sectores implicados en la lucha contra la pobreza", consideró.

Datos: para afrontar la crisis en el sector rural se diseñaron 9 programas estratégicos con un presupuesto de 6,600 millones de soles, según informa la MCLCP. 

En 2008 se implementaron ya cinco de estos 9 programas, destinados a nutrición y salud materna, aprendizaje, acceso a la identidad y a servicios básicos. 

Quedan todavía por ejecutarse 4 programas de los presupuestados, que apuestan por mejorar las infraestructuras rurales (electrificación, telecomunicaciones, saneamiento básico y gestión ambiental).

Fuentes : La Republica.pe
 

 

www.cepes.org.pe/prueba_site.shtml?apc=cepes~U~-~1-&x=82457&cmd[327]=i-327-1bf2a5a7835e8b2199698e1f856fd8ee&s=Q

 
Montevideo, 22 de diciembre de 2008

El día 12 de diciembre pasado, integrantes de organizaciones sociales, ambientales, productores rurales y ciudadanos de distintas zonas del país afectadas por plantaciones forestales, se reunieron en Montevideo para intercambiar experiencias y denunciar la acumulación de impactos socio-ambientales que genera el modelo forestal agroindustrial.

Los temas vinculados a la concentración y extranjerización de la tierra, las dificultades que enfrentan la pequeña y mediana producción rural así como el acceso a la tierra y la pérdida de fuentes de agua fueron centrales en el debate.

En relación a la tierra, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, los participantes de la reunión manifestaron la urgencia de frenar el avance del actual proceso de concentración y extranjerización, del cual la expansión del sector forestal es uno de sus principales responsables. En tal sentido, como una de las alternativas de lucha se manifestó el apoyo a la Iniciativa de Reforma Constitucional que plantea que la propiedad inmueble rural podrá adquirirse por personas jurídicas estatales o por ciudadanos naturales o legales, estableciendo la ley el máximo que podrá adquirir cada ciudadano. En tanto, y a los efectos de promover una acción inmediata frente a esta problemática, se manifiesta el apoyo al Proyecto de Ley que fuera recientemente presentado por la Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas, a los parlamentarios de todas las bancadas, para declarar la moratoria a la venta de tierra a extranjeros no residentes (sea persona física o jurídica), y a los nuevos emprendimientos forestales, con vigencia hasta el 25 de octubre de 2009.

Considerando que se ha ingresado en un proceso de cambio climático donde la sequía pasa a formar parte de la dinámica ambiental de la región, se denunció que la forestación agudiza la vulnerabilidad a la misma afectando gravemente los pozos comunes, artesianos y otras fuentes de agua que son alimentadas por las capas freáticas, y compromete la continuidad de los cursos de ríos, arroyos y cañadas. Como consecuencia inmediata, impacta negativamente en la población y la producción rural.

Por otra parte, en compás con las "políticas de buen relacionamiento con la sociedad" que promueven las empresas forestales y celulósicas, el gobierno habla del "silvopastoreo" como el modelo de integración de "la vaca y el árbol". Pero el modelo de monocultivo a gran escala que aplican las empresas forestales en el campo uruguayo es un modelo que ha comprobado acelerar la exclusión rural. Por lo tanto, el silvopastoreo, además de ser una etiqueta vacía y una forma de continuar la actividad y expansión forestal, es una estrategia para ocultar la pérdida de soberanía alimentaria que se encuentra asociada a la falta de políticas responsables para atenuar el éxodo rural.

Entre las denuncias presentadas por productores rurales participantes de la reunión se señaló que la escasez de pastos en calidad y cantidad suficiente en la plantación no asegura el engorde del ganado, con lo cual la plantación se utiliza prácticamente "como galpón". Otras de las denuncias realizadas se refirieron al aumento del precio de la renta para el silvopastoreo, transformándose en un elemento que se suma a la exclusión ya mencionada, atentando contra la rentabilidad ganadera. Finalmente se señaló que la dificultad de arrear el ganado que tiende a esconderse en la forestación obstaculiza el cumplimiento de los programas sanitarios previstos por exigencia nacional e internacional, en especial la vacunación contra la aftosa.

Apenas tres empresas transnacionales (Botnia, Ence y Weyerhaeuser) son dueñas de al menos 520.000 hectáreas de tierras, de las que han desplazado a pequeños productores rurales y productores familiares lesionando gravemente la identidad cultural y territorial. Los volúmenes comprometidos de empleo no se cumplen, mientras el desenfrenado proceso tecnológico compromete aún más la continuidad de los actuales. Río Negro constituye un caso emblemático de la mentira del modelo forestal celulósico: con una enorme masa forestal y una fábrica de celulosa de última generación, es el departamento que registra el mayor nivel de desempleo del país.

Las empresas forestales ponen en jaque la posibilidad de alcanzar un Uruguay productivo con justicia social, donde la tierra y el agua sean elementos centrales de la soberanía territorial y alimentaria. Bajo la lógica de la máxima ganancia, cada hectárea de tierra y cada arroyo que pasa a manos de las forestales va en detrimento de nuestra soberanía alimentaria.

Existe profusa documentación de los impactos de las plantaciones forestales sobre el agua, el suelo, la vegetación, la fauna, la familia rural y el empleo -falta de agua, plagas de jabalíes y zorros, desaparición de la identidad del lugar, precarización del trabajo. A eso se agrega que este modelo productivo trae aparejado el uso de agrotóxicos en toda la cadena productiva, agravando aun más los impactos.

Es necesario arrancar el velo de la mentira: lejos estamos del Uruguay natural. Nuestro país se encuentra a esta altura en un proceso de degradación socio-ambiental progresivo fruto esencialmente de la falta de voluntad política para implementar un modelo productivo incluyente y participativo y con bases en una visión diferente de uso y conservación sostenible de los distintos bienes y servicios de nuestro ambiente.

Conforme avanza el modelo forestal aumentan sus impactos, pero también crece la conciencia ciudadana sobre los mismos, que liberándose del chantaje del empleo y el desarrollo se suma a la resistencia en sus diversas formas.

Los participantes de la reunión hacen un llamado urgente a suspender la forestación y exhortan a que el problema de la tierra, su tenencia y la producción familiar ocupe un lugar central en las agendas de todos los partidos políticos. www.ecoportal.net

Firman:

- Alicia Borges, Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas
- Alvaro Moraes, CAxTierra
- Ana Domínguez, Programa Uruguay Sustentable e Investigadora de la Facultad de Ciencias
- Ana María Janavel, pequeña productora rural
- Carlos Céspedes, Doctor en Ciencias Agronómicas
- Carlos Perez Arrarte, CIEDUR
- Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
- Daniel Campanella, MADUR y Grupo de productores y vecinos de Libertad
- Delia Villalba, ambientalista de Fray Bentos
- Diego Henderson, productor rural, integrante del Movimiento Nacional en defensa de la Tierra e integrante de la Asociación Nacional de Colonos
- Elizabeth Díaz, Grupo Guayubira
- Guillermo Macció, productor rural, Sociedad Ecológica San Gabriel
- Gustavo Piñeiro, Licenciado Geólogo
- Jorge Rochón, Asociación Agropecuaria de Tarariras
- José Luis Protti Rey, Técnico en Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
- Juan Carlos Borgogno, Uruguay Natural Multiproductivo (UNAMU)
- Julio Castillo, Intersocial Salinas
- Lilián Martínez, MADUR y Grupo de productores y vecinos de Libertad
- Luis Alberto Facchin, pequeño productor rural
- Marcel Achkar, Programa Uruguay Sustentable e Investigador de la Facultad de Ciencias
- Marcelo Racchetti, Ingeniero Agrónomo, Unión de Vecinos Puerto La Paloma
- María Isabel Cárcamo, RAPAL-Uruguay
- María Panzacchi, Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas
- María Selva Ortiz, REDES/Amigos de la Tierra-Uruguay
- Mónica Litovsky, Grupo Guayubira
- Néstor Perdomo, CAxTierra
- Oscar Galli, REDES/Amigos de la Tierra-Uruguay
- Oscar Oudry, Centro Emmanuel
- Pablo Martínez, Movimiento de chacreros del ejido de Mercedes
- Raquel Núñez, Grupo Guayubira
- Ricardo Carrere, WRM
- Ricardo Rodríguez, Biólogo
- Teresa Pérez, WRM
- Washington Lockhart, Movimiento de chacreros del ejido de Mercedes
- Wladimir Sawchuk, Movimiento por la Tierra
 
 

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