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Qué pasa

El presidente Nicolás Maduro ha ordenado, a través de un decreto, que las empresas estatales y privadas cedan a sus trabajadores durante un período de 60 días para que realicen trabajos agroalimentarios ante la crisis y desabastecimiento en Venezuela.

La medida. Esta medida podría ampliarse por 60 días más de ser considerado así por Maduro. Es necesario, para cumplir con esta labor, que los empleados mantengan una condición física óptima y que conozcan del trabajo a realizar. El gobierno será el encargado de subsidiar el pago y vigilar la "inamovilidad" del trabajador durante el período que dure el reasignamiento.

Hasta el Ministerio del Medio Ambiente llegaron representantes de la comunidad ecológica de Peñalolén para solicitar un pronunciamiento del subsecretario, Marcelo Mena, respecto de la invalidación de la evaluación ambiental para la modificación del plan regulador de la comuna. “A la fecha, el subsecretario no se ha pronunciado respecto de si inicia una invalidación, respecto de todo este procedimiento que fue obtenido a través de un fraude”, señaló el abogado Luis Mariano Rendón.

El abogado de los vecinos comentó que en la reunión con el subsecretario, le plantearon su “decepción y frustración, porque esta falta de pronunciamiento no solo es un acto de descortesía, sino que es una violación de las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece plazos para que las autoridades se tengan que pronunciar”.

Parece pesadilla pero es realidad. Al mismo tiempo que los medios traen diariamente noticias de indígenas amazónicos sufriendo por derrames de petróleo, de pueblos andinos padeciendo de agua, aire y suelos envenenados por la minería, sin mencionar los desmanes de la minería ilegal, los dirigentes de las sociedades de hidrocarburos y de minería proponen abrir las áreas naturales protegidas para su explotación. Y para colmo reciben apoyo del Presidente del Directorio de Perupetro, la empresa que distribuye a su antojo gran parte del territorio nacional, excepto, claro, parte de las áreas naturales protegidas.

En efecto, fue noticiado que ambas sociedades, a las que se sumó el Presidente del Directorio de Perupetro, recomiendan al nuevo gobierno cambiar la legislación sobre áreas naturales protegidas por el Estado para permitir actividades de las empresas de sus gremios en los últimos y únicos reductos naturales del Perú. 

Colombia vive un momento histórico por la inminencia de la firma del Acuerdo Final del proceso de paz de La Habana. Por ello, y siendo la defensa de los Derechos Humanos un asunto fundamental para la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz con justicia social, es un deber con nuestro futuro ejercer la función de Defensor del Pueblo con el mayor grado de responsabilidad y coherencia, frente al espíritu de apertura democrática para la participación política de actores históricamente excluidos, que es hoy, la mayor necesidad de cara a la paz. 

El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica expresa a la opinión pública su preocupación por la forma apresurada, clientelista y poco democrática en que el gobierno nacional y el congreso de la república adelantaron la elección del nuevo Defensor del Pueblo, y hace un llamado para que en el futuro se establezca un proceso amplio y de cara a la opinión pública, que garantice la selección de un funcionario idóneo, con mecanismos profundamente democráticos.

Desde el 23 al 26 de agosto, el Instituto para el Desarrollo rural de Sudamérica (IPDRS), el Observatorio del Cambio Rural, Fian Ecuador, el Movimiento Agrodescendientes, El Colectivo Abya Yala y Asomac, participarán de la Conferencia Internacional Tierras y Territorios en las Américas: Acaparamientos, Resistencias y Alternativas'', Bogotá 2016. 

El encuentro tendrá lugar en la Universidad Externado de Bogotá y reunirá a diversas organizaciones, instituciones y académicos que trabajan la ruralidad desde sus diferentes países.

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