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Sorpresivamente faltaría en nuestra mesa, lechuga, cebolla, pepino, ajo, zapallo, tomate, papa y toda otra hortaliza. Tampoco tendríamos frutillas, melones ni sandías. Son familias bolivianas las que en el conurbano bonaerense siembran y recogen de las chacras éstos productos que consumimos diariamente.  Seguramente Chile, Uruguay y Brasil nos venderían las verduras y frutas faltantes. Las huertas que hoy trabajan los bolivianos serían cubiertas con soja. 

El último censo hortícola señala que en la provincia de Buenos Aires el 40 % de los productores del área hortícola son bolivianos. El 88 % son arrendatarios y el 12 %  ya compraron su parcela. En las principales ciudades del país como Mendoza,  Alto Valle del Río Negro, Neuquén, Chubut, Córdoba, Salta y Jujuy la situación se repite. El éxito boliviano en la horticultura se debe fundamentalmente a la cooperación, solidaridad y la organización para el trabajo. Logran precios competitivos porque ellos mismos llegan del productor al consumidor. Sólo hace falta meter las manos en la tierra.  Sin los bolivianos en la Argentina se produciría una crisis inédita y los precios en los alimentos aumentarían impredeciblemente.  

Mucho se ha dicho sobre el trabajo esclavo. Los bolivianos en nada se diferencian de anteriores corrientes migratorias que se dedicaron a los textiles: polacos, armenios, coreanos, rusos y otros provenientes de Europa. Por lo general las familias inmigrantes se auto-explotan para salir adelante: una generación se sacrifica para hacer profesional a la que sigue. Sucedió el siglo pasado con los italianos y españoles. Las grandes marcas nacionales y extranjeras utilizan la mano de obra inmigrante para sus productos, que luego venden en las mejores y más prestigiosas casas de prendas y shoppings triplicando los precios. Los trabajadores bolivianos fueron fortaleciéndose y ahora muchos ya tienen sus empresas y marcas propias. El explotado obrero inmigrante llegado del altiplano ya compró su máquina de coser, ahora tiene su pequeño negocio; sus hijos estudian y trabajan en el estampado de remeras. Sin bolivianos en la Argentina los precios de la ropa y la desocupación aumentarían significativamente.  

 Los contratistas de la construcción prefieren a los obreros bolivianos y paraguayos. Tal vez por su dedicación al trabajo o por su calidad profesional los empleadores dan lugar a los inmigrantes. En muchos casos empresarios inescrupulosos eluden impuestos, obra social y vacaciones; pero la realidad es que no lo hacen sólo con los bolivianos; también cuando pueden, con los obreros argentinos. A la hora de explotar no hay xenofobia. De todas maneras la movilidad social es una realidad: ya hay empresarios bolivianos en la construcción. Hoy en el Municipio de la Costa y en el de Pinamar las casas de los bolivianos se alzan  a un par de kilómetros del mar, como las de los turistas porteños. Pero los bolivianos no van de vacaciones: viven todo el año. Sin bolivianos en la Argentina los precios de la construcción también aumentarían.  

El mercado de La Salada preponderantemente boliviano es uno de los mayores de América Latina y cumple un papel fundamental en la economía nacional. Funcionarios de la AFIP junto a fabricantes bolivianos estudian mecanismos de integración y blanqueo de una de las mayores fuentes productivas del país. Economistas del más rancio liberalismo señalan que la economía informal, en relación a los mercados, juega un papel dinamizador en la estructura laboral y productiva argentina. Sin la producción informal boliviana, nuestra desocupación aumentaría ya que genera múltiples fuentes de empleo.  

Si en la Argentina no vivieran bolivianos, no contaríamos con el compromiso por parte del gobierno de Bolivia en privilegiarnos en la venta del gas natural. El gas que consumimos en nuestros hogares (es bueno saberlo) es básicamente boliviano. A Brasil, el principal consumidor del gas boliviano, no se le vende todo lo que necesita ya que Bolivia guarda un cupo para la Argentina. A Bolivia no le conviene vender gas a la Argentina sino a Brasil y Chile, que pagan mucho más. Sólo por razones de buena vecindad Bolivia vende su gas a la Argentina a menor precio que los valores internacionales. Pero sin privilegios de ningún tipo, Argentina se quedaría literalmente sin gas natural. La energía (nafta, gas oil y gas natural) subiría a precios que llegarían a las nubes generando una espiral inflacionaria en toda la economía. 

Si Argentina no recibiera a ciudadanos bolivianos, tal vez, en reciprocidad, los argentinos no serían recibidos en Bolivia. En ese caso argentinos como Eduardo Epztein y tantos otros inversores no podrían comprar miles de hectáreas de tierra a los campesinos bolivianos, como hacen en la actualidad para sembrar soja. Esta eventualidad  -que argentinos ricos dejen de comprar sus campos- podría finalmente beneficiar a los  bolivianos. 

Podríamos concluir con un: "perdón bolivianos si los hemos ofendido". Mejor sería: "gracias bolivianos por habernos elegido".  Y para hablar con fundamento: ¡gracias compatriotas bolivianos por darnos al primer presidente argentino!. Cornelio Saavedra fue consagrado Presidente el 25 de Mayo de 1810 por la Primera Junta de Gobierno. Saavedra, nacido en Potosí, Bolivia, fue quien en 1807 organizó la triunfante defensa de la Ciudad de Buenos Aires ante las invasiones inglesas. Fue el mejor vecino de la ciudad y el más valiente. 

¡Los compatriotas bolivianos no son extranjeros en la Argentina!

Víctor Ramos, fundador del INADI y actualmente edita el periódico Mundo Villa 

www.discriminacion.org/victor-ramos.php

El Partido Comunista reclamó una vez más al gobierno que tome medidas legislativas para limitar la extranjerización de la tierra. Mientras tanto, se sigue dilatando la presentación del impuesto al agro.

El presidente José Mujica sigue sin presentar el texto del impuesto anunciado en mayo para limitar la concentración de tierras. En tanto, un grupo de legisladores oficialistas que trabaja en otra propuesta para evitar la venta de campos a extranjeros, aún no tiene listo el proyecto de ley.

El senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), que integra el grupo de trabajo junto a los legisladores Yerú Pardiñas (PS) y Ernesto Agazzi (MPP), dijo a El País que aún no está finalizada la redacción del proyecto. "Estamos esperando para tener un mapa más detallado del lugar en que estamos parados, queremos contar con datos del censo agropecuario para definir el contenido del proyecto", explicó Rubio.

Además, el senador señaló que "no se está trabajando específicamente sobre la venta de tierras a extranjeros en zonas de frontera".

Comunistas. Por su parte, el Partido Comunista volvió a reclamar al gobierno que se tomen medidas para frenar la extranjerización de la tierra. En un documento elaborado por el Ejecutivo del sector y entregado ayer a la Mesa Política del Frente Amplio se plantea la necesidad de aprobar una ley que limite la cantidad de tierra que pueden comprar extranjeros.

Según se explica, Uruguay "no tiene instrumentos legales para protegerse y darle un rumbo a la llegada de capitales que se adueñan de un recurso finito, irreproducible y estratégico como la tierra". Como ejemplo se cita la legislación que adoptaron Brasil y Argentina y que prohíbe la venta de más de 1.000 hectáreas a extranjeros.

Además, se propone a los demás sectores que integran la coalición de izquierda hacer un "gran debate nacional sobre la tierra". En tanto, se solicita aumentar los recursos destinados a la compra de tierras para el Instituto Nacional de Colonización.

En el marco del reclamo que hacen al gobierno, los comunistas apelaron a una frase que dijo Mujica cuando era ministro de Ganadería. "El 2005 fue dramático; fue el año en que se vendieron más tierras a las transnacionales y no pude hacer un carajo. Pero si me queda un aliento más voy a poner un palo en la rueda del proceso", señaló Mujica en el año 2006.

Programa. Si bien los comunistas reconocen que se avanzó en el marco regulatorio de la compra de tierras al aprobar la ley de Sociedades Anónimas, se recuerda que esa misma norma, "abre una ventana para eludir la declaración nominativa previendo que los grandes emprendimientos puedan ser exceptuados de hacerlo".

Asimismo, se explica que de aprobarse la ley que encargó Mujica a legisladores oficialistas para limitar la compra de tierras "se avanzaría, pero no lo suficiente". Según explican, el Instituto de Colonización por falta de recursos, tan solo pudo adquirir 6.000 hectáreas de las 250.000 hectáreas que debería comprar en el quinquenio. Por lo que concluyen: "estamos muy lejos de cumplir el programa del FA; la compra de tierra ha sido testimonial".

Campeones. Según el documento del PCU, el 25,6% de las tierras del país estaría en Emanos extranjeras. Lo que equivale a decir que más de 4 millones de hectáreas "pertenecen a otros Estados".

"Somos campeones mundiales en materia de extranjerización. Le ganaríamos lejos a los argentinos que tienen el 3,4% en manos extranjeras, a los australianos (3%), a Estados Unidos (1,7%) y a Brasil (1,2%)", indica el PCU.

El 80% de los campos que se vendieron en el 2010 fue comprado por inversores extranjeros (33% europeos, 23% brasileños, 17% argentinos y 4% estadounidenses), según cifras del Instituto de Colonización.

Como ejemplos, se cita a ocho empresas forestales que poseen 720.000 hectáreas, entre las cuales se encuentran Montes del Plata y UPM.

El PCU afirma que las operaciones de compra-venta sumaron 6.280.000 hectáreas en lo que va del siglo XXI, lo que equivale al 39% del total de tierras que posee Uruguay. Los comunistas sostienen que "a la cabeza del proceso de compra de tierras se encuentran las empresas de agronegocios internacionales, los bancos de inversión, los hedge funds, los fondos de deuda soberana y fondos de pensiones, así como empresas y particulares atraídos por el potencial especulativo de las tierras". Advierten que de no tomarse medidas "el proceso de extranjerización continuará profundizándose".

 

 

Las comisiones de Defensa, Nacional, Seguridad y Orden Interno, y Relaciones Exteriores del Congreso, aprobaron ayer, por separado, el proyecto de ley que aprueba el ingreso de Paraguay a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

El sitio electrónico de la cámara baja señala que la primera de esas instancias legislativas emitió dos dictámenes sobre el referido proyecto, "por un lado, el rechazo, y por el otro, a favor del mismo".

José López, presidente de la mencionada comisión, explicó que el objetivo es tratar de modificar la cláusula democrática del bloque subregional, la cual autoriza la intervención directa en un país miembro del bloque cuando está amenazado el orden constitucional.

Los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores aprobaron también el proyecto de ley, y su titular Justo Pastor Cárdenas, señaló que "tenemos que pelear por los beneficios dentro de la Unasur".

"Dentro del Parlamento y también en el Poder Ejecutivo debemos tener posturas mas firmes con respecto a las propuestas que hacemos y a las exigencias que tomemos", afirmó el legislador, según la fuente.

El pasado 9 de junio la Cámara de Senadores aprobó por mayoría el ingreso de este país a la Unión de Naciones Suramericanas, luego de tres años de haber firmado el Tratado Constitutivo.

La mayoría de los senadores de las distintas bancadas coincidieron en la necesidad de que Paraguay se inserte en el concierto de las naciones suramericanas, en correspondencia con los aires de integración prevalecientes en el continente.

El Partido Patria Querida, un sector del Liberal Radical Auténtico y de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos se opusieron a la inclusión al bloque subregional.

Días después, el 14 del mismo mes, la Cámara de Diputados postergó de manera indefinida la discusión del proyecto de incorporación a Unasur.

Los legisladores decidieron posponer el tema en la reunión extraordinaria a propuesta del diputado opositor del derechista Partido Patria Querida, Carlos Soler.

Una reducida mayoría de 35 contra 31 diputados aprobó la iniciativa de Soler, quien cuestionó la premura para el ingreso y realizó una serie de cuestionamientos de carácter ideológico sobre el bloque subregional.

De los 12 países que firmaron el acta constitutiva, sólo falta Paraguay por su ratificación, luego que el Congreso brasileño diera el visto bueno el mes pasado.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) contribuirá en forma activa a la integración de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) y América Latina, dijo el día 2 en Lima el secretario general del bloque subregional, el boliviano Adalid Contreras.

El Acuerdo de Cartagena de las Indias, nombre original de la CAN, prevé desde su conformación en 1969 que ésta debe ser eslabón en un proceso de integración más amplio.

"Nosotros somos un actor importante en Unasur. La CAN no está excluida de Unasur", declaró Contreras a la agencia peruana de noticias Andina.

La Unasur está conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Uruguay, Perú, Surinam y Venezuela.

El secretario general de la CAN subrayó la posición del mandatario peruano Ollanta Humala en su primer mensaje a la nación durante su investidura presidencial, el pasado 28 de julio, a favor de la integración andina y regional.

Humala, tras ganar la segunda vuelta electoral el pasado 5 de junio, recorrió 10 países sudamericanos, salvo Guyana y Surinam, para promover la integración.

"Creo que el presidente Humala, para nosotros, empieza muy bien en la concepción respecto a la integración. La CAN es la primera pertenencia, es la pertenencia territorial de los países andinos", remarcó.

La CAN celebró la 18 Reunión del Consejo Presidencial Andino (CPA), horas después de que Humala asumió el Poder Ejecutivo (2011-2016) y se realizó, también en la capital peruana, una Cumbre Extraordinaria de la Unasur.

En el encuentro del CPA, el presidente boliviano Evo Morales hizo entrega de la presidencia pro témpore del bloque andino a su colega colombiano Juan Manuel Santos.

Ambos mandatarios, junto a sus colegas de Perú y Ecuador, Humala y Rafael Correa, respectivamente, reafirmaron "el compromiso con el proceso de convergencia y diálogo entre los distintos mecanismos regionales y subregionales de integración" con miras a fortalecer y dar impulso a la unidad de América Latina.

Entre estos mecanismos, se mencionó a la Unasur, el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

Los pequeños productores de hasta 500 toneladas tendrán prioridad para exportar las 450.000 toneladas de trigo liberadas la semana pasada, anunciaron ayer los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Agricultura, Julián Domínguez.

Boudou y Domínguez brindaron una conferencia de prensa en el Microcine del Palacio de Hacienda, en el que brindaron precisiones sobre el anuncio brindado la semana pasada cuando se decidió ampliar en otras 450.000 toneladas el cupo exportable de trigo.

Boudou aclaró que la comercialización, en este caso, se canalizará a través de "la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Agricultores Federados Argentinos (AFA)", mientras que Domínguez agregó que la medida también comprende a los acopiadores.

El ministro de Economía detalló además que en lo que va del año "ya se han liberado 3 millones de toneladas de trigo para la campaña 2011-2012".

Domínguez dejó en claro que esta iniciativa abarca a la totalidad de los productores y los instó a que realicen la declaración formal del trigo que les queda disponible.

"Estamos trabajando en el relevamiento de la producción de trigo atento a que aún no tenemos información desde la AFIP en cuanto a los datos reales, aunque también es cierto que tienen tiempo hasta el 30 de agosto" para cumplir con el trámite, indicó Domínguez.

La semana pasada ambos ministros habían anunciado la liberación de 450.000 toneladas para la exportación de trigo.

"Después de exhaustivos análisis técnicos de la evolución de la producción de trigo la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, decidió liberar 450.000 toneladas para su exportación", indicó Boudou en aquel encuentro con al prensa.

En esa oportunidad se precisó que la medida contemplaba a productores bonaerenses, santafesinos y entrerrianos, a los que se agregó también al cereal producido en la provincia de Córdoba.

Ambos ministros coincidieron en ese encuentro sobre la importancia de priorizar el trabajo de los pequeños productores, especialmente a partir de una mayor inserción de las cooperativas, que podrán acceder a nuevos planes de financiamiento.

"Acá no hay decisiones que se toman de un día para el otro, es una prioridad de este Gobierno que los argentinos mantengan el aumento del consumo y accedan a lo básico e indispensable", explicó Boudou.

El ministro de Agricultura adelantó de alguna forma durante la víspera la decisión anunciada hoy por el Gobierno, durante una reunión mantenida con representantes agrícolas cooperativos y productores de granos y porcinos de la localidad bonaerense de Dudignac.

Domínguez dijo que el Gobierno quiere "que el productor reciba la mayor cantidad de precio posible y una mayor participación de las cooperativas para evitar la cartelización".

La cosecha de trigo de la actual campaña se ubicará en el orden de las 16 millones de toneladas, con un saldo exportable de 8,8 millones de toneladas.

"Hasta el momento se declararon 12,8 millones de toneladas sobre un total estimado de 16 millones y, entre consumo interno y saldo exportable, tenemos liberadas casi 15 millones de toneladas de trigo", explicó Domínguez la semana pasada.

Tanto Domínguez como Boudou se encargaron de remarcar que esta liberación de 450.000 toneladas de trigo forma parte de un saldo exportable y, consecuentemente, "no debería tener ningún impacto en los precios".