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Hace un mes aproximadamente, 10 miembros de una tribu indígena en Brasil que nunca había tenido contacto con otras personas fueron asesinados por unos mineros en la frontera de Brasil con Colombia y Perú.

“Al menos 4 millones de indígenas del Perú se encuentran expuestos a la contaminación de metales pesados y sustancias tóxicas”, reveló ayer Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

Entre las dos casas de la familia Nay Vargas hay 45 minutos de navegación río Beni arriba. Una se encuentra en Rurrenabaque y otra en la comunidad tacana de San Miguel del Bala. La primera está en la ciudad, con servicios comerciales, médicos y de transporte accesibles, mientras que la otra está casi a la puerta del Parque Nacional Madidi, uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Allí cocinan con leña en el terreno alrededor de la casa de madera, donde crecen los cítricos y siembran otros cultivos como la yuca o la caña de azúcar. Es su hábitat; así lo defienden sus habitantes cuando hablan de las consecuencias del proyecto hidroeléctrico Bala-Chepete, llamado a ser parte fundamental de la conversión de Bolivia en “el corazón energético de Sudamérica” con la construcción de dos represas en plena Amazonía.

El 22 de agosto de 2012, la Cámara I del Crimen de Córdoba emitió un fallo inédito donde determinó que fumigar con agrotóxicos es delito. El caso del barrio Ituzaingó Anexo se convirtió en el primero en llegar a juicio penal y en el que un productor agropecuario y un aerofumigador fueron encontrados culpables por el delito de contaminación ambiental. Recayó sobre ellos una pena de tres años de prisión condicional. 

Los indígenas guaraní protestaron hoy en Sao Paulo contra el proyecto de privatización de los parques públicos y la reducción de las tierras que les fueron asignadas en 2015 en un parque nacional del estado.