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Lucio Reca, Marcelo Regúnaga, Rafael Delpech y Jesús Leguiza presentaron ayer (13) una propuesta

Cuatro ex secretarios de Agricultura de distintos gobiernos y de diferentes partidos políticos presentaron ayer (13) lo que consideran que son los lineamientos de las políticas de Estado que le permitirían al país crecer con mayor producción y exportación de granos, con un efecto multiplicador en la mano de obra. "Si hubiéramos crecido con políticas menos discriminatorias hacia el sector agropecuario, hoy podríamos estar exportando unos 8000 millones de dólares más por año, sólo en productos agrícolas", señalaron los ex funcionarios, al presentar ayer en la Bolsa de Comercio de Rosario el documento "La agroindustria para el desarrollo argentino: aportes para una política de Estado".

Con un espíritu similar al grupo conformado por ocho ex secretarios de Energía (que en conjunto consensuaron documentos críticos sobre la situación energética del país), los ex funcionarios de Agricultura Lucio Reca (en la gestión de Raúl Alfonsín), Marcelo Regúnaga (Carlos Menem y Fernando de la Rúa), Jesús Leguiza (Adolfo Rodríguez Saá) y Rafael Delpech (Eduardo Duhalde) dijeron que sus objetivos son "políticas de Estado a mediano y largo plazo". Coinciden con los especialistas en energía en que se trata de dos sectores clave para la economía argentina y de "altísimo potencial de crecimiento" en los próximos años.

En la presentación, los ex funcionarios lanzaron duras críticas al Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) presentado por el gobierno nacional hace exactamente dos meses. Marcelo Regúnaga fustigó que el PEA se haga de arriba hacia abajo. "Es todo al revés de cómo se encara la creación de un plan estratégico", apuntó.

Impacto negativo

Los ex secretarios señalaron que, de no modificarse algunos ejes que plantean en el documento, fundamentalmente los relacionados con la intervención estatal en la comercialización de granos, la producción granaria podría crecer menos de la mitad de los 50 millones de toneladas adicionales -a las 100 millones actuales- que prevén distintos análisis prospectivos.

Los ex funcionarios explicaron que en lugar de los 20.000 millones de dólares anuales más que podrían ingresar en el país, esa cifra se vería reducida a unos 8000 millones de dólares.

Regúnaga resaltó que ese crecimiento del 50 por ciento en la producción de granos generaría el triple de puestos de trabajo que los que hoy tiene toda la cadena automotriz en el país. Se crearían, estimó, 240.000 puestos nuevos en la próxima década.

Los ex funcionarios explicaron que el documento es el resultado de una "reflexión" que iniciaron en septiembre de 2010 hasta junio pasado. Aclararon que no se trata de un lanzamiento a la arena política de ninguno de ellos, sino de provocar la discusión "para llegar a una visión de la Argentina en su conjunto y no sólo del sector agropecuario".

En el documento plantean la reducción gradual de las retenciones a las exportaciones hasta su eliminación, compensando de forma parcial la disminución de la recaudación fiscal con un anticipo del impuesto a las ganancias.

Por su parte, Rafael Delpech rechazó la argumentación del Gobierno sobre la inviabilidad de esta variante debido a la evasión en el sector: "Si en el sector hay evasión es porque la AFIP no hace bien su trabajo, ya que la producción agropecuaria es una fábrica a cielo abierto".

LOS PUNTOS PRINCIPALES

 

  • Promover el crecimiento de la capacidad de almacenamiento de granos mediante el financiamiento a largo plazo. Estimaron que se requiere una inversión anual de 100 a 200 millones de dólares.
  • Mayor inversión pública en investigación y desarrollo. También, promover la participación del sector privado.
  • Respeto de la propiedad intelectual de las innovaciones en el sector.
  • Menor intervención del Estado en la comercialización de productos agropecuarios.
  • Eliminar las retenciones a las exportaciones.
  • Adoptar una "posición constructiva" en los foros internacionales.
  • Recuperar y fortalecer el transporte ferroviario.
  • Inversión en riego, principalmente para las economías regionales.
  • Creación de un Consejo Federal de Infraestructura Rural.
  • Establecer un marco federal de política de conservación de suelos y aguas.
  • Promoción de los biocombustibles.
  • Instrumentación de políticas diferenciales para la agricultura familia

El cambio climático afectará en la disminución de la producción en un 40 por ciento, principalmente del maíz y el trigo. 

Esto debido a los peligros climáticos como las heladas e inundaciones, por la falta de suficiente agua y la variación de temperatura en las regiones.

El estudio "Tras las Huellas del Cambio Climático en Bolivia" explica que el país, en las próximas décadas, será afectado por un aumento en la temperatura superior a los dos grados centígrados (entre 1,8 y 4,5 grados centígrados) cuyos efectos se traducirán en factores que desencadenarán en la seguridad alimentaria.

El documento fue presentado ayer por los especialistas Luis Salamanca Mazuelo y Javier Gonzales Iwanciw. El mismo sistematiza las investigaciones desarrolladas en el país durante los últimos treinta años y fue apoyado por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD).

Gonzales Iwanciw señala que el incremento en los niveles del calentamiento global pueden desencadenar en la desaparición de los reservorios de agua como por ejemplo el deshielo de los glaciales y de las fuentes de agua.

"Los cambios en patrones de lluvias pueden afectar a ciudades como Cochabamba, agudizando su problemática de falta de agua", explica.

El estudio refleja la vulnerabilidad del país frente a los peligros climáticos como son las inundaciones, sequías, heladas y deslizamientos. Uno de los más severos es la sequía que da lugar a la disminución de los niveles de nutrición.

LOS RIESGOS El Informe Mundial Sobre el Desarrollo Humano del PNUD destaca que "Bolivia es un país especialmente vulnerable al cambio climático". El estudio señala que Bolivia se encuentra entre los países más vulnerables a los peligros climáticos vinculados a inundaciones, sequías y heladas.

Los registros de observaciones climáticas muestran que los recursos de agua dulce están en riesgo y pueden resultar gravemente afectados por el cambio climático con diversas consecuencias para la sociedad humana y los ecosistemas.

Los agricultores tendrán mayores dificultades de aprovisionar el suministro de agua que podría derivar en sequías e inundaciones más frecuentes.

En las regiones tropicales áridas disminuirán las lluvias y las reservas de agua por el escurrimiento.

Luis Salamanca y Javier Gonzales coinciden en la urgencia de implementar políticas destinadas a la mitigación de los efectos del cambio y climático ya que -desde su perspectiva- hasta la fecha se han presentado iniciativas aisladas e insuficientes.

Los profesionales insisten en la necesidad de realizar acciones coordinadas para mantener una agenda a largo plazo ya que ahora el trabajo de los municipios y gobernaciones es la reacción a las emergencias.

Gonzales asegura que una de las debilidades gubernamentales en las que se debe poner énfasis es el fomento de la agricultura, la promoción de nuevas tecnologías.

Ahora Bolivia está impulsando los principios de derechos a la alimentación y el agua, y se deben establecer mecanismos para su cumplimiento y los retos que plantea la mitigación del cambio climático.

La participación de todas las instancias, incluyendo la sociedad civil, es indispensable, aseguran los especialistas.

Gobierno pide a productores copia de títulos de tierras en Ñacunday_275091El Gobierno pidió este martes la copia de los títulos de las tierras de Ñacunday luego de una reunión que mantuvo el presidente Fernando Lugo con los productores propietarios de las tierras y el embajador del Brasil.

El procurador general de la República, Enrique García, ofició como vocero tras el encuentro que se llevó a cabo en Mburuvicha Róga en la tarde de este martes.

"Se puso a consideración permitir acceder a una copia de los títulos de propiedad como para que se tome decisión al respecto", dijo García, a tiempo de asegurar que el desalojo en la zona está en marcha, "fiel al mandato judicial".

La copia de los títulos se pidió para conocer hasta dónde llegan los límites de la propiedad ocupada.

García también -como el Ministerio del Interior- remarcó las garantías para que los productores puedan realizar sus cosechas en el lugar.

En referencia a las amenazas de los invasores indicó que no se puede dar lugar a la violencia en la zona.

También se informó a los productores acerca de la intención del Gobierno de actualizar el catastro del país.

 

FOTO: El procurador General de la Repúbica, Enrique García, brinda una conferencia de prensa para dar detalles de la reunión entre Lugo y los productores.

Fuente: ABC Color - Jorge Cañete

El viceprimer ministro polaco y titular de Economía, Waldemar Pawlak, cuyo país ocupa desde el 1 de julio la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE), aseguró hoy que trabajará por lograr un acuerdo de asociación "equilibrado" con los países del Mercosur.

"Que haya un equilibrio entre las ventajas y los costes para que el intercambio sea beneficioso para todos", señaló el ministro en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas, donde hoy presentó las prioridades de la presidencia polaca en materia de comercio internacional para los próximos seis meses.

En opinión de Pawlak, "el principio de reciprocidad tiene gran importancia" a la hora de negociar la liberalización del comercio.

La UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) concluyeron el pasado viernes en Bruselas la sexta ronda de trabajo desde que retomaron en mayo del año pasado las negociaciones -estancadas desde 2004- para un acuerdo de asociación.

Desde entonces, las partes aún no han puesto sobre la mesa ofertas para el acceso de sus productos a los respectivos mercados, algo esencial para concretar uno de los pilares del acuerdo: el libre comercio.

Una de las razones por las que aún no se han intercambiado ofertas es el temor de algunos países europeos a que su agricultura se vea perjudicada al otorgar ventajas arancelarias a estados que son líderes mundiales en ese sector, en especial en la producción de carne.

Países europeos como Francia, Irlanda, Bélgica y, precisamente, Polonia han manifestado su preocupación desde que se retomaron las negociaciones y han pedido que la UE no haga concesiones que puedan resultar dolorosas.

Pawlak insistió también en la importancia de las negociaciones a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para los acuerdos bilaterales entre estados.

Afirmó que "la falta de avances" en la Ronda de Doha para la liberalización del comercio mundial está haciendo "difícil" la situación y dijo que no espera que pueda ser concluida hasta diciembre.

Por su parte, el viceministro polaco de Economía, Marcin Korolec, señaló que las negociaciones comerciales entre la UE y el Mercosur están "suspendidas por el momento, teniendo en cuenta el calendario electoral" en países suramericanos como Argentina, que celebra primarias en agosto y comicios presidenciales en octubre.

"No quiere decir que la presidencia polaca no vaya a tratar los problemas en la negociación de los acuerdos comerciales bilaterales", puntualizó.

Recordó que espera avances en las conversaciones con India (en su recta final), Singapur o Canadá, mientras que con Ucrania se confía en ultimar un acuerdo comercial.

Por lo que respecta a Mercosur, aseguró que será necesario "esperar al otoño", cuando habrá un balance de la situación, y recordó que es la Comisión Europea la institución encargada de llevar a cabo las negociaciones en nombre de los veintisiete miembros de la UE.

La próxima ronda de negociación entre la Unión Europea y el Mercosur se celebrará en noviembre en Montevideo.

El presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori se reunirán hoy para ajustar detalles del impuesto a las grandes concentraciones de tierra, según informaron a El País altas fuentes del Poder Ejecutivo.

La idea es poder cerrar una fórmula que pueda ser anunciada en Consejo de Ministros del lunes 11.

El impuesto a la propiedad de la tierra fue uno de los temas que generó roces en la interna de la fuerza política de gobierno. Mientras Mujica buscaba gravar a los campos de más de 2.000 hectáreas, Astori consideraba que el impuesto debía estar asociado a la productividad de la tierra.

Las discrepancias quedaron al descubierto cuando el mismo día y a la misma hora, pero en diferentes emisoras, Mujica y Astori daban puntos de vista totalmente distintos sobre el impuesto al agro.

Incluso, la iniciativa de Mujica generó desconcierto en un primer momento cuando el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, confesó no haber sido consultado sobre la posibilidad de cobrar un nuevo tributo a los productores.

Según datos oficiales, el cobro de un impuesto a las grandes extensiones de tierra dejará al Estado una recaudación de US$ 60 millones anuales. Sin embargo, también el destino de esos fondos generó controversias dentro del Poder Ejecutivo, que aún no tiene una posición tomada al respecto.

Mujica es partidario de que en parte se destinen a la compra de tierras para el Instituto Nacional de Colonización.

En tanto, Astori pretendía que fuera empleado en su totalidad a la construcción de carreteras y caminos.

Tras varias reuniones, Astori logró convencer a Mujica de incorporar un aditivo al cobro del impuesto a la tenencia, que se complementa con el pago de una tasa de circulación vial. Lo que se hizo conocer bajo la frase de que "el que rompe, paga".

En ese marco también se agregó la eliminación del impuesto a los semovientes, que recaudan hoy las intendencias del interior. En contrapartida, el gobierno otorgará una partida extra a las comunas para contrarrestar la baja de la recaudación.

Audición. En tanto, ayer sorprendió que el presidente Mujica no hiciera uso de su audición semanal en M24. A nivel oficial no se dio explicaciones por qué no habló Mujica.