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El nuevo gobierno de Perú afronta una herencia de 150 conflictos socioambientales vinculados a las industrias extractivas, en un listado donde destacan los reclamos de la población que convive con el proyecto minero más grande de la historia del país: Las Bambas.

La mina de cobre a cielo abierto se emplaza en el distrito (municipio) de Challhuahuacho, en el sureño departamento de Apurímac  y es operada por el gigante asiático MMG Limited, que encabeza la empresa estatal china Minimetals Corporation y que invirtió en su primer proyecto en América Latina más de 10.000 millones de dólares.

Perú, con una economía donde la minería tiene un peso determinante, es el tercer productor de cobre del mundo y el quinto de oro, y en Las Bambas, que entró en operación en enero, se proyecta una producción inicial de más de 400.000 toneladas  anuales de concentrado cuprífero.

Las autoridades indígenas del Cauca convocaron a sus 123 cabildos, organizaciones sociales y populares al encuentro que sostendrán con delegados del Gobierno y las Farc, que visitarán el Resguardo de La María, Piendamó, este miércoles 7 de septiembre.

Previo a la reunión, las comunidades protagonizarán una marcha denominada “Pueblos Caminando y Tejiendo una Paz Digna”, desde Santander de Quilichao, Corinto y La María, este lunes 5 y martes 6 de septiembre.

Según el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, el propósito es salvaguardar y garantizar los derechos colectivos étnicos como el territorio, la autonomía, la identidad y la cultura, el respeto y fortalecimiento de los planes de vida en la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos de paz.

La más reciente protesta ocurrió el pasado 18 de Agosto. Allí, organizaciones sindicales, sociales, cívicas, populares y políticas, la población ocupó las calles de Riohacha para minifestar su rechazo a las políticas económicas y sociales relacionadas a la “locomotora minero energética” del presidente Juan Manuel Santos; específicamente, la carbonífera en el Cerrejón.

El departamento de la Guajira históricamente ha reclamado para la soberanía de sus pueblos abandonados por el Gobierno y golpeados por el conflicto armado. En esta oportunidad de movilización estuvieron presentes organizaciones como Sintracarbón, Sintrabienestar, la Central Unica de Trabajadores -CUT-, la Unión Sindical Obrera -USO-, el Comité Cívico de la Guajira, el Comité Sindical Clasista del Corredor Minero del Cesar, Magdalena, Guajira; el Polo Democrático Alternativo PDA, el Congreso de los Pueblos, los mototaxistas, los pimpineros y la comunidad étnica Wuayuu.

Presidido por la gobernadora Dilian Francisca Toro, y con la participación de 25 alcaldes del departamento, este jueves en la antigua estación del ferrocarril de Buga, se firmó el gran Pacto por la Tierra.

Al acto asistieron el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper; el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego; y cerca de 2.000 campesinos de varias poblaciones vallecaucanas.

Uno de los anuncios más importantes lo hizo Miguel Samper, quien dijo que 4.400 hectáreas, que les fueron confiscadas a los capos del narcotráfico en esta región, serán repartidas entre campesinos sin tierra.

No cumplir con implementar canales de comunicación con todas las comunidades en la zona de influencia del derrame de petróleo ocurrido en la quebrada de Cuninico, en la región Loreto, ha conllevado a que la empresa Petroperú se haga acreedora de una nueva multa o sanción.

Así lo determinó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que decidió sancionar con una multa de 53 unidades impositivas tributarias (UIT) o 211,000 soles, aproximadamente, a Petroperú.

La medida sancionadora se adoptó mediante la Resolución 1283-2016-OEFA, notificada el lunes 1 de setiembre, en el marco del proceso administrativo abierto contra Petroperú, por el derrame de 2,500 barriles de petróleo ocurrido en junio de 2014.