Mientras el Gobierno Nacional escucha atentamente las recomendaciones que la OCDE, “el club de los ricos”, en materia agraria tiene como requisito para acceder a su membresía, los campesinos de la Cumbre Agraria le exigen al gobierno no dilatar las negociaciones del pliego único de peticiones presentado hace un año, y del que no se ha llegado a un solo acuerdo.
Era mayo de 2014 cuando el campesinado colombiano anunciaba el segundo tiempo del paro agrario que había empezado en agosto de 2013. El Gobierno Nacional llamó a los dirigentes agrarios, étnicos y afros para sentarse a una mesa, definir la metodología y discutir la propuesta de reforma agraria integral que reclamaba la Cumbre Agraria. Hoy, el balance que arroja un año de encuentros y lo distantes que pueden estar los acuerdos, resulta desalentador.
Dilación institucional
En carta dirigida al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, les notifican una alerta sobre el estado de las negociaciones y el saldo en rojo en materia de cumplimiento con los sectores agrarios. La dilación ha caracterizado al Gobierno desde el día uno de la negociación y la paciencia de la Cumbre está agotándose.
Cinco son los puntos en los que el campesinado advierte crisis. La Subcomisión de Derechos Humanos y Garantías fue un acuerdo entre el campesinado y el Gobierno Nacional para detener la muerte selectiva de dirigentes del paro agrario en todas las regiones del país y se garantizara no solo el derecho a la protesta sino el derecho a la vida.
Además la subcomisión le otorgaría garantías del debido proceso a quienes la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia señalaban en la protesta como integrantes de la insurgencia. “Hay una vulneración de derechos por parte del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta los acuerdos pactados hace un año y que hasta este momento no hay respuesta de nada”, explica Alejandro Fonseca, delegado de la Organización Indígena de Colombia. El llamado de atención en materia de derechos humanos no solamente se dirige al Gobierno Nacional.
Otra institución con rol protagonista en los acuerdos es la Fiscalía General de la Nación, que estuvo presente en la mesa y adquirió compromisos como el hacer parte de las comisiones de verificación de la situación de los detenidos en medio de la protesta y visitar las regiones que padecen una sistemática violación de derechos humanos. Hasta el momento, dice la Cumbre Agraria, no se ha hecho la primera verificación en el terreno y ya van varios campesinos asesinados por la presencia paramilitar.
La comunidad afro
La Cumbre Agraria tiene un componente afro para solucionar las peticiones de las comunidades negras, afrocolombianas y raizales. Temas como la consulta previa están siendo soslayados en mayor medida cuando se trata de asuntos mineros.
Las comunidades afro se reunieron en 2013 en una especie de congreso que agrupa buena parte de esas comunidades y allí se planteó una serie de iniciativas políticas, que en el marco de la negociación con la Cumbre Agraria tomarían relevancia y convertirían a esas comunidades en interlocutores válidos para el Gobierno Nacional.
Hasta ahora lo que ha habido es indiferencia ante las comunidades organizadas. Carlos Rosero, fundador del Proceso de Comunidades Negras en Colombia, ha dicho: “Con el Gobierno Nacional nos hemos reunido bastante, se ha discutido bastante, pero de acuerdos nada”.
Los recursos
Otro llamado de atención hecho por la Cumbre Agraria tiene que ver con los recursos que prometió el Ejecutivo en medio del paro y que permitió que éste se levantara. Con la firma de Aurelio Iragorri, jefe de la cartera de Agricultura, el Gobierno Nacional prometió un monto de 250 mil millones de pesos para invertir en proyectos productivos como el primer salvavidas que lanzaba el Ejecutivo para conjurar la crisis de ese momento. Tales recursos, insuficientes para enfrentar la crisis agraria de fondo, fueron un voto de confianza que el campesinado le otorgó al Gobierno Nacional.
Los rubros deberían estar sustentados en 233 proyectos productivos para el desarrollo rural, dándole prioridad a las necesidades regionales que se exigían en ese momento. Los temas en los cuales se desarrollarían los proyectos quedaron estipulados así: agua potable y alcantarillado, educación, salud, vías terciarias e infraestructura agropecuaria.
El compromiso no solamente era del Gobierno. La Cumbre Agraria debía entregar los proyectos debidamente planificados para ser ejecutados después del desembolso de los recursos a cargo del Ministerio de Agricultura. A igual responsabilidad igual derecho, y la tarea de los campesinos fue cumplida. El 22 de diciembre de 2014, fueron radicados en el Ministerio de Agricultura los 233 proyectos, y sin embargo, hasta hoy el Gobierno solo ha valorado y aprobado 76 con un costo de 102 mil millones de pesos. Faltan 157 proyectos que según promesa del ministro Iragorri estarían autorizados a más tardar el 30 de marzo de 2014. Y no es así.
Maraña jurídica
Para los setenta proyectos aprobados, el Ministerio no ha desembolsado los dineros. “Entre la maraña jurídica y administrativa diseñada en contra de las comunidades campesinas y el bienestar campesino no se ha desembolsado un solo peso”, dice la Cumbre en su balance. Según explicaron los voceros de la Cumbre, las partidas presupuestales prometidas no se incluyeron en el presupuesto para 2015 y no hay certeza que se tenga el dinero para 2016 y menos si se pueda ejecutar en 2017. Es decir: tres años después del paro.
“Hubo reuniones con el viceministro y sus asesores tecnócratas y es la hora que no han comprado un solo terreno, un solo vehículo que sirva para desarrollar los proyectos productivos que presentamos, que entre otras, tampoco tienen asignación en ningún presupuesto. No están claras las reglas de juego, no hay recursos para los proyectos”, le explicaron a VOZ voceros campesinos.
La queja de la Cumbre Agraria es la ausencia de voluntad del ministerio del ramo para diseñar una política pública focalizada y diferenciada que fortalezca la economía propia. “Al contrario, el Ministerio viene tomando medidas que agravan la situación campesina introduciendo herramientas de política pública para favorecer el acceso a la tierra del gran capital y no de la economía campesina en el Plan Nacional de Desarrollo”, manifestaron voceros de la Cumbre Agraria, que se declararon en asamblea permanente mientras el gobierno nacional reflexiona y cumple los acuerdos. De lo contrario, se vislumbra un nuevo paro agrario nacional, pero también un perverso mensaje para la paz de Colombia.
Al cierre de la edición se esperaba una reunión entre campesinos y presidente Santos.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article16808
