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Tras seis años, en una decisión histórica contra la mentira institucionalizada por el latifundio y las transnacionales del agronegocio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay absolvió este jueves 26 de julio a los campesinos acusados injusta e ilegalmente por la masacre de Curuguaty.

 

Los magistrados dictaminaron que no se pudo comprobar que los acusados tuvieron cualquier tipo de participación en la masacre del 15 de junio de 2012, cuando seis policías y 11 trabajadores rurales murieron tras un "enfrentamiento" provocado por la acción de francotiradores (algunos desde helicópteros) en el campamento de campesinos sin tierra de Marina Kue, en Curuguaty.

Asunción, 25 de julio de 2018 (BASE-IS) El Campo Comunal conocido como Cerrito Totora, ubicado en el Departamento de Concepción, fue desalojado en la mañana de hoy afectando a más de doscientas familias campesinas que utilizan el espacio de manera colectiva. El desalojo fue ordenado por el Juez Hugo Becker, contraviniendo lo dispuesto por la ley de expropiación 1589/2000 y por el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) que había declarado esas tierras como Campo Comunal de uso público mediante la resolución 921 de 2004.

Al ritmo de flautas, tambores,  carteleras,  pasacalles, danzas propias y acompañado  de mensajes alusivos a la defesa de la vida y el territorio, se  realizó el Quinto Encuentro de  Semillas de Autoridad y Defensa Territorial, evento que se llevó a cabo el pasado jueves 19 de julio del 2018 en la comunidad de WEDX  YU. En esta actividad participaron aproximadamente 600 personas entre docentes, dinamizadores, padres de familia, guardia Indígena, autoridades, mayores espirituales, músicos,  artesanas, niñas y niños participaron de la jornada que dio inicio luego de las nueve de la mañana con una caravana en vehículos que trasportaban a los estudiantes y dinamizadores. Luego se adelantó una caminata de dos kilómetro hasta llegar al centro poblado de San Andrés, sitio de concentración donde se desarrolló  la actividad.

A través de distintas líneas de estudio, investigadores del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas del Chaco, producen conocimiento -junto con comunidades de la región- acerca de cómo se perpetúan los mecanismos opresivos. En agosto, expondrán los resultados de sus trabajos durante un seminario.

“Los pueblos indígenas siguen sufriendo distintas formas de violencia que configuran un genocidio”, asegura Mariana Giordano, investigadora independiente del CONICET y directora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI, CONICET–UNNE). Desde hace casi 20 años, trabaja temáticas vinculadas a las comunidades del Gran Chaco Argentino, particularmente desde la historia del arte y los estudios visuales

Un estudio revela que mientras las comunidades nativas demoran hasta 30 años para conseguir su titulación, las empresas que solicitan concesiones cuentan con plazos de máximo cinco años. Un caso emblemático ocurre en Ucayali, donde una comunidad nativa se enfrenta a una empresa de palma aceitera.

Diana Ríos, de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto de Ucayali, en Perú, levanta su voz para reclamar por el territorio de los pueblos indígenas. “Sabemos las amenazas que tenemos, pero damos nuestra vida por nuestros valores, por nuestra cultura, por nuestra tierra, porque no quiero que en otras comunidades pase lo mismo que pasó en Saweto”, dice al recordar los más de 20 años que esperó esta comunidad para obtener su titulación, pero que además, le costó la vida a cuatro personas que defendían su territorio de los taladores ilegales.