Por estos días hay un gran debate en torno a la situación de las comunidades aborígenes en Argentina. El caso de Santiago Maldonado ha generado un sinfín de especulaciones y planteos sobre la propiedad de las tierras que se disputan entre pueblos indígenas y grupos empresariales nacionales e internacionales.
Existe en el país un mapa sobre los conflictos de comunidades aborígenes reconocidos por Amnistía Internacional en nuestro país, donde se marcan muchos casos a lo largo y ancho del territorio nacional, desde el Norte hasta la Patagonia.
En el caso de la región de Cuyo también se reconocen seis casos, de los cuales tres se ubican en la provincia de San Juan y otros tres en Mendoza.
En lo que respecta al territorio mendocino, dos de los tres casos se ubican en el Sur provincial, más precisamente en el departamento de Malargüe. El otro se registra en Lavalle.
Uno de los casos corresponde a la comunidad Suyai Levfv, en la zona de Los Molles, donde el documento destaca que “en octubre de 2015 enfrentaron un intento de desalojo solicitado por un privado de la localidad de San Rafael. La comunidad aborigen denunció que la jueza Mónica del Carmen Cubillos (del cuarto juzgado de instrucción local) rechazó aplicar la Ley 26160 y la acusó de tener vínculos con quien solicitó el desalojó”.
En el otro caso que se reconoce en esta parte de Mendoza, destaca la comunidad Lof Chenkeko, en la zona de Bardas Blancas, que el 26 de enero de 2016 sufrió “un intento de desalojo por parte de un privado, con apoyo policial, que destruyó parte de la vivienda familiar e incluso robó pertenencias de la comunidad”.
El tercero de los casos mendocinos corresponde a la zona de Lavalle, en comunidades de la etnia Huarpe, donde se encuentran en conflicto 760.000 hectáreas.
FUENTE: DIARIO SAN RAFAEL
