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Los agricultores europeos podrían perder más de 3.000 millones de euros en ingresos anuales para el 2020 bajo cualquier acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, según un estudio de la Comisión Europea.

Las pérdidas más profundas las sentirían los productores ganaderos de Irlanda, Gran Bretaña y Francia, golpeados por lo que sería un incremento de 200.000 toneladas anuales en importaciones de carne desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, de acuerdo con el estudio.

El año pasado, la Unión Europea y el Mercosur relanzaron las conversaciones, que estaban estancadas desde el 2004, con miras a un acuerdo que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, con 750 millones de habitantes y un comercio de bienes y servicios por 84.000 millones de euros (124.600 millones) en el 2010.

Los negociadores siguen esperanzados de poder alcanzar un acuerdo más adelante este año. Cualquier pacto contemplaría que Europa abra sus mercados a los bienes agrícolas sudamericanos a cambio de un mayor acceso a los mercados del Mercosur para servicios y artículos como autos europeos.

Sin embargo, las conversaciones enfrentan una fuerte oposición de algunos gobiernos de la UE, como Francia e Irlanda, donde los influyentes grupos agrícolas han advertido que un incremento de importaciones alimenticias más baratas podrían dejar fuera del negocio a muchos productores europeos.

El estudio fue elaborado para el departamento de agricultura de la Comisión por un centro de investigaciones científicas de la UE y fue entregado el jueves a funcionarios comerciales de gobiernos europeos en Bruselas.

El informe aún no es público pero Reuters pudo acceder a una copia de él.

Según el estudio, podrían perderse hasta 33.000 empleos en Europa si se aprobara el actual borrador del acuerdo.

"El impacto total de un posible acuerdo de libre comercio UE-Mercosur sobre el sector agrícola de la UE es negativo, pero la intensidad de los efectos varían considerablemente a lo largo de los productos agrícolas y de las regiones", indicaron los autores del informe.

Para el 2020, la producción de carne de la UE caería en más de 150.000 toneladas al año y los precios para los productores bajarían casi un 8 por ciento, de acuerdo con el estudio.

Los ingresos anuales agrícolas de Irlanda caerían más de un 4 por ciento para el 2020 debido a la alta participación de la carne en la producción agropecuaria del país, mientras que en el caso de Gran Bretaña y Francia las bajas serían del 3 y 2 por ciento, respectivamente.

Las exportaciones de cereales de la UE a los cuatro países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- aumentarían en torno a 1 millón de toneladas por año para el 2020, mientras que el acuerdo tendría poco impacto sobre la producción de azúcar o sobre sus precios, indica el informe.

El departamento de comercio de la comisión ha dicho que un acuerdo comercial UE-Mercosur podría entregar beneficios económicos netos por unos 4.500 millones de euros al año a ambas regiones.

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para poner límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. El nuevo tope será de 1.000 hectáreas en todo el país para cada individuo extranjero o empresa con 51% o más de participación de capitales del exterior. Además, establece que no se podrá vender a extranjeros ni una sola hectárea más allá del 20% de las 206 millones de tierras rurales que hay en la Argentina.

La iniciativa fue anunciada ayer por la presidenta Cristina Fernández por cadena nacional y, según fuentes del Gobierno, resumió en buena medida varios de los 20 proyectos presentados previamente en el Congreso por legisladores de ocho bloques, oficialistas y opositores. De esos proyectos, 11 tienen hoy estado parlamentario.

Cristina Fernández fue taxativa en que el proyecto no es retroactivo para los extranjeros que ya tienen más de 1.000 hectáreas en el país.

"La medida no afectará los derechos ya adquiridos, porque significaría cambiar las reglas del juego y afectar a aquellos que adquirieron tierras legítimamente", dijo la Presidenta. "No somos nada originales, nos hemos copiado de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia y de Italia, países del primer mundo que tienen fuertes restricciones a la adquisición por parte de extranjeros de sus propias tierras", agregó.

No existe un relevamiento que permita determinar cuánto del territorio argentino está en manos de capitales extranjeros: el proyecto encarga esa tarea al Ministerio de Justicia, durante los 180 días posteriores a la sanción de la ley.

Hay casos conocidos por la fama de sus propietarios, como los estadounidenses Douglas Tompkins y Ted Turner, el británico Joe Lewis (dueño del Hard Rock Café) y los hermanos italianos Benetton. También hay empresas como Adecoagro, de capitales extranjeros, que explota unas 75.000 hectáreas. Esos y los demás propietarios de origen extranjero, según el proyecto, deberán declarar su titularidad ante un nuevo organismo: el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, que dependerá de los ministerios de Justicia, Defensa, Agricultura e Interior, la secretaría de Medio Ambiente y de los gobiernos provinciales.

"Hay estudios privados que aseguran que un 15% del territorio está en manos de extranjeros . Pero el único relevamiento disponible, con nombre y apellido, arroja 6,3 millones de hectáreas, que representa menos del 3% de las tierras", dijeron fuentes del Gobierno.

¿Qué son las tierras rurales? Para el proyecto, es todo predio o terreno que no está dentro de un ejido urbano. En Agricultura estiman que sobre casi 280 millones de hectáreas que tiene el territorio continental, 206 millones son de uso rural y otros 74 millones corresponden al territorio cordillerano, de escaso o nulo uso rural.

El tema, de paso, fue recibido con ánimo dispar entre los ruralistas de la Mesa de Enlace. Eduardo Buzzi calificó el proyecto como " un triunfo de la Federación Agraria ", mientras que el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, se mostró escéptico: "Es un tema importante que requiere una discusión profunda y sin apuro , ya que los tiempos cambiaron. Pero habría que preguntarse por qué son los extranjeros los que hoy pueden comprar tierra en nuestro país y no lo productores nacionales", dijo.

Qué dice el proyecto
Los extranjeros no podrán tener más del 20 por ciento del total de las tierras rurales del país.

Se entiende por extranjero a personas de otra nacionalidad o empresas con más del 51% del capital extranjero.

Los extranjeros no podrán tener más de 1.000 hectáreas de tierras rurales cada uno. Sólo como ejemplo, los Benetton compraron más de 900.000.

Hay otra restricción por país: los ciudadanos de una misma nacionalidad no podrán tener más del 6% del total de la tierra rural del país.

Venezuela entra en su primera semana fuera de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), escenario que su Gobierno descarta represente afectaciones comerciales o políticas.

  El viernes último Caracas salió oficialmente de la entidad formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, lo cual genera además de expectativa, vaticinios opositores de descalabro económico.

"No existe absolutamente ninguna posibilidad de afectación, porque fueron analizados todos los escenarios y no hay improvisaciones como algunos apurados dicen por ahí", afirmó a la televisión estatal el vicepresidente de Economía Productiva, Ricardo Menéndez.

Según el también titular de Ciencia y Tecnología, se trata de un paso calculado desde hace un lustro, que incluyó la revisión de los casi siete mil códigos arancelarios vigentes y de temas como el abastecimiento y la inflación.

Tampoco hay peligro de conflicto con los miembros de la CAN, con los que se alcanzaron importantes acuerdos en las últimas semanas, apuntó al referirse a cuando este lunes Venezuela comience a transitar al margen de ese organismo, cuyos orígenes datan de 1969 en Cartagena, llamado entonces Pacto Andino.

Para Menéndez, la salida de la CAN abre nuevas oportunidades de verdadera integración y comercio justo, alejado de la influencia de Estados Unidos y otras potencias motivadas por un interés único: dominar mercados.

Convenios bilaterales sustituyen la CAN

Venezuela trabajó con los países de la CAN instrumentos de cooperación bilateral para evitar cualquier daño.

En los casos de Bolivia y Ecuador, resultó relativamente fácil encontrar convenios mutuamente beneficiosos a partir de la afinidad política de los gobiernos y la voluntad común que los hermana en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Tratado de Comercio de los Pueblos.

Con La Paz y Quito, más allá de mantener las ventajas arancelarias, agregamos el elemento de la complementariedad de las cadenas productivas, explicó el vicepresidente Menéndez.

De acuerdo con el dirigente, se trata de aprovechar fortalezas de unos para neutralizar debilidades de otros, y así avanzar juntos hacia el desarrollo socioeconómico.

Respecto a Bogotá y Lima, las partes suscribieron prórrogas de 90 días para las reglas de la CAN, en aras de perfilar mecanismos de intercambio comercial.

En el caso de Colombia ayuda la postura asumida a su llegada a la Casa de Nariño por Juan Manuel Santos, quien ha tomado distancia de la política anti-venezolana de su antecesor, Álvaro Uribe.

Santos y Hugo Chávez sostuvieron su tercer encuentro el 9 de abril en Cartagena, donde ratificaron la decisión de potenciar los vínculos económicos.

La extensión con Perú fue firmada el 15 de abril en esta capital entre el canciller anfitrión, Nicolás Maduro, y su par visitante, José García.

Esta prórroga nos garantiza un margen de tiempo para alcanzar un convenio sólido y de nuevo tipo, apuntó Maduro.

Razones para dejar la CAN

Venezuela además de renunciar a la CAN, denunció en 2006 a ese organismo, por considerarlo ajeno a sus principios de integración, soberanía y complementariedad entre los países.

Para el vicepresidente de Economía Productiva, Ricardo Menéndez, hay que partir para entenderlo de la posición de Caracas de rechazar los Tratados de Libre Comercio (TLC) impulsados por Estados Unidos.

"Los TLC son un engaño, una estratagema para que las potencias encuentren mercados en sus recurrentes crisis de superproducción, y Chávez desde el principio fue bien claro sobre su amenaza", explicó.

Hubo países de la CAN que dieron ese paso (Colombia y Perú), abriendo una puerta para la implosión o ruptura del aparato productivo interno, porque aunque el libre comercio es bilateral su impacto en los otros miembros resulta innegable, precisó.

Menéndez ilustró el peligro identificado entonces con el caso de México.

"Con mucho respeto, pero ahí está el ejemplo de México, cuyo aparato agrícola quedó devastado por el TLC con Estados Unidos, y terminaron importando maíz, pese a su tradición en ese sector", dijo.

Por su parte, el canciller Maduro relacionó la salida de la CAN con el escenario imperante en 2006.

Hace cinco año renunciamos a la Comunidad Andina de Naciones porque en el continente reinaba el neoliberalismo, el dogma del pensamiento único, mientras nosotros creemos en el multilateralismo y la integración más allá de lo comercial, sentenció.

Señala el organismo que la razón de estos incrementos radica principalmente en los constantes cambios climáticos en el mundo

El índice general en el precio de los alimentos en el mundo que realiza la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su siglas en inglés) refleja un aumento sustancial en el precio del trigo, la leche y el maíz, con respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo a la FAO, en febrero de 2010 el precio del trigo por tonelada se situaba en 207 dólares, mientras que en febrero de 2011, se ubicó en 362 dólares, lo que representa un incremento de 155 dólares.

En el caso del maíz, en febrero del año pasado, el precio por toneladas del rubro se ubicó en 162 dólares. Sin embargo, para el mismo mes de 2011, el precio aumentó a 287 dólares, lo que representa un incremento de 125 dólares.

Igualmente, el precio por tonelada de leche aumentó 763 dólares, al pasar de 3.337 dólares en febrero de 2010 a 4.100 dólares en febrero de 2011.

La razón de dichos incrementos radica principalmente en los constantes cambios climáticos en el mundo (sismos, sequías, huracanes y tsunami); en la fabricación de mayores cantidades de etanol (biocombustibles) y en las operaciones bursátiles en las que se negocian alimentos.

 

La FAO y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) han puesto en marcha un proyecto para apoyar a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en los sistemas de registro y seguimiento de plaguicidas de uso agrícola. El proyecto fue lanzado esta semana, en la sede de la CAN en Lima, Perú. 

"Este proyecto responde a una demanda de los países de la Comunidad Andina de Naciones de reducir los riesgos asociados al uso de plaguicidas. La producción de alimentos debe darse de la manera más sostenible, disminuyendo los riesgos ambientales y a la salud humana. Esta acción será una contribución concreta para lograr dicho fin", dijo el Oficial a cargo de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Fernando Soto Baquero.

La intervención tiene un presupuesto aproximado de $us 480 mil y contribuirá al desarrollo agrícola sostenible, mejorar la calidad de los alimentos y proteger la salud de los habitantes de los países del CAN. 

Su actuación se dará en tres frentes: apoyo al fortalecimiento de la Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola; refuerzo de las capacidades técnicas e institucionales para el registro y control de los plaguicidas en Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú; y apoyo institucional a nivel subregional a través de la creación de un programa de seguimiento y control de plaguicidas, de un sistema de laboratorios de análisis, y de un registro de plaguicidas biológicos.

El proyecto se enmarca en el objetivo estratégico de la Organización de las Naciones Unidas de para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de promover un manejo integral de la producción agrícola con enfoque ecosistémico.

La gestión adecuada de todo el ciclo de vida de plaguicidas ayuda a reducir la presencia de sus residuos en alimentos e intoxicaciones alimenticias agudas y crónicas. Disminuye, asimismo, la contaminación ambiental y la existencia de plaguicidas obsoletos, que son aquellos que, por diversos motivos, no se pueden utilizar. En Bolivia, Paraguay, y la región del Caribe, la FAO está apoyando los Gobiernos en la eliminación de plaguicidas obsoletos.