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Colombia

Hace 43 días, se inició en Colombia una Cruzada Nacional Camionera para exigir al gobierno colombiano rebajas en los combustibles y en las tarifas de los peajes. Además demandan mejores fletes, seguridad en las vías y acceso a seguro social.  

Para el gremio camionero, la medida se extendió más de un mes por la intención del Gobierno colombiano de dilatar la negociación. Con 43 días de huelga, la movilización se convirtió en la más larga de la historia del país. 

Los gremialistas acusan al gobierno de Santos de intentar deslegitimar, violentar y usar algunos medios para desinformar su lucha. 

Unas cinco toneladas de alimentos en descomposición y más de 5 mil litros de leche fueron arrojados a la vía entre el municipio de Rionegro y el municipio de La Ceja, como protesta de los campesinos a la falta de una negociación justa por parte del Gobierno Nacional con el Paro Camionero que ya completa 35 días y al que aún no se le encuentra una solución justa que garantice los derechos de los camioneros y los campesinos. “En 35 días de paro el gobierno no nos ha dado la cara y el ciudadano del común está afectado porque no le llegan los alimentos”, declaró el camionero Wilmar Vallejo.

La falta de transporte ha ocasionado que un sinnúmero de productos agrícolas y alimenticios no lleguen a los mercados y centrales de abasto en todo el país, además se ha presentado un alza en varios productos de la canasta familiar y desabastecimiento, situaciones que sin duda afectan a todos los ciudadanos. Mientras miles de toneladas de alimentos se pierden por la falta de transporte, el Gobierno continúa sin dar respuestas al Paro.

En el informe “On dangerous ground” la ONG Global Witness documentó el asesinato de al menos 185 activistas ambientales en el mundo entre 2015 y 2016, de los cuales 50 fueron asesinados en Brasil y 26 en Colombia, países que ocupan el primer y tercer puesto, respectivamente. El informe arrojó que 66 % de las víctimas son latinoamericanas, lo que ubica a la región como uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el medio ambiente. El promedio de asesinatos de mediambientalistas en el mundo es de tres por semana.

La minería, la agroindustria, las hidroeléctricas y la tala forestal fueron las causas de la mayoría de los asesinatos, las personas que han luchado contra este tipo de proyectos “se encuentran en la línea de fuego de las compañías de seguridad privadas, las fuerzas estatales y el próspero mercado de los asesinos a sueldo”, señaló Global Witness. 

De las 32 mil veredas que tiene Colombia, 23 serán el escenario en el que las Farc harán la transición de guerrilleros a civiles. Aunque todavía no existen las coordenadas exactas de los puntos, lo que sí está claro es cuántas zonas habrá en cada departamento y el nombre de las veredas. Una de ellas, la segunda más al norte del país, es la que se ubicará en La Paz (Cesar), en donde viven más de 12 mil indígenas yukpa. Ellos, que vivieron los agravios en la época de la colonización y los estragos del conflicto interno, le tienen terror a las consecuencias que esa zona de transición puede causar en su comunidad. Así lo expresan en una carta que le enviaron a personalidades como Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU; Emilio Álvarez, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), y al presidente Juan Manuel Santos, entre otros.

El Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en Córdoba denunció que el pasado domingo 26 de junio, aproximadamente a las 07:45 de la noche, desde la cuenta oficial de Facebook del defensor de derechos humanos Andrés Chica y de Ascsucor, ONG defensora de los DDHH en el sur de Córdoba; se emitió una alerta temprana luego de que en el marco de los preparativos del "Seminario por la paz" en el corregimiento Tierradentro (Montelibano - Córdoba) integrantes de la asociación fueron amenazados por paramilitares de las AGC.

Aproximadamente a las 05:40 de la tarde del mismo 26 de junio, los dirigentes campesinos Over Manuel Pila y José David Ortega, integrantes de Ascsucor, fueron amenazados de muerte por ocho hombres quienes se presentaron ante ellos como paramilitares de las AGC, intimidándolos y acusándolos de ser “guerrilleros".

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