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Perú defiende su soberanía y seguridad alimentaria, por lo que protegerá su biodiversidad e insistirá en la moratoria, sostuvo la ministra de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), García Naranjo.

Perú defiende su soberanía y seguridad alimentaria, por lo que protegerá su biodiversidad e insistirá en la moratoria para evitar el ingreso de cultivos transgénicos al país, sostuvo hoy la ministra Aída García Naranjo.

La funcionaria destacó por ello el rol de la mujer campesina en la preservación de los cultivos autóctonos y la herencia ancestral agropecuaria del país, que forma parte de la identidad nacional.

"En Perú no sólo debemos hablar de seguridad, sino también de soberanía alimentaria. Nuestra agricultura tiene la capacidad de alimentar a la población, y no hay que olvidar que cultivos como la papa salvaron de la hambruna a la humanidad", afirmó.

Subrayó que la tradición agrícola milenaria de Perú logró que, al igual que la papa, otros cultivos de zonas andinas, como la quinua, el maíz, el frijol y las habas, se adapten a factores climáticos adversos, lo que les ha permitido resistir y sobrevivir en el tiempo.

No obstante, anotó, este esfuerzo de miles de años en el campo puede resultar seriamente afectado y romperse el equilibrio de la biodiversidad hasta el riesgo de perderse, con el ingreso de cultivos genéticamente modificados al territorio nacional.

"Se ha planteado una ampliación de la moratoria para evitar el ingreso de transgénicos y esta gran noticia la comparten desde el chef Gastón Acurio hasta los parlamentarios de la República, porque somos un país excepcionalmente rico en biodiversidad", expresó.

García Naranjo señaló que si bien el sector competente para desarrollar este tema es Agricultura, dijo que el Mimdes apoya la posición de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Femucarinap), que se opone al ingreso de transgénicos, por el peligro que representan para la biodiversidad del país.

Resaltó el liderazgo femenino en la agricultura familiar, que según datos del sector Agricultura produce el 60 por ciento de los alimentos que se consumen en el país.

Asimismo, las mujeres campesinas representan el 36 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional. "Los pequeños campesinos y campesinas conservan nuestra biodiversidad y representan la base de la gastronomía peruana, que genera un movimiento económico aproximado de 49 millones de dólares anuales", refirió.

La titular del Mimdes ofreció estos alcances durante la conferencia de prensa en que se dieron a conocer las actividades programadas por el Día de la Mujer Rural, a cargo de la Femucarinap, a realizarse en octubre de este año.

La Femucarinap agrupa a más de 160 mil mujeres en todo el país, que trabajan por la preservación de la biodiversidad del país, el desarrollo sostenible, la conservación de las tradiciones culturales y la lucha por la equidad de género en el campo.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), compuesta por Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú (con Chile como país asociado) celebra hoy (22) un Consejo de Ministros que se prevé decisivo para su futuro. Esta semana la presidencia pro témpore de la organización pasa a manos de Colombia, que ya ha anunciado su intención de impulsar una revisión de la estructura y modelo de funcionamiento del organismo nacional. La canciller colombiana María Ángela Holguín Cuéllar, que será la presidenta de la CAN desde este momento, se ha reafirmado en la decisión de adaptarla a los nuevos tiempos para evitar que la competencia del Mercosur la borre del mapa.

Ya en julio los presidentes de los cuatro países miembros habían dejado clara su voluntad de ahondar en "la necesidad de emprender una revisión de la estructura institucional y funcionamiento del Sistema Andino de Integración", muy cuestionado en los últimos tiempos por el debilitamiento de la atención que recibe por parte de sus propios integrantes y por el ascenso imparable del Mercosur como herramienta de integración en la región.

Los ministros de relaciones exteriores de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador se reúnen con la intención de reforzar los vínculos de la unión y de profundizar en diversas áreas temáticas de importancia capital, entre los que se cuentan el aumento de la participación ciudadana en la toma de decisión, la estrategia conjunta a seguir para enfrentarse al cambio climático y la administración del agua en la región andina. Las esperanzas del organismo para asegurar su futuro pasan porque Ollanta Humala, nuevo presidente peruano, le de un impulso aprovechando su popularidad, y por un necesario cambio que le permita adaptarse a unos tiempos en que el Mercosur ha ganado peso internacional.

La necesidad de estudiar una posible reorganización de la CAN ha partido del Colombia, y de su presidente, Juan Manuel Santos, por lo que ahora que el país ocupa la presidencia pro témpore se espera que se produzcan sustanciales avances en ese sentido. Así lo ha recalcado ante los medios el vicepresidente del Parlamento Andino, Alberto Adrianzen, quien ha declarado que "es crucial fortalecer la CAN, ya que, junto con Mercosur, es una de nuestras principales organizaciones. Esta reingeniería propuesta por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es necesaria y las medidas que sean proclamadas de seguro serán muy positivas".

El presidente uruguayo, José Mujica, se reunirá hoy con su gabinete ministerial para definir la aprobación del proyecto que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

  El jefe de Estado aseguró que se han ido incorporando a la futura normativa los criterios de los ministros.

"Pero después en el Parlamento todo estará en manos de la fuerza política", señaló Mujica.

Hasta ahora nueve ministros han manifestado su respaldo a la propuesta con la cual se busca aplicar un gravamen a los propietarios que cuenten con más de dos mil hectáreas.

En entrevista ayer domingo con el diario La República, Mujica subrayó que no buscará que los legisladores del Frente Amplio, coalición gubernamental, cierren fila a favor del proyecto.

Lo importante, dijo el gobernante, es la "libertad de opinión", y que cada cual emita su juicio porque es un tema discutible.

Más allá del proyecto de ley, refutó, hay una división en el país entre la ciudad y el campo que "afecta al entramado social".

El mandatario recordó que "ha existido toda la vida", y es algo que "se ha venido arrastrando desde tiempos inmemoriales".

A fines de mayo, Mujica anunció el proyecto con el cual se aumentaría en "tres o cuatro dólares más por hectárea" el impuesto a los propietarios que tengan grandes concentraciones de tierras productivas.

La medida que involucrará a mil 500 productores de los 50 mil que tiene el país, permitirá recaudar 60 millones de dólares anuales más, los cuales servirán para la construcción obras de caminería, puertos y vías férreas, de acuerdo con Mujica.

El Movimiento Campesino de Liberación elogió la iniciativa del Gobierno de impulsar en el Congreso Nacional el debate del proyecto de ley contra la extranjerización de la tierra. 

"Saludamos la iniciativa presidencial de impulsar el debate en el Congreso Nacional del proyecto de ley contra la extranjerización de la tierra; entendemos imprescindible la creación de dicho instrumento legal que ponga freno al proceso extranjerizador", expresó la agrupación en un comunicado.

En ese marco, señaló "la voracidad de los capitales extranjeros, que ante la profundización de la crisis global del sistema capitalista, no dudarán en intentar descargarla sobre las espaldas de los pueblos de la región, en especial utilizando como moneda de cambio la presión de compra de commodities agrarios a cambio de tierras".

Además, convocaron a actuar en forma articulada para apoyar la sanción del proyecto a "las organizaciones de la mesa coordinadora nacional de organizaciones campesina, de agricultura familiar y pueblos originarios, a los dirigentes y organizaciones de base de la FAA y a la corriente agraria CANPO".

Más allá del reiterado pedido de la Presidente y del esfuerzo de Vilma Ibarra por convocar a las comisiones, su discusión no tiene, por el momento, el aval de Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería.

El día después de su contundente triunfo en las internas abiertas, la Presidente Cristina Fernández reiteró su pedido para que la Cámara baja trate la Ley de Extranjerización de Tierras, tomando como base el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Ya exisitió un intento por parte de la diputada Vilma Ibarra, de Nuevo Encuentro, a su vez titular de la Comisión de Legislación General, de convocar a las otras dos comisiones que deben intervenir en el tema, con el propósito de sacar un pronto despacho que permita llevar la norma al recinto. Pero el intento fue abortado por la negativa de Asuntos Constitucionales y de Agricultura y Ganadería, que presiden, Graciela Camaño (Peronismo) y Juan Casañas (UCR), respectivamente, a abordar la discusión en plena etapa pre-electoral.

En aquella oportunidad Ibarra se lamentaba de no poder contar con el aporte de las comisiones restantes. Era evidente que el interés mostrado por su aprobación, no pasaba por el simple hecho de la necesidad de ponerle un marco legal a la silenciosa, pero evidente toma de posesión que algunos conocidos, y otros escondidos capitales extranjeros hacen de largas y envidiables extensiones de tierra a lo largo y ancho del país.

El matrimonio Kirchner hace ocho años que conduce los destinos de la Argentina, y en ningún momentos, hasta ahora, se interesó en la existencia del gran vacío legal exitente que permite la apropiación de preciados sectores del territorio nacional. En al ámbito del Congreso Nacional existen numerosos proyectos que contemplan esta situación, pero jamás se mostró interés alguno por tratarlos. Era evidente que las premuras e intereses políticos no pasaban por allí, hasta que en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2011, el diputado chaqueño de la UCR, Pablo Orsolini le recordó en pleno recinto de la imperiosa necesidad de darle luz a las numerosas iniciativas que se encontraban en el seno de la Cámara baja.

El diputado tucumano, Juan Casañas (UCR), quien preside la Comisión de Agricultura y Ganadería, no tiene ninguna duda de que "en caso de abordarse la discusión entre todos los sectores recién tendrá lugar después del 23 de octubre, nunca antes. Por lo menos esto es lo que pienso yo, y en el mismo sentido, Graciela Camaño.Lo que quiere ahora el Gobierno es sumar otro rédito político en plena campaña, tomando una iniciativa que es de la Federación Agraria del 10 de marzo de este año, además de los otros 19 proyectos existentes. En ocho años jamás se dieron por enterados de esta necesidad, y ahora quieren sacarlo de un día para el otro".

Lo que dice Casaña, más allá de tomar una posición política, desnuda también una verdad que, a la hora de decir la verdad, no se puede soslayar. Uno de los puntos de la nueva ley que la oposición no está dispuesta a dejar pasar es el que tiene que ver con las unidades de producción por hectárea en las diferentes zonas del país, que no es contemplado por el proyecto enviado por el PEN. Lo que indica que las diferencias pueden comenzar a emerger, inevitablemente, a medida que la discusión se concrete.

Otro detalle que, según Casañas se debe contemplar cuando se analicen los artículos, es lo que ocurre en el Chaco. Según el diputado, debe formar parte de la discusión lo que hizo Capitanich. "Concesionó a capitales siriios, 250 hectáreas por 99 años. Esto no puede pasar inadvertido si queremos sacar una ley en serio".

Por lo conocido; por los datos que andan dando vueltas; y por las preocupaciones políticas-electorales que ocupan a la mayoría de los diputados, el tratamiento de la Ley de Extranjerización de Tierras que pretende Cristina, es muy difícil, por no decir imposible, que tenga pista hasta después del 23 del corriente en la Cámara baja. Los diputados que quieren darle una alegría extra a la primera mandataria aportarán su mejor buena voluntad para que se haga realidad, pero generalmente la realidad no tiene el mismo comportamiento que la ilusión o los deseos personales.