El Congreso argentino será el escenario del debate sobre las tierras aborígenes que reavivó la desaparición de Santiago Maldonado. En noviembre vence la la ley 26.160, que impide los desalojos de los territorios que ocupan las comunidades indígenas.
Los aborígenes reclaman más de 8 millones de hectáreas en todo el país. En esos territorios convergen los intereses de gobernadores, los propietarios privados, el derecho de los indígenas a reclamar sus tierras y el Estado nacional. Además, saca a la luz la falta de registro formal de las comunidades y el valor, en términos de recursos naturales, de esos territorios.
La eventual prórroga de la ley 26.160 dependerá de la aprobación o no del parlamento.
FUENTE: LA NACIÓN
