Entre las brechas del pasado y los retos del presente: la juventud rural frente a la pandemia de la COVID-19

Equipo YPARD Perú:
Damaris Herrera Salazar,
Alejandra Huamán,
Ricardo Vargas, A driana García,
Ana Lucía Araujo

“Lo que más falta es la ayuda económica del gobierno. Si nosotros tuviéramos esa ayuda, ese préstamo. No que nos regalen, no que nos den por dar. Sino que apuesten por nosotros, Un crédito para el agro es muy importante, y aún si son jóvenes pues tenemos que apostar por esos jóvenes, pues tenemos ideas brillantes (....) Con ese empuje, nos vamos para arriba todos, sin esperar que el abuelo o la abuela se vaya para el otro mundo” (Daisy, 36 años, Costa)

“El agro no está solo, estamos nosotros. Hay juventud que ama el campo y que quiere que el campo sea rentable. Somos la esperanza de generar aunque sea alguito para nuestros pueblos. No podremos cambiar al país, pero donde estamos creo que podemos aportar con un granito de arena (Ricardo, 21 años, Sierra)

La COVID-19 ha sido una enfermedad que trastocó nuestra vida cotidiana de múltiples maneras, generando diversas crisis: sanitarias, económicas, políticas y sociales. América Latina ha sido una de las zonas más afectadas por la pandemia: las profundas desigualdades de la región exacerbaron los efectos negativos de la misma, la cual se benefició de estructuras de protección social débiles, trabajos precarizados y sistemas de salud fragmentados (Naciones Unidas). Uno de los países más afectados en términos económicos y sanitarios ha sido el Perú, quien se enfrenta a una de las contracciones del PBI más grandes de la región (Banco Mundial 2020).

Si bien buena parte de la discusión sobre los impactos de la pandemia ha estado centrada en los efectos sobre los trabajadores informales en las ciudades, diversas encuestas independientes muestran que los territorios rurales se han visto profundamente afectados también. De acuerdo con una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el 70% de productores agropecuarios de la región ha tenido que vender activos, utilizar ahorros o solicitar préstamos para afrontar la crisis al mes de mayo (Salazar et. al. 2020). En el Perú, el 90% de hogares rurales había disminuido la cantidad y calidad de alimentos que consume (IEP 2020). Estos escenarios prevén un incremento de la pobreza y de la inseguridad alimentaria, por lo que resulta más necesario aún poner en agenda el fortalecimiento de los derechos de los campesinos y las personas que trabajan en zonas rurales.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales señala en el artículo 2, numeral 2°, que se le debe presentar especial atención a ciertos grupos vulnerables, entre ellos, mujeres y jóvenes. En efecto, la juventud rural[1] es uno de los grupos más vulnerables ante la crisis económica y social generada por la pandemia de la COVID-19. En el Perú, esta juventud ya estaba en gran desventaja debido a la extrema precariedad de su empleo en el campo y en las ciudades (Boyd, 2017)^[2], las brechas de acceso a tierra y otros activos productivos en sus comunidades de origen (Araujo, 2020), así como a la carencia de un sistema educativo pertinente a sus necesidades y trayectorias (IEP, 2019). Como resultado de la intersección de estas desigualdades, la subsistencia de los y las jóvenes rurales suele depender de empleos eventuales y de bajas remuneraciones, y no tienen acceso a esquemas regulares de protección social. A la luz de estas condiciones, no cabe duda que “la juventud rural sufrirá desproporcionalmente ante la pandemia y sus impactos posteriores” (FAO, 2020).

El presente ensayo tiene como objetivo explorar los principales impactos de la COVID-19 en la juventud rural y sus dinámicas territoriales, haciendo especial énfasis en su impacto sobre el empleo, la economía familiar y las mujeres jóvenes. Este documento tiene como principal fuente la reflexión y la perspectiva de 29 jóvenes rurales líderes participantes del I Taller de jóvenes rurales líderes 2020 organizado por YPARD-Perú. La composición de este grupo de jóvenes fue muy diversa: en términos de género, 14 eran varones y 15 mujeres; y en términos de etnicidad, 7 eran miembros de pueblos indígenas andinos y amazónicos. El taller se desarrolló entre los meses de junio y julio de manera virtual a través de las plataformas WhatsApp y Zoom. A lo largo de éste, los y las jóvenes recibieron videos sobre cada tema abordado, los que fueron incentivo para el diálogo grupal sincrónico (a través de videollamadas) y asincrónico (a través de comentarios, fotos, audios y videos).

Queremos agradecer especialmente, a las 15 organizaciones de la sociedad civil y 6 especialistas que colaboraron con YPARD-Perú para la organización de este taller. Entre las organizacione estuvieron: la Organización nacional de mujeres indígenas andinas y amazónicas del Perú ONAMIAP, la Convención nacional del agro peruano - CONVEAGRO, la Federación Nativa del río Madre de Dios - FENAMAD (en representación de AIDESEP), Eclosio, el Centro Internacional de la Papa - CIP, Centro de investigación y promoción campesina - CIPCA, Solidarité Union Coopération - SUCO, Dirección académica de responsabilidad social DARS - PUCP, TRIAS Andes, Programa Horizontes de UNESCO, Slow Food en Perú, Grupo Yanapai, Fundación Hope y Asociación Pro Rural. Los y las especialistas participantes fueron: Carolina Trivelli (IEP), Chris Boyd (Universidad de Minnesota), Martín Vegas (UNESCO), Facundo Pérez (MINEDU), Melania Canales (ONAMIAP) y Pío Choque (CONVEAGRO).

Este ensayo representa el interés, esfuerzo y compromiso de más jóvenes peruanos y peruanas, urbanos y rurales, por evidenciar la gran relevancia y potencial de los territorios rurales. Esto, además, enmarcado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, visibilizando en específico, la situación de los y las jóvenes en el acceso a sus derechos a la tierra, a territorios y recursos naturales, soberanía alimentaria e igualdad de género. Además, al final del ensayo se proponer una Agenda de la Juventud Rural para ser posible esto y seguir construyendo una sociedad más justa, inclusiva y sostenible para todos y todas.

 Jóvenes participantes del I Taller de jóvenes rurales líderes

Alesban López López, Anud Illary Rojas Rodas, Brian Chuquival Mozombite, Cinthia Pamela Ticliahiahuanca Huancas, Christel Dayana Sullón Maza, Edwin Victor Anco, Carlos Frelio, Abigail Taipe Muriel, Gabriela Ninahuanca Zenteno, Gilmer Elias Ordoñez Natividad, Gladys Huaman Turpo, Hever García Cayampi, Jaqueline Chuquillanqui, Jesús Bautista Javier Espinoza, Jheison de la Cruz Cubas, Jhonn Keler Diaz Coronado, Karel Angélica Bedón Irigoyen, Kelly Lorena Patiachi Visse, Mariangela Dayana Pantoja Salguero, Mirella Livia Díaz, Miriam Daisy Yactayo Chalco, Ricardo Miguel Guillen Sánchez, Rosalía García Salvador, Segundo Rogelio Rodríguez Zumaeta, Silvana Candioti, Sonia Elizabeth Rojas Pérez.

[1] En términos estadísticos, la juventud rural es la población de entre 15 y 29 años que desarrolla su vida, principalmente, en territorios que tienen menos de 2,000 habitantes. La evidencia y teoría, no obstante, nos invitan a pensar a la juventud en términos más amplios. Primero, como etapa de transición entre la adolescencia y la adultez, caracterizada por la búsqueda y progresiva consolidación de autonomía económica, política y social. En este marco, los y las jóvenes rurales pueden atravesar esta transición a una edad mayor a los 29 años y hacerlo transitando multi-direccionalmente por una diversidad de territorios: entre sus comunidades de origen, ciudades intermedias y grandes capitales regionales. En todos los casos, el haber nacido en la ruralidad configura sus condiciones de vida, oportunidades, dinámicas sociales y formas de ver el mundo. Esta manera amplia de comprender a la juventud rural es la que adoptamos en este documento.

^[2] http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/11412

Mobilidade rural-urbana como entrave para o acesso às políticas públicas em tempos pandêmicos: o drama das mulheres rurais do Nordeste brasileiro

Lorena Lima de Moraes
Tatiane Vieira Barros
Bárbara Cristina Vieira da Silva

A pandemia de Covid-19 intensificou as desigualdades sociais que acometem o Brasil. Algumas explícitas, frequentemente veiculadas pela mídia, outras invisibilizadas e esquecidas. A realidade das comunidades tradicionais e rurais, sobretudo aquelas situadas em cidades interioranas, é ainda menos evidenciada.

A precariedade no Brasil se estabelece de forma multidimensional desde antes da pandemia, uma vez que os indivíduos não possuem condições para suprir carências básicas em relação ao acesso à saúde, à educação, à água, à terra, à seguridade social e ao mercado de trabalho. Diante dessas particularidades do mundo rural, a questão da mobilidade rural-urbana é elemento chave para se pensar as desigualdades e exclusão social, racial e étnica, uma vez que ela dificulta ou impossibilita o acesso a bens e serviços. Isso traz como consequência o desemprego, baixos rendimentos e baixas qualificações mantendo as pessoas em graves condições de vulnerabilidade social e econômica.

No que se refere ao acesso às políticas de transferência de renda, que propõem a redução das desigualdades e erradicação da pobreza crítica ou extrema, as pessoas das comunidades rurais e povos tradicionais enfrentam dificuldades para se deslocarem até os equipamentos que viabilizam essas políticas. Passou da hora de questionarmos a “normalidade” em torno das grandes distâncias e da precariedade nas condições de deslocamento como padrão de mobilidade da população rural, pobre, negra e de origem tradicional. Trata-se de povos não alcançados pelo Estado, povos que vivenciam uma violência estatal através de um imenso descaso.

Nesse sentido, temos o objetivo de colocar luz nas desigualdades sociais vivenciadas pelas populações do campo, mais notadamente as mulheres da agricultura familiar, quilombolas e de comunidades de fundo de pasto que participam de Programas de Transferência de Renda – o Bolsa Família – e que se encontraram ainda mais isoladas socialmente no período de pandemia. Mesmo com o plano de mitigação das consequências econômicas da pandemia, as mulheres rurais[1] enfrentaram dificuldades de acesso ao auxílio emergencial, o que as exigiu resistência e organização coletiva para o usufruto de um direito constitucionalmente amparado.

            O Auxílio Emergencial é um benefício instituído no Brasil pela Lei de Nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que prevê o repasse de 600 reais mensais a trabalhadoras(es) informais e de baixa renda, microempreendedoras(es) individuais e também contribuintes individuais do Instituto Nacional do Seguro Social. No caso das mulheres chefes de família, o benefício foi de 1.200 reais. O auxílio foi automaticamente creditado na conta bancária das beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), o que facilitou o processo, uma vez que não foi necessário fazer um novo cadastramento. Porém, as mulheres se depararam com dificuldades para a retirada do dinheiro.

             O referido auxílio chegou para a população – e para as mulheres – como um alento frente à crise econômica que já assolava o país, devido ao valor ser superior àquele pago mensalmente pelo PBF. No entanto, a decisão do governo federal de concentrar e operacionalizar o pagamento do auxílio às(aos) mais de 60 milhões de brasileiras(os) através de agências e lotéricas da Caixa Econômica Federal, desconsiderando a ampla rede de assistência social que abarca todos os municípios brasileiros, provocou filas quilométricas, aglomerações e expôs essa população em situação de vulnerabilidade social ao risco de contágio pela Covid-19. Isso sem contar sua exposição a outras situações não dignas como fome, sede e mal-estares provocados pelas longas horas de espera nas ruas sob sol e chuva.

            São as mulheres as principais responsáveis pela tarefa de deslocamento para o acesso às políticas sociais que beneficiam a família como um todo. Pela ótica de suas dificuldades de acesso aos programas de transferência de renda, que se estende aos demais serviços essenciais e públicos, promoveremos essa reflexão sobre a mobilidade rural, o tempo e as desigualdades de gênero.

[1] “Às mulheres rurais, referimo-nos aquelas mulheres que vivem no meio rural e que possuem as diversas ocupações, identidades e modos de vida: agricultora, dona de casa, mãe, artesã, professora, comerciante, estudantes, ribeirinhas, posseiras, boias-frias, diaristas, parceiras, extrativistas, quebradeiras de coco, pescadoras artesanais, sem-terra, assentadas, indígenas, quilombolas, descendentes de colonos europeus, etc.” (MORAES; SIEBER; FUNARI, 2020, p. 5).

Pesquisa, extensão e troca de saberes: um relato de experiência a partir da pesquisa “Mulheres rurais e uso do tempo”

Lorena Lima de Moraes - Juliana Funari - Nathália Marques da Silva Nascimento - Roberta Cristina Gomes

Quem somos, de onde viemos e o que nos une?

Lorena Moraes
Sou feminista, doutora em Ciências Sociais e professora universitária na Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE-UAST). Sou natural de Belém do Pará, região norte do Brasil, e as mudanças na configuração familiar permitiu com que eu morasse em vários lugares do país, como Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN) e Porto Alegre (RS), sempre vivenciando experiências urbanas nestas cidades. Em 2013, aos 27 anos, enquanto cursava doutorado, passei no concurso para professora universitária. Nesta época, eu morava no Rio de Janeiro e sair desta metrópole para morar numa pequena cidade do interior do país, foi um tanto quanto impactante. No entanto, eu me adaptei muito rápido e não perdi a chance de conhecer várias comunidades rurais e quilombolas, através da participação em projetos de extensão universitária, ainda no primeiro ano de residência na cidade de Serra Talhada – PE, sertão pernambucano.

Esta cidade é conhecida por ser a cidade de origem do cangaceiro Lampião (Virgulino Ferreira), um temido justiceiro, que lutava contra as desigualdades sociais a seu modo, na base de violentas mortes, vinganças, machismos e crueldades. Contudo, Serra Talhada também é conhecida por ser uma das primeiras cidades brasileiras a fundar um Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais – Sertão Central (MMTR-SC), no início da década de 1980. Assim, esta cidade, que carrega características culturais provenientes do machismo e do coronelismo, apresenta um paradoxo, que é a resistência das mulheres rurais, organizadas em movimentos sociais que fortalece diversos grupos de mulheres rurais das cidades circunvizinhas.

Quando cheguei em Serra Talhada, investigava a Criminalização da Homofobia no Brasil,  no entanto, ao me aproximar e conhecer pouco a pouco a realidade das mulheres rurais, não exitei em mudar o tema da minha tese de doutorado, que foi concluída em 2016, com o título Entre o público e o privado: a participação política de mulheres rurais no sertão pernambucano. No ano seguinte, fundei o DADÁ: Grupo de Pesquisa em Relações de Gênero, Sexualidade e Saúde, no qual sou coordenadora. O grupo se mantém dia após dia mais fortalecido porque é constituído por várias professoras e estudantes da UFRPE-UAST, bem como de outras instituições de ensino superior da cidade de Serra Talhada e outras profissionais. Dentre as diversas atividades de ensino,

pesquisa e extensão que desenvolvemos voltadas para mulheres rurais e jovens rurais e urbanos, além das atividades voltadas às questões da população LGBT, desde 2018, estamos desenvolvendo  a pesquisa Mulheres rurais e uso do tempo: divisão sexual do trabalho e relações de gênero no estado de Pernambuco. Esta pesquisa, que será detalhada nas próximas páginas, surgiu a partir das minhas inquietações durante o processo de escrita da tese de doutorado, e tem me possibilitado mergulhar ainda mais no universo das mulheres rurais, provocando um processo intenso de amadurecimento pessoal e profissional, onde aprendo e compartilho seus saberes e dificuldades e ainda, possibilita a inserção científica e acadêmica das minhas alunas, que são jovens universitárias e revivem um pouco da história das suas famílias, além de amadurecer junto e se inspirar na jovem professora.

Nathália Marques

Meus avós maternos e paternos nasceram e se criaram na zona rural trabalhando e morando nas terras de familiares e/ou nas terras dos seus patrões que eram fazendeiros. Viviam unicamente da sua renda na roça e pelos serviços prestados aos seus patrões ou moradores da região (por meio de diária de serviço). Meus pais também viveram em tais condições, porém, começaram a se deslocar para a cidade para terminar os estudos e, quando finalizaram o 2° grau escolar, optaram por se mudar de vez para Salvador (BA), para buscarem melhores condições de trabalho.

Quando eu nasci, acabei indo morar com meus avós paternos em Serra Talhada (PE), pois a minha mãe trabalhava em casa de família e a patroa dela não aceitava funcionária com filhos, a ponto de me maltratar quando teve oportunidade. Dessa forma, fui criada pelos meus avós paternos que eram agricultores. Estudei a minha vida inteira em escola pública na cidade e a minha avó se deslocava comigo entre a zona rural e urbana, para garantir a minha educação escolar.

Aos 15 anos, ingressei numa boa escola também pública, onde estudava em tempo integral. A base que tive nesta escola me garantiu uma boa nota para entrar no curso de Bacharelado em Ciências Biológicas na UAST. No segundo período conheci a professora Lorena e trabalhei com ela em um projeto sobre mulheres rurais que se desviavam dos padrões de gênero esperados para elas, ou seja, casar e ter filhos. Neste projeto, tive a oportunidade de conhecer uma realidade diferente das mulheres rurais da minha família, pois, conheci mulheres idosas, solteiras e que não eram mães, pois tinham outros interesses e ideais de vida, como por exemplo, militar nos movimentos sociais em prol de uma vida melhor para todos, ou seja, para além da sua família.

A minha segunda experiência em projetos de iniciação científica, desta vez, na condição de bolsista (PIBIC/CNPq), foi na pesquisa Mulheres rurais e Uso do tempo, onde participei da construção da metodologia com as demais pesquisadoras e fui várias vezes para a casa das mulheres realizar pesquisa de campo. Gostaria de destacar também, que neste ano de 2019, eu vivenciei a

incrível experiência, oportunizada pelo DADÁ, de participar da VI Marcha das Margaridas e da I Marcha das Mulheres Indígenas, em Brasília. Eu e mais quatro alunas integrantes do DADÁ, viajamos 1.921km de ônibus, com várias mulheres rurais que representavam diferentes municípios do Território do Sertão do Pajeú - PE e os respectivos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Esta experiência, intensa e inesquecível, me possibilitou adquirir ainda mais conhecimento e valorizar a luta das mulheres rurais.

Roberta Gomes

Sou licencianda do curso de Letras na Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Nasci e cresci na cidade de Serra Talhada, interior de Pernambuco,  por ser uma cidade que contrasta o centro urbano e suas periferias mais ruralizadas, o contato com o rural sempre esteve presente na minha infância e adolescência. Nas férias escolares passava meses convivendo nesse meio e sempre observava a força e determinação das mulheres da minha família, pois, a minha família materna toda se encontrava morando na zona rural, com exceção da minha mãe, que ao casar com meu pai foi morar na cidade.

Mainha casou pouco antes de terminar os estudos. Com o passar do tempo, ela percebeu que não ter concluído os estudos lhe faz falta até os dias atuais. Por isso, ela nunca mediu esforços para garantir que eu e minha irmã tivéssemos uma boa educação. Aos 15 anos, ingressei numa escola pública e integral e, desde essa época eu já sonhava em fazer faculdade e ser professora. Esta escola, que é de referência na cidade, me capacitou para que em 2019, aos 18 anos eu conseguisse entrar na universidade, e, este sonho só foi possível, porque há uma universidade pública na minha cidade1, caso contrário, eu não teria condições financeiras de ir estudar em outra cidade.

Obtive boa pontuação não só para ingressar no curso que escolhi, mas também, para acessar uma Bolsa de Incentivo Acadêmico (BIA)2. Esta bolsa é concedida aos estudantes que estudaram em escola pública e que tiveram a maior nota da turma no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Os professores do curso apresentam seus projetos de pesquisa e a/o estudante selecionada/ o escolhe qual projeto quer executar, e foi assim que conheci a professora Lorena, seu projeto e me tornei membro do DADÁ. Após seis meses desenvolvendo as atividades do projeto da bolsa BIA, hoje, dou continuidade a este projeto, já na condição de bolsista de iniciação científica (PIBIC/CNPq), investigando o tempo que as mulheres dedicam à participação política, comunitária e religiosa.

1         A Unidade Acadêmica de Serra Talhada tem apenas treze anos e foi fundada durante o governo Lula, durante o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que democratizou o ensino superior levando ensino público, gratuito e de qualidade para os mais distintos pontos do interior do Brasil.

2         A Bolsa de Incentivo Acadêmico é financiada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia no Estado de Pernambuco e tem como objetivo apoiar as/os melhores alunas/os, egressas/os da rede pública de ensino, classificados no Exame Nacional do Ensino Médio para a UFPE, UFRPE e UPE, incentivando sua adaptação à vida universitária sob tutoria de docente pertencente ao quadro efetivo da instituição conveniada.

Juliana Funari

Sou mulher jovem, feminista e ambientalista, atuo há pelo menos 08 anos na área socioambiental, principalmente com mulheres de movimentos sociais, organizações comunitárias e de redes de agroecologia. Nasci e me criei na maior cidade da América Latina, São Paulo, onde muitos questionamentos sobre o modelo de desenvolvimento e desigualdades socioambientais foram se tornando para mim, reais motivações para tomada de decisão de fazer o caminho inverso da maioria da juventude que busca nos grandes centros urbanos oportunidades de "uma vida melhor". Tive o privilégio de em 2013 escolher fazer o meu mestrado em Pernambuco, adotando esse estado e o Nordeste brasileiro como meu espaço de vida, pesquisa, aproximação mais intensa com as mulheres rurais, das águas, do campo e da floresta.

Nessa trajetória fui assessora técnica no programa de Direitos das Mulheres da ONG Actionaid Brasil de 2013 a 2016, onde pude trabalhar com mulheres rurais e urbanas de diversos estados do Nordeste. Em 2017, trabalhei com ONGs do campo da agroecologia de atuação local, me engajando também enquanto pesquisadora do DADÁ, em Serra Talhada-PE, onde morei por um ano. Em 2018, assumi o desafio de me mudar para o Maranhão para trabalhar como assessora técnica no Movimento Interestadual das Quebradeira de Coco Babaçu (MIQCB), o maior movimento de mulheres da América Latina, onde estou aprendendo com as guardiãs das florestas de babaçu o significado profundo do trabalho das mulheres para a defesa dos bens comuns, modos de vida e territórios tradicionais.

O que nos une, além do trabalho acadêmico e da convivência em uma cidade do interior do Nordeste brasileiro, é a luta contra todo tipo de violência (ambiental, machista, sexista, lgbtfóbica, racista, capacitista), contra as desigualdades de gênero, lutamos por condições de vida digna para as mulheres, sobretudo para as mulheres rurais, estudamos e construímos conhecimento evidenciando e aprendendo com as mulheres em suas especificidades, pluralidades, potencialidades de autonomia e processos de empoderamento. É com esse propósito que compartilhamos a proposta, os caminhos e aprendizados da pesquisa que estamos realizando coletivamente, com o intuito de dar visibilidade: às jornadas de trabalho das mulheres - traduzidas em quantidade de horas; à diversidade de trabalhos que elas realizam; à ausência de divisão de tarefas em seus lares; à carga mental provocada pelo acúmulo diário de tarefas e; ao trabalho de cuidado familiar, comunitário e ambiental que as mulheres rurais desenvolvem em prol da lógica anticapitalista e de cuidado com o outro.

Descarga el ensayo completo a continuación

Comunidad Agora, barrio: pilares del levantamiento indígena – popular de octubre 2019[1].

Por: Francisco Hidalgo Flor[2]

La magnitud e intensidad de la revuelta indígena – popular por la derogatoria de las medidas que llevaron a la elevación del precio de las gasolinas y del transporte público, sorprendió a todos, en primer lugar, a las élites gobernantes, que habían calculado una tibia y “manejable” respuesta desde las clases populares, y también a los sectores populares de la ciudad y del campo que se iban reconociendo en la creciente masividad y fortaleza de las movilizaciones.

Esa sorpresa y amplitud de la protesta, que llegó a copar buena parte del país, especialmente en la región andina del Ecuador, al punto de poner en cuestión la estabilidad del propio régimen de Moreno, fue la que obligó a que las clases dominantes, a regañadientes, se hayan visto obligadas a retroceder y echar abajo las medidas.

La revuelta indígena popular de Octubre es un acontecimiento aún en movimiento, por ejemplo, al momento de escribir este artículo se ha instalado un parlamento popular bajo iniciativa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – Conaie para discutir las propuestas de los movimientos sociales, mientras que el gobierno ha presentado una nueva ley tributaria, y reabre las reuniones alrededor de la reforma laboral.

Este levantamiento social, que “golpeó el tablero” del continuum de la transición del retorno neoliberal, marca una presencia fortalecida de las reivindicaciones populares, y tiene la virtud de evidenciar la multiplicidad de las resistencias, se hacen presentes los marginados, los excluidos, ante los impactos de más de una década de modernización capitalista.

[1] Ponencia presentada en el XV Seminario Internacional Gramsci – Bogotá noviembre 2019, Universidad Nacional de Colombia

[2] Sociólogo, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador, investigador de SIPAE.

Construcción de la justicia desde la justicia indígena: Experiencias interlegales de Inquisivi

Magali Vienca Copa Pabón[1] / Amy Michelle Kennemore[2]

Introducción

El 19 de marzo de 2018 se inauguró un Tribunal provincial y mixto (ayllu y sindicato) de Justicia Indígena de Inquisivi, una provincia de seis municipios ubicada en el suroeste del departamento de La Paz. La creación del Tribunal es resultado de una lucha legal de las autoridades de justicia indígena para resolver un conflicto de límites de terrenos entre dos comunidades: la comunidad de Titiamaya del Ayllu Cagua y la Comunidad de Sopocari del Sindicato Agrario. Dicho conflicto – que había derivado en un proceso penal por avasallamiento- puso en cuestión las estructuras internas tradicionales dentro del Ayllu y del sindicato para resolver el conflicto, lo que impulso a las autoridades hacia la ruta de la justicia indígena para reclamar sus derechos fundamentales de ejercer la justicia según sus propias normas y procedimientos.

La herramienta principal de esta lucha fue un “conflicto de competencias”, mecanismo jurídico establecido por la Constitución Política del Estado bajo el marco de pluralismo jurídico igualitario. En un conflicto de competencia, las autoridades de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) y los jueces de la justicia ordinaria se disputan la competencia de un caso concreto.

En un contexto donde las vías formales hacia la autonomía indígena parecen parcialmente – si no casi completamente – bloqueados, el marco constitucional del pluralismo jurídico en Bolivia se ha convertido en un sitio de lucha y innovación legal por parte de muchos lideres indígenas originarios en los años recientes. En algunos casos, como el caso emblemático de Zongo, las autoridades indígenas originarias lograron desafiar las normas que delimitan severamente los derechos colectivos avanzados en la Constitución, tales como la Ley de Deslinde Jurisdiccional (Ley N^o 073/2010)[3], para arrebatar un proceso jurídico de características penales y ambientales a un juez ordinario.

Lo inédito del Tribunal Mixto de Inquisivi es el establecimiento de la primera instancia a nivel provincial (compuesto de varios municipios, secciones y comunidades) que es conformado por las autoridades tanto del Sindicato y del Ayllu, dos estructuras de organización político-jurídica que tradicionalmente se presentaban como distintos y hasta antagonistas. Ambas relacionadas con categorías como campesino, originario e indígena. La categoría “indígena originario campesina” (singular y sin comas) fue el resultado de debates dentro del Pacto de Unidad, una entidad representativa de amplios sectores populares como los sindicatos campesinos y las organizaciones indígenas en la Asamblea Constituyente. Según Schavelzon (2012: 93), una gran parte de la tensión se centraba en el hecho de que muchas de las organizaciones campesinas no querían dejar de ser reconocidos como aymaras o quechuas, pero tampoco querían dejar sus organizaciones sindicales o su identificación como campesinos, dado de que podría significar la pérdida de derechos que correspondía con una u otra de las categorías.

Por otra parte, hemos visto los límites que estas autoridades enfrentan al poner en vigencia su derecho a ejercer la justicia indígena. La primera barrera que enfrentan las autoridades indígenas es acceder al Tribunal Constitucional debido a las brechas legales y burocráticas que enfrentaron, sumado a la incertidumbre que viene después de su victoria legal para resolver un caso concreto.

Nuestra participación ha sido el seguimiento y documentación del caso desde que las autoridades indígena originarias plantearon el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. El motivo central de nuestra investigación es mostrar cómo en el fortalecimiento de sus luchas jurídicas las comunidades de Inquisivi construyeron nuevas instituciones indígenas propias para encarar los nuevos desafíos que enfrentan, paradójicamente, por la incorporación de estas instituciones al seno del Estado Plurinacional. Además de destacar los límites y dificultades que enfrentó el Tribunal mixto, nos interesa mostrar sus esfuerzos por construir lo propio. Usamos el concepto de “lo propio”, de los intelectuales aymaras, como esa posibilidad de pensar a partir de la identidad, así, dentro de la justicia indígena lo propio nos ayuda a demarcar aquellos “límites para avanzar” dentro la jurisdicción indígena superando las categorías de identidad/diferencia señaladas desde afuera. Al contrario de la autoidentificación o una categoría de derecho como es la de “indígena originaria campesina” señalada en la Constitución Política del Estado (CPE), la identidad se trata de lo que Fausto Reinaga (1978) llamó el “pensamiento indio”, como la voz de denuncia e interpelación contra una subordinación encubierta pero también de avanzar hacia un sí mismo. Fernando Untoja (2000), llama “lo propio” al retorno y ruptura con las categorías de identidad superpuestas desde afuera, y señala que existe una conflictividad simultánea entre lo propio y lo ajeno (ver también Copa, 2017: 59).

Por otra parte, el caso nos brinda la oportunidad de repensar el papel de intermediarios en un nuevo escenario de “diálogo de saberes” que busca alimentar nuevas maneras de articularse entre sí mismos y con el Estado.

En el caso del Tribunal Mixto, el surgimiento de estas nuevas instituciones y estratégicas de lucha jurídica dio paso a su creación a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional que declinó la competencia a la jurisdicción indígena originaria campesina a resolver el conflicto entre la Comunidad de Titiamaya y la Comunidad de Sopocari. Con este avance, un problema históricamente construido y complejo (que el Estado no ha podido resolver) fue devuelto a la jurisdicción indígena y en su ejercicio le queda disputar y construir la legitimidad y legalidad propia del Tribunal Mixto para resolver el problema. Dentro de este proceso interno se va definir los alcances del diálogo entre sí mismos (sindicato-ayllu), para enfrentar los límites que el Estado ha ido poniendo a través de la historia y que se acumulan en un conflicto que va a mostrar estás contingencias en su propia jurisdicción.

En un contexto donde la interculturalidad y el pluralismo son ejes centrales de la construcción del Estado Plurinacional, los desafíos del uso del derecho estatal como estrategia de lucha ha sido reconfigurado.

Conscientes de la diversidad de experiencias y particularidades que se pueden presentar en cada caso, nos interesa reflexionar sobre los dilemas y tensiones que enfrenan los actores, destacando aquellos elementos y significaciones nuevas que tienen para las comunidades la incorporación del Tribunal Constitucional con sus sentencias, y sus efectos en el interior del sistema jurídico propio.

[1] Fue parte de la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional como abogada constitucionalista (2012-2014), cursó la Maestría de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, actualmente es abogada aymara independiente y miembro del comité de redacción de la revista Pukara.

[2] Candidata de doctorado en Antropología en la Universidad de California, San Diego. Tiene maestría en Antropología de la Universidad de California, San Diego (2014) y en los Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Norte Carolina, Charlotte (2012). A partir de 2014, vive en La Paz, Bolivia donde está realizando un estudio sobre el pluralismo jurídico, en el cual, en su papel como antropóloga activista, hace seguimiento de a casos concretos de conflictos de competencia entre las jurisdicciones indígenas y las del Estado por documentar, estudiar y difundir las experiencias de activismo jurídico.

[3] La Ley No. 073 de diciembre de 2010, llamada Ley de Deslinde Jurisdiccional, fue una de las primeras leyes promulgadas para garantizar el respeto constitucional al pluralismo jurídico, ya que la misma Constitución estableció que las jurisdicciones IOC están en igualdad jerárquica con las demás, siendo necesario establecer ámbitos de competencia para cada jurisdicción. En el artículo 10, que trata del ámbito de vigencia material, la ley excluye la competencia de la JIOC en delitos de materia penal, delitos contra el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad, delitos de seguridad interna y externa del Estado, delitos de terrorismo, los tributarios y aduaneros, delitos por corrupción, delitos cometidos en contra de la integridad corporal de los niños y adolescentes, además de los delitos de violación, asesinato u homicidio.