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Colombia

Tras 20 de años, la semana pasada la Corte Constitucional de Colombia les reintegró a campesinos y campesinas de la Hacienda la Bella Cruz, en el sur de Bolívar, el derecho a vivir y producir en estas tierras que vuelven a ser de su propiedad. Se trata de 1200 hectáreas que se encuentran ubicadas en el sur del Cesar, en los municipios de La Gloria y Pelaya.

La historia de esta hacienda es la historia de Colombia y Latinoamérica, donde la violencia de terratenientes y grandes empresarios han despojado a los campesinos de sus tierras. El caso de La Hacienda Bella Cruz es un ejemplo de resistencia de varias familias que fueron desplazadas por el ex embajador, Carlos Arturo Marulanda, y su familia utilizando a paramilitares del bloque de las autodefensas del Sur del Cesar en cabeza de su jefe Juan Francisco Prada alias “Juancho Prada”.

Indígenas de la Alta Guajira arribaron a Bogotá el pasado 10 de mayo para exigir al Gobierno y al Estado soluciones frente a la difícil situación que se vive en sus territorios. Una delegación de aproximadamente 130 personas se trasladó desde este departamento del norte de Colombia hasta la capital de la República para hacer visible las problemáticas que se viene presentando en la región.

El país entero ha sido testigo de la realidad que tienen que afrontar los habitantes de La Guajira y de lo poco o nada que se ha hecho para solucionar las dificultades que allí se viven. Por esto las comunidades Wayúu decidieron viajar hasta la capital del país, cansadas de esperar en sus territorios las soluciones prometidas, para que el gobierno presente una respuesta concreta a sus exigencias.

La Marcha Patriótica Magdalena Medio denuncia la detención injustificada de un lider campesino por resistirse a ser desalojado de sus tierras. En respuesta, la agrupación lanza un pronunciamiento y exige ser escuchados por las autoridades.

El pasado 24 de abril del presente año en la vereda La Bella Unión, corregimiento El Guayabo, municipio Puerto Wilches en Santander, a las 6:00 am fue allanada la casa del labriego Álvaro García y luego capturado por la Fiscalía, el detenido es un dirigente campesino comunal perteneciente a la organización de Victima de Estado del Magdalena Medio -Asorvimm- en donde ocupa un cargo directivo de dicha asociación.

Tras la alarma que se ha generado en el departamento por cuenta del trámite que se adelanta en la Agencia Nacional de Minería (ANM) para concesionar un terreno de 1.626 hectáreas en tres municipios, el coordinador de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz (Redepaz) en Quindío, Jhon Jairo Salinas le pidió al Gobernador del Quindío, Carlos Osorio, a través de una carta que realice una consulta popular.

“Señor Gobernador, en sus manos está que salvemos nuestros recursos naturales, convocando al pueblo quindiano a una consulta popular como mecanismo de participación ciudadana para que seamos nosotros los que decidamos el futuro de nuestras próximas generaciones”, dice la carta.

A pesar de la decisión de revocar la licencia al proyecto de exploración petrolera a 67 kilómetros de Caño Cristales, muchas voces insisten en que este es apenas uno de los cientos de problemas que aquejan a la Serranía de La Macarena. (Vea: “La licencia en La Macarena es la punta del iceberg de un desastre ambiental en la Amazonia”)

Un sobrevuelo realizado en marzo pasado evidencia la desaparición del bosque para dar paso a actividades con un grave impacto ecológico. La quema y la tala de miles de hectáreas, la apertura de vías sin criterio ambiental y el secamiento de fuentes hídricas tienen en serio peligro la sostenibilidad de este corredor biológico.

Por un lado está la carretera informal que comunica a los municipios de Vistahermosa y La Macarena (ambos en el departamento del Meta) y que atraviesa el corazón del Parque Nacional Natural La Macarena, una zona de conservación que está siendo invadida por cultivos de coca y ganadería extensiva.

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