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"Los sectores que más resistirían una discusión profunda sobre la distribución equitativa de la tierra son aquellos que la consideran un bien de renta agraria, un insumo empresarial, aquellos actores representados en las corporaciones agrarias nucleadas en la autodenominada mesa de enlace".

   Esta afirmación pertenece a Silvia Lilian Ferro, doctora en Historia Económica e investigadora en temas de desarrollo rural, quien consideró que el proyecto de ley que pone límites a la venta de tierras rurales a extranjeros que envió la presidenta Cristina Fernández al Congreso es una "excelente puerta de entrada, no sólo por el tema en sí, que necesita ser ampliado, sino por la fuerte habilitación política para dar la discusión de fondo".

   En relación a la iniciativa que se debate en la Cámara de Diputados, la especialista analizó la importancia y los alcances de la misma, la situación de la tenencia en la Argentina en relación a sus pares latinoamericanos y la resistencia que este debate podría encontrar en determinados sectores de la sociedad. Además, destacó la importancia de profundizar la discusión en torno a la concentración de las tierras y la necesidad de una reforma constitucional que establezca la función social de la propiedad, como sucede en países como Brasil, Paraguay y Bolivia.

   Actualmente, en el Congreso hay 15 proyectos que buscan regular la tenencia de tierras rurales en manos extranjeras, entre ellos el que envío la presidenta de la Nación. La semana pasada, a partir del debate en la comisión de Legislación General, se introdujeron modificaciones a la iniciativa oficialista y se prevé que en los próximos días avance el diálogo en las de Agricultura y Asuntos Constitucionales. Respecto a esta discusión, Ferro consideró que "la nacionalidad de los adquirentes es uno sólo de los temas que afectan en la estructura de propiedad de la tierra en la Argentina, que es inequitativa y con rasgos de uso insostenible", y explicó que hay "muchos otros indicadores de desigualdad que no se resuelven solo desde la cuestión de la nacionalidad del propietario".

concentracion. En principio, la investigadora aclaró que hay que diferenciar el concepto de "concentración" respecto del de "extranjerización", y puso como ejemplo los incidentes ocurridos en Libertador San Martín, en Jujuy, donde fueron asesinadas cuatro personas durante un violento desalojo en los terrenos del ingenio Ledesma. "En estos conflictos no hay posibilidad que el proyecto sobre el dominio nacional sobre la tierra que se está discutiendo tenga ninguna injerencia", explicó.

   Desde el punto de vista de la investigadora, es fundamental discutir la "democratización del acceso a la tierra". Los sectores vinculados a la agroexportación (donde se ubica la mayor parte de los propietarios rurales, tanto de la Pampa húmeda como de las demás regiones agroecológicas) "no sólo cuentan con acceso a todos los factores productivos en condiciones ventajosas (tierra, capital, trabajo y tecnología), sino que son los actores que fijan la agenda", dijo.

   En este contexto, los campesinos y pueblos originarios "no son ni siquiera considerados actores agrarios por no estar vinculados a la exportación de productos agrarios", pese a que se trata de actores fundamentales en el cumplimiento del principal objetivo de cualquier política agropecuaria: "alimentar a la población del territorio nacional donde esos alimentos se producen", señaló.

   "La extranjerización es apenas un capítulo de lo que deberíamos tratar si queremos abordar algo que podamos llamar ley de propiedad de la tierra", consideró. Por ello, propuso -entre otras cuestiones- establecer límites individuales a la tenencia en manos de ciudadanos argentinos. "Eso sí afectaría a la actual concentración desmedida y rentística sobre la propiedad de la tierra en el país", definió.

   De todos modos, si bien explicó que la cuestión de fondo "es mucho más completa que el origen nacional de los compradores de tierras", consideró que este proyecto de ley "puede ser el primer paso que habilite la discusión pública del conjunto de inequidades que hacen a un uso insostenible de las tierras rurales y por qué no también de las urbanas".

   "Este proyecto es una excelente puerta de entrada, no solo por el tema en sí, que necesita ser ampliado, sino por la fuerte habilitación política para dar la discusión de fondo que propicia este proyecto enviado por la Presidenta al Congreso. Cómo usemos esa oportunidad que ella nos brinda es ya nuestra responsabilidad", reflexionó Ferro.

Resistencia. Como toda propuesta de cambio, este debate también podría encontrar obstáculos en determinados sectores que vean afectados sus intereses económicos. "Por obvias razones, los sectores que mas resistirían una discusión profunda sobre la distribución equitativa de la tierra son aquellos que la consideran un bien de renta agraria, un insumo empresarial. Es decir, aquellos actores representados en las corporaciones agrarias nucleadas en la autodenominada mesa de enlace", analizó Ferro.

   En este grupo, también incluyó a "aquellos que conforman latifundios, tanto los que vienen del patriciado fundiario desde el siglo XIX (cuyos apellidos son fácilmente identificables aún hoy), como aquellos que mediante compra o arrendamiento hoy conforman unidades de producción a escala de decenas de miles de hectáreas".

"recursos naturales". La Argentina es el único de los cuatro miembros plenos del Mercosur que carece de una institución que fije las políticas de distribución de tierras. Brasil posee el Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agraria (INCRA); Paraguay, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y Uruguay, el Instituto Nacional de Colonización (INC). En el caso de Bolivia, uno de los Estados asociados, existe el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA). "Toda la región limítrofe -con la sola excepción de Chile- cuenta con organismos nacionales con total competencia en el desarrollo, ejecución y monitoreo de políticas de distribución de tierras fiscales", explicó Ferro.

   Según explicó la investigadora la Argentina "tuvo un Consejo Agrario Nacional (CAN) creado por ley en 1940, que intervino específicamente en la distribución de tierras fiscales en conjunto con las provincias y en programas de colonización con rasgos similares a los que hoy ejecuta el Incra". La quita de potestades nacionales sobre el patrimonio natural (denominación correcta del conjunto de elementos entre los que se encuentra la tierra), se inició con el golpe de Estado del 55 y "se fue acentuando a medida que se fueron transfiriendo de facto a las provincias las potestades sobre el dominio de las tierras fiscales".

   Finalmente, con la reforma constitucional del 94, el Estado nacional cedió a las provincias "el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio", según reza el último párrafo del artículo 124. "Esa forma tan reduccionista de llamar a la tierra, integrándola a factores meramente de renta, como sugiere la expresión «recursos naturales», nos habla de un horizonte de ideas propio de los 90 que ya consensuamos dejar atrás, y que, sin embargo, en ese tema seguimos debatiendo sobre estos ejes y hasta usando esas expresiones", apuntó Ferro.

   Para la investigadora, "es hora de pensar que así como en la Constitución nacional de 1949 -en el articulo 38- existió la función social de la propiedad que hoy está en la mayoría de las cartas constitucionales de los países de la Unasur, podamos pensar en que este nuevo consenso sobre el Estado y sus posibilidades necesita de reformas constitucionales indispensables".

   En este sentido, sostuvo la necesidad de "recuperar de lleno el rol del Estado en la igualación de oportunidades de acceso a la tierra, sin perder el norte de una reforma constitucional que devuelva la función social de la propiedad a nuestra carta magna y medidas de equidad de acceso, como en las constituciones de Brasil, Paraguay y Bolivia, solo por citar ejemplos de países cercanos".

www.lacapital.com.ar/economia/La-extranjerizacion-es-un-capitulo-del-debate-por-la-tierra-20110904-0003.html

La información la dio anoche desde Palacio de Gobierno, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, quien agregó que una comisión de tres ministros estará esperando hoy a las 10:00 en la Alcaldía Municipal de San Ignacio de Moxos.Desde Totaizal (entre San Ignacio y San Borja), donde descansa la caravana de marchistas, El Deber informó que los líderes indígenas respondieron que no asistirán al diálogo porque su demanda es la presencia de 10 ministros y del Presidente.Por estas razones, los dirigentes indígenas anunciaron que hoy a las 5:00 se reanudaría la marcha para avanzar otros 30 kilómetros hasta llegar a una hacienda privada, antes de arribar a San Borja, según reportó el diario El Deber, desde la zona de Totaizal.Canelas dijo que la comisión estaría integrada por los ministros de Gobierno, Sacha Llorenti, de la Presidencia, Carlos Romero, y de Autonomías, Claudia Peña; sin embargo, la carta que fue leída en el Totaizal por el defensor del Pueblo, Rolando Villena, sostiene que la comisión estaría integrada por cuatro ministros: de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, de Desarrollo Rural, Nemecia Achacollo, y de Autonomías, Claudia Peña.El Gobierno plantea que una comisión de dirigentes indígenas retorne a San Ignacio de Moxos, un municipio cuya población urbana apoya la construcción de la carretera, aunque Canelas dijo que la razón es que hay mejor comunicación en este lugar y que el Gobierno quiere diálogo, no asamblea.Además, Canelas indicó que, en caso de ser necesario y requerido por los marchistas, no se descarta que otros ministros puedan integrarse al diálogo, para comenzar las negociaciones sobre el pliego de 16 puntos expuesto por los indígenas.

 

El Defensor del Pueblo, en tanto, guardaba la esperanza de que el diálogo se pudiera entablar hoy, pues, según dijo, por la tarde los indígenas estaban abiertos a recibir a la comitiva ministerial, aunque ellos ponían como sede una estación biológica en San Ignacio.Además, para facilitar el diálogo, el Defensor dijo que también convocó a los delegados regionales de su institución de los departamento de Santa Cruz, Pando, Chuquisaca, Tarija y Riberalta. "Ellos estarían como una manera de garantizar el avance, la seriedad de los temas en la línea del cumplimiento, que después de los acuerdos sea ya tema de acompañamiento que vamos a hacer", explicó.La situación, sin embargo, cambió cuando se supo que sólo asistirían cuatro ministros y que entre ellos se mencionaba a Romero. Hasta el cierre de esta edición (24:00) la decisión final era recomenzar la marcha en la madrugada.Tensión en TotaizalLa tensión seguía ayer en Totaizal, donde descansaban cerca de 1.700 indígenas antes de rechazar la nueva invitación del Gobierno y decidir retomar la marcha hoy en la madrugada.En la tarde, según relata el diario El Deber, un grupo de personas de la localidad de Yucumo, reconoció al dirigente de la Confederación Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, que viajaba de pasajero a la ciudad de La Paz, pero fue retenido por espacio de media hora.El dirigente de la Federación de Productores Agroecológicos de Yucumo (Fepay), Adriano Lovera, afirmó que los dirigentes de la comunidad mediaron para que las bases dejen libre a Quispe y siga su camino. Según Lovera, el grupo de gente se encuentra alterada porque hay la versión de que el movimiento indígena presiona para que no se haga la carretera Yucumo-Rurrenabaque-Quiquivey-Santa Bárbara.Por esta situación, las organizaciones de productores de la zona indicaron que a partir de hoy bloquearán la ruta para presionar al Gobierno y a los indígenas para que inicien el diálogo. LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZEcologistas se movilizanDiversos grupos y colectivos reactivarán las movilizaciones ciudadanas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

En Santa Cruz y Cochabamba se realizarán marchas el próximo jueves, mientras en La Paz se prepara una movilización para el domingo 4 de septiembre. En Cochabamba, se ha convocado a una concertación para este jueves que partirá de la puerta de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Hoy, a las 9:30, en la plaza principal habrá un mitin informativo y campaña de recolección de alimentos para los marchistas.En La Paz anuncian que el jueves realizarán proyección de vídeos para difundir información sobre la problemática de este parque nacional. Sin embargo, la mayor manifestación está prevista para el domingo 4 de septiembre.Por segundo día consecutivo, en Santa Cruz hubo protestas contra la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por parte de ecologista y universitarios ante la visita de Luiz Inácio "Lula" da Silva, expresidente del Brasil, de visita en el país. VUELVE A ESTRELLARSE CONTRA LAS ONGEvo dice estar abandonadoEl presidente Evo Morales dijo ayer que se siente abandonado por las gobernaciones, municipios y asociaciones que aglutinan a las alcaldías del país, pues no se pronunciaron en torno al conflicto con los pobladores del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (Tipnis) a causa de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.El Jefe de Estado afirmó que son las Organizaciones No gubernamentales (ONGs), fundaciones y partidos políticos de la derecha los responsables de promover la marcha indígena, que empezó hace 16 días."Total paralización de las actividades hidrocarburíferas en Aguaragüe (en Tarija), uno de los puntos de Cidob dentro de su pliego, que significa hermanas y hermanos que los municipios, las gobernaciones no tienen la plata. Yo me siento abandonado por el gobernador, por los alcaldes, por la asociación de alcaldes, no dicen nada. Paralizar las actividades hidrocarburíferas decir que no haya IDH, por Aguaragüe pasa el 90 por ciento de la exportación del gas, paralizar eso es que no vendamos gas ni a la argentina ni a Brasil", dijo Morales.

DICEN QUE BLOQUEARÁN

Los colonizadores amenazanLa Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (colonizadores) amenazó ayer con intervenir la marcha de los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), toda vez que sus demandas, con relación a la construcción de carreteras, estarían afectando a los miembros de esta organización. "La decisión del congreso es intervenir la marcha si no hay diálogo", dijo uno de los dirigentes de los Interculturales en Yungas, Ever Choquehuanca, quien afirmó que esta organización se desplegará por las diferentes carreteras que conducen a La Paz para evitar el ingreso de los indígenas.El senador Fidel Surco (MAS) pidió a los dirigentes del Tipnis, en especial al dirigente de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, iniciar el diálogo con autoridades de gobierno con el objetivo de evitar problemas a los marchistas.

www.entornointeligente.com/articulo/1163943/BOLIVIA-El-Gobierno-vuelve-a-invitar-a-los-ind%C3%ADgenas

El propio vicepresidente Danilo Astori ha expuesto duras críticas, al proyecto por entender que puede afectar el clima de negocios, y advirtió que el país se puede exponer a demandas de empresas con las que hay contratos por grandes emprendimientos, pero, por lealtad al presidente, reclamó a la bancada de legisladores oficialistas que mantengan la unidad partidaria en el debate parlamentario.

El propio vicepresidente Danilo Astori ha expuesto duras críticas, al proyecto por entender que puede afectar el clima de negocios, y advirtió que el país se puede exponer a demandas de empresas con las que hay contratos por grandes emprendimientos, pero, por lealtad al presidente, reclamó a la bancada de legisladores oficialistas que mantengan la unidad partidaria en el debate parlamentario.

Las entidades gremiales agropecuarias rechazaron el proyecto y criticaron a Mujica por cambiar las reglas de juego pese a que durante el verano se había comprometido a no hacerlo. La Asociación Rural dijo que el país captó para la producción agrícola mucha inversión extranjera atraída por las reglas de juego locales. Eso comprende a gran cantidad de productores argentinos que explotan negocios sojeros y ganaderos, y a brasileños dedicados al arroz.

La oposición rechaza el impuesto y el líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, denunció ayer que el gobierno tiene un contrato reservado con el consorcio finlandés-chileno Montes del Plata que lo deja fuera de la cobertura del impuesto. Esta empresa es la que construye la segunda planta de celulosa y tiene grandes extensiones de campo forestado.

El planteo de Mujica había surgido en mayo pasado, pero demoró en concretarse por la persistente oposición de Astori y de todos los ministros involucrados en el caso.

El presidente uruguayo planteó a su gabinete que pretendía que todos acompañaran con su firma, pero también aclaró que comprende que los legisladores lo discutan sin que tengan presión para votarlo a libro cerrado.

El proyecto enviado al Parlamento propone crear el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales y grava los predios que superan las 2000 hectáreas con un índice que mide la capacidad productiva de la tierra. Al respecto establece tres franjas. Los que tengan campos de dos mil a cinco mil hectáreas pagarán un impuesto en pesos (ajustados por inflación) que a la cotización actual equivale a ocho dólares por hectárea. Los propietarios de tierras de 5000 a 10.000 hectáreas pagarán doce dólares por hectárea, mientras que los que estén en la franja superior, con campos más grandes, abonarán 16 dólares por hectárea.

Los funcionarios del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) responsables del multimillonario despojo al Estado deben pagar con sus bienes porque así dice la ley", dijo el Dr. Felino Amarilla, por las  34.000 hectáreas de Antebi Cue  en manos de ocupantes ilegales  que representan un perjuicio de más de US$ 17 millones.

 

 

 

www.abc.com.py/nota/tierras-usurpadas-al-estado-valen-mas-de-17-000-000-de-dolares/

 Los cancilleres de los países de la Unasur aprobaron ayer un plan de acción para hacer frente a los efectos de la crisis financiera internacional, a través de la constitución de tres grupos de trabajo que entregarán sus conclusiones antes del 12 de octubre. Así lo anunciaron la canciller de Guyana, Carolyne Rodrígues Birkett, país que tiene la presidencia pro-témpore del nucleamiento, y la secretaria general de Unasur, la colombiana María Emma Mejía, tras el encuentro que mantuvieron los diplomáticos en el Palacio San Martín. Birkett explicó que estos tres grupos "van a analizar las cuestiones relacionadas con la crisis internacional de manera de poder asegurar nuestras economías, no sólo en el corto plazo sino en el largo plazo".

A su vez Mejía indicó que esas tres comisiones entregarán sus conclusiones "a más tardar el 12 de octubre" para ser puesta a consideración de los ministros del nucleamiento, que luego elevarán la propuesta final que será analizada en la cumbre de Jefes de Estado que se realizará a fines de octubre en Paraguay. Al respecto, el viceministro de Economía, Roberto Feletti, precisó que en la reunión de cancilleres "se aprobó como plan de acción avanzar en el diseño de un sistema multilateral de pagos, que tienda al uso de la moneda local", o sea una "tendencia a desdolarizar el comercio regional".

Los otros dos puntos son la conformación de una banca de desarrollo regional propia", y coordinar el uso de reservas "para proteger a la región de la volatilidad financiera". "Es decir constituir un fondo de coordinación de las reservas de modo que los Bancos Centrales puedan contar rápidamente con un stock de intervención aumentada", señaló Feletti, quien es el coordinador técnico del Grupo de Trabajo de Integración Financiera de Unasur, que le corresponde a Argentina. La Unasur está integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.