El Informe 2020 Acceso a tierra y territorio en Sudamérica, que coordina año tras año el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS, está compuesto por capítulos correspondientes a 10 países de la región. El avance o retroceso en el acceso a la tierra y territorio, conflictos, acciones, propuestas y normas concernientes al desarrollo rural, los derechos campesinos e indígenas. Además, una serie de reflexiones, datos sobre el impacto de la pandemia provocada por el COVID-19 en la población y territorios rurales.
Presentamos un nuevo trabajo colaborativo, el Informe Anual sobre Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica presenta su sexta versión (Informe 2015, Informe 2016, Informe 2017, Informe 2018 y Informe 2019), habiendo consolidado su propuesta a una serie de instancias de especialidad en el desarrollo rural, territorial y agrario; y su expectativa en un amplio público que refiere a liderazgos y organizaciones sociales, estudiantes y académicos, técnicos y operadores de desarrollo, entre otros. Esta iniciativa enmarcada en las acciones del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio y su plataforma de casos inspiradores de acceso a la tierra y territorio (https://porlatierra.org/), busca ofrecer una síntesis estructurada de lo sobresaliente en Sudamérica, respecto a la problemática agraria y territorial, y desde la perspectiva de los sujetos rurales, la población campesina, indígena y afrodescendiente.
Para esta versión, el impacto de la pandemia provocada por la proliferación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca en humanos conocida como el COVID-19 habían azotado con su primera ola a la región, y decidimos incorporarla al Informe Anual como una transversal a las secciones que presentamos. No son pocas las reflexiones que suscita este suceso, en el ámbito de la ruralidad, encontramos la agudización de los problemas estructurales que enfrenta la población más desventajada, la precariedad, el marginamiento de servicios básicos y atención de salud y la violencia. En ese contexto, optamos por rastrear las estrategias que emergen de los territorios y gestionan esta crisis desde prácticas y decisiones comunales.
Las y los autores de esta sexta versión del Informe Anual sobre Acceso a tierra y territorio en Sudamérica son:
ARGENTINA María Gisela Hadad | Tomás Palmisano | Juan Wahren
Grupo de Estudios Rurales – Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales de América Latina (GER-GEMSAL). Instituto de Investigaciones Gino Germani. Universidad de Buenos Aires
BOLIVIA: Elba Flores Gonzales | Deborah Díaz Araujo | Juan Pablo Marca Marca | Victoria Lina Aguilera Orrury
Unidad Funcional de Investigación e Información Estratégica – Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
BRASIL: Djoni Roos, Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)/Geolutas; Gustavo Steinmetz Soares, Universidade Federal do Paraná; Jorge Montenegro, Universidade Federal do Paraná/ColectivoEnconttra; Mercedes Solá Pérez, Universidade Federal de Pernambuco/Universidade Federal de Sergipe; Sirley Ferreira dos Santos, UNESP/PEAC/UFS
CHILE: Rodrigo Faúndez Vergara | Catalina Huerta
Fundación Comunes es un centro de pensamiento orientado a la producción de estudios y pensamiento crítico en el ámbito socioambiental y territorial, cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de los movimientos sociales y la articulación de actores territoriales.
COLOMBIA: María Camila Barrera Gutiérrez | Tatiana Paola Galera Cueto | Javier Lautaro Medina Bernal
El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)/Programa por la Paz, junto al Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política, apuestan por la vida, trabajan por una sociedad justa, sostenible y en paz.
ECUADOR: Adriana Sigcha
El Proyecto Equiterra aglutina al SIPAE, Agronomes Et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), y fortalece los espacios de diálogo por la reducción de las inequidades de acceso a la tierra.
PARAGUAY: Luis Rojas Villagra | Inés Franceschelli
Heñói Centro de Estudios y promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Sostenibilidad Socioambiental, tiene como fines desarrollar actividades de investigación, formación, sensibilización, y apoyo a la acción de los sujetos y movimientos sociales y políticos de Paraguay.
PERÚ: Fátima Horna Jiménez | Milagros Pérez Villanueva | Pablo Ricardo Abdo
El Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) trabaja por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, enfatizando la sostenibilidad ecológica, el derecho al agua, la economía solidaria, la equidad de género y el diálogo intergeneracional, como parte de la construcción del buen vivir.
URUGUAY: Francesca Repetto Iribarne | Pablo Díaz Estévez
El Núcleo de Estudios Rurales, con sede en el Centro Universitario de Tacuarembó del CENUR Noreste, de la Universidad de la República (UDELAR), es un espacio interdisciplinario de estudios en materia de investigación, enseñanza y extensión sobre ruralidades emergentes, educación rural y tenencia de la tierra.
VENEZUELA: Manuel Gómez Naranjo | Francisco J. Calvani Abbo
Acción Campesina impulsa la Agricultura Sostenible en corresponsabilidad con otros actores, privilegiando la participación de los pobladores rurales y de sus organizaciones en función del desarrollo rural del país.
A los objetivos de este Informe Anual, que tienen que ver con estimular preguntas de investigación y articulación social para el análisis comparado y para coadyuvar a construir mejores perspectivas de vida, estudio y trabajo en el ámbito rural, se sumaron estas inquietudes respecto a la manera en que el mundo rural vive la pandemia.
La pandemia, las medidas de restricción y prevención de la propagación de la enfermedad no detuvieron la incursión extractivista en los territorios, el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, etc., y este año tampoco fue excepción en la proliferación de incendios forestales en la Amazonía, así como para la cantidad de asesinatos y persecuciones a líderes campesinos, indígenas y defensores del medioambiente.
Se vivieron etapas electorales no exentas de conflictividad social y cuyos resultados no siempre garantizan estabilidad política. Una polarización que presume ser política-ideológica se sobrepone a un panorama en el que pesa el patrón primario exportador y una desigualdad estructural, que no se soluciona con discursos radicales y políticas a medias tintas, sean estas de izquierda o derecha. Los sistemas de salud incapaces de extenderse a los territorios rurales y generar políticas interculturales muestran la poca voluntad política por democratizar y descentralizar los servicios públicos, mucho menos comprender el ámbito rural, a sus poblaciones y las formas organizativas.
Sin embargo, las organizaciones en los territorios tomaron en sus manos las medidas para protegerse de la enfermedad, en sus propias formas de vida, desde las medidas de aislamiento y control del tránsito de personas, hasta medidas de solidaridad interna para con quienes más necesitaban en una situación de emergencia.
Prácticamente en todos los países se encuentran las medidas de aislamiento y cuidado, en especial, en los casos de situaciones con vínculos muy dinámicos con personas que temporalmente, transitan o viven en los territorios, sea por el asentamiento de empresas extractivas, por comercio ambulatorio, por labores de educación y por trabajo en entidades públicas y privadas.
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