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La tierra que el pueblo indígena ayoreo-totobiegosode reclama como su territorio ancestral en el departamento de Alto Paraguay, en el norte del país, ha sido invadida. Esta invasión amenaza la supervivencia de los indígenas que viven en aislamiento voluntario en esta zona.

Durante una inspección llevada a cabo el 21 de octubre, el pueblo indígena ayoreo-totobiegosode verificó que el propietario de la finca vecina, una empresa ganadera, estaba construyendo una valla en la tierra que los indígenas reclaman como parte de su territorio ancestral. Ese trozo específico de tierra fue inscrito en 1997 como propiedad Matrícula Nº RO3 236 de los ayoreo-totobiegosode en el departamento de Puerto Casado, Alto Paraguay, Chaco.

En un evento informativo organizado por FIAN Alemania, el abogado ecuatoriano Milton Yulán discute la urgencia de una reforma agraria y la criminalización de los movimientos sociales en Ecuador

Hoy en Berlín se llevará a cabo un evento en el que el abogado y especialista agrícola Milton Yulán llamará la atención sobre la política de tierras del actual gobierno en Ecuador, representando el actual debate entre los sectores indígenas y pequeños agricultores para nueva propuesta legislativa, y en donde se discutirá sobre los diferentes mecanismos de criminalización de este país.

La innovadora Constitución de Ecuador de 2008 y la adopción de leyes sobre la soberanía alimentaria (2009) y el "Plan de Tierras" (2009) han aumentado las esperanzas de una distribución más equitativa de la tierra por parte de los grupos indígenas y los pequeños agricultores en este país. Sin embargo, el progreso real en términos de distribución de la tierra y la reforma agraria son decepcionantes.

Alrededor de mil familias habrían llegado en la gestión 2014 a Bermejo y estarán hasta noviembre cuando culmina la zafra de la caña de azúcar. Muchas de ellas no tienen ni tendrán un contrato visado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y a nadie le parecerá extraño. 

Tampoco cuentan ni contarán con el seguro de la Caja Nacional de Salud ni habrán aportado un centavo a las AFP. Los trabajadores prefieren tener toda su plata en mano y arriesgan su futuro por unas monedas más.

El trabajo de zafreros tan sólo les reportará el magro  pago de 55 ó 60 bolivianos por tonelada cosechada, que es la cifra “acordada”, en la mayoría de los casos de forma verbal, con los patrones.

El ejecutivo de la Federación de Trabajadores Zafreros, Fausber Soraide, explica  que la mayoría de las familias migrantes trabajan en los cañaverales de Bermejo y Padcaya, regiones ubicadas en la provincia Aniceto Arce de Tarija; aunque muchos también son ubicados en las cosechas de Culpina del departamento de Chuquisaca e Incahuasi en Potosí.

Ecuador deberá dar "trato diferenciado" inmediata e incondicionalmente a los productos de origen de Bolivia, Colombia y Perú, tal como se lo otorgó a bienes originarios de la Unión Europea (UE).

Así lo informó ayer la Secretaría General de la Comunidad Andina, entidad que consideró que el gobierno del Ecuador ha incurrido "en incumplimiento parcial" del Acuerdo de Cartagena, debido a la expedición del "Acuerdo N° 14241" del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), al establecer un trato diferenciado y mejor a los productos de origen europeo respecto a los productos de origen andino.

Mediante un comunicado la CAN señaló que el pasado 18 de agosto, abrió un procedimiento de investigación al gobierno del Ecuador por el posible incumplimiento del compromiso de Nación más Favorecida, en virtud de lo señalado en el Artículo 139 del Acuerdo de Cartagena.

Recientemente se realizó en Managua el Foro Regional de la Tierra, con el fin de facilitar el intercambio de experiencias y discusión de políticas públicas a favor del desarrollo de las zonas rurales de los países latinoamericanos

En ese contexto, Jaime Escobedo, coordinador de la Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio, brindó una entrevista acerca de los avances de nuetra red y la problemática que vigila.  Explicó que se busca "acompañar el proceso que está ocurriendo en los territorios, para poder establecer un análisis regional, que indique en qué situación está la región”.

Asimismo, espera que “toda esa información pueda servir para llevar a cabo procesos de incidencia y que los propios gobiernos puedan reformar sus políticas, para que mejoren las condiciones de vida de la población rural".