El gobierno de Ecuador acaba de anunciar la ampliación de las reservas petroleras en el Bloque 43 del ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), ubicado en la provincia de Orellana. Buena parte de esa área se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní, cubriendo una superficie aproximada de 200 mil hectáreas.
Como es sabido, la región del Yasuní es uno de los sitios con más alta biodiversidad del mundo, es una Reserva Mundial de Biósfera, y territorio de dos pueblos indígenas en aislamiento. Es además conocido el intento gubernamental de moratoria de la explotación petrolera a cambio de una contribución financiera en el marco de las negociaciones en cambio climático. Sin embargo, al no obtener los beneficios esperados el gobierno decidió iniciar la explotación del ITT.
El pasado mes de julio el gobierno ecuatoriano anunció un aumento en el volumen de reservas del Bloque 43 pasando de 920 millones a 1.672 millones de barriles de petróleo en reservas certificadas. La explotación de este yacimiento está a cargo de Petroamazonas, una empresa pública que ya opera sobre otros 20 bloques, la mayoría de ellos en el oriente del país.
Oportunidades
El petróleo ha representado en torno al 10% del PBI y casi el 40% de los ingresos fiscales del Ecuador en los últimos años. En el contexto de la actual caída del precio del crudo, el gobierno espera compensar esta retracción aumentando la producción petrolera en unos 100 millones de barriles anuales provenientes del ITT.
El Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, resaltó que el aumento de las reservas petroleras permite que el país cuente con mayor riqueza para los ecuatorianos, al incrementar nuevas reservas para las generaciones futuras. “Esto también representa más salud, más educación, en definitiva más oportunidades de desarrollo para los ciudadanos”, según un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos.
Obviamente el ministro aplica una lógica intrínseca en el modelo extractivista de los últimos años: si hay más renta petrolera para el gobierno, esto se traducirá en mayor gasto público para la salud, la educación y a las “oportunidades de desarrollo para los ciudadanos”. Pero esta relación, que en el discurso se da como obvia y no merece mayores explicaciones, ameritaría ser revisada en profundidad.
Hace tres años se hizo famosa una fotografía del presidente Rafael Correa con sus manos empapadas en petróleo denunciando la contaminación provocada por la empresa Chevron. El estado ecuatoriano acababa de perder un juicio en La Haya contra la empresa y el presidente Correa lanzaba una campaña denominada “La mano sucia de Chevron”. La indemnización por los daños ambientales y sociales de aquella negra historia de la empresa norteamericana fue establecida en 19 mil millones de dólares por los tribunales.
Aquella era una empresa extranjera y había actuado con bastante mala fe y negligencia durante sus años de permanencia en el país. Pero un poco antes, en mayo de 2013, un derrame de petróleo en el Oleoducto Transecuatoriano vertió más de 11.400 barriles de crudo a orillas del río Coca, en el noreste de Ecuador, provocando un desastre ambiental que llegó hasta el territorio peruano. Pero este oleoducto no era propiedad de una empresa foránea, sino de la estatal Petroecuador. Seis meses después del accidente, el estado reconocía a través de un comunicado del Ministerio del Ambiente, que aún no había logrado terminar con las tareas de limpieza y ya había gastado 4,5 millones de dólares.
Al igual que ocurre en otros países de la región, los impactos sociales y ambientales negativos de la explotación petrolera no reconoce banderas de origen. Según datos del Ministerio del Ambiente ecuatoriano, publicados por la BBC (13/06/2013), la media de accidentes entre 2000 y 2010 fue de casi 50 al año. En 2015 un estudio del mismo ministerio relevó 659 pasivos ambientales derivados de la explotación petrolera solo en la provincia de Sucumbíos.
Esto no es una particularidad de Ecuador ya que en los países vecinos se viven situaciones similares. En Perú por ejemplo, el Oleoducto Norperuano ha sufrido cuatro roturas solo en lo que va de este año y un relevamiento de CLAES muestra que ha habido al menos 60 derrames en los últimos 15 años (www.energiasur.com).
Pero aunque parezca increíble, en la lógica del extractivismo aún los desastres ambientales generan “oportunidades de desarrollo para los ciudadanos”. Petroamazonas EP, mediante su proyecto Amazonía Viva, se dedica a la eliminación de fuentes de contaminación y de remediación de suelo en la región Amazónica, a través de un plan que incluye la contratación de mano de obra local y la instalación de nuevos frentes de trabajo, según reza otro comunicado del Ministerio de Hidrocarburos.
“Contamos con un proyecto ambiental sólido que actualmente interviene en siete bloques y que cuenta con un número sin precedentes de cerca de 1.000 trabajadores dedicados a eliminar las fuentes de contaminación y al mismo tiempo da oportunidades laborales directas e indirectas a las comunidades, lo que dinamiza la economía de la zona”, dijo el gerente general de Petroamazonas EP, José Luis Cortázar. Considerando que la empresa tiene una plantilla de 6.500 empleados, según declara en su sitio web, se cae en el absurdo de que el 15% de su fuerza laboral debe dedicarse a limpiar parte de la contaminación que genera.
Para el pensamiento extractivista los daños ambientales, la contaminación de los ríos y la degradación de los suelos representan oportunidades laborales para las comunidades.
Como puede apreciarse, para el pensamiento extractivista los daños ambientales, la contaminación de los ríos y la degradación de los suelos representan oportunidades laborales para las comunidades y son beneficiosas para la economía de la zona. Seguramente además, la transferencia de los dineros públicos hacia las actividades de remediación de los suelos, tratamientos hospitalarios para los afectados, reparaciones para aquellos que perdieron sus fuentes de ingreso, etc., vayan a aumentar los valores del PBI de los próximos años. Esto reforzará la idea de que el modelo extractivista fomenta el crecimiento económico, genera empleos y trae prosperidad a todos los ciudadanos.
Derechos humanos
Como en otros países, el gobierno del Ecuador transmite la certeza de que la explotación petrolera en el Bloque 43 se realizará aplicando las mejores y últimas tecnologías disponibles y no generará ningún tipo de impactos ambientales en el entorno. Pero esto ya lo hemos visto y escuchado antes en cientos de emprendimientos potencialmente riesgosos que finalmente no cumplieron con la promesa. La ciudadanía parece tener ganado el derecho a la duda luego de haber tropezado tantas veces con esa misma piedra.
Pero esto aún no da cuenta de los demás “costos” invisibilizados de la explotación de hidrocarburos en el Bloque 43. El Yasuní, además de ser un sitio invalorable desde el punto de vista de su riqueza ecológica, es el hábitat y lugar de vida de varias poblaciones indígenas, algunas de las cuales viven en aislamiento voluntario.
El Comité de DD.HH.de Naciones Unidas está pidiendo al Ecuador “que no se realicen actividades extractivas o de otro tipo que los coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad”.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su sesión celebrada el 11 de julio de 2016, expresó que “le preocupan las alegaciones relativas a la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario tagaeri y taromenane entre otras cosas debido a actividades de explotación de recursos naturales en territorios en los que se ha registrado su presencia”. Y que el Estado debe “incrementar sus esfuerzos con miras a proteger la vida y el sustento de los pueblos indígenas en aislamiento, en particular garantizando que no se realicen actividades extractivas o de otro tipo que los coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad”.
Para el gobierno ecuatoriano, la nueva certificación de las reservas petroleras en el Bloque 43 es una gran noticia porque le permitiría compensar la caída de los ingresos por los bajos precios del petróleo aumentando la producción. Pero si mirara el cuadro completo de lo que esto significa tal vez no tendría motivos para alegrarse. Deberá gastar parte de sus ingresos en recuperar nuevas tierras dañadas, atender la salud de poblaciones que se verán afectadas y restaurar los sitios amazónicos afectados. A todo ello se debe sumar el impacto sobre esas comunidades indígenas. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas le está pidiendo expresamente “que no se realicen actividades extractivas o de otro tipo que los coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad”. Sin embargo las actividades de explotación en el Bloque 43 comenzarán en este mes de agosto.
Más de lo mismo
Ayer, la bonanza de los precios del crudo impulsaba a los gobiernos latinoamericanos a fortalecer la estrategia extractivista para aprovechar el “boom de las commodities”. Hoy los bajos precios del crudo impulsan a los gobiernos a profundizar el extractivismo para sostener los niveles de los ingresos fiscales. ¿Cuándo será el tiempo de conservar lo que queda de naturaleza? ¿Será necesario esperar a que se agoten los recursos naturales para diseñar una nueva economía? ¿O que los ecosistemas lleguen a una degradación tal que ya no sean capaces de reproducir la vida?
Pasó un nuevo ciclo de altos precios internacionales de las materias primas y han ingresado suculentas sumas de dinero a las arcas estatales. Tal vez sea tiempo de hacer un balance en serio de lo que nos dejó.
Fotografía y texto: Plan V
Artículo original disponible en: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/nuevas-reservas-el-yasuni-mas-lo-mismo
