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El pasado 16 de enero, a las 8 de la noche, en el municipio de San Calixto, Norte de Santander, Nelly Amaya Pérez de 44 años, fue asesinada. Desde finales de 2015, varios líderes sociales del caribe recibieron amenazas de los paramilitares. Sin embargo, el Gobierno insiste en que se acerca cada vez más el fin del conflicto.

Madre de tres hijos, de 20, 16 y 5 años de edad, Nelly Amaya era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito, San Calixto quien también fue defensora de derechos humanos y activista política desde la Unión Patriótica.  

Según Olger Pérez, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat-, Amaya era una respetada mujer en por “su manera de trabajar por la comunidad y su pasión por liderar procesos políticos a favor del pueblo sancalixtense”. Pérez, quien fue víctima de un atentado a su hogar en octubre de 2015, manifestó que no se conocían amenazas previas contra la vida de Amaya pero resaltó que sí hay constantes seguimientos contra los líderes del Catatumbo.

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) recibió cinco solicitudes de permiso de ingreso a áreas protegidas de parte de empresas petroleras privadas y de YPFB para realizar actividades de exploración hidrocarburífera.

"Tenemos unas cinco solicitudes. Son varias empresas y también YPFB, por eso nosotros estamos coordinando con YPFB, que es la entidad que rige ese tipo de exploración a nivel de país", informó este viernes el director del Sernap, Félix González. Las solicitudes son para áreas protegidas ubicadas en el oriente, el Chaco y el Norte de La Paz.

González se abstuvo de especificar los nombres de las áreas en cuestión, alegando "diferentes motivos", pero anunció que una vez realizada la valoración correspondiente se darán a conocer los datos a la opinión pública. Cabe recordar que estas cinco solicitudes de ingreso a áreas protegidas se dan luego de que el 20 de mayo de 2015, el gobierno aprobó el Decreto Supremo 2366 que autoriza la actividad hidrocarburífera en áreas protegidas, con la finalidad de reducir la extrema pobreza de las comunidades que habitan en estos sectores.

Integrantes de las ocho naciones que conforman la hermandad del Sr. De Qoyllorit’y este 18 de enero marcharan en la ciudad del Cusco en protesta contra las concesiones mineras que realizo en Ministerio de Energía y Minas al territorio del Santuario de Sr. De Qoyllorit’y ubicado en las faldas del nevado Ausangate, en la localidad de Sinakara de la provincia de Quispicanchi.

Esta marcha viene siendo convocada por la Hermandad del Señor de Qoyllorit`y y el consejo de las ocho naciones comprendidas por Paucartambo, Quispicanchis, Paruro, Acomayo, Chinchero, Urubamba, Canchis y Anta, quienes anualmente participan de la peregrinación en el Sinakara. El motivo de  esta movilización es pedir la anulación de las concesiones mineras que se realizaron en este territorio.

A nombre del Consejo de Gobierno de la CONAIE, de la diferentes organizaciones convocantes, reciban un cordial y atento saludo a usted y los miembros de la organización a la que representa.

Como es de conocimiento general, la Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves 7 de enero, el proyecto de Ley de Tierras rurales y Territorios Ancestrales, con lo que se espera únicamente el veto del Presidente de la República. La posición de la mayoría de las organizaciones campesino indígenas fue criticar el proyecto de Ley por no recoger los proyectos y propuestas presentadas por los sectores organizados y porque lo que el debate, y lo que finalmente se aprobó, no abre ningún proceso de reforma o revolución agraria ni democratiza el sistema jurídico-institucional del régimen agrario vigente en el país; más bien todo lo contrario: promueve, entre otros, un mercado de tierras que impide el acceso y la tenencia de este bien en manos de pequeños productores de alimentos, y no garantiza la reconstitución de los territorios ancestrales de comunidades indígenas, montubias y afro descendientes. A esto llamamos un “paquetazo agrario” normativo e institucional que busca generar las condiciones para afianzar la mercantilización de los bienes naturales al servicio del capital.

La anterior Asamblea Nacional venezolana aprobó una ley de semillas sin precedentes en el continente: prohíbe los transgénicos y tiene como objetivo preservar las semillas criollas y promover la producción agroecológica. Habrá que ver si sobrevive en el nuevo contexto.

Si las grandes corporaciones que dominan el agronegocio mundial logran su objetivo, un campesino puede ser criminalizado por hacer lo mismo que hizo durante toda su vida, siguiendo tradiciones que datan de siglos: conservar e intercambiar semillas.

En momentos en que la mayoría de las leyes relativas al tema tienden a esta criminalización mediante el patentado de las semillas, Venezuela sacudió el tablero. En una de las últimas sesiones con mayoría bolivariana –luego de la derrota del chavismo en las recientes elecciones legislativas–, la Asamblea Nacional Legislativa aprobó una ley que entre otras regulaciones garantiza el derecho de los campesinos.