Un estudio revela que mientras las comunidades nativas demoran hasta 30 años para conseguir su titulación, las empresas que solicitan concesiones cuentan con plazos de máximo cinco años. Un caso emblemático ocurre en Ucayali, donde una comunidad nativa se enfrenta a una empresa de palma aceitera.
Diana Ríos, de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto de Ucayali, en Perú, levanta su voz para reclamar por el territorio de los pueblos indígenas. “Sabemos las amenazas que tenemos, pero damos nuestra vida por nuestros valores, por nuestra cultura, por nuestra tierra, porque no quiero que en otras comunidades pase lo mismo que pasó en Saweto”, dice al recordar los más de 20 años que esperó esta comunidad para obtener su titulación, pero que además, le costó la vida a cuatro personas que defendían su territorio de los taladores ilegales.
Diana se indigna y pide al presidente de la República, Martín Vizcarra, que tome cartas en el asunto para que se respeten los derechos de las comunidades indígenas en Perú. “Queremos nuestros territorios ancestrales, solo pedimos que cumpla su función, que titule nuestras comunidades para poder desarrollar proyectos productivos. Si el Estado no soluciona, no nos da ese primer papel (título de propiedad) ¿cómo vamos a iniciar nuestros proyectos?”.
El reclamo de la lideresa asháninka se escuchó durante la presentación de una investigación realizada en quince países de Asia, África y América Latina que demuestra las grandes diferencias e inequidades que existen entre las comunidades y las empresas para el acceso a la tierra.
De acuerdo con el informe La Lucha por los derechos a la Tierra: reducir la inequidad entre las comunidades y las empresas, presentado por World Resources Institute (WRI), el proceso de formalización de los territorios indígenas es extremadamente complejo, costoso y lento, y puede demorar varias décadas, obligando, en muchos casos, a que las comunidades abandonen sus tierras o pierdan sus derechos sobre recursos naturales como agua, plantas medicinales o alimentos.
El estudio revela que mientras las comunidades nativas deben afrontar procesos largos, que pueden demorar 30 años, y a veces más, las empresas que solicitan concesiones en estas mismas tierras las obtienen en plazos mucho más cortos. En algunos casos la espera es de tan solo 30 días, y en los más extremos no tardan más de cinco años.
Los países que formaron parte de este informe son: Brasil, Chile, Guyana, Panamá y Perú, en América Latina; Camerún, Costa de Marfil, Mozambique, Tanzania y Uganda, en África y Camboya, India, Indonesia, Filipinas y Papúa Nueva Guinea, en Asia.
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Un camino de desigualdad y conflicto
Según el informe, el 50 por ciento de la tierra en el planeta está en manos colectivas, pero solo el 10 por ciento de ella pertenece de forma legal a las comunidades, a pesar que diversos estudios han demostrado que los bosques mejor conservados están dentro de territorios indígenas.
Laura Nottes, autora del informe y abogada de la Iniciativa para los Derechos a la Tierra y los Recursos de WRI, dijo que esta situación significa un escenario de conflicto y violencia para los pueblos indígenas.
La abogada mencionó que, por ejemplo, en Filipinas el proceso de titulación de una comunidad indígena requiere 56 pasos obligatorios por ley; mientras que, en Indonesia, son 21 instituciones gubernamentales las que están involucradas en la legalización de los terrenos comunales.
Otro de los hallazgos significativos sobre la gran diferencia en el acceso a la tierra entre las comunidades y las empresas, en los tres continentes, se refiere a los altos costos de los procedimientos, e incluso a requisitos que son inaccesibles. En Chile, por ejemplo, las comunidades indígenas deben poseer un documento histórico para que sean reconocidas como tal.
Las normas favorecen a los inversores –dice el informe– pues mientras las comunidades reciben apoyo inadecuado y esporádico, las empresas se benefician con centros de inversión exclusivos y contrataciones desde los gobiernos.
Los problemas en Perú
El ingeniero Antonio Collantes, encargado de la Oficina de Comunidades Indígenas del Gobierno Regional de Ucayali, se refirió a uno de los casos emblemáticos de ese departamento: el conflicto de tierras entre la empresa de palma aceitera Ochosur P (antes Plantaciones Pucallpa) y la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya.
“Este es un caso visible de desposesión y desarraigo de varios parceleros, así como de ocupación del territorio de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, aledaña a donde se instaló la empresa”, comenta.
Collantes también explica que muchos de los parceleros que remataron sus tierras a la empresa ahora se ubican en territorios aledaños, y esto ha generado un mercado de tierras imparable. “Ese es el escenario para el tráfico de tierras, porque los desplazados que tuvieron constancia de posesión o títulos de propiedad se han movido hacia donde existe potencial interés de la empresa”.
El funcionario del gobierno regional también se refirió al problema que se presentó recientemente para la titulación de 53 comunidades que formaban parte del programa de titulación financiado por la Declaración Conjunta de Intención -un acuerdo voluntario de cooperación firmado por los Gobiernos de Perú, Noruega y Alemania para lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la deforestación. En ese caso, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y la Dirección Regional Forestal aprobaron una norma para entregar concesiones mediante un proceso abreviado. Los bosques adjudicados se superponen con 29 de las 53 comunidades que iban a ser tituladas, por tanto, éstas quedaron fuera del proceso. “En total se concesionaron 200 mil hectáreas y el compromiso era titular 350 mil hectáreas. Ahora solo podremos entregar derechos sobre 110 mil hectáreas. El territorio que se titulará se ha reducido dramáticamente a la tercera parte”.
Anne Larson, jefa de científicos del Centro de Investigación Forestal Internacional (Cifor), señala que las comunidades en Perú deben recorrer 19 pasos obligatorios desde el punto de vista jurídico en el proceso de titulación. Y el tiempo que puede tomar este proceso, según el estudio, bordea los 25 años. En tanto, las empresas no llegan ni a cinco años en su proceso para obtener concesiones o adquirir tierras.
Larson hizo notar que, de las 1300 comunidades nativas tituladas en Perú, desde la década de 1970, el 80% no ha inscrito su título en registros públicos. Una situación crítica que agrava el acceso a la tierra. “Puede haber muchas razones diferentes para que no se concluya el proceso con la inscripción del título en registros públicos. Estamos hablando de 1 300 comunidades reconocidas en los últimos 30 años”.
La especialista del Cifor explica que muchas veces las comunidades obtienen su título antes de resolver conflictos como el traslape de bosques de producción permanente que pertenecen al Estado con sus territorios, y para inscribirlos deben resolver este problema. También señala muchos títulos registrados no cuentan con límites georreferenciados, por tanto, la comunidad debe hacer sus planos con los límites marcados con GPS y volver a inscribirlos. Es decir, que además de todos los años que les tomó obtener su tierra, tienen que superar obstáculos adicionales en el camino para formalizar su propiedad.
