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El presidente Fernando Lugo "no cumple su promesa de realizar la reforma agraria", dijo el líder campesino Odilón Espínola el jueves durante una manifestación de labriegos en esta capital y luego de reunirse con el mandatario.

La Federación Nacional Campesina (FNC), se manifestó en una plaza de Asunción por décimoséptimo año consecutivo. En sus filas militan agricultores de todas las fuerzas políticas, es la segunda más grande del país detrás de la izquierdista Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC).

La manifestación de unas cinco mil personas fue pacífica, según reportes de las autoridades policiales.

La mayoría de los campesinos es propietaria de pequeñas parcelas de hasta 10 hectáreas dedicadas al cultivo prioritariamente de algodón y sésamo pero según Marcial Gómez, otro de sus dirigentes, "tenemos nuevos miembros necesitados de tierra para subsistir".

Espínola fue recibido por Lugo en el palacio de Gobierno el jueves temprano antes de la manifestación y al término del encuentro comentó: "el Presidente no tiene novedades, dice el mismo discurso y no cumple su promesa de realizar la reforma agraria".

"En nuestras zonas (centro y norte del país) existen asentamientos (pequeñas comunidades) de compañeros sin los servicios básicos como agua potable, electricidad, centro de salud y escuelas que deberían acompañar al programa de reforma agraria", se quejó.

Para Espínola, desde 1989 cuando fue derrocada la dictadura del general Alfredo Stroessner que había gobernado con mano de hierro desde 1954, "ningún gobierno en los sucesivos años pudo responder a las necesidades del campesino pobre".

Recientemente, ante el fracaso de su promesa electoral de otorgar tierras a los paraguayos pobres ante la falta de dinero para comprar terrenos privados, Lugo resolvió lanzar un nuevo modelo direccionando los proyectos de los ministerios hacia los sectores rurales desprotegidos.

"Ese programa no sirve, será otro fracaso", expresó Espínola, argumentando que Lugo "no contempla la creación de ningún pueblo o comunidad para ubicar a los más necesitados".

Advirtió que "seguiremos bloqueando rutas nacionales y realizando manifestaciones para reclamar la asistencia del estado; estas son las únicas herramientas que tenemos para que las autoridades escuchen nuestros reclamos".

La directora del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), Elva Terceros, informó el miércoles que se inició la capacitación a investigadores del país para la elaboración de proyectos en agricultura, que serán presentados al Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), para acceder a créditos de inversión para la región.

La capacitación se realiza en la estación experimental de la localidad de Toralapa, en la provincia Tiraque, a 71 kilómetros la ciudad de Cochabamba, explicó

"Con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura es que estamos haciendo un curso para investigadores bolivianos de diferentes instituciones para poder elaborar proyectos que nos permitan postular y acceder a esos fondos", dijo a la ABI.

Argumentó que la capacitación se ejecuta tras una convocatoria lanzada por FONTAGRO en todos los países de Latinoamérica, sobre todo para los países más pobres, entre ellos Bolivia.

Los proyectos deben estar dirigidos a la pequeña agricultura, para hacer frente al cambio climático.

Precisó que el organismo multilateral tiene un fondo de alrededor 60 millones de dólares, aportado por 14 países latinoamericanos.

Explicó que las propuestas deben ser presentadas por los países y que buscan también los créditos Paraguay, Uruguay, Chile y Nicaragua.

"Entonces con ese fin se está haciendo un curso también acá teórico y práctico, para ganar esta convocatoria", agregó.

El Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria es un consorcio que tiene como misión fomentar la competitividad, la gestión sustentable de los recursos naturales y la reducción de la pobreza en el sector rural de las Américas, a través del financiamiento de proyectos que ayuden a crear y diseminar información científica.

 

El Estado contra el Estado. Sólo en el Perú suceden estas cosas. El Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, que se cree amo y señor del país, pretende desautorizar una decisión del Tribunal Constitucional.

El Perú debe recordar que durante el año 2009, los Gremios y Organizaciones Agrarias de CONVEAGRO desplegaron, como es de conocimiento público, una intensa lucha por la restitución de los aranceles aplicados a los productos agropecuarios. El MEF, hizo oídos sordos a nuestra demanda. Con esa desventaja, entregada unilateralmente por el Perú, nuestro país negoció los acuerdos comerciales que hoy tiene que enfrentar el Agro Nacional sin la debida preparación a través de una Agenda Interna reclamada hasta el cansancio.

Hoy, cuando sectores proclives a los TLC reclaman lo que el agro viene haciendo durante tantos años, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado por la restitución de aranceles para el cemento, haciendo que el MEF amenace con acudir a instancias supranacionales, para defender su obtusa posición.

La agricultura nacional en pleno, reitera su pedido de restitución de aranceles, como mecanismo justo y necesario para la defensa de la producción nacional afectada por las importaciones subsidiadas y competencia desleal. Los precios internacionales de los productos sensibles han caído o se mantienen estables, sin embargo el MEF, abusivamente, mantiene eliminados los aranceles a pesar que el pretexto de la eliminación arancelaria ya no existe.

Se debe calcular cuánto ha dejado de cobrar el erario nacional por este concepto de rebaja de aranceles agropecuarios y quiénes se han beneficiado con las ganancias.

De otro lado, el Gobierno a través del MEF, viene reiterando su abusiva posición antiagraria trabando la "viabilización" de la Ley PREDA. El Decreto de Urgencia 009 lo obliga a transferir 50 millones de soles al Agrobanco para que pueda salvar a miles de pequeños productores que siguen sufriendo el acoso judicial de la banca con la amenaza permanente, hasta ahora, de rematarle sus tierras y el MEF se mantiene con los ojos cerrados y los oídos sordos.

El Agro, declarado en emergencia, exige al gobierno para que a través del MINAG revise, de manera urgente, la viabilidad del Seguro Agrario Catastrófico, debido al dudoso comportamiento de las empresas aseguradoras. En el Cusco, donde las lluvias e inundaciones dejaron miles de hectáreas de cultivo destruidas, las compañías de seguro siguen "evaluando" a qué productor calificar como damnificado para socorrerlo con 400 soles por hectárea. Es un acto inhumano e irracional, pues la infraestructura productiva ha sido severamente dañada y los agricultores cusqueños no merecen este trato.

Lima, 19 de marzo 2010.

Federico León y León                                  Jorge Prado Sumari

Presidente                                           Secretario

El Gobierno peruano promulgó ayer martes la ley de recursos hídricos que le da prioridad de uso a la actividad agraria y que establece que "no existe propiedad privada" sobre el vital recurso, informó la Presidencia.

La ley, que había sido rechazada por agricultores en violentas protestas ante temores de privatización del agua destinada al riego, fue elaborada con aportes y en consenso con la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego y el gremio exportador peruano Adex.

"Esta ley marca la seguridad y devuelve la confianza al mundo agrario", dijo el presidente peruano, Alan García, tras firmar la ley en Palacio de Gobierno ante cientos de campesinos y gremios agrícolas del país.

"El agua para fines agrícolas tiene la prioridad en el uso productivo de las aguas; importante la minería, importante la industria naturalmente; pero hablando de agua será prioridad para los campesinos y la agricultura, ese es nuestro compromiso", afirmó García.

La norma designó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para ejercer la administración exclusiva de las aguas, organismo que además buscará recuperar la calidad de las aguas y fiscalizará si es contaminada.

A inicios del 2008, agricultores de todo el país marcharon por las calles y bloquearon carreteras del norte y sur peruano en protesta de la ley de aguas que según ellos, afectaría el libre uso del recurso para el campo.

Pero luego los campesinos de la Junta de Riego, Gobiernos regionales, gremios industriales y mineros, así como autoridades y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la gestión del Agua aportaron para elaborar la norma, que fue difundida en talleres comunitarios.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reafirmó el apoyo al Paraguay a través de una línea de crédito de hasta US$ 1.000 millones, para el periodo 2009-2013, orientado a brindar asistencia técnica y financiamiento en áreas de infraestructura como transporte, energía, agua y saneamiento, agricultura, biocombustible y también para paliar los efectos del cambio climático, según un reporte de prensa del Ministerio de Hacienda.
Autoridades del BID entregaron ayer al ministro de Hacienda, Dionisio Borda, la Estrategia de País 2009-2013 del banco con Paraguay, documento que contiene los acuerdos, entre las autoridades nacionales y el organismo, que sirven como guía del apoyo de la entidad multilateral a nuestro país, durante la administración del presidente Fernando Lugo.

Asimismo, el documento pone énfasis en el área social, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Para el efecto, el organismo prevé poner a disposición de las necesidades del país un total de 1.000 millones de dólares, para los cinco años del Gobierno actual, a través de programas de préstamos y cooperación técnica no reembolsable del BID para las áreas prioritarias fijadas en la Estrategia.

Esta Estrategia está basada en el Plan Estratégico Económico y Social (2003-2013) y fue elaborada en permanente consulta con las autoridades y los técnicos del Ministerio de Hacienda, además de los estudios técnicos sectoriales realizados por el Banco. Por tanto, refleja el diálogo institucional del Gobierno y el mismo contiene las áreas prioritarias de proyectos y cooperaciones técnicas del sector público y también del sector privado. El documento reafirma el compromiso del BID con Paraguay para apoyar su proceso de desarrollo económico, orientado hacia las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Económico y Social (PEES) del Gobierno.