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Disposición exige que los pueblos originarios sean consultados y, además, otorguen el consentimiento libre, previo e informado en las decisiones que los afecten.

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica a través de la voz de Gregorio Mirabal, Coordinador General de COICA, declaró a la Amazonía en Emergencia debido a los procesos de minería legal e ilegal que está acabando con nuestra madre selva.

Ruth Alipaz encabeza la lucha del pueblo uchupiamona contra un proyecto hidroeléctrico que podría inundar su territorio y los de otros pueblos indígenas en Bolivia.

La Convención Constitucional, a través de la comisión de Medio Ambiente, aprobó dos artículos respecto a los derechos de los pueblos originarios. El primero de ellos establece una comisión que desarrollará una política de saneamiento, catastro y restitución de tierras y recursos indígenas. En tanto, el segundo anula los permisos y concesiones mineras en territorios que pertenezcan a las naciones originarias, sin que haya un proceso de consulta previo.

La era de Sandra Quiñónez al frente del Ministerio Público no sólo está marcada por el encubrimiento a poderosos agentes políticos y económicos sospechados de diferentes delitos, su gestión se caracterizó también por la ejecución irregular de desalojos forzosos y por la profundización de la criminalización de las luchas campesinas e indígenas.