IPDRS Logo VISITA NUESTRO
NUEVO SITIO WEB
Actualidad

 

 

 

 

Posts @IPDRS

Este domingo en la mañana, alrededor de las 9:30 am, personal de la empresa minera Yanacocha ingresó en el predio de Maxima Acuña y su esposo Jaime Chaupe, quienes al intentar dialogar con el personal de la minera en busca de una explicación fueron agredidos por estos, según informaron familiares de Acuña y fuentes cercanas.

Ambos esposos además quedaron incomunicados por varias horas, y recién alrededor del mediodía pudieron comunicar de lo sucedido y realizar la denuncia. El celular de la pareja se encontraba apagado, según refirió Isidora Chaupe, hija de ambos.

Hasta el momento se sabe que Máxima Acuña requiere de atención médica debido a las agresiones físicas ya denunciadas. Ella viene siendo atendida en una clinica de Cajamarca.

El pasado jueves 8 de septiembre, la comunidad de paz de San José de Apartadó denunció públicamente que unos cincuenta paramilitares armados, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, hacen presencia y están incursionando en el territorio, especialmente en las veredas Arenas Altas, Resbalosa, La Esperanza, Buenos Aires y El Porvenir. Desde que este grupo armado llegó a la zona ha intimidado a la población y ha amenazado con copar los espacios dejados por las Farc. “Ahora sí vinimos para quedarnos”, es uno de los mensajes que pueden leerse en las paredes de varias viviendas.

La presencia paramilitar en la zona viene agravándose desde octubre del 2015, cuando unas 200 personas de la vereda la Esperanza comenzaron a desplazarse hacia el casco urbano del municipio de Urabá por temor a las acciones armadas de los paramilitares.

O povo Kanela do Araguaia conseguiu na Justiça a manutenção da posse da Aldeia de Porto Velho, no município de Luciara (MT). A decisão da Justiça Federal em Barra do Garça foi proferida nessa terça-feira (13) e atende a pedido do Ministério Público Federal (MPF).

A área de 2.500 hectares, situada às margens do Rio Tapirapé, é ocupada há mais de 50 anos pelos indígenas.

A terra vinha sendo alvo de pressão por parte de pessoas que se apresentavam como proprietárias, construíam cercas por vezes com o apoio de homens armados, como explica o procurador federal Wilson Rocha.

O MPF entrou em contato com as polícias militar e civil de Mato Grosso e informou que por se tratar de uma questão indígena, a competência para discutir a situação é da Justiça Federal e do Ministério Público Federal.

Esta cifra se expresa en el estudio “Judicialización y violencia contra la lucha campesina, casos de criminalización en el periodo 2013-2015”, que nuestra institución presentará el próximo 20 de setiembre en forma de libro. Será en la sala Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera de Asunción, a las 18:30 horas.

“Cuando hablamos de que el Estado criminaliza nos referimos a cuando reprime, imputa o condena judicialmente a personas que reclaman sus derechos”, explicó Abel Areco, autor del estudio junto con Marielle Palau.

En el periodo estudiado el trabajo identificó 43 comunidades campesinas criminalizadas por reclamar acceder a tierra o exigir el cese de fumigaciones sojeras irregulares.

Ecuador inició el miércoles la controvertida extracción de petróleo en el parque amazónico Yasuní, tras fracasar un plan para mantener el oro negro a cambio de una compensación internacional de 3.600 millones de dólares.

El gobierno celebró una nueva era para el país, pero para las organizaciones ecologistas, es una bomba de tiempo. Patricio Chávez, el vocero de Yasunidos, explica que “el temor es que ocurra lo que ha ocurrido en todos los lugares donde se explota el petróleo: Yasuní es una zona de un altísimo grado de biodiversidad y hay especies que la ciencia no ha logrado identificar todavía y que se van descubriendo día a día. Además es una zona de existencia de pueblos indígenas no contactados, los últimos en el país, y avanzar con la explotación petrolera en la zona es probablemente avanzar con un genocidio”.