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Qué pasa

El mundo vive una sequía extrema y Bolivia no está exenta de sufrir este fenómeno. Casi 150 mil familias afectadas en el país son un reflejo cruel de este efecto climático. Solo en Cochabamba hay más de 30 mil familias afectadas y más de 20 hectáreas de cultivo dañadas. De los 47 municipios del departamento, 26 se declararon en emergencia y 4 dictaron desastre natural.

Ante este panorama el Estado y la Gobernación se pusieron manos a la obra, pero la sequía es tal que todas las previsiones han sido superadas, y eso que todavía faltan los meses más críticos: agosto, septiembre y octubre.

Sin embargo, las instituciones ya suman esfuerzos para enfrentar lo que es, según la directora de la Madre Tierra de la Gobernación de Cochabamba, Soledad Delgadillo, “la peor sequía de los últimos 20 o 25 años”.

Devido as dificuldades apresentadas pela gestão do subsistema de atenção à saúde indígena, na implementação dos processos de bens e serviços de apoio as ações básicas de saúde nas comunidades indígenas no DSEI Rio Negro e em articulação com as diversas instâncias do movimento indígena do rio negro e órgãos públicos,  a Federação das Organizações indígenas do Rio Negro (FOIRN), realizou a oficina REORGANIZAÇÃO DO MODELO DO FUNCIONAMENTO DSEI RIO NEGRO, no auditório da UEA, na sede do município de São Gabriel da Cachoeira, nos dias 20 a 22 de julho de 2016. Segundo Vera Lopes, coordenadora substituta da coordenação geral de atenção primária de saúde indígena, SESAI “ O trabalho do DSEI RIO NEGRO precisa ser reestruturado.

As ações estão chegando de forma muito precária nas aldeias. Temos profissionais contratados mas há necessidade de organizar melhor a parte dos insumos,  dos medicamentos, e toda parte da logística de deslocamento das equipes. Do jeito que está não se consegue resolver em tempo curto os problemas que temos hoje”. 

El juicio oral donde la justicia paraguaya dictará sentencia en torno a la menor Raquel, iniciará cuando se designe a dos nuevos jueces que reemplacen a Ramón Trinidad y Benito González. Uno de los jueces, Darío Chamorro, se mantiene en el caso.

 La Fiscalía acusa a ella y las demás mujeres de la causa de hacer de señuelo para atraer a los policías a una emboscada campesina aquel 15 de junio de 2012, que terminó en la masacre de Curuguaty.

 Por eso carga sobre ella las mismas acusaciones de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de complicidad. Su defensa la lleva en esta etapa de juicio oral la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), a través de las abogadas Sonia Von Leppel y Mirta Moragas, quienes antes del inicio del juicio de hoy presentaron su recusación.

Hasta hace una semana las cosas parecían tranquilas en la vereda Guacamayas, del corregimiento Macondo, en el municipio de Turbo, Urabá antioqueño. El Ejército hacía presencia permanente en la zona como medida de protección solicitada por las víctimas, luego de una seguidilla de agresiones a los reclamantes de tierras. Pero el Ejército se movió del lugar hace ocho días y este fin de semana el temor regresó. Un grupo de hombres entró al corregimiento y amenazó de muerte a una familia.

“El pasado sábado 16 de julio tres hombres vestidos de civil, llevaron un panfleto marcado como Autodefensas Gaitanistas a la finca Las Delicias donde vive la familia Payares que retornó al predio sin acompañamiento institucional”, relató un líder del lugar, quien pidió la reserva de su identidad.

Tres días después, “en horas de la madrugada, siete hombres armados con fusiles regresaron a la finca e intimidaron a la señora de la casa diciéndole que debía dejar el predio o de lo contrario venían por ellos”, añadió. 

El sábado 23 de julio, en diversas ciudades del Perú, se realizaron marchas exigiendo la pronta liberación de Gregorio (Goyo) Santos Guerrero, líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS) y Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, quien lleva 25 meses en prisión preventiva.

Gregorio Santos fue arrestado el 25 de junio del 2014 y recluido en el penal Piedras Gordas acusado de presuntos delitos de corrupción, sin que hasta la fecha haya sido sentenciado y, peor aún, sin que hasta la fecha se haya iniciado formalmente el juicio, a pesar del largo tiempo transcurrido.

La prisión preventiva que se dictó contra él en junio del 2014 se interpretó como una venganza política del régimen de Ollanta Humala y de la empresa minera Yanacocha por su oposición al mega proyecto Conga, y como un intento de disuadir a los electores a que votaran por él en las elecciones regionales de ese año.

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