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La Ley de la Revolución Productiva me recuerda mucho algunos aspectos que pude contemplar de 1994 en adelante como pilares centrales de otra ley: la Ley 1551 de Participación Popular. Me interesa comentarlos, pues más allá del bautizo de esta norma como revolucionaria, hay ciertas esencias que, neoliberales o socialistas, se repiten. Son formas de razonar dominantes en las últimas dos décadas que, más allá de las diferencias de contenido entre las leyes que se promulguen, retornan intactas. Cambian los tópicos de fondo pero se mantienen las formas. Me explico exponiendo algunos rasgos propios de las políticas públicas nacionales.

Uno, la hiperruralización en el enfoque de las políticas públicas. No hay duda que se requiere promover procesos de discriminación positiva favoreciendo al área rural. Ése fue el énfasis de la Ley de Participación Popular (LPP) y bien que lo fue.

Hacía falta promover algún equilibrio dando más a los más necesitados. Sin embargo, inclinarse no sólo más, sino exclusivamente hacia ese ámbito territorial nacional, terminó por relegar lo urbano de la descentralización municipal. Cerramos los ojos no sólo a que la población boliviana ya estaba en más de dos tercios en las áreas urbanas sino a que en estos lugares se tenían problemas propios: inseguridad ciudadana, cogestión vehicular, deterioros medioambientales, informalidad económica.

Eso fue lo que denominé el "olvido de la descentralización", apuntando a la necesidad de considerar la presencia de dinámicas de metropolización con todas las consecuencias que ello implica. La nueva norma comentada, la Ley de la Revolución Productiva (LRP), incurre en el mismo error creyendo que la realidad en Bolivia se basa en su realidad rural. Insisto: gran logro intentar subsidiar a campesinos tradicionalmente marginados (recordemos el notable libro de Miguel Urioste, "El Estado Anticampesino") pero siempre y cuando no lo sea a costa de toda la actividad económica afincada en los conglomerados urbanos. Primer déficit de las últimas dos décadas.

Dos, la mitificación de la sociedad participativa y controladora. La LPP se dedicó a dar brincos de alegría cada vez que se mencionaba la posibilidad de que un órgano de la sociedad civil (el Comité de Vigilancia) tenga potestad de control sobre el órgano público. Se hizo una apología de la sociedad civil, sin tomar en cuenta que el problema no está en no participar sino en la forma en que se participa. Y es que no basta ver ciudadanos movilizados reclamando sus derechos. Qué bien que lo hagan y que sepan sus derechos, sin embargo, se debe tener en cuenta que la famosa planificación participativa tuvo más de participativa que de planificación. La población demandó, demandó y en tercer lugar volvió a demandar. No hubo planes estratégicos concertados.

La población nunca entendió la idea de que no sólo se puede y debe demandar sino que hay que ofrecer contrapartes. Hay que ayudarse de los subsidios del Estado pero no vivir a costa de Él. A eso se llama rentismo, diferente a una lógica verdaderamente productiva. Hoy, la LRP sólo se enfoca en la inflación de ese mito, que muestra a una sociedad que lo merece todo, todos los días.

No hay artículos que hablen de inversiones propias, establecimiento de joint ventures locales.

Tres, creación de una sociedad hegemónica legal diferente a la sociedad real (subalternizada). Ésta fue otra de las debilidades de la LPP. Privilegió a una sociedad sobre otras. Fue la sociedad territorial la que adquirió la mayor jerarquía. A ella se destinaron los recursos de coparticipación tributaria. Me refiero a las juntas vecinales, comunidades campesinas y pueblos indígenas, en desmedro de lo que se llamó la sociedad funcional, que no es otra que aquella compuesta, entre otros, por los actores empresariales. Los agentes económicos. Esto ocurre hoy en día en el marco de la LRP con mayor contundencia. Se crea o reconoce una sociedad artificial: la indígena, que si bien existe como sociedad social (por decirlo de algún modo), no lo hace como sociedad económica. Esto es una ficción que genera un paralelismo incómodo en relación a la OECAS, organizaciones realmente existentes. Se privilegia lo artificial por móviles políticos y se pone en segundo plano, nuevamente, a la sociedad real.

Cuarto, la consolidación de una mentalidad de "obras de cemento". No hay dudas que el sesgo de la LPP estuvo en hacer obras que algún analista bautizó como las "obras de cemento". Hacía referencia a que los recursos fiscales se usaron en apoyo a la producción y no así en promoción económica, entendiendo por esta última, la inversión en el productor mismo a través de darle asistencia, créditos, subsidios, mientras que por el primer término se comprende la construcción de caminos, atajados, puentes, etc. Se calcula que no más del 2 por ciento de los recursos de la LPP fueron a parar a la promoción. En esta ley se puede lograr lo propio, creando piras, silos y otras infraestructuras, como manda el artículo 17. No tiene por qué ser así. Esta norma, más bien, abre las compuertas para promover la industrialización y/o comercialización. El riesgo, sin embargo, es hacerlo construyendo mercados o elefantes blancos (elefantitos blancos).

Finalmente, la orientación hacia la sobreabundancia de planes. Sí, la verdad es que la LPP vino aparajeda de PDMs, POAs, PLUSes, planes educativos, planes alimentarios y un largo etcétera de planificadores, generalmente descoordinados entre sí. Ésa fue la tónica dominante, acompañada de guías, manuales, cartillas para entender todos estos planes y la forma de ponerlos en práctica. Mucha pega para los clasemedieros de la ciudad y poco para los supuestos beneficiarios. Esta ley ya comienza (o continúa) con este sesgo con Planes Estratégicos de la Revolución Productiva, planes alimentarios, planes de las empresas que se crean (que son muchas por cierto).

En suma, otros embalses pero el mismo contenido: ruralización extrema, controladores rentistas por doquier, artificialidad (política), "obrismo" en pleno y, de remate, planificacioncitis como enfermedad conocida.
 

 

El autor es profesor de la UMSA.

Periódico Los tiempos, Sección Columnistas.

 

Expertos de Dinamarca, México, India, Brasil y Francia, entre otros países, participan hoy ()26) y mañana (27)en el seminario ‘Ciudades y cambio climático', el cual busca ofrecer acciones y alternativas para mitigar el impacto del mismo.

Aunque no existe una fórmula única para hacer frente a los efectos del cambio climático, en la medida en que tienen una dimensión local, la realidad es que cada vez más partes del mundo están atravesando por algún evento ocasionado por el clima y por ello las soluciones para mitigar este impacto deben provenir del intercambio de experiencias y conocimiento.

En el marco del seminario ‘Ciudades y cambio climático', que empiezó ayer en Bogotá, Pierre Jacquet, director de estrategia y economista en jefe de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en París, habló con Portafolio.

¿Desde el punto de vista de la AFD, qué propuestas haría a países como Colombia en materia de mitigación y adaptación al cambio climático?

La mitigación y la adaptación tienen una dimensión local extremadamente marcada y no se les puede dar una definición universal.

Pero todos los territorios están implicados y sujetos a la necesidad de definir nuevas modalidades innovadoras de crecimiento e inclusión social.

Estamos particularmente felices de haber contribuido al establecimiento de un diálogo productivo entre las autoridades nacionales y locales en Colombia, que desemboca en una reflexión común sobre la evolución de las políticas urbanas, sobre el conocimiento y el manejo de los riesgos o sobre la manera de conciliar el imperativo de la inclusión social y la reducción de la pobreza con el de la responsabilidad ambiental, lo que conlleva una reflexión sobre la organización del espacio urbano y la movilidad.

¿En dónde han encontrado las mayores vulnerabilidades?

Pareciera que las ciudades costeras y que están en fuerte expansión son las que enfrentan los mayores desafíos.

La modificación de la pluviometría, el aumento del nivel de los mares, el manejo de los riesgos para las frágiles viviendas informales, la vulnerabilidad ante los tsunamis, plantean, por ejemplo, la cuestión de la adaptación y el manejo de los riesgos en un contexto donde las perturbaciones climáticas parecen manifestarse mediante una aceleración en la frecuencia de catástrofes naturales (esta vulnerabilidad es importante en toda la zona del Caribe).

Una de las características de numerosas ciudades de los países emergentes, en particular en América Latina y en Colombia, es la existencia de asentamientos urbanos informales y crecientes en zonas fuertemente expuestas a los riesgos naturales, y por ende, estas poblaciones son las que concentran la vulnerabilidad a los choques climáticos.

¿Cuáles son los principales desafíos?

Pensamos que consiste en mirar hacia el futuro: ¿cuáles son los desafíos de las políticas urbanas en las diferentes ciudades, y particularmente en Bogotá y Medellín?, ¿qué podemos aportar para facilitar la reflexión y la acción en torno a estos diferentes temas?

Como recién lo señalaba, las ciudades crecen muy rápidamente, mediante una extensión anárquica de barrios que se encuentran en zonas demasiado expuestas a las inundaciones, y esto genera consecuencias desastrosas para quienes tienen viviendas precarias.

Otro aspecto importante es la política de movilidad, que busca desarrollar transportes públicos eficaces con el fin de evitar que la movilidad se base en los vehículos individuales.

El seminario es un ejemplo de esta nueva movilización alrededor de la idea de ciudad sostenible.

¿Cuál debe ser el aporte del sector privado en toda esta estrategia?

Estamos en un momento de redefinición de las políticas públicas. Hace algunas décadas podíamos pensar que las autoridades públicas, nacionales o locales, podían actuar directamente y definir el marco de la acción sin preocuparse por las reacciones de otros actores que representan a la sociedad civil o el sector privado.

Hoy, por múltiples razones relacionadas a la vez con la evolución democrática de nuestras sociedades y las nuevas tecnologías, la política pública juega un primordial papel catalizador e incitador de la movilización de todos estos diferentes actores con miras al interés colectivo.

En materia de desarrollo sostenible, el sector privado puede aportar tanto en términos de recursos humanos, técnicos y financieros como por su capacidad de innovación.

LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL

Para Pierre Jacquet, se requiere un diálogo público-privado más profundo, lo cual implica la definición de normas y reglamentaciones locales, nacionales o internacionales, susceptibles de orientar la acción e inversión de las empresas, así como unas políticas fiscales adaptadas e incitativas.

"La colaboración público-privada puede ser especialmente fecunda en las políticas de vivienda social, cuya construcción la asume el sector privado mientras que las autoridades públicas otorgan los créditos, frecuentemente acompañados con subsidios.

A través de un pliego de condiciones adaptado, las normas y prácticas sostenibles pueden ser implementadas y aplicadas", explicó.

El sector privado juega también un papel importante en la construcción y gestión de rutas intraurbanas, como las vías con peaje de Buenos Aires y Santiago de Chile.

Venezuela confía en que Paraguay aceptará su ingreso al Mercosur_281202La República Bolivariana de Venezuela confía en que el Paraguay en algún momento apoyará su ingreso al Mercosur. Así lo manifestó ayer el embajador del país caribeño en Paraguay, Javier Arrué.   

"Son procesos soberanos de Paraguay, nosotros respetamos totalmente la institucionalidad de este país. Paraguay juzga cuándo será más conveniente. Tengo una confianza absoluta en el país y su gobierno; ya llegará el momento", manifestó el diplomático.   

Arrué agregó que el ingreso de Venezuela al Mercosur no es ningún obstáculo para tener una relación fructífera y saludable entre ambos países. "Aunque peleamos mucho y a muerte en fútbol (jugadores y cuerpo técnico se tomaron a golpes en la última Copa América), somos hermanos;  esto no es motivo de preocupación", agregó, mientras se retiraba del Ministerio de  Relaciones Exteriores, donde fue a participar del acto de condecoración de la embajadora de Estados Unidos, Liliana Ayalde.

El protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur fue enviado en una oportunidad al Congreso, pero para evitar que sea rechazado, el Ejecutivo decidió  retirarlo.

Hasta el momento, no hay votos para su aprobación.

Los partidos mayoritarios, como la ANR, el PLRA, Unace y Patria Querida, anunciaron que no apoyarán el ingreso del país caribeño al bloque económico.

El Partido Colorado, por ejemplo, fue contundente al afirmar que mientras Hugo Chávez sea presidente, no apoyará el ingreso de Venezuela al Mercosur.

Ayer, el Presidente venezolano anunció que pugnará por su reelección en el 2012.

 

Foto: Javier Arrué, embajador

Hoy, un día antes del cierre de la 125a Exposición Rural de Palermo, la presidenta Cristina Kirchner presentará en la residencia de Olivos el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), un programa que, entre otros ítems, apunta a que la Argentina aumente su producción de alimentos, y que ya despertó polémicas.

Algunos de quienes recibieron la invitación para asistir, entre otros actores, las bolsas de cereales y las cadenas de valor de los granos, dudan sobre la conveniencia de concurrir o no. Algunos temen que la foto de ese encuentro sea presentada por el Gobierno como aval de un plan del cual no participaron, o que los que sí lo hicieron no tuvieron oportunidad de cambiar puntos con los que no estaban de acuerdo.

"Estamos invitados y vamos a ir", respondió a LA NACION una fuente vinculada con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Cristian Amuchástegui, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, confirmó que la entidad fue invitada y que irá al encuentro.

Por el lado de las cadenas, en algunas todavía no saben qué postura tomar. Es que no conocen los contenidos de los anuncios y temen quedar avalando algo sobre lo cual pueden tener discrepancias. En este sentido, la Asociación de la Cadena del Trigo (Argentrigo) decidirá hoy mismo, en reunión de comisión directiva, si asiste al encuentro. Por su parte, la Asociación del Maíz y el Sorgo Argentinos (Maizar) no va a concurrir. En tanto, sí asistirá la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja).

Según pudo saber LA NACION, no todas las entidades del campo fueron invitadas. A la Sociedad Rural Argentina (SRA), que se había retirado del PEA por su propia cuenta, no la invitaron. La entidad abandonó el plan, en medio de fuertes críticas por su contenido fuertemente intervencionista.

En la Federación Agraria Argentina (FAA), su presidente, Eduardo Buzzi, señaló que la entidad decidirá hoy qué postura adopta. "Hasta ahora, no definimos; lo resolvemos [hoy] al mediodía en reunión de comité ejecutivo", expresó.

En su paso por la Rural, el vicepresidente de FAA, Julio Currás, se quejó porque a las reuniones del PEA "se iban a discutir cosas escritas", es decir, posturas oficiales casi sin posibilidades de modificación.

Tampoco va a concurrir Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), integrante de la Comisión de Enlace. "Acá no llegó ninguna invitación y difícilmente vaya alguien", contó un allegado.

Por último, Coninagro, otra de las patas de la Comisión de Enlace, tampoco irá. "No coincidimos con la visión del programa. A nosotros nos echaron; no nos dejaron entrar en la etapa de lechería [del plan]", señaló Carlos Garetto, presidente de la entidad.

Marcial Arias, de la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales, advierte de los serios peligros de los mecanismos sobre Reducción de Enmisiones por Deforestación y Degradación (REDD).

Los pueblos indígenas somos quienes menos contribuimos al cambio climático, pero también quienes más sufrimos sus impactos, señala Marcial Arias, Consejero de Políticas de la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales. CAOI conversó con él, indígena del pueblo Kuna, en el marco del desarrollo del Taller Preparatorio sobre Cambio Climático rumbo a la COP17 - Durban 2011, realizado en Lima del 15 al 17 de julio.

"Los pueblos indígenas somos más vulnerables porque vivimos en las áreas más vulnerables: riberas del río, montañas, costas. Por eso el cambio climático nos afecta directamente. Por ejemplo, los deshielos van a las costas y afectan a los pueblos que viven en las orillas del mar y ya se ha reportado la desaparición de una isla del Pacífico", explica. Otros efectos, como las inundaciones, las elevaciones de temperatura, las sequías, los cambios del ciclo de las lluvias, trastornan nuestros modos de vida, añade.

Marcial llegó a Lima desde su natal Panamá para compartir con los dirigentes de las organizaciones indígenas de los países andinos articuladas en la CAOI (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú) sus conocimientos y experiencias acerca de las negociaciones internacionales sobre cambio climático, en particular la presencia indígena en ellas.

Considera importante la participación indígena en las Conferencias de Partes (COP) y otras instancias de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático "porque vivimos en las áreas elegidas para los programas de mitigación. Todavía estamos ausentes, solo tienen voz los gobiernos, pese a que los pueblos indígenas somos los que más y mejor nos hemos adaptado a estos fenómenos".

Por ello, subraya, "los pueblos indígenas podemos aportar mucho, porque siempre nos hemos adaptado a la variabilidad climática. Tenemos métodos de pronóstico desde hace muchos siglos, el manejo forestal tradicional, en suma conocimientos milenarios de convivencia armónica con la Madre Tierra. Y ahora nos quieren imponer plantaciones y monocultivos".

Riesgos de REDD

Como dirigente de la Alianza Mundial de los pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales, Marcial forma parte del Foro Indígena del Abya Yala y del Foro Internacional de Pueblos Indígenas (FIPI), también integrados por la CAOI.

El FIPI ha advertido que el mecanismo de Reducción de Emisiones de Gases en Reforestación y Degradación en los países en desarrollo (REDD "incrementará las violaciones de nuestros Derechos Humanos, nuestros derechos a nuestras tierras, territorios y recursos, robará nuestra tierra, causará los desalojos forzosos, prevendrá el acceso y amenazará las prácticas de agricultura indígenas, destruirá la biodiversidad y diversidad cultural y causará conflictos sociales. Bajo la denominación de REDD, los Miembros de la Partes y los intermediarios financieros del carbono tomarán más control sobre nuestros bosques".

El FIPI participa y ha participado, en las sesiones de las COP, de los miembros de Protocolo de Kioto, de los Órganos Subsidiarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del Grupo de Trabajo Especial sobre Cooperación a Largo Plazo y del Grupo de Trabajo Especial sobre Nuevos Compromisos de las Partes del Anexo I en el marco del Protocolo de Kioto. En estos espacios participan representantes de los gobiernos y organizaciones intergubernamentales, y como observadores organizaciones no gubernamentales, Pueblos Indígenas, el sector privado y los medios de comunicación.

En su reunión realizada los días 26 y 27 de septiembre de 2009, el FIPI adoptó algunos principios sobre REDD:

  • Reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, particularmente sus derechos a las tierras, territorios, y todos sus recursos, en conformidad con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos y obligaciones internacionales sobre derechos humanos.
  • Asegurar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales, de acuerdo al derecho al consentimiento libre, previo e informado.
  • Reconocer el rol primordial, la contribución de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas.

Durante su participación en el Taller Preparatorio de la CAOI, Marcial Arias señaló lo siguientes riesgos concretos de REDD para los pueblos indígenas:

  • Está focalizado en el carbón y el dinero.
  • Promoverá y recompensará a los destructores del bosque.
  • Los Pueblos Indígenas no recibirán beneficios.
  • Los gobiernos, las ONG ambientales, los organismos de la ONU y los capitalistas abogan que REDD se debe financiar a través del mercado.
  • Es deforestación evitada.
  • Agudiza la deforestación y la degradación.
  • Pérdida de biodiversidad.
  • Pérdida del conocimiento tradicional.
  • Pérdida de tierras y territorios.
  • Cambia la vida tradicional de los Pueblos Indígenas.
  • Violación del consentimiento libre, previo y fundamentado.
  • No hay participación plena y efectiva.
  • Militarización de tierras y territorios.
  • Viola derechos humanos.
  • Promueve la migración
  • Desplazamiento forzoso.
  • No toma en cuenta los impactos culturales y espirituales.
  • Violenta la soberanía alimentaria.
  • Violenta la gobernabilidad de los territorios indígenas.

Por ello, indica Marcial Arias, "todo proyecto que se relacione con los bosques, como REDD, antes de implementarse debe reconocer los derechos consagrados en los instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU".

No resuelve el problema

Los científicos también han cuestionado la efectividad de REDD para resolver la crisis climática. Un estudio reciente publicado en la revista Nature Geoscience advierte que aunque se reforestara el 100% de tierras cultivadas del mundo, solo se reduciría el calentamiento global en 0,45 C°.

De acuerdo con la publicación, dos científicos canadienses desarrollaron cinco modelos de reforestación proyectados para los próximos 50 años. Los expertos analizaron los efectos de la reforestación en los suelos, el aire y el agua. El resultado fue poco alentador: aunque todas las tierras cultivadas del mundo fuesen reforestadas, eso solo bastaría para reducir el calentamiento global en 0,45 ºC en el periodo 2081-2100.

Lo que sucede es que se necesitan décadas para que los bosques sean suficientemente viejos como para captar el CO2 que queda estancado en la atmósfera. "La reforestación en sí no es un problema, es positiva, pero nuestras conclusiones indican que no es una herramienta para controlar la temperatura si se siguen emitiendo gases de efecto invernadero como se hace actualmente", indicó Álvaro Montenegro, científico que junto a Vivek Arora realizó la investigación.