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Qué pasa

Desde hace casi una década, los vecinos de Putaendo comenzaron a organizarse con la intención de defender sus recursos y proteger el territorio de la amenaza extractivista que se ha impuesto a diversas comunidades de Chile.

En la disputa, la Asamblea Popular de Putaendo ha liderado el proceso de resistencia en contra de la mega-minera Andes Copper, de capitales canadienses, además de la apropiación indebida del agua por parte de latifundistas de la zona.

En el empoderamiento de la comunidad, el dirigente social Luis Manzano -quien recientemente fuedestacado por la Comisión Ética Contra la Tortura– ha jugado un rol fundamental. Primero, exigiendo que se democratice el acceso al agua, ya que actualmente funciona una Junta de Vigilancia compuesta por cuatro empresarios -dueños de la mayoría de las acciones sobre el agua-, quienes se encargan de repartir el recurso entre los habitantes del pueblo.

Varios centenares de personas marcharon hoy por las calles de Asunción para pedir la absolución de los once campesinos procesados en el juicio por la masacre de Curuguaty, cuya sentencia se conocerá el próximo lunes.

Organizaciones campesinas, estudiantiles y sindicales, así como religiosos artistas y representantes de partidos políticos de izquierda y de grupos de defensa de los derechos humanos presentes en la marcha denunciaron que no existe ninguna prueba que les incrimine, y por lo tanto reiteraron su petición de absolución.

Los once procesados están acusados por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, y la Fiscalía pide para ellos penas de entre 5 y 30 años de prisión, mientras que la defensa solicita que sean absueltos.

Ciento veinte títulos de propiedad recibieron habitantes de la parroquia Los Ángeles, del cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), en conjunto con el Proyecto de Acceso a Tierras de los Productores Familiares y Legalización Masiva en el Territorio Ecuatoriano y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de esa localidad.

El objetivo del proyecto es legalizar en forma masiva la tenencia de la tierra en el territorio nacional, para fomentar el desarrollo agrícola sustentable, el acceso a las políticas públicas del Gobierno Nacional y cumplir con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.

El último informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) revela que del 2013 al 2015 se deforestaron cerca de 25 mil hectáreas de bosque en la zona este de la región Huánuco. La causa sería la habilitación de áreas para el cultivo de pasto para el ganado.  

Según imágenes satelitales que presenta el MAAP, solo en el 2015 se calculó en dicha zona una deforestación de 7,930 hectáreas, el equivalente a 10,865 campos de fútbol. Para este caso, el informe aclara que aproximadamente 87 por ciento de la deforestación observada se encuentra fuera de predios rurales.

En 2013 y 2014 la deforestación estudiada fue de 16.590 hectáreas, equivalente a 22.700 campos de fútbol. 

En el informe “On dangerous ground” la ONG Global Witness documentó el asesinato de al menos 185 activistas ambientales en el mundo entre 2015 y 2016, de los cuales 50 fueron asesinados en Brasil y 26 en Colombia, países que ocupan el primer y tercer puesto, respectivamente. El informe arrojó que 66 % de las víctimas son latinoamericanas, lo que ubica a la región como uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el medio ambiente. El promedio de asesinatos de mediambientalistas en el mundo es de tres por semana.

La minería, la agroindustria, las hidroeléctricas y la tala forestal fueron las causas de la mayoría de los asesinatos, las personas que han luchado contra este tipo de proyectos “se encuentran en la línea de fuego de las compañías de seguridad privadas, las fuerzas estatales y el próspero mercado de los asesinos a sueldo”, señaló Global Witness. 

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