El pasado 16 de enero, a las 8 de la noche, en el municipio de San Calixto, Norte de Santander, Nelly Amaya Pérez de 44 años, fue asesinada. Desde finales de 2015, varios líderes sociales del caribe recibieron amenazas de los paramilitares. Sin embargo, el Gobierno insiste en que se acerca cada vez más el fin del conflicto.
Madre de tres hijos, de 20, 16 y 5 años de edad, Nelly Amaya era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito, San Calixto quien también fue defensora de derechos humanos y activista política desde la Unión Patriótica.
Según Olger Pérez, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat-, Amaya era una respetada mujer en por “su manera de trabajar por la comunidad y su pasión por liderar procesos políticos a favor del pueblo sancalixtense”. Pérez, quien fue víctima de un atentado a su hogar en octubre de 2015, manifestó que no se conocían amenazas previas contra la vida de Amaya pero resaltó que sí hay constantes seguimientos contra los líderes del Catatumbo.
El Movimiento Político Marcha Patriótica en Norte de Santander, expresó su preocupación por el asesinato de Amaya: “creemos firmemente que todos estos esfuerzos por alcanzar la paz deben conducir y materializar desde ya a respetar y garantizar la vida de todos sus conciudadanos, de dar las garantías a los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en su trabajo por la paz con justicia social, exigencia por la dignidad y defensa del territorio.”
Amenazas
Poder y Unidad Popular –PUP-, fuerza política integrante del Polo Democrático Alternativo, denunció que varios de los líderes de la costa caribe han recibido amenazas desde finales del 2015.
Guillermo Pérez Rangel, Rafael Cabarcas, Yaniris Barraza y Selides Márquez, según la denuncia, son algunas de las víctimas de amenazas vía panfletos, mensajes en sus celulares, correos personales, ramos mortuorios en sus residencias. Estas intimidaciones provienen de los grupos paramilitares autodenominados como “el Bloque Gaitanista”, que los ha declarado como objetivo militar.
Para Ana Erazo de Poder y Unidad Popular esta es “una clara muestra de que Santos no quiere ceder nada para construir una verdadera paz estable y duradera”. Según Erazo, mientras en La Habana se habla de víctimas y paz, los lideres son perseguidos: “parece ser que la paz para el Gobierno es garantizar la consolidación del modelo neoliberal, en contradicción con la participación política de quienes exigimos cambios”, agregó.
Finalmente, expresó su inquietud con el anuncio reciente hecho por la Fiscalía General de la Nación, en el que se advierte que están dispuestas 1500 casas para aprehender a los colaboradores de la insurgencia: “el Gobierno siempre ha dicho que el movimiento social es auxiliador de la guerrilla y lo más probable es que esta medida incremente la persecución y la criminalización”.
CI MP/MP/18/01/16/3:00
