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Qué pasa

La Asociación Indígena Lafkenche de Penco presentará este viernes un recurso de protección amparado por los alcaldes de Penco y Tomé porque durante la tramitación del proyecto del terminal marítimo -en 2015-, el SEA había resuelto proceder a un proceso de consulta indígena. (Esto según todos los parámetros del código 169), pero finalmente el mes pasado aquel criterio fue modificado y resuelto en suspender la consulta indígena porque lo que opinaba ahora el servicio de evaluación era que el proyecto no tenía ningún impacto significativo a la comunidad indígena, sin dejarle la posibilidad de expresar su opiniones.

Álvaro Toro, abogado defensor del caso, señaló a El Ciudadano que “en el cambio de criterio entre diciembre del 2015 y ahora junio del 2016 el único antecedente nuevo son una cantidad importante de informes que entregó el titular del proyecto (BiobioGenera), el cual ingresó varios informes elaborados por profesionales pagados por la misma empresa en donde reconocieron que se habían equivocado en su primer informe y ahora se dieron cuenta, por el espíritu santo, que no se producía ningún impacto. 

El día de la lectura de la sentencia en el caso Curuguaty llegó y el Tribunal de Sentencia condenó a los 11 campesinos acusados por la masacre ocurrida en junio del 2012, desatando una serie de cuestionamientos de sectores sociales y satisfacción de los familiares de los policías muertos.

Tomando las testificales –en su mayoría de los policías– y sin pruebas contundentes según la defensa, el Tribunal de Sentencia –conformado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero y Benito González– encontró culpables por unanimidad a los 11 campesinos procesados.

Las fuertes condenas otorgadas a los labriegos van de 4 a 30 años prisión y fueron aplicadas a todos por los hechos punibles de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. En el caso de Rubén Villalba y Luis Olmedo, también fueron condenados por homicidio doloso agravado consumado y tentativa acabada de homicidio doloso acabada en calidad de coactor.

Unas cinco toneladas de alimentos en descomposición y más de 5 mil litros de leche fueron arrojados a la vía entre el municipio de Rionegro y el municipio de La Ceja, como protesta de los campesinos a la falta de una negociación justa por parte del Gobierno Nacional con el Paro Camionero que ya completa 35 días y al que aún no se le encuentra una solución justa que garantice los derechos de los camioneros y los campesinos. “En 35 días de paro el gobierno no nos ha dado la cara y el ciudadano del común está afectado porque no le llegan los alimentos”, declaró el camionero Wilmar Vallejo.

La falta de transporte ha ocasionado que un sinnúmero de productos agrícolas y alimenticios no lleguen a los mercados y centrales de abasto en todo el país, además se ha presentado un alza en varios productos de la canasta familiar y desabastecimiento, situaciones que sin duda afectan a todos los ciudadanos. Mientras miles de toneladas de alimentos se pierden por la falta de transporte, el Gobierno continúa sin dar respuestas al Paro.

O índio pataxó hãhãhãe, Tawary Titiah, da etnia Bainã, denunciou hoje (11) na Casa de Trocas, da organização não governamental (ONG) Engajamundo, que a área de mata pertencente à sua aldeia, localizada no sul da Bahia, no município de Pau Brasil, está sendo invadida há pelo menos duas semanas. O primeiro sinal foi dado por um agricultor familiar que ouviu barulho de motosserra na região e avisou a um grupo de jovens indígenas que fiscalizava o local. Ao chegar ao local, o grupo detectou o desmatamento.

“Nossa área é de 54,1 hectares e, para encontrar o local do desmatamento, andamos 16 quilômetros. Quando chegamos, vimos alguns homens derrubando árvores próximo à nascente do rio que nos abastece e dissemos que ali era área demarcada e que eles não poderiam fazer aquilo. Eles responderam que não éramos nada, éramos bichos e não éramos donos de nada”, disse.

El lunes 11 de julio, en Asunción, el Tribunal dará la sentencia a once campesinos y campesinas enjuiciados tras la masacre de Curuguaty. Familiares, organizaciones campesinas y miembros de la Iglesia denuncian que el juicio es una farsa.

La fiscalía ha pedido penas de entre 5 y 40 años de cárcel por los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, donde murieron 11 campesinos y 6 policías. Los asesinatos ocurrieron durante la represión a la toma de tierras de Marina Kue, luego de que familias campesinas recuperaran un predio estatal usurpado por la empresa Campos del Morumbí, que se adjudica la familia Riquelme.

En los días siguientes, el episodio de violencia fue utilizado por la derecha paraguaya para dar el golpe institucional contra Fernando Lugo. En trámite exprés, en pocas horas, el Parlamento destituyó al presidente, responsabilizándolo por la masacre.

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