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Qué pasa

Este viernes 14 de noviembre organizaciones inician una nueva etapa de la campaña internacional “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro”, que exige al Presidente Horacio Cartes la entrega de tierras a las familias campesinas afectadas por la Masacre del 15 de junio de 2012.Con la consigna “la ciudadanía hizo su parte”, la organización internacional Oxfam, la Articulación Curuguaty y las comisiones Sin Tierra y de Familiares y Víctimas de Curuguaty, presentarán los resultados de 6 meses de campaña, incluyendo la cantidad final de firmas adherentes.En apoyo a la petición de tierra para las familias campesinas afectadas por la Masacre de Curuguaty, “Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro” sumó miles de firmas provenientes de 60 países diferentes, que serán representados por un mapamundi de solidaridad.
 
A partir del viernes 14, las organizaciones iniciarán un conteo público de horas y días, vigilando cuánto tiempo demora el Estado en dar una solución integral al caso de acaparamiento de tierra en esta zona del país.

Los pueblos indígenas de la cuenca amazónica revelan en paneles publicitarios de Lima sus claves para combatir los rigores y efectos del cambio climático antes de la vigésima cumbre mundial sobre el clima de la Conferencia de las Partes (COP20, por sus siglas en inglés), a celebrarse en la capital de Perú del a 1 al 12 del próximo mes de  diciembre. 

Bajo el título "Acción indígena por la humanidad”, la campaña aparece en paneles luminosos con tecnología LED, de bajo consumo energético, ubicados en los cruces más concurridos por el caótico tráfico limeño, en la ruta por donde pasarán los líderes políticos que participen en la cumbre, desde el aeropuerto hasta la sede de la reunión. 

Los mensajes luminosos aparecieron en una primera etapa del viernes al lunes y se exhibirán otra vez al comenzar la COP20, explicó  Segundo Chuquipiondo, coordinador de comunicaciones del pabellón indígena de Voces por el Clima, la reunión de agentes sociales que se celebrará en paralelo a la de mandatarios políticos. 

En un evento informativo organizado por FIAN Alemania, el abogado ecuatoriano Milton Yulán discute la urgencia de una reforma agraria y la criminalización de los movimientos sociales en Ecuador

Hoy en Berlín se llevará a cabo un evento en el que el abogado y especialista agrícola Milton Yulán llamará la atención sobre la política de tierras del actual gobierno en Ecuador, representando el actual debate entre los sectores indígenas y pequeños agricultores para nueva propuesta legislativa, y en donde se discutirá sobre los diferentes mecanismos de criminalización de este país.

La innovadora Constitución de Ecuador de 2008 y la adopción de leyes sobre la soberanía alimentaria (2009) y el "Plan de Tierras" (2009) han aumentado las esperanzas de una distribución más equitativa de la tierra por parte de los grupos indígenas y los pequeños agricultores en este país. Sin embargo, el progreso real en términos de distribución de la tierra y la reforma agraria son decepcionantes.

La tierra que el pueblo indígena ayoreo-totobiegosode reclama como su territorio ancestral en el departamento de Alto Paraguay, en el norte del país, ha sido invadida. Esta invasión amenaza la supervivencia de los indígenas que viven en aislamiento voluntario en esta zona.

Durante una inspección llevada a cabo el 21 de octubre, el pueblo indígena ayoreo-totobiegosode verificó que el propietario de la finca vecina, una empresa ganadera, estaba construyendo una valla en la tierra que los indígenas reclaman como parte de su territorio ancestral. Ese trozo específico de tierra fue inscrito en 1997 como propiedad Matrícula Nº RO3 236 de los ayoreo-totobiegosode en el departamento de Puerto Casado, Alto Paraguay, Chaco.

Alrededor de mil familias habrían llegado en la gestión 2014 a Bermejo y estarán hasta noviembre cuando culmina la zafra de la caña de azúcar. Muchas de ellas no tienen ni tendrán un contrato visado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y a nadie le parecerá extraño. 

Tampoco cuentan ni contarán con el seguro de la Caja Nacional de Salud ni habrán aportado un centavo a las AFP. Los trabajadores prefieren tener toda su plata en mano y arriesgan su futuro por unas monedas más.

El trabajo de zafreros tan sólo les reportará el magro  pago de 55 ó 60 bolivianos por tonelada cosechada, que es la cifra “acordada”, en la mayoría de los casos de forma verbal, con los patrones.

El ejecutivo de la Federación de Trabajadores Zafreros, Fausber Soraide, explica  que la mayoría de las familias migrantes trabajan en los cañaverales de Bermejo y Padcaya, regiones ubicadas en la provincia Aniceto Arce de Tarija; aunque muchos también son ubicados en las cosechas de Culpina del departamento de Chuquisaca e Incahuasi en Potosí.

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