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Qué pasa

Con la presencia de diferentes instituciones sociales y académicas se llevó a cabo la actividad titulada “Acceso a la tierra y educación. Desafíos de la enseñanza agraria y el Instituto Nacional de Colonización".

En la oportunidad se abordó, entre otros temas, la problemática de la reducción de la población rural, la cual ha disminuido a 120 mil personas. No obstante se resaltó la importancia de la existencia de 1100 escuelas rurales a pesar de que “la culminación de la enseñanza media sigue siendo un problema” según resaltaron participantes del evento quienes afirman que “lo mismo ocurre con las oportunidades de trabajo y acceso a la tierra para egresados de distintos niveles del sistema educativo.”

El evento estuvo organizado por el Programa de Estudios Rurales del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Fhuce) de la Universidad de la República.

Amnistía Internacional manifiesta su extrema preocupación ante el sumario administrativo que se lleva adelante por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en contra de la abogada y defensora de derechos humanos, Julia Cabello Alonso, como consecuencia de su opinión pública sobre el actuar de una magistrada del mencionado órgano judicial. El sumario administrativo podría desembocar en la anulación de la matrícula para ejercer las funciones de abogada.

El sumario administrativo contra la defensora Julia Cabello, directora ejecutiva de la ONG Tierraviva, se inició en febrero de 2015 luego de que un periódico publicara un comunicado de prensa de la mencionada organización en que se cuestionaba el actuar de la Dra. Gladys Bareiro de Módica, Presidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

En aquel comunicado se criticaba que la magistrada Bareiro diera tramitación a una acción de inconstitucionalidad contra una ley de expropiación a favor de la restitución de tierras ancestrales para la comunidad indígena Sawhoyamaxa por tratarse de una cuestión que la propia Corte Suprema de Justicia ya había resuelto en septiembre de 2014. En el comunicado, la abogada Cabello alegaba una violación al principio de la cosa juzgada y que este actuar solo “puede explicarse desde la venalidad y corrupción, o la negligencia extrema, porque desde el derecho es imposible”.

TIERRA presenta un documento que busca contribuir a la elaboración de una agenda agropecuaria boliviana en momentos en que el gobierno lleva adelante la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, convocada conjuntamente con el sector empresarial. Y precisamente, este evento ha sido criticado desde diferentes perspectivas debido a que la agenda central fue definida y negociada sólo entre el gobierno central y los empresarios de Santa Cruz con el objetivo de repotenciar el modelo agro-exportador y, de esa manera, sostener el crecimiento económico nacional ante la caída de los precios del petróleo. 

Pensamos que cualquier política agraria y de tierras requiere de alta legitimidad política, algo que es posible solo si se corrige las injusticias históricas que sufren las mayorías rurales (campesinos, indígenas, originarios, campesinos colonizadores) y se promueve estructuras agrarias equitativas, cerrando las brechas de desigualdad entre el sistema minifundiario y el latifundiario. 

Dado que Máxima Acuña ha estado manifestando continuamente que ella y su familia siguen sufriendo, de manera sistemática, actos de hostigamiento, intimidación y violencia de parte de las fuerzas del orden y de presuntos trabajadores de la empresa minera Yanacocha, diversas instituciones solicitaron a la gobernación de Cajamarca garantías para los Chaupe.

Así, pues, esta decidió: “Otorgar las garantías del caso a Máxima Acuña de Chaupe y familia, a fin de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales reconocidas en la Constitución, así como aquellas libertades que se deriven del ejercicio de derechos posesorios en el predio Tragadero Grande, así como el retiro de todo servicio policial dentro del predio, salvo excepciones de ley o autorización previa de los posesionarios”, tal como se menciona literalmente en el documento oficial.

Un menor porcentaje de deforestación, de solamente el 0,5% anual, se registra dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del pueblo indígena amazónico Tacana, sobre la zona ubicada a lo largo del camino de San Buenaventura-Alto Madidi (al norte de Ixiamas), en el límite del Norte de La Paz con el departamento de Pando.

La mayor tasa de pérdida de bosque correspondió a la zona de la carretera Yucumo-Rurrenabaque, con un 3,7% anual; mientras que la franja entre San Buenaventura y Alto Madidi, en áreas de propiedad privada o de productores agrícolas de origen migrante colonos), la deforestación presentó una tasa del 2,3%.

Los datos corresponden a un estudio recientemente elaborado por el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) y la filial boliviana de Wildlife Conservation Society (WCS). El documento titulado “Escenarios de deforestación en el Gran Paisaje Madidi-Tambopata”, muestra que la expansión de la agricultura y la conversión de bosques en pasturas son las principales causas de la desaparición de los bosques.

Presenta también información sobre el valor del bosque para el control de los riesgos ambientales y una línea base que permitirá comparar en el tiempo la efectividad de las medidas de mitigación asociadas al proyecto carretero, así como la efectividad de la gestión territorial indígena y de las áreas protegidas como alternativas para asegurar a largo plazo la gestión integral del bosque.

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