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- Escrito por El Comercio
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La propuesta de limitar la tenencia de tierras en el agro a 500 hectáreas, como extensión máxima para los nuevos agricultores, cada día toma fuerza. Esa es una de las propuestas que elabora el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap) en su proyecto de Reforma Agraria y que mantiene muchas diferencias con el que presentó a la Asamblea el Sistema de Inves-tigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (Sipae).
Rafael Guerrero, subsecretario del Litoral del Magap, dijo que no se pondrán límites a la propiedad de la tierra que ya existe, pero sí a las que se van a crear en el futuro. "Si alguien posee una hacienda que tiene 1 500 hectáreas, nadie se va a oponer a que la siga teniendo, siempre y cuando estén cultivadas. Lo que sí se va a limitar es la propiedad en el futuro".
Eso también se ampliará a industrias que tienen grandes extensiones, como los ingenios azucareros, que poseen más de 2 500 hectáreas. Es decir, que podrán seguir con sus cultivos pero ya no crecerán más.
La propuesta del Sipae era fijar un límite de 500 hectáreas y que el excedente sea expropiado por el Estado. Además, que los extranjeros solo pueden tener hasta 300 hectáreas.
El lunes pasado los productores de banano, mango, arroz, camarón, maíz y otros cultivos se reunieron para rechazar el nuevo proyecto, que limita las extensiones. Pero el ministro de Agricultura, Ramón Espinel, señaló hace tres días que todavía no hay una Ley de Tierras sino que son propuestas que buscan redistribuir el suelo agrícola. "Hay que tener en cuenta de que estamos en un debate sobre los modelos de desarrollo de la tierra".
Guerrero sostuvo que la idea es evitar que se destruyan los ecosistemas porque las grandes propiedades se transforman en monocultivos y afectan a la biodiversidad. "Hay que crear una agricultura de pequeños y medianos productores, que conserve la biodiversidad y sea competitiva".
El Magap espera presentar su proyecto la próxima semana a los representantes del agro para analizarlos y buscar consensos.
Paúl Olsen, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, contó que no se debe poner límite a la propiedad agrícola, ya que no hay grandes extensiones como en otros países, que llegan hasta 200 000 hectáreas por persona. "Aquí la tierra está muy bien distribuida y es un ejemplo para América".
Según Olsen, hay muchas hectáreas que no están cultivadas y en poder del Estado. "Esas son las tierras que deberían distribuir y venderlas a precios justos".
Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) suman una superficie de 12,4 millones de hectáreas de las cuales 1,4 millones pertenecen a cultivos permanentes y 1,2 millones a transitorios. El resto de la superficie se distribuye en tierras para pastos, páramos y otros.
Pero para Guerrero existe una concentración de tierras en pocos productores. "Entre el 80 % y 85% de los productores tienen menos de 25 hectáreas. Eso demuestra que hay un alta concentración que se debe corregir".
Más cifras
- En el censo agropecuario se registra una superficie de 12,4 millones de hectáreas. El 39% de la tierra está concentrada en productores que tienen menos de 50 hectáreas.
- Los tenedores de propiedades agrícolas suman 842 882 personas, de las cuales 696 746 tienen menos de 20 hectáreas.
- Los productores que tienen más de 200 hectáreas acumulan una extensión de 3,6 millones, que representan el 29% del total.
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- Escrito por DESCO
- Categoría: Ecuador
Tras quince días de paro, el conflicto de La Convención encontró una salida negociada ante la insistencia de distintos sectores de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que alertaban la posibilidad de un desenlace violento dada la intransigencia del Ejecutivo y las obstaculizaciones promovidas por los núcleos más duros dentro de la protesta. La paralización fue suspendida al aceptarse las demandas centrales de la población: para empezar, la reserva de Megantoni no será afectada por las tuberías del transporte de gas, que tendrán otro recorrido; se construirá una planta de procesamiento en Kepashiato y, lo más importante, se estableció que las reservas gasíferas del lote 88 se dedicarán íntegramente a atender el mercado interno, además de acordarse que el precio del balón de gas en La Convención, será equivalente al de Lima, corrigiéndose una situación paradójica y abusiva por la que en esa provincia se pagaba hasta el doble del precio de la capital.
La pregunta de fondo, sin embargo, es si los acuerdos logrados suponen el final del conflicto, como todos queremos o son sólo un paréntesis. La respuesta no es fácil, máxime si observamos el comportamiento del gobierno post conflicto de Bagua y su resistencia a cumplir cabalmente con lo establecido por las partes en aquella ocasión.
Que el gobierno no esté dispuesto a negociar disputas y diferencias que cuestionan el corazón del modelo económico y evidencian sus grandes contradicciones y arbitrariedades, resulta hasta comprensible, como lo resulta también su reiterada incapacidad para prevenir muchos de estos conflictos. Lo que aparece incomprensible es la persistencia por volver a la postura original que se encontraba a la base del conflicto, como lo muestra el caso de Bagua, ahora que el propio Presidente ha observado la ley de consulta y simultáneamente impulsar una ley forestal que nuevamente afecta a las poblaciones indígenas.
¿Ocurrirá lo mismo con el caso de La Convención y el gas? Difícil saberlo. El tema es complejo, porque el gobierno ya tiene comprometida la exportación de casi la mitad de las reservas del lote 88, por lo que cumplir su palabra implica revisar el contrato con la empresa, con lo que se abre un flanco para la discusión más amplia sobre el tema del gas. Adicionalmente, eso debilita el blindaje legal que con tanta laboriosidad se ha construido y argumentado para proteger los distintos contratos que atentan groseramente contra el interés nacional.
En esta situación, es interesante preguntarse qué fue lo que llevó al gobierno a retroceder de su posición inicial. Ciertamente la fuerza y la duración de la protesta fueron elementos importantes; el pronunciamiento de distintos sectores exigiendo diálogo, también. Sin embargo, creemos que el factor que aceleró su decisión fue la difusión y rápida multiplicación de imágenes en las que pobladores y amas de casa de La Convención denunciaban el escandaloso precio del cilindro de gas. Al mostrar la desprotección de los usuarios locales de gas doméstico, esas imágenes podían cambiar el sentido de la opinión pública sobre un conflicto que aparecía como focalizado y abstracto, pero que en su interior movilizaba un tema clave: la manera en la que en los últimos años estamos hipotecando nuestros recursos extractivos.
Así las cosas, creemos que frente al conflicto de la provincia cusqueña, el gobierno ha actuado pragmáticamente. Ha asumido compromisos que niegan su acción a lo largo de su gestión y que escapan del fundamentalismo de su «pensamiento perro del hortelano», seguros que lograrán transferirle al próximo gobierno el problema mayor, que es la exportación del gas y el abastecimiento del mercado interno. Lo hicieron por necesidad, pero quizá también por temor a la posibilidad de que el sentido común empate con un discurso sobre el interés nacional, un discurso que aluda a elementos democráticos e incluyentes. Lástima que por el momento un discurso de estas características es más un deseo que una realidad.
desco Opina / 20 de agosto de 2010
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- Escrito por ABC Digital
- Categoría: Venezuela
ESPECIALISTA SOSTIENE QUE AGRICULTORES DEBEN ACCEDER A LA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA
La Biotecnología es un poderoso instrumento para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, dijo el doctor Andrea Sonnino, oficial superior de investigación agrícola del Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la FAO.
En un reciente y fugaz paso por nuestro país, el experto del Departamento de Gestión de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Andrea Sonnino, ofreció una conferencia magistral sobre "Biotecnología".
En un momento en que en Paraguay se debate profundamente sobre la importancia de la biotecnología y existen grandes diferencias entre las posiciones del sector productivo y algunas autoridades del Gobierno, el experto de la FAO, realiza una serie de comentarios a favor del uso de la tecnología en la agricultura, fundamentalmente para asegurar la producción de alimentos en el mundo.
Primeramente Sonnino se refirió a la seguridad alimentaria, presentando datos y estadísticas que indican que la producción de alimentos ha aumentado sustancialmente en los últimos años, aunque aún existen todavía millones de personas que sufren el flagelo del hambre y sus consecuencias en diversas partes del mundo.
Demanda de alimentos
Asimismo, la demanda de alimentos sube como consecuencia del aumento de la población mundial y del incremento del consumo de alimentos por persona, notándose un cambio hacia la demanda de dietas más nutritivas y balanceadas, sostuvo el especialista de la FAO.
Se preguntó, ¿cuánto debe aumentar la producción de alimentos? "Hasta el año 2050, la producción de alimentos debe aumentar en un 70%, lo que significa alrededor de 1.000 millones de toneladas de cereales más y unas 200 millones de toneladas de carne más a fin de satisfacer la demanda.
Recursos naturales y pobreza
Al mismo tiempo -dijo-, se debe enfrentar la erosión de los recursos naturales. "Debemos adaptarnos al cambio climático y contribuir a su mitigación, se debe incrementar el nivel de vida de los pequeños productores y reducir la pobreza", expresó Sonnino durante su conferencia.
El experto fue optimista al resaltar que este resultado es factible de conseguir "mejorando los rendimientos agrícolas, a través del desarrollo de nuevas tecnologías y del acceso de los agricultores a estas tecnologías".
Fue claro al señalar que los avances tecnológicos pueden contribuir al mejoramiento sostenible de la disponibilidad y el acceso a los alimentos, reduciendo los precios de los mismos y mejorando los ingresos de los agricultores.
En tal sentido, manifestó que la biotecnología es un instrumento poderoso cuando está integrado debidamente con otras tecnologías y cuando es utilizada para resolver los problemas de los pequeños productores. También cuando contribuye a aumentar la seguridad alimentaria y en todos los casos, debe estar apoyado en un correcto plan de bioseguridad, resaltó.
Aseguró que la biotecnología brinda beneficios económicos como la reducción de costos a los productores y que también beneficia al medio ambiente y a la salud humana, aunque destacó las complejidades que presenta, al requerir sistemas regulatorios laberínticos y técnicas de producción exigentes, en algunos casos.
El doctor Sonnino hizo mención que el 96% de la inversión en I&D (investigación y desarrollo) es realizada por empresas privadas, aunque se ha constatado el aumento de la inversión pública en el área, destacándose China e India en estos campos. Ambos países ya han liberado eventos biotecnológicos propios en los últimos años con notable éxito y un gran desarrollo en la agricultura, manifestó el doctor Andrea Sonnino.
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- Escrito por El Universal
- Categoría: Perú
Adonay Ochoa, coordinador de la Mesa Agroalimentaria y Desarrollo Rural de la Unidad Democrática, manifestó que con la reforma que la Asamblea Nacional (AN) aplicó a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se ha puesto en práctica una medida de prohibición de enajenar y gravar, sobre todos los terrenos y bienes en el sector rural, creando de esta manera un "corralito inmobiliario".
Explicó que para que los productores puedan disponer de sus bienes, los campesinos y productores deberán presentar en los registros y notarías una autorización del Instituto nacional de Tierras (INTI). "Esto tendrá como consecuencia inmediata una contracción de los flujos financieros que requiere el sector y por ende una caída más pronunciada de la producción", indicó Ochoa en nota de prensa.
Agregó que mediante la aplicación de la Ley de Tierras el Ministerio de Agricultura ha modificado de forma negativa el régimen socioeconómico en el medio rural, creando un cuadro de inseguridad jurídica al violar los artículos del 305 al 308 de la Constitución.
Aseguró que el Gobierno miente cuando señala que en 10 años la agricultura ha crecido más de 40%.
"Lo que ha crecido en este gobierno es la agricultura de puertos y por eso somos 424 % más dependientes de las importaciones. Mientras las importaciones aumentan, el Producto Interno Bruto Agrícola (PIB) tiene un decrecimiento de 4,5%", dijo.
Foto: www.infoagronomo.com
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- Escrito por Servindi
- Categoría: Ecuador
Inundaciones, desplazamientos, deforestación, pérdida de biodiversidad, modificación del régimen hídrico son algunas de las consecuencias que acarreará la construcción de hidroeléctricas en la amazonía.
Así lo advierte una infografia presentada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), desarrollada a raíz del Acuerdo de Integración Energética entre Perú y Brasil. (Descargar Infografía con un clic en este enlace).
Las inundaciones desplazarán decenas de miles de personas y se prevé la deforestación de más de millón y medio de hectáreas causadas por las represas, centrales, líneas de transmisión, carreteras y por inmigración de nuevos colonos.
Las inundaciones y la deforestación causarán emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y pérdida de biodiversidad.
Asimismo, se modificará el régimen hídrico lo que causará pérdida de peces que sirven para el sustento de la población local.
En la infografía también se destacan una serie de propuestas que deberían ser asumidas en el marco de este acuerdo y alternativas a centrales hidroeléctricas en la Amazonía.
El material ha sido elaborado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), World Wide Fund for Nature (WWF), Servicios Educativos Rurales (SER), ProNaturaleza y Central Asháninka Río Ene (CARE).
