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Con el inicio del 2010 a la par se cierra la primera década del siglo XXI, que ha sido un ciclo importante en la vida del Ecuador.

Al inicio mostraba un país confuso y pesimista, mas al concluirlo presenta un país inserto en una tendencia de renovación, aunque con fragilidades, pero con la vitalidad de debates sociales y políticos de trascendencia regional y continental.

La década estuvo marcada por la búsqueda de caminos alternativos. 

La componenda entre los partidos Social Cristiano, democracia cristiana y social democracia, expresada en la Constitución de 1998, se desmoronó como castillo de naipes. El proyecto de hegemonía se quebró.

Recordemos los primeros meses del 2000, marcado por las secuelas de una de las peores crisis, quiebra bancaria y éxodo al exterior, tanto que el 21 de enero el Parlamento era tomado por una movilización indígena, que horas después pactaba con un sector de militares, provocando la caída de Jamil Mahuad.

Cada año fue afirmando una corriente creciente y profunda de la sociedad ecuatoriana, de sus clases y capas populares, también de sus estratos medios e incluso parte de la élite, por dejar atrás las modalidades oligárquicas de reproducir la economía y la política, así como la constatación del agotamiento del recetario neoliberal.

La singularidad y fortaleza del proceso ecuatoriano provinieron de los sectores que habían sido excluidos durante siglos, desde la época colonial hasta la republicana, los pueblos y nacionalidades indígenas, que mantienen con fuerza las demandas de plurinacionalidad, multiculturalidad, y exhiben una filosofía de vida, reconocida como cosmovisión, con muchas potencialidades, frente a la crisis de las formas especulativas y destructivas.

También tuvieron rol destacado los planteamientos de los movimientos de mujeres, el discurso crítico de las corrientes ecologistas y de derechos humanos. Y la resistencia de los diversos sindicatos, especialmente de los servicios públicos, por los derechos de los trabajadores y la soberanía nacional.

Fue destacada la labor de síntesis y sistematización de una intelectualidad atenta y comprometida con estos movimientos sociales y culturales.

Tales componentes abrieron paso a corrientes de cambio; cuestionando al  Estado nación y reconociendo la plurinacionalidad; cuestionando el monoculturalismo e impulsando la interculturalidad; cuestionando la dependencia y defendiendo las soberanías; cuestionando la desigualdad y  promoviendo las equidades; reconociendo la pluralidad en los sujetos sociales;  recuperando como horizonte el sumak kawsay (buen vivir); impugnando los mecanismos de despojo de los recursos naturales y fomentando los derechos de la naturaleza y el agua.

Esta propuesta hoy es la columna vertebral de la nueva Constitución, el gran aporte de la década y el desafío enorme para el conjunto del país, mandato político para la élite gobernante, programa de lucha y derechos para las clases populares.

Esto implica enfrentar asignaturas pendientes del proceso histórico ecuatoriano: la primarización productiva, la restricción de la democracia y la inequidad en el acceso a los recursos.

 

Francisco Hidalgo Flor es Investigador Social

(Publicada en el diario "El Telégrafo" edición 9 de enero del 2010 )

 

La producción agrícola en general y la cría de ganado son las actividades económicas más importantes de nuestro país de acuerdo con la percepción de la población, revela una encuesta impulsada por la UGP. Itaipú y Yacyretá aparecen como la tercera fuente económica.

 

El 98% de las personas cree que la agricultura es la actividad de mayor importancia para la economía del país, según una encuesta realizada por la firma COIN, cuyos resultados dio  conocer ayer el ingeniero agrónomo Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).   

El dirigente comentó que el sondeo confirma la hipótesis de muchos, que el trabajador del campo no tiene tiempo para otra cosa que labrar la tierra, y que ese es su mejor marketing.   

Cristaldo reveló que la encuesta demostró también que las otras actividades productivas con mayor relevancia para el Paraguay son la ganadería y los fondos recibidos de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá juntas.   

Con respecto al prestigio de la producción ganadera, dijo que es similar a la agricultura, que se debe al esfuerzo del sector.   

Sin embargo, en el caso de las hidroeléctricas, Cristaldo destacó que la importancia dada por las personas se debería más al trabajo propagandístico desarrollado por estas, antes que a la proporción real de su importancia en nuestra economía, hecho que debe ser analizado por los economistas.

En relación a Itaipú y Yacyretá, la población también percibe que están muy relacionados a hechos de corrupción y a exagerados sueldos de sus funcionarios.   

En cuanto a los rubros agrícolas específicos, la opinión de los encuestados indica que la soja y el trigo son los renglones más determinantes de la economía.   

El 65% de ellos consideró que la soja es muy importante, mientras que al trigo se le adjudicó la misma categoría, en un 57%.   

El algodón sigue en la memoria de los paraguayos, el 48% considera que su cultivo es importante para nuestro país, pero este año solo se sembraron 18.000 hectáreas de las 550.000 hectáreas que había hace 19 años. El sésamo no fue mencionado.   

Los resultados de la encuesta también revelan que la población percibe que la agricultura está relacionada con actividades que pueden contaminar el ambiente. Otro aspecto encontrado fue el gran desconocimiento sobre la biotecnología y los transgénicos.   

En la encuesta saltó también  que la gente opina más acertadamente en relación a nuestros recursos económicos, cuanto más elevado es su nivel socioeconómico.

Del encuentro participaron la FAA, Cafer, ACA, la Bolsa de Cereales, el Centro de Acopiadores, intendentes de localidades trigueras y el Gobierno provincial. Hubo, sin embargo, tres ausencias importantes: Farer, Fedeco y la Sociedad Rural. El secretario Schunk planteará hoy en Buenos Aires que se haga un análisis sobre el cumplimiento de la colocación por parte de los exportadores de las 300 mil toneladas de ROE verde que habilitó la Nación.

Con la presencia de integrantes de la cadena triguera y convocado por el Gobierno provincial, quedó constituido un espacio para avanzar en las políticas destinadas al sector, dirigida a los pequeños y medianos productores.
Estuvieron en el encuentro, realizado en la Secretaría de la Producción, Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (Cafer), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el Centro de Acopiadores de Granos de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la delegación provincial de la Federación Agraria de Entre Ríos y los intendentes de las principales ciudades trigueras. Pero a la reunión faltaron tres de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace: la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
"Hemos convocado a todos los sectores relacionados con la producción de trigo para discutir las políticas siempre orientadas en el sentido que el gobernador Sergio Urribarri ha establecido, es decir, dar apoyo a los pequeños y medianos productores. Porque a los productores grandes les alcanza con el mercado", dijo el secretario de la Producción, Roberto Schunk, en cuya oficina de desarrolló el encuentro.
Entre los problemas apuntados se destacó que hace cuatro años que los productores pequeños vienen recibiendo entre 20 y 30 por ciento menos del precio pleno. "Ante los problemas concretos, soluciones concretas", dijo Schunk.

LO ACORDADO. Fue así como quedó establecido que el funcionario viaje hoy a Buenos Aires para hacer todas las gestiones ante el Ministerio de Agricultura de la Nación a fin de solicitar la liberación de 200 mil toneladas de trigo, dado que los molinos imponen condiciones de calidad que no cumple el trigo entrerriano o por razones de distancia, costo de flete, no resulta conveniente venderles a los mismos.
"Queremos que esto se cumpla y no dudamos que así se hará, como se está cumpliendo con el financiamiento crediticio del Banco Nación a tasas muy bajas que no existen en el mercado, concretamente al 7 por ciento", agregó.
Schunk se mostró confiado en que la Mesa de Trigo arroje sus frutos como lo han dado otros encuentros. Fue en este punto donde recordó que el 26 de noviembre en Cafer se encontraron los dirigentes de Federación Agraria y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para avanzar en decisiones que se sintetizaron en seis puntos a fin de solucionar los inconvenientes de comercialización del cereal, tras la buena producción registrada.
El funcionario provincial destacó que en las reuniones que hoy tendrá en Buenos Aires también planteará que se haga un análisis sobre el cumplimiento de la colocación por parte de los exportadores de las 300 mil toneladas de ROE verde que la Nación habilitó oportunamente. "En pocos días más hay que pensar en la próxima campaña y hay que ir solucionando los problemas aún vigentes. Porque Entre Ríos tiene que ampliar su superficie sembrada y mantener el récord de producción que alcanzó en esta cosecha de trigo", agregó Schunk.
"Es necesario que el Estado participe, como lo hace, para evitar que el mercado concentrado fije las pautas. En ese sentido, Entre Ríos planteó ante la Nación que hay que comenzar a pensar en una nueva Junta Nacional de Granos que favorezca al pequeño productor", finalizó Schunk.


AUSENCIAS Mientras, el presidente de Fedeco, Gonzalo Álvarez Maldonado, señaló que su entidad no concurrió a la convocatoria del Gobierno provincial porque "esperamos el resultado de la reunión del miércoles entre el ministro de Agricultura nacional, Julián Domínguez y las entidades".
Álvarez Maldonado, en declaraciones a AIM Digital, recordó que la propuesta de crear una mesa nacional para el trigo será comunicada este miércoles a la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, que todavía no han decidido su participación.
El cooperativista señaló que "en otros temas estamos dispuestos a participar, pero en éste observaremos qué pasa a nivel nacional y después decidiremos".
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), en tanto, el director por Entre Ríos, Luis Miguel Etchevehere, justificó su ausencia en el hecho de el Gobierno provincial "conoce muy bien la problemática del trigo y no hay mucho más que hablar. Esperamos una solución nacional que debe llegar por el precio. Las cuestiones de listados de productores y la información de que algunos productores cobrarán el precio lleno mientras otros no, nos parece una verdadera injusticia".
Con relación a la decisión de la Casa Gris de convocar a los municipios para conformar junto con los productores una Junta Provincial de Granos, Etchevehere opinó que "siempre que se hicieron este tipo de entidades fracasaron y los resultados saltan a la vista, ya que cada vez se siembra menos trigo. Por eso consideramos que la única manera que se vuelva a sembrar en cantidad y que la actividad se desarrolle, es que haya un precio que incentive a la producción. Los listados, habilitaciones para exportar y los ROE verdes han fracasado, con la resultante de que los chacareros cada vez perciben menos y cada vez se produce menos. No lo vemos con buenos ojos, el Gobierno sabe qué hacer pero no quiere hacerlo", advirtió.
El dirigente rural agregó que "lo importante es que se libere la exportación de trigo para que el sector exportador pueda competir con la molinería, que es el problema que tenemos hoy. Hay que recordar a la opinión pública que el productor es tomador de precios, no es que le pone valor al producto, sino que necesita de la oferta y la demanda para que se forme un precio justo", destacó.
El presidente de Farer, Juan José Galli, a su turno, consideró que "no creemos que la solución pase por una reunión con la Nación o la Provincia; creemos que debe ser más integral, cosa que sería mucho más fácil de resolver".
El titular de Farer pidió al Gobierno que "la solución sea integral y abarque a todos los productores, no sólo a algunos entrerrianos y a algunos bonaerenses, es una ridiculez armar listados y decir quién queda adentro y quién afuera".
Además agregó que no son optimistas con el resultado de la reunión prevista para el miércoles en el Ministerio de Agricultura. "Nada va a cambiar, eso lo sabemos bien, el Gobierno sabe que tiene que hacer pero no lo hace", disparó Galli.

Mañana, la nacional

MAÑANA MIÉRCOLES SE CREARÁ UNA MESA NACIONAL DEL TRIGO para acordar medidas que incluyan a todos los productores, algunos de los cuales recibirán ventajas de las mesas provinciales, como subsidios o créditos blandos para capital de trabajo. Los integrantes de la Comisión de Enlace concurrirán mañana al Ministerio de Agricultura, donde serán recibidos por su titular, Julián Domínguez. Algunos ruralistas opinan que el Gobierno ensayó una estrategia para dividir a la Comisión de Enlace, al organizar las Mesas del Trigo de Buenos Aires, La Pampa, y Entre Ríos. Sin embargo, Carlos Garetto, titular de Coninagro, aseguró a Noticias Argentinas, que el "problema del trigo" debe solucionarse de manera "integral" y aclaró el problema afecta a los productores de todo el país. La posibilidad de que se produzcan protestas continúa latente ya que el mercado de trigo aún sigue sin reactivarse a pesar de que existen rumores sobre compras entre productores para vender a la molinería, que está obligada por el Gobierno a adquirir en los próximos 45 días más de un millón de toneladas.


Buzzi y De Ángeli limaron diferencias

El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, y el titular del Consejo Delegado Entre Ríos de la entidad, Alfredo De Ángeli, ratificaron la unidad y negaron diferencias políticas por la firma de un acuerdo con el Gobierno sobre exportación de trigo.
"La unidad de la FAA es más fuerte que nunca y la Mesa de Enlace está más firme que antes", resumió a la agencia Noticias Argetinas Pedro Peretti, uno de los directores federados que participó ayer de un encuentro en la sede rosarina de la entidad.
De Ángeli aseguró a Buzzi que tiene la "conciencia tranquila" por haber acordado con el Ministerio de Agricultura la exportación de 340 mil toneladas de trigo entrerriano, "operaciones que en la práctica no se cumplieron", según aclaró Peretti.
"Lo que se firmó fue un compromiso con el ministro de Agricultura, el 26 de noviembre en Paraná, de exportar 300 mil toneladas extra por la cosecha" en la provincia, explicó el dirigente.
Históricamente Entre Ríos produce entre 600 y 700 mil toneladas de trigo y este año tuvo una cosecha de 1.100.000 toneladas. Por lo tanto se ratificó en diciembre un compromiso de que se exportarían 340 mil toneladas adicionales de trigo entrerriano para lo cual se envió un registro de productores al Ministerio de Agricultura, pero hasta el momento no se produjeron ventas.
"El trigo de Entre Ríos se destina a la exportación", aclaró De Angeli.

El proyecto de ley incluye cuatro tipos de riesgo, más de 650 mil beneficiados, en 100 zonas homogéneas. El monto de la prima será mayor al SOAT, según tabla variable. La papa tiene un seguro en Patacamaya.

Desde el siglo pasado, los productores campesinos exigen un seguro que les permita prevenir impactos económicos por efecto de los fenómenos climáticos. Con la aprobación de la Constitución Política del Estado, esta necesidad es un derecho y da paso a la delimitación de un nuevo mapa agroalimentario y acceso a servicios financieros.

El artículo 407 señala objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con entidades territoriales autónomas y descentralizadas. El cuarto, determina "proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro agrario".

En ese marco, se está elaborando un proyecto de ley, entre técnicos del Ministerio de Desarrollo Rural, organizaciones sociales y cooperación internacional.

"Será un Seguro Agrícola Universal", aseguró el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez. Beneficiará a pequeños, medianos y grandes productores de alimentos del país.

La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC) forma parte de ese equipo. Reúne a más de 778 organizaciones que a su vez, cada una, tiene hasta 3.000 socios.

La base del seguro agrícola está en la nueva delimitación de zonas homogéneas, al menos 100, que se desprenden de las macrorregiones o pisos ecológicos que tiene el país (altiplano, valle y llanos).

En el altiplano central las lluvias son menores, las heladas son más intensas y las condiciones de producción varían en relación al altiplano sur. Por tanto, los riesgos del seguro, en esta primera etapa cubrirán las heladas, inundaciones, sequía y granizada.

"Un requerimiento técnico es cubrir la actividad productiva, del conjunto de productores, en condiciones homogéneas. Esto evitaría que se susciten conflictos, que la gente afectada por un riesgo, realmente sea asistida", indicó Egler Huarachi, del departamento de Asesoría Política del CIOEC.

Por ello, es relevante delimitar los espacios (zonas) de manera homogénea, en cantidad de hectáreas y rendimiento de la producción, para atender los impactos de los efectos climatológicos.

Es que no es lo mismo sembrar papas en las orillas de lago Poopó que en las pampas de Patacamaya. En el primer caso, en una hectárea se producirá mucho más. "Esto permitirá establecer las tasas y primas adecuadas a las características de rendimiento y suelo", dijo.

Se elaborará una tabla variable por cultivo y año, en cada zona homogénea con el fin de determinar el monto de la prima.

Al respecto, el viceministro adelantó que el monto de la prima será mayor a las del Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT), que varía según el tipo, modelo y servicio del vehículo en las diferentes ciudades. El monto más bajo es de $us 12 y el máximo llega a $us 600.

En el Plan 2010-2015 del MAS, afirman que la creación de este seguro "exige en la primera etapa" una inversión de $us 40 millones del Estado para pagar hasta el 70% de la prima, "en el caso de los productores pequeños".

El Estado definirá los términos de la póliza y "los recursos serán administrados por aseguradoras privadas". Una Unidad Descentralizada Estatal será la responsable.

En La Paz, hay un seguro de la papa en Patacamaya. Los productores crearon un fondo de dinero con sus aportes y de instituciones externas. Aseguran un quintal de semilla de papa y pagan Bs 6,50; deben producir 9 quintales de papa. Si produce menos, por quintal reciben Bs 30 en semilla.

Tiene el control del yapuchiri testigo, la persona que mejor cuida su chacra en su zona; y el yapuchiri perito que llega de otra provincia, tres veces al año, para verificar el proceso de cultivo.

"Este seguro es el inicio para toda la nueva política agroalimentaria del país", sostuvo la autoridad.

La cooperación internacional y las entidades financieras muestran interés. "El sector bancario va a poder flexibilizar sus créditos a los productores con la seguridad que tienen el SAU", sostuvo Vásquez.

Las regiones

En el Plan 2010-2015 • En este documento se establecen 15 macrorregiones:

Norte Amazónico
Valles Cerrados
Yungas del Norte
Altiplano Norte
Altiplano Central
Altiplano Sur
Valles del Sur
Valles Centrales
Valles del Norte
Yungas del Sur
Pampas de Moxos
Escudo Chiquitano
Llanos de Santa Cruz
Llanos del Chaco

Norte Integrado de Santa Cruz

En el Proyecto de Ley • El texto incluirá la delimitación de más de 100 espacios homogéneos tanto en territorio, hectáreas cultivadas y tipo de productos; información básica para reglamentar el seguro agrícola universal en sus diferentes etapas de aplicación; después de la aprobación de la ley marco.

Primeros: maíz, papa, arroz, trigo, quinua y soya

Según el plan gubernamental, la aplicación del seguro se hará en tres etapas anuales y comenzará su aplicación para seis productos agrícolas.

"Durante el primer año, se ha previsto asegurar los siguientes cultivos: maíz, papa, arroz, trigo, quinua y soya. Progresivamente se incorporarán nuevos cultivos", señalan en el documento.

En la primera etapa buscan asegurar al 70% de los cultivos del país. Son 2.046.335 hectáreas de superficie cultivada en todo el país que quieren llegar a cubrir con el seguro universal agrícola.

De esta forma se asegurará que el sector agrícola disminuya hasta un 80% sus pérdidas. El objetivo de dar seguridad a la producción de alimentos permitirá incentivar inversiones de mediana y gran escala para alimentar a la población.


Entrevista

"Habrá un aporte privado de los productores al seguro"
Víctor Hugo Vásquez, viceministro de Desarrollo Agropecuario; ex asambleísta.

¿Cómo nace el seguro agrícola?
En la Asamblea Constituyente, en la cual estuve como presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo, nos presentaron 614 propuestas de los 9 departamentos. En el 85% de ellas estaba el seguro agrario y agrícola. En la nueva Constitución Política del Estado, en el artículo 407 parágrafo 4, incorporamos el seguro agrícola que debe ser creado por ley. Es un mandato constitucional.

A partir de ello, en este ministerio se ha trabajado en una propuesta de ley presentada en el Plan de Desarrollo Económico 2010 -2015, que fue la base de la campaña del presidente Morales.

El borrador planteaba un monto de $us 80 millones, de los cuales 40 millones debía poner el Estado y el resto será compartido entre los productores y la cooperación internacional.

Va a haber subvención para los que más necesitan y los que tienen posibilidad tienen que aportar; por tanto, va a haber un aporte privado de los productores.

¿Qué cubrirá?
El seguro cubrirá cuatro riesgos que más afectan a la producción: helada, sequía, inundación y granizada, en una primera instancia.

El seguro va a ser universal. Va a ser para todos los productores: pequeños, medianos, grandes, porque así lo dice la Constitución.

Estamos trabajando en dos niveles. Por un lado, se están perfeccionando las propuestas de leyes presentadas por las diferentes organizaciones sociales, para poder presentarla el 22 de enero.

Por otro, estamos trabajando el tema reglamentario de la ley. La aprobación tardará uno o dos meses y en este lapso vamos a redactar la reglamentación de la ley que va a ser aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Participan técnicos representantes de las organizaciones sociales que conocen la realidad de los diferentes sectores del campo.

Estamos hablando de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Bartolina Sisa, Confederación Nacional de Comunidades Interculturales, CIDOB, Conamaq, CIOEC son las que están participando en este proceso de consolidación del seguro.

¿Qué es lo más difícil?
Considero que va a ser la reglamentación de la ley porque tiene que ver con las modalidades, características, productos y el monto de la prima a aportar. Se requiere un monto elevadísimo para solventar el seguro agrícola que en cierta medida va a resolver los problemas en la agricultura y la ganadería y va a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

¿Será más que el SOAT? ¿Para todos los productos?
Es en lo que estamos trabajando. Tiene que ser mucho más que el SOAT. Consideramos que será un ejemplo no sólo para Bolivia, sino para América y el mundo.

Como es universal va a ser para todos los productos, pero el avance será progresivo.

¿Necesitará mejorar el servicio de meteorología o contar con nueva tecnología?
Todo es importante. En el país tenemos poca información y no está sistematizada. Es un obstáculo. El segundo tema importante es el establecimiento de zonas homogéneas. Vamos a presentar más de 100 zonas homogéneas que van a servir fundamentalmente para implementar el seguro agrícola.

Esto tiene que ser como una buena foto. Entonces el seguro agrícola tiene que reflejar la imagen de la realidad nacional. Si no la refleja no va a ser aplicable para que beneficie a todos.


Punto de vista

"Buscamos la seguridad alimentaria y la emigración"
Francisco Fermín Núñez. Secretario de relaciones CIOEC Bolivia.

El beneficio del seguro agrícola va a ser para el pequeño productor.

Tenemos que socializar el proyecto de ley con nuestras organizaciones sobre cómo va a ser y con qué productos vamos a entrar en la primera etapa. Seguramente vamos a discutir sobre por qué no están entrando otros productos. Van a reclamar, pero tenemos que aclarar por qué estamos priorizando los alimentos a nuestras bases, en una reunión nacional que tendremos la próxima semana, el 20 y 21 de enero.

Lo que buscamos es la seguridad alimentaria. Producir lo que consumimos porque aún ocurre que traemos alimentos básicos de afuera. Como organizaciones estamos planteando la soberanía alimentaria en nuestros municipios.

Los alimentos que se producen en un lugar tienen que ser consumidos por nuestros niños porque vamos a garantizar que sea producto sano y natural. Esa es la misión de CIOEC.

Algunos municipios ya nos toman en cuenta con el desayuno escolar, bajo el tema del compro boliviano, pero otros todavía no.

Este trabajo permite que la gente se quede en las comunidades. Pero si no hay esto y llega la granizada o llueve o hay inundaciones, tenemos que tener un respaldo y ese es el apoyo del seguro agrícola.

Hay que dar a conocer que si bien este seguro está dentro de la leyes prioritarias, los pequeños productores quieren poner su parte. No dicen que el Estado nos dé. Quieren poner su parte.

Como pequeños productores tenemos que poner un porcentaje de prima. Y además, el productor está dispuesto a acompañar en todo el proceso de producción.

Nosotros estamos sensibilizando a los compañeros para que estén ahí a través de la autogestión campesina para que entre ellos vayan controlándose de quién hace un seguimiento a todo el ciclo de producción y quién no lo hace.

Esto en el marco de los principios del CIOEC de la agricultura familiar sostenible, cuidar los medios de producción para las generaciones futuras y la soberanía alimentaria que implica producir para todos los bolivianos.

Lo bueno es que como pequeños productores vamos a ser los beneficiados. Así también vamos a evitar que emigren. 

 

La propuesta se recoge en el proyecto "Multifuncionalidad rural y desarrollo local: realidades y mitos. La experiencia europea y la potencialidad de Colombia", elaborado por investigadores del Grupo de Investigación Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina (GIECRYAL) de la UA.

Uno de los apuntes que refleja esta investigación se centra en la idea de una reforma agraria que "implique una suavización de la concentración de la propiedad de la tierra" en Colombia, actualmente en propiedad de "unas pocas manos".

Las conclusiones a las que ha llegado el grupo, coordinado por el catedrático de Geografía Humana José Antonio Segrelles, pueden ser "orientativas" para las autoridades colombianas en todos los niveles de la administración, tanto nacional, como departamental y local, han añadido las citadas fuentes.

El objetivo del estudio ha girado en torno a la experiencia europea en materia de desarrollo rural y la consiguiente comparación con las potencialidades de las áreas colombianas que han sido analizadas (departamentos de Valle del Cauca y Quindío) para conocer la viabilidad socioeconómica, cultural y ambiental de las mismas.

De este modo, se pretendía conocer cómo se compatibiliza la progresiva multifuncionalidad de las áreas rurales de Colombia con una economía eminentemente agropecuaria y agroexportadora, y dilucidar si las iniciativas multifuncionales y de desarrollo rural emprendidas tienen más de mito inalcanzable que de realidad.

Los investigadores han comprobado que la experiencia europea no se puede trasplantar sin más disquisiciones al mundo colombiano en particular, y a América Latina, porque se corre el riesgo de cometer los mismos errores que en su día representó la llamada "revolución verde".

Colombia tiene sus propias condiciones y características para el desarrollo de una multifuncionalidad que suponga una diversificación de las rentas rurales y un beneficio para las comunidades que habitan en este medio, según señala el informe.

En opinión de los investigadores de GIECRYAL, son tantos los problemas de la agricultura colombiana que, "sin una solución clara y definitiva de los mismos, resultará imposible que se puedan desarrollar otras fuentes de ingresos en los espacios rurales y que Colombia consiga aprovechar sus grandes potencialidades".

Entre estas últimas, los investigadores destacan los paisajes de interior y litorales, la abundancia de agua potable, la tradición artesanal y étnica o la variada gastronomía.

La "enorme" concentración de la tierra y, por lo tanto, el "injusto reparto" de la misma, una agricultura que produce para la exportación y no para alimentar a la población, miles de campesinos desplazados de sus tierras o la existencia de una poderosa agroindustria "ante la que poco puede hacer el pequeño y mediano agricultor" son los problemas que revela el estudio.

En total, el documento final del estudio contiene 16 propuestas y recomendaciones para el campo colombiano.

Éstas inciden en la necesidad del cese del desplazamiento y desarraigo de los pequeños campesinos, la interrupción de los movimientos poblacionales campo-ciudad, ayudas públicas para las pequeñas y medianas empresas de explotaciones agropecuarias y el retroceso del monocultivo por su carácter excluyente y contaminante.

Asimismo, los investigadores abogan por fomentar los cultivos alimentarios para disminuir las importaciones de alimentos básicos y paliar así el hambre y la desnutrición de amplias capas sociales, y el control público de los precios y de los canales de distribución de los alimentos.

Los autores del estudio sostiene que las conclusiones también pueden ser de utilidad para la propia Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el fin de que disponga de elementos tangibles para implementar cualquier estrategia de ayuda y cooperación al desarrollo en Colombia.