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De las 32 mil veredas que tiene Colombia, 23 serán el escenario en el que las Farc harán la transición de guerrilleros a civiles. Aunque todavía no existen las coordenadas exactas de los puntos, lo que sí está claro es cuántas zonas habrá en cada departamento y el nombre de las veredas. Una de ellas, la segunda más al norte del país, es la que se ubicará en La Paz (Cesar), en donde viven más de 12 mil indígenas yukpa. Ellos, que vivieron los agravios en la época de la colonización y los estragos del conflicto interno, le tienen terror a las consecuencias que esa zona de transición puede causar en su comunidad. Así lo expresan en una carta que le enviaron a personalidades como Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU; Emilio Álvarez, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), y al presidente Juan Manuel Santos, entre otros.

El Gobierno Regional de Amazonas aprobó la ordenanza que establece como requisito para la contratación de personal de salud, estar formado en salud intercultural y tener conocimiento de una lengua nativa. Ello a fin de garantizar que personal debidamente calificado asuma la atención de los pobladores indígenas de la región.

La ordenanza fue aprobada el 30 de junio y espera su publicación en los próximos días a través del diario oficial El Peruano. La norma regional especifica como puntajes de calificación tener un 15% de capacitación acreditada en salud intercultural, 10% por el dominio de una lengua del lugar y 5% por pertenencia étnica al pueblo. 

Desde hace casi una década, los vecinos de Putaendo comenzaron a organizarse con la intención de defender sus recursos y proteger el territorio de la amenaza extractivista que se ha impuesto a diversas comunidades de Chile.

En la disputa, la Asamblea Popular de Putaendo ha liderado el proceso de resistencia en contra de la mega-minera Andes Copper, de capitales canadienses, además de la apropiación indebida del agua por parte de latifundistas de la zona.

En el empoderamiento de la comunidad, el dirigente social Luis Manzano -quien recientemente fuedestacado por la Comisión Ética Contra la Tortura– ha jugado un rol fundamental. Primero, exigiendo que se democratice el acceso al agua, ya que actualmente funciona una Junta de Vigilancia compuesta por cuatro empresarios -dueños de la mayoría de las acciones sobre el agua-, quienes se encargan de repartir el recurso entre los habitantes del pueblo.

Varios centenares de personas marcharon hoy por las calles de Asunción para pedir la absolución de los once campesinos procesados en el juicio por la masacre de Curuguaty, cuya sentencia se conocerá el próximo lunes.

Organizaciones campesinas, estudiantiles y sindicales, así como religiosos artistas y representantes de partidos políticos de izquierda y de grupos de defensa de los derechos humanos presentes en la marcha denunciaron que no existe ninguna prueba que les incrimine, y por lo tanto reiteraron su petición de absolución.

Los once procesados están acusados por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, y la Fiscalía pide para ellos penas de entre 5 y 30 años de prisión, mientras que la defensa solicita que sean absueltos.

El último informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) revela que del 2013 al 2015 se deforestaron cerca de 25 mil hectáreas de bosque en la zona este de la región Huánuco. La causa sería la habilitación de áreas para el cultivo de pasto para el ganado.  

Según imágenes satelitales que presenta el MAAP, solo en el 2015 se calculó en dicha zona una deforestación de 7,930 hectáreas, el equivalente a 10,865 campos de fútbol. Para este caso, el informe aclara que aproximadamente 87 por ciento de la deforestación observada se encuentra fuera de predios rurales.

En 2013 y 2014 la deforestación estudiada fue de 16.590 hectáreas, equivalente a 22.700 campos de fútbol.