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Qué pasa

 

Tras dos días de debate sobre autonomía y gobierno indígena, 11 instituciones unieron fuerzas el fin de semana para exigir y promover modificaciones a la Ley de Autonomías y Descentralización, a la de Administración y Control Gubernamental y a la de Deslinde Jurisdiccional, porque consideran que dichas normas tienen disposiciones que van en contra del desarrollo de las autonomías indígenas en el país. El tata Eduardo Tapia del Territorio Indígena Originario Corque Marka afirmó que estas normas están perjudicando a las autonomías por lo que anunció que gestionará para que sean modificadas.

El 12 de septiembre del 2007, hace 10 años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (PPII). Votaron a favor 144 países, 4 en contra y 11 abstenciones. La Declaración contiene 46 artículos de derechos que cubren la dimensión política, social, económica, cultural y medio ambiental. Los reconoce como inherentes y los proclama como derechos “a vivir con dignidad y a mantener y fortalecer sus propias instituciones, su cultura y sus tradiciones”.

En el Perú, existen 5 millones 663 mil personas de 14 a más años que se autoidentifican como indígenas y representan el 24,2% de la población de este rango de edad. De este grupo, 2 millones 904 mil son mujeres. Así lo informó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez Aguilar, quien puntualizó que el 45,2% de esta población femenina (un millón 312 mil) cuenta solo con educación primaria, el 36% (un millón 46 mil) con educación secundaria y el 18,8% (547 mil) con educación superior. Hay que tomar en cuenta que la población indígena es aquella que se autoidentifica como quechua, aimara y nativa o indígena de la Amazonía.

En pasados días se realizó en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación –ETCR- de Pondores, municipio Fonseca, la presentación de un proyecto de turismo comunitario y rural, diseñado en el marco del proceso de reincorporación económica y social.

El Congreso argentino será el escenario del debate sobre las tierras aborígenes que reavivó la desaparición de Santiago Maldonado. En noviembre vence la la ley 26.160, que impide los desalojos de los territorios que ocupan las comunidades indígenas.

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