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La Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), realizó un llamado para apoyar a las organizaciones de la agricultura familiar y la pesca artesanal en la actualización de registros. En paralelo, se busca apoyar a los productores familiares en el diseño de planes de comercialización de productos alimenticios y la pesca artesanal con el Estado.

Habrá un apoyo económico del proyecto tendrá un máximo de $ 500.000 y el monto total de la convocatoria será de $ 7 millones, financiados por el Fondo de Desarrollo Rural.

A un mes del pronunciamiento público y luego de cuatro años de emitirse la sentencia por parte del Tribunal Constitucional (TC), la comunidad nativa Tres Islas de Madre de Dios aún está a la espera su cumplimiento.

En el documento emitido el 21 de julio último, la comunidad nativa daba a conocer las decisiones adoptadas en la asamblea general realizada el 18 de julio.

En el pronunciamiento se exige el retiro inmediato y el impedimento de ingreso de todo minero, talador ilegal y terceros quienes ingresan sin su consentimiento a extraer recursos a la altura del kilómetro 24 a extraer recursos.

El gobierno de Ecuador acaba de anunciar la ampliación de las reservas petroleras en el Bloque 43 del ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), ubicado en la provincia de Orellana. Buena parte de esa área se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní, cubriendo una superficie aproximada de 200 mil hectáreas.

Como es sabido, la región del Yasuní es uno de los sitios con más alta biodiversidad del mundo, es una Reserva Mundial de Biósfera, y territorio de dos pueblos indígenas en aislamiento. Es además conocido el intento gubernamental de moratoria de la explotación petrolera a cambio de una contribución financiera en el marco de las negociaciones en cambio climático. Sin embargo, al no obtener los beneficios esperados el gobierno decidió iniciar la explotación del ITT.

Las comunidades rurales del sur del país no quieren más fumigaciones químicas. Piden sustitución concertada. Múltiples instancias internacionales han señalado el fracaso de la política antidrogas que ha implementado el Estado colombiano en las últimas décadas. Sin embargo, las autoridades siguen recurriendo al glifosato para afrontar el problema de los cultivos de uso ilícito.

Por eso, desde hace un mes las comunidades del Putumayo adelantan una movilización ante el reinicio de las fumigaciones químicas, esa vez de forma terrestre.

Aunque Colombia defiende en el plano internacional un nuevo enfoque para la lucha contra las drogas, a nivel interno sigue recurriendo a las medidas represivas y de facto contra esta problemática con raíces socioeconómicas.

El pasado 8 de agosto la Junta Municipal de San Pedro del Paraná rechazó la propuesta de ordenanza “Por la cual se declara de interés distrital la agricultura familiar con enfoque orgánico y agroecológico y se condiciona el sistema del agronegocio extensivo”.

De un total de nueve concejales, solamente una votó a favor de la iniciativa, que había sido presentada por una articulación social local coordinada por la Pastoral Social.

La iniciativa pretendía proteger las zonas existentes de agricultura ecológica, la cuenca del río Tebicuary y la reserva forestal San Rafael y aislarlas de los territorios explotados intensivamente por la soja o la ganadería empresariales, que utilizan como matriz las fumigaciones con químicos y las semillas transgénicas.