La era de Sandra Quiñónez al frente del Ministerio Público no sólo está marcada por el encubrimiento a poderosos agentes políticos y económicos sospechados de diferentes delitos, su gestión se caracterizó también por la ejecución irregular de desalojos forzosos y por la profundización de la criminalización de las luchas campesinas e indígenas.
«Hubo denuncias muy serias e importantes respecto a hechos de corrupción y lavado de dinero, contra figuras muy importantes como el caso Hugo Javier, Oscar Rodríguez, el caso Messer y contra el propio Cartes, casos que incluso tienen repercusión internacional, que el Ministerio Publico no investiga o lo hace de forma negligente» señala Abel Areco, abogado e investigador de BASE-IS.
La displicencia del Ministerio Público contra estos actores poderosos contrasta con el uso abusivo de la ley por parte de la Fiscalía contra personas imputadas por casos derivados de conflictos sociales, «como es el caso de los campesinos que luchan por la tierra, la mayoría de los dirigentes son imputados e incluso enviados a prisión de forma diligente» agrega Areco.
A este hecho se suma que durante el mandato de Quiñónez se agudizó la práctica ilegal de ejecutar desalojos forzosos por orden fiscal, cuando la ley exige la orden de un juez. «Inventan figuras jurídicas para ejecutar desalojos, para efectuar acciones contra campesinos e indígenas, sin embargo en los grandes casos de corrupción no actúan de la misma manera, eso demuestra una falta total de objetividad y de seriedad por parte del Ministerio Público» concluye el abogado.
En este sentido vale recordar que Quiñónez fue un apoyo político importante para la aprobación de la Ley Zavala-Riera, impulsada por la bancada del agronegocio (compuesta por cartistas, patriaqueridistas y otros), la Fiscal General había dado su visto bueno a la ley de criminalización, a pesar que tiempo antes sostuvo una posición distinta. Está ley ha llevado a la imputación de más de 50 líderes campesinos e indígenas solo en los últimos meses en el marco del conflicto social por la tierra, estos dirigentes se exponen a penas carcelarias de hasta 10 años.
Actualmente el desempeño de Sandra Quiñónez es cuestionado por distintos sectores sociales y políticos que estudian la posibilidad de enjuiciarla políticamente apuntando a su destitución. Durante su ejercicio como fiscal, previamente a ser electa como titular del Ministerio Público, Quiñónez fue denunciada por Organizaciones Sociales por prácticas de persecución y criminalización contra dirigentes campesinos.
