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Colombia

La estructura de la propiedad rural en el país se ha caracterizado por la prevalencia del latifundio y una alta concentración que durante las últimas décadas, no ha hecho más que agudizarse. Entre el 2001 y el 2010, el índice de Gini de la concentración de la tierra pasó de 0,80 a 0,86 (Ibáñez y Muñoz, 2010, p. 1), uno de los más altos del mundo. Factores como el dominio hacendatario durante la Colonia, los procesos de colonización, las políticas a favor de los grandes propietarios, el narcotráfico, la expansión de la ganadería extensiva y los agronegocios, han configurado mediante formas violentas (paramilitarismo) la estructura agraria actual.

El proyecto de ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, conocido como el proyecto de ley Zidres, tiene enfrentados a los congresistas del Polo Democrático Alternativo -PDA- y el Centro Democrático. El sector de izquierda representado en el PDA ha denunciado a través del senador Alberto Castilla que el proyecto de ley es: “regresivo y criminal dado que busca cambiar el destino de los terrenos baldíos de la nación, destinándolos al empresariado nacional y trasnacional”.

El proyecto, que esta cerca de convertirse en ley, solo le falta un debate para ello. En estos ellos, las principales denuncias y argumentos en contra han sido planteados por el senador Castilla. Quien además presentó un nuevo caso de tierras acaparadas por una empresa, en este caso relacionado con la petrolera Pacific Rubiales.

En el marco del lanzamiento del Diseño Participativo del Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Contextos Rurales, se denunció que los hostigamientos a los activistas son recurrentes, en su mayoría por parte de Grupos Paramilitares, la Fuerza Pública y en menor medida por grupos guerrilleros.

En el documento, elaborado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), con la colaboración de organizaciones sociales, activistas y órganos oficiales, se establece que en Colombia, las comunidades y líderes campesinos continúan siendo víctimas de persecuciones y estigmatizaciones.

Voceros indígenas esperan que el gobierno atienda a la población infantil del pueblo Wayúu luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar a favor de la niñez wayúu de las comunidades Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure.

Se calcula que más de 4 mil niños perdieron la vida en los últimos ocho años a causa de la desnutrición.

El líder Wayúu Javier Rojas, unos de los promotores de la presentación del caso ante la CIDH, declaró a los medios de prensa que están a la espera de que el gobierno actúe cuanto antes y que esperan ser notificados para coordinar las actuaciones.

La Cumbre Agraria, Campesina, étnica y Popular se declara en sesión permanente en la sede del Ministerio del Interior hasta tanto el gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura no resuelvan de fondo las dificultades presentadas en la mesa de negociación y no rodee de garantías a los voceros y comunidades agrarias.

Esta decisión se toma tras la reciente expedición de una orden de captura contra 12 miembros del consejo comunitario de Acandí departamento de Chocó y la posterior detención del dirigente social del pueblo negro Emigdio Pertuz, vocero de la Cumbre Agraria, quien fue capturado en el hotel que el Gobierno Nacional contrató para la sesión de trabajo de la Mesa Única Nacional de Negociación a desarrollarse el 1° de diciembre del año en curso.

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