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- Escrito por Noticias Aliadas - Luis Ángel Saavedra
- Categoría: Chile
Las decisiones que toma el presidente Rafael Correa en relación a los yacimientos de petróleo ubicados en territorio indígena demuestran cada vez más la poca voluntad del gobierno ecuatoriano para respetar los lineamientos constitucionales que protegen los derechos de los pueblos y de la naturaleza.
Las decisiones de Correa incluso han generado una agria polémica dentro del propio equipo de gobierno. Por un lado, funcionarios de los ministerios de Justicia y de Ambiente que adelantaban gestiones desde el año 2008 para cumplir con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de los pueblos tagaeri, taromenane y kichwa de Sarayaku, y funcionarios de la Presidencia y del Ministerio de Recursos No Renovables, que daban a conocer, a finales de junio, los nuevos planes de licitación petrolera, echando por tierra el trabajo adelantado por Justicia y Ambiente.
La medida cautelar a favor de los tagaeri y taromenane, emitida en el 2006, es una de las varias medidas de protección que ha emitido la CIDH para proteger la vida y el territorio de los diversos pueblos indígenas ecuatorianos y que están en contradicción con la política extractivista del gobierno.
Además, las nuevas políticas de explotación petrolera contradicen medidas anteriores del propio presidente Correa, quien definió una política gubernamental de protección a los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario al crear en el 2008 el Plan de Remediación Ambiental y Social y el Plan de Medidas Cautelares. Estos planes buscaban implementar las mejores alternativas para cumplir con lo acordado entre el gobierno y la CIDH, en especial en lo relacionado con el respeto a los territorios en donde se ha evidenciado presencia de estos pueblos, exhortando a limitar la explotación de recursos petroleros y madereros.
Campo Armadillo
El gobierno decidió convocar a licitación, el pasado 19 de junio, el denominado "Campo Armadillo", en la provincia amazónica de Orellana, que es catalogado como un "campo marginal", es decir, cuya producción petrolera no es significativa y, aunque ayudará a la financiación del presupuesto nacional, no constituirá un ingreso de alto impacto financiero.
Sin embargo, sí posee otro valor estratégico, y es su cercanía al Parque Nacional Yasuní, donde se encuentra el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), que constituye la mayor reserva petrolera nacional y que ha sido motivo de la campaña internacional que busca compensaciones para no explotar el petróleo y conservar la alta biodiversidad de esta zona, declarada además como intangible.
El Campo Armadillo, al estar cercano al Parque Yasuní, podría servir como infraestructura básica para la explotación del ITT y facilitaría la conexión de los oleoductos necesarios para el transporte de crudo.
En el Campo Armadillo se han encontrado evidencias de asentamientos y tránsito de los pueblos amazónicos tagaeri y taromenane que aún permanecen en aislamiento voluntario. Sin embargo, Correa se ha mostrado escéptico sobre la responsabilidad del Estado para proteger a estos pueblos, e incluso ha hecho comentarios desafortunados sobre sus derechos, como los formulados en mayo del 2010, en una de sus cadenas radiales de los sábados.
"Quieren que no se explote Armadillo porque se vio cerca a grupos no contactados. Dios no quiera que veamos no contactados en Quito y tengamos que desalojar Quito", dijo irónicamente el mandatario.
La convocatoria a licitación del Campo Armadillo constituye prácticamente una sentencia de muerte para los tagaeri y taromenane. En Ecuador no es novedad la desaparición de pueblos indígenas a causa de las actividades petroleras, pues ya en la década de los 80 desaparecieron los tetetes y sansahuaris, dos pueblos de la nororiental provincia de Sucumbíos, que sufrieron el embate de las actividades de la petrolera estadunidense Texaco.
Para prevenir la desaparición de los tagaeri y taromenane, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) decidió presentar el 29 de marzo pasado una demanda contra Correa por "genocidio", aduciendo que su política extractivista provocará la muerte de los pueblos no contactados. La demanda presentada en un juzgado de la capital ecuatoriana fue desechada aduciendo que no había señales de que el gobierno esté interviniendo en el Campo Armadillo. Sin embargo, la convocatoria a la licitación actual de Armadillo actualiza esta demanda que ahora ya se encuentra en la CIDH, a la espera de un informe de admisibilidad.
Mientras tanto, el proyecto de compensación por dejar bajo tierra el petróleo del ITT ha encontrado más obstáculos que los esperados y las negociaciones con los países que habían mostrado su deseo de cooperar en la consolidación de una canasta de donantes parecen ir definitivamente al fracaso a consecuencia de la propia ambigüedad del gobierno en su política de defensa de los derechos de la naturaleza. Esto ha llevado al gobierno a pensar ya en la explotación de este campo, para lo cual ha adelantado la implementación de campamentos base y está negociando con autoridades locales la adhesión al proyecto. Por lo pronto, Correa anunció que, de no tener las compensaciones requeridas a fines del 2011, se podría iniciar la explotación de al menos una parte del campo ITT.
Sarayaku vuelve a la CIDH
La CIDH también ha emitido medidas de protección que benefician al pueblo kichwa de Sarayaku, de Pastaza, en la Amazonia sur del país, quienes se resistieron al ingreso de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC).
En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó territorios de Sarayaku a CGC. La empresa inició un proceso de prospección sísmica con la detonación de pentolita. Más de 1,500 kg de este explosivo aún no han podido ser desactivados porque ni el Estado ni la empresa han facilitado los recursos financieros para estas actividades.
La oposición de la comunidad Sarayaku y las medidas cautelares dictadas por la CIDH obligaron al Estado ecuatoriano, a mediados del 2007, a cancelar la concesión; sin embargo, el año pasado el gobierno redefinió los bloques petroleros y de nuevo incluyó territorios de este pueblo indígena para futuras convocatorias para explotación petrolera.
La decisión del gobierno reactivó la amenaza contra este pueblo, que nuevamente ha acudido ante la CIDH, la cual recibió a sus representantes el 6 de julio en audiencia general.
Los líderes indígenas relataron ante la CIDH cómo la lucha contra la petrolera impidió que entre el 2002 y 2006 pudieran cultivar y realizar sus festividades tradicionales, por haberse dedicado a vigilar que la CGS no siga con las actividades de prospección petrolera.
"Dejamos de cazar, dejamos de cultivar, dejamos de trabajar y pasamos hambre para proteger el territorio", aseguró la líder indígena Patricia Gualinga.
Sin embargo, la parte más fuerte de la intervención de los indígenas de Sarayaku fue cuando su líder espiritual, Sabino Gualinga, de 90 años, aseguró que con las detonaciones de la pentolita realizadas por la CGC para la prospección símica murieron árboles sagrados y desapareció la mitad de los seres espirituales de la selva.
"Pasamos mucha tristeza y desgracia. En la selva viven seres ancestrales, los amos de la selva, y es una calamidad que desaparezcan, porque aparecerán enfermedades", afirmó Sabino Gualinga en su lengua natal, el kichwa.
Por su parte, el representante del gobierno nacional hizo una débil exposición de los avances realizados para proteger a Sarayaku y no pudo explicar la nueva política petrolera. La defensa del gobierno se basó en el testimonio de un indígena evangélico que afirmaba su complacencia por los adelantos dados por el gobierno y la necesidad del desarrollo.
Ahora la CIDH deberá decidir qué medidas se deben implementar para proteger a este pueblo indígena.
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- Escrito por clarin.com
- Categoría: Qué pasa
Cristina Kirchner pidió a las fuerzas políticas opositoras apurar en el Congreso el proyecto que limita la compra de tierras por parte de extranjeros.
Cristina Kirchner pidió a las fuerzas políticas opositoras apurar en el Congreso el proyecto que limita la compra de tierras por parte de extranjeros, una medida que consideró "central para los tiempos que vienen". La mayor parte de los bloques se mostraron de acuerdo con discutir y darle impulso a la iniciativa -el PRO enunció los mayores reparos- que establece como máximo en un "20% la sumatoria de propiedades extranjeras sobre el total de tierras disponibles" y 1.000 hectáreas por cada persona física o jurídica.
La demora, sin embargo, se generó por la mínima actividad en el Congreso a partir del escenario trabado desde que el kirchnerismo perdió la hegemonía y potenciado por la campaña electoral. "No vamos a poner obstáculos, pero pediremos una agenda más amplia", aseguró Ricardo Gil Lavedra, el jefe de bloque de la UCR, que mencionó los proyectos de ley de acceso a la información pública, la modificación de la responsabilidad penal juvenil y el combate a la trata de personas. Desde diciembre de 2009, cuando dejó de controlar ambas Cámaras, el kircherismo hizo lo que pudo por limitar el funcionamiento del Congreso, en especial los proyectos opositores.
"Compartimos la importancia de este tema, pero creemos que previamente deberíamos tener un registro único de catastro", sostuvo Lisandro Viale, el titular de la bancada del socialismo. Vilma Ibarra, presidenta de la comisión de Legislación General, impulsará el tratamiento para dentro de dos semanas en ese ámbito.
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- Escrito por opinion.com.bo
- Categoría: Brasil
En Bolivia "hay un progresivo acaparamiento extranjero de las mejores tierras agrícolas, especialmente por parte de ciudadanos brasileros y argentinos", según un estudio elaborado por la Fundación Tierra a iniciativa de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para América Latina.
El estudio, denominado "Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia", fue elaborado en el segundo semestre de 2010 por Miguel Urioste, investigador de la Fundación Tierra y experto en temas agrícolas.
Aunque en Bolivia no existe la compra de tierras directamente por Estados o gobiernos extranjeros, según el experto, inversores foráneos, principalmente brasileros y argentinos, y en menor grado colombianos, están comprando tierras desde hace dos décadas , para la cría y engorde de ganado".
"Estos extranjeros poseerían más de un millón de hectáreas de las mejores tierras agrícolas y ganaderas de Bolivia. Este fenómeno de concentración y acaparamiento se debe a una combinación de políticas estatales bolivianas y a condiciones de mercado y no se ha producido como efecto específico del auge de los precios de los alimentos y de la crisis financiera internacional de los años 2007/2008", sostiene Urioste.
Sin embargo y a pesar de la cada vez mayor cantidad de tierras en manos de extranjeros, según el experto, los mayores concentradores de la propiedad de la tierra en Santa Cruz "siguen siendo principalmente los productores ganaderos nacionales, quienes además de trabajar parte de ellas, las venden o alquilan al mejor postor para uso mixto, destacándose su rápida conversión a tierras de uso agrícola".
"En los últimos quince años -afirma-, los principales compradores de tierras son inversionistas brasileros que han promovido el salto de la frontera agrícola en el departamento de Santa Cruz, de apenas 143.000 hectáreas sembradas con soya y otras oleaginosas el año 1990, hasta cerca de un millón en 2009".
"Notablemente -agrega-, este acaparamiento de tierras vía compra y la reciente modalidad de alquiler de tierras de bolivianos a brasileros, argentinos y marginalmente a algunos colombianos, no ha sido desalentado por la persistente inseguridad jurídica que deriva de la falta de títulos de propiedad saneados por el Estado boliviano a través del INRA".
Hasta fines del año 2010, según Urioste, la gran mayoría de las tierras que se destinan al cultivo de la soya y que están en manos de ciudadanos nacionales y extranjeros no han concluido su proceso de saneamiento y no tienen títulos de propiedad en regla.
Con base a testimonios de personas ligadas al proceso, el investigador afirma que "la gran mayoría de las utilidades obtenidas por los ciudadanos extranjeros en el agronegocio de la soya y crecientemente en el negocio ganadero, serían periódicamente repatriadas a su país de origen , el Brasil y la Argentina, mientras una parte menor sería reinvertida en Bolivia para mantener los campos, caminos, instalaciones industriales, equipos y almacenes".
Según el director de Tierra, Gonzalo Colque, el "lento pero sostenido proceso de concentración de las mejores tierras agrícolas en manos de inversionistas transnacionales", es resultado de los bajos precios de las tierras, pero también de las políticas públicas que estimularon la incorporación de Bolivia "a la liga de los productotres de oleaginosas del continente liderada por Brasil y Argentina y más recientemente con una creciente participación de Paraguay y Uruguay".
Tras señalar que "el fenómeno de acaparamiento de tierras a gran escala por parte de capitales foráneos no es un hecho aislado ni particular de Bolivia", Colque dice que hay "una tendencia mundial de presión comercial sobre la tierra que conduce a su transnacionalización, especialmente en países pobres, en momentos en que los países ricos y emergentes están redefiniendo estrategias de provisión de alimentos para sus poblaciones".
"¿Qué efectos tienen estas adquisiciones de tierras en la seguridad y soberanía alimentaria nacional? ¿Cómo afectan en las decisiones de la economía agraria sobre qué y para quién producir?", pregunta Colque en la presentación del informe.
Urioste admite que no hay estadísticas oficiales sobre el fenómeno de la concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia y que tuvo que elaborar su estudio con "información no oficial y acudiendo a herramientos complementarias como otras investigaciones, avisos en los periódicos, trabajo de campo y entrevistas".
"Es probable que haya información en los gremios de productores (CAO, ANAPO, FEGASACRUZ, FEGABENI, CONFEAGRO) quienes -ante el argumento de que los municipios no tienen las capacidades instaladas- son colectores del esmirriado impuesto a la tierra mediante el auto avalúo y mantienen su base de datos virtualmente en secreto", sugiere en su informe.
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- Escrito por NOSIS
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Ministros de Economía y presidentes de los Bancos Centrales de la UNASUR realizarán hoy la primera reunión del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, en la que definirán una serie de medidas conjuntas para afrontar la crisis financiera internacional.
Al finalizar el encuentro, que se realizará en el hotel Hyatt de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo emitirá un documento con las medidas acordadas. Entre ellas podrían incluirse la capitalización de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para aumentar su capacidad de financiamiento y la creación de un fondo regional de reservas.
También se buscará impulsar el comercio entre los países del bloque en monedas regionales y relanzar el Banco del Sur.
Con la creación del Consejo Suramericano, los países del bloque buscarán diferenciarse de las medidas que están tomando Estados Unidos y Europa y mantener su independencia económica, además de profundizar la integración regional.
Los ministros de Economía de la región avanzaron en la definición de las medidas la semana pasada, durante un encuentro que mantuvieron en Lima (Perú) y en la reunión de hoy terminarán de fijarlas y comenzarán a explorar nuevas líneas de trabajo.
En ese sentido, se avanzaría en la implementación del fondo de reservas internacionales, en el refuerzo a los controles de capitales, el aumento del comercio intrabloque y el financiamiento a proyectos de desarrollo.
Funcionarios de Argentina, Ecuador, Uruguay y Venezuela coincidieron además en que para crear el fondo de reservas "es necesario conformar un grupo de trabajo que lleve a cabo los estudios técnicos", sobre la base de mecanismos claros y lo suficientemente flexibles como para sortear las asimetrías de la región.
El Grupo de Trabajo de Integración Financiera, encabezado por Roberto Felleti, viceministro de Economía y candidato a diputado para los comicios de octubre, definió anoche el borrador del documento que se difundirá hoy. Ese documento contempla la posibilidad de emplear como base el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), del que hasta ahora no forman parte ni Argentina ni Brasil, que deberían asociarse. Pero todavía no está descartada la posibilidad de crear otro fondo.
Venezuela y Ecuador advirtieron que en caso de reimpulsarse el FLAR, deberían reformularse las condiciones de acceso a sus fondos. En ese sentido, sería clave la postura que adopte Brasil, cuyo Banco Central tiene reservas por 350.000 millones de dólares.
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- Escrito por ABC - EFE
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Los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se reunirán mañana en Buenos Aires para acordar un "blindaje" ante la onda expansiva de la crisis económica.
Esta será la primera reunión del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas de la Unasur, que planea rubricar su estatuto y un "plan de acción" para el bloque, que tiene 392 millones de habitantes y representa el 5,9% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.
El "plan de acción", cuyos detalles comenzarán a analizar hoy funcionarios técnicos, se fundará en mecanismos de ayuda mutua en caso de ataques especulativos contra las monedas suramericanas, dijo el ministro argentino de Economía, Amado Boudou.
La secretaria general de Unasur, María Emma Mejía, confirmó a su vez que se adoptarán medidas a corto plazo para enfrentar la actual crisis y otras a medio y largo plazo sobre temas estructurales que ayuden a "blindar" la región.
Latinoamérica crecerá un 4,6% este año, por encima del promedio mundial, según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora la región afrontó sin sobresaltos la crisis global, en buena medida gracias a una mayor disciplina fiscal y una fuerte acumulación de reservas monetarias.
Así, Latinoamérica se convirtió, después de China, en el principal tenedor de activos en moneda estadounidense, por unos 700.000 millones de dólares. "Es una novedad que nos animemos a pararnos como una de las locomotoras de la economía mundial" , comentó Boudou. Uno de los objetivos es incrementar el comercio intrarregional, que alcanza a 120.000 millones de dólares anuales, apenas un sexto del total del volumen de intercambios que mueve el bloque.
Para alentar este comercio, una de las propuestas es extender el mecanismo ya vigente entre Argentina y Brasil, las dos mayores economías de Suramérica, de uso de sus monedas locales para realizar los intercambios, en vez de hacerlo con dólares.
También se estudian estímulos para la creación de cadenas productivas y el desarrollo de proveedores regionales.
"Es una sustitución de importaciones regional y lo que estamos buscando es generar proveedores regionales", aseguró Boudou luego de afirmar que esto "no significa economías cerradas" sino "una mayor apertura", pero entre las economías suramericanas.
Por otra parte, los ministros analizan mecanismos para que los bancos centrales de los países de la Unasur actúen coordinadamente y cuenten con un sistema de asistencia mutua en caso de "ataques especulativos" .
Una alternativa es la creación de un fondo con parte de las reservas monetarias de los países de Unasur, que suman 574.000 millones de dólares, o la ampliación del Fondo Latinoamericano de Reservas, integrado por siete naciones y que cuenta con unos 900 millones de dólares.
Los ministros también estudian cómo fortalecer instituciones como la Corporación Andina de Fomento y el Banco del Sur, cuya constitución aún debe ser ratificada por varios parlamentos de la región.
La cita de Buenos Aires tiene como antecedente la cumbre de presidentes de la Unasur celebrada en Lima el 28 de julio pasado, cuando se resolvió coordinar medidas para la crisis internacional.
Desde entonces, los mercados en la región sufrieron una fuerte volatilidad luego de que la agencia Standard & Poor's rebajara la calificación de la deuda de los EE.UU.
