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Qué pasa

Aunque la empresa sigue negando el daño ambiental de alrededor de 2 mil 380 hectáreas las imágenes satelitales de principios de 2013, fecha inmediatamente anterior al inicio del proyecto del cacao, demuestran que el área en cuestión no se encontraba deforestada antes del inicio de las operaciones de la empresa.

El cálculo del área deforestada se basa en el análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), que demuestra que no existe concordancia entre los argumentos presentados por la empresa Cacao del Perú Norte, filial de United Cacao Limited SEZC, y el registro satelital en Tamshiyacu, región Loreto.

La empresa argumentó que las tierras ya se encontraban deforestadas por el uso agrícola antes del inicio de sus operaciones en el 2013. Sin embargo, en el siguiente gráfico se puede apreciar la deforestación a gran escala de bosque primario entre marzo y setiembre de 2013. Cada uno de los cuadros designados A-E, muestran exactamente la misma cantidad de área dentro del proyecto del cacao entre el período ya señalado. 

En Chiloé ya se han entregado 310 concesiones mineras, 209 de exploración y 101 de explotación, las cuales podrían generar gravísimos impactos a nivel ambiental, social y económico debido a la destrucción territorial. Es, por tanto, un escenario amenazante que avanza sobre un archipiélago ya sobreexplotado, como ha ocurrido a causa de la pérdida masiva de bosque nativo y la introducción de especies exóticas como pinos y eucaliptus; la devastación causada por la industria salmonera; o la explotación del Pompon, indispensable para los ecosistemas

Ante estas realidades se han realizado importantes encuentros.

El territorio nacional se encuentra entre los lugares con mayor número de desplazados internos en el mundo, siendo esto confirmado por el informe anual de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En la actualidad Colombia tiene 6.3 millones de desplazados internos de un total de 40.8 a nivel mundial.

Según la ACNUR “Los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo. A diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país” [1]. Lo más paradójico es que estas personas deben ser protegidas por el gobierno aun cuando éste sea la causa de su padecimiento.

Mujeres y hombres, comunicadores indígenas, procedentes de pueblos originarios procedentes de Apurímac, Moquegua, Cusco, Puno y Cañete, se reunieron en la Casa de la Cultura de la Ciudad del Cusco para llevar a cabo la Tercera Edición de la Escuela Indígena de Comunicación “Llipinchis Yupasunchis” del 15 al 17 de junio.  

Se trata de una iniciativa impulsada por la Confederación Nacional Agraria (CNA) para promover el derecho a la comunicación de los pueblos originarios a partir de la reafirmación de su identidad cultural y la apropiación de medios radiales para difundir las demandas y propuestas que se construyen desde las bases regionales, conformadas en su mayoría por comunidades campesinas.

Cristina Cedeño, secretaria del Comité de Operaciones de Emergencia (COE)  cantonal y responsable de Gestión de Riesgo del Municipio de Rocafuerte, dijo que de las 40 edificaciones demolidas, 30 se ubican en la zona urbana y diez en el sitio Las Peñas.

Cedeño agregó que hasta ayer había 42 permisos de demolición en las zonas urbana y rural de Rocafuerte.

En el departamento del COE se han contabilizado 2.872 casas de la zona rural afectadas por el terremoto y 824 en la cabecera urbana.

Cedeño reconoció que diariamente siguen solicitando permiso para demoler los inmuebles afectados por el sismo.

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