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  • Foro Penal: Comunidades indígenas sufren violación de los DD. HH. en Venezuela

    El reporte especial de represión política ejercida contra los habitantes de las comunidades indígenas en Venezuela de julio de 2019, arrojó que en los primeros seis meses del año sucedieron varias agresiones por parte de funcionarios del régimen venezolano en contraataque con los aborígenes.  

  • Argentina: Coronavirus, pueblos originarios y un genocidio sin reparación

    Cien investigadores alertan sobre la situación de los pueblos originarios ante la pandemia

    La Covid-19 y la cuarentena agravaron todos los aspectos de vida de los pueblos originarios de Argentina. Es una de las conclusiones de una investigación inédita, en la que participaron más de cien académicos de doce universidades públicas. Afirman que en los últimos meses se agravaron los desalojos, la violencia y, destacan, la ayuda estatal no llega en tiempo ni forma. Recuerdan que las comunidades indígenas tienen dificultades para acceder a la salud y hasta para hacerse de agua para consumo. Puntualizan sobre las consecuencias del extractivismo y del genocidio que aún no tuvo reparación.

  • Asentamiento Cristo Rey, el renacer de la esperanza

    La reocupación del Asentamiento Cristo Rey por parte de las 70 familias que el 27 de octubre fueron desalojadas de forma violenta e ilegal, se constituyó en un hecho relevante en el marco del conflicto social por la tierra que vive Paraguay. Acompañados por una movilización masiva de más de 1500 personas, la comunidad de Cristo Rey, ubicada en Guayaibi, Departamento de San Pedro, volvió a sus tierras, dando asi un nuevo impulso a las organizaciones y comunidades campesinas que resisten al avance del modelo de agronegocios y a la violencia estatal.

  • Desalojan campo comunal, sustento de familias campesinas.

    Asunción, 25 de julio de 2018 (BASE-IS) El Campo Comunal conocido como Cerrito Totora, ubicado en el Departamento de Concepción, fue desalojado en la mañana de hoy afectando a más de doscientas familias campesinas que utilizan el espacio de manera colectiva. El desalojo fue ordenado por el Juez Hugo Becker, contraviniendo lo dispuesto por la ley de expropiación 1589/2000 y por el propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) que había declarado esas tierras como Campo Comunal de uso público mediante la resolución 921 de 2004.

  • Desalojo a comunidades indígenas viola normativas nacionales e internacionales

    El desalojo a la Comunidad Indígena Hugua Po’i ejecutado el pasado martes 12 de julio viola diversas normativas a nivel nacional e internacional, desde la propia Constitución Nacional, hasta convenios internacionales relativos a derechos de Pueblos Indígenas, fueron pisoteados por el Estado en este y otros casos. Los desalojos apuntan a favorecer a latifundistas y empresarios vinculados al agronegocio sojero.

  • Desalojo y criminalización contra campesinos en San Pedro

     
    La comunidad de Sexta Línea, Yvype-Lima Departamento de San Pedro fue desalojada de forma violenta en dos ocasiones

    Asunción 22 de junio 2018 La comunidad de Sexta Línea, Yvype-Lima Departamento de San Pedro fue desalojada de forma violenta en dos ocasiones en el lapso de 2 meses, 23 de mayo y 14 de junio de 2018. Un menonita llamado Jorge Maties Derksen reclama las tierras del INDERT(sin títulos) como suyas, para posteriormente alquilar a sojeros brasileños para plantación de transgénicos. Denuncian a la abogada Natalia Maldonado por realizar falsas acusaciones en contra de campesinas y campesinos, y señalan también a Javier Alfonso Cáceres, personal del menonita, quien funge de abogado o ingeniero dependiendo de la necesidad del momento, y acompaña todos los procedimientos de desalojo de las familias.
    Durante el segundo desalojo se presentó un documento de allanamiento que indica como armas o “componentes”; machete, foiza, machetillos. Las sencillas herramientas de trabajo de los campesinos son sindicadas como peligrosas armas, demostrando claramente y más que nunca la verdadera intención de criminalizar las luchas de los campesinos por un pedazo de tierra.

  • Desalojos, el uso de la fuerza para imponer el modelo sojero

    En la última semana al menos 300 familias campesinas fueron victimas de desalojos forzosos, comunidades con varios años de existencia sufren la violencia estatal que busca liberar los territorios para el avance del modelo sojero. Los casos de las comunidades Edilson Mercado, de Canindeyú, y Cristo Rey, de San Pedro, muestran un patrón de actuación por parte de las instituciones estatales que no respetan las normativas vigentes a nivel nacional e internacional y que se presume buscan dejar vía libre para el avance de la sojización.

  • Povo Akroá Gamella, da TI Taquaritiua (MA), é atacado por policiais militares e jagunços

    Na tarde dessa quarta-feira (17), o Povo Akroá Gamella, da Terra Indígena (TI) Taquaritiua, no Maranhão, foi surpreendido com a chegada hostil de funcionários de uma empresa de energia elétrica, acompanhados de jagunços – que se identificaram como policiais. Há anos, essa empresa tenta, sem qualquer consulta e respeito aos indígenas, instalar torres e linhões de transmissão dentro da TI Taquaritiua, área que vive um moroso processo de demarcação pela Fundação Nacional do Índio (Funai) desde 2014.

  • Sectores populares cierran el 2021 con espacios de unidad y lucha

    La masiva movilización del pasado 10 de diciembre y la retoma de tierras por parte de comunidades recientemente desalojadas dan cuenta de un reagrupamiento del sector popular dispuesto a luchar en defensa de sus derechos. Las organizaciones sociales y políticas del campo popular y la izquierda articulan espacios de unidad y anuncian importantes movilizaciones para el inicio del 2022.

  • Sojeros insisten en violencia contra campesinos

    Desde hace días las principales autoridades de los gremios del agronegocio insisten en que el Estado debe actuar con violencia contra las familias campesinas, según señalan unas 100 mil hectáreas de tierra estarían siendo ocupadas por campesinos y campesinas que deben ser desalojados. El periodo de inicio de la zafra sojera coincide con el aumento de la conflictividad rural debido a que el agronegocio avanza ilegalmente sobre territorios campesinos.

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