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Qué pasa

Organizaciones campesinas y de derechos humanos alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación del derecho a la alimentación adecuada en la región, el impacto de los modelos de desarrollo, los problemas derivados de las normas que regulan el uso de las semillas y el rol de la justicia en estos temas.

“En una audiencia del año pasado presentamos junto al CELS la ‘Situación de los derechos económicos sociales y culturales de las campesinas y campesinos en América Latina y el Caribe’, dijo a Télam el mendocino Diego Montón de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina).

Resaltó que la idea “es colocar en el centro el rol de las corporaciones en la violación de los derechos campesinos y que las mismas se dan en el marco de la ofensiva de las trasnacionales sobre la agricultura en America Latina”.

“En una audiencia del año pasado presentamos junto al CELS la ‘Situación de los derechos económicos sociales y culturales de las campesinas y campesinos en América Latina y el Caribe’, dijo a Télam el mendocino Diego Montón de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina).

La instancia, que se realizó los días 3 y 4 de noviembre enmarcada en la celebración del Año Internacional de la Agricultura Familiar, fue organizada por la Cepal, la FAO, el IICA, el CIRAD y el Gobierno de Chile, y contó además con el apoyo del FIDA, quienes han hecho especial énfasis en esa temática a lo largo de este 2014.

“El Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 es una iniciativa promovida por el Foro Rural Mundial y respaldada por más de 360 organizaciones civiles y campesinas de todos los continentes. Su celebración a nivel mundial, declarada por la Asamblea General de la ONU, pretende convertirse en una herramienta para la promoción de políticas activas a favor del desarrollo sostenible de los sistemas agrarios basados en la unidad familiar campesina, comunal, indígena, cooperativa y pesquera”, señala la convocatoria del evento, que busca reunir una amplia gama de actores y expertos relacionados con esta área como autoridades públicas, políticos, formuladores de políticas, académicos, movimientos sociales y otras organizaciones.

Las concesiones a la minería, petróleo, gas y madera chocan con los pueblos indígenas.

Más del 40% de la superficie de Perú se destina a concesiones para minería, petróleo, gas y madera, según un informe presentado la semana pasada. La investigación revela que más del 93% de los territorios adjudicados para explotación en ocho países propensos a recibir inversión están habitados por pueblos indígenas y comunidades locales. En Perú, este porcentaje es del 96% dentro de la superficie explotada. Los autores alertan de que “la inseguridad en la tenencia de la tierra es una amenaza para las poblaciones, pero también para la estabilidad de las inversiones de las empresas”. El estudio fue dado a conocer en la conferencia Inversiones, comunidades y cambio climático: riesgos y oportunidades, con vistas a la Cumbre de Cambio Climático COP 20, que tendrá lugar el próximo diciembre en Lima.

La organización internacional Oxfam, en un evento organizado en cooperación con las dos organizaciones más representativas del movimiento campesino, Dignidades Campesinas y la Cumbre Agraria, manifestó serias objeción al nuevo proyecto de reforma rural presentado por el Gobierno.

De acuerdo con Oxfam, el proyecto de ley 133 permitiría la legalización de los baldíos adquiridos de manera irregular en los territorios que se definan como Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico - Zidres, lo que conducirá a la concentración de tierras en poder de grandes empresarios nacionales y extranjeros.

En los documentos dados a conocer por estas dos organizaciones, se evidencia que este proyecto de ley pretende que los empresarios gestores de los proyectos aprobados en el marco de las Zidres sean exentos de la ley 160 de 1994 que prohíbe la concentración de tierras.

Juan Manuel Ospina exdirector del Incoder y Santiago Tobón, asesor del Minagricultura abordan el tema

Santiago Tobón es un economista que ha dedicado su vida al tema agrario como funcionario y como consultor. Juan Manuel Ospina es también un experto en asuntos rurales que hasta el año pasado fue director del Incoder desde donde se retiró por diferencias de fondo con el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo. En el Dialogo de las dos orillas abordan el tema de la tierra, el desarrollo rural y los Acuerdos de La Habana.

Juan Manuel Ospina: El tema del desarrollo rural y una política de tierras están indisolublemente ligados. Empecemos entonces por hablar de la tierra.

Santiago Tobón: Para atacar frontalmente la pobreza en el país, hay que enfrentar  prioritariamente la rural,  donde esta la pobreza más enquistada, la más persistente. Existe una relación entre pobreza rural,  tenencia  y uso de la tierra que es muy fuerte.

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